Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El programa de vacunación contra la COVID-19 en Túnez fue lento al principio y no dio prioridad a las personas más vulnerables, pero mejoró a partir de julio. Ese mismo mes, el presidente asumió poderes excepcionales para legislar y gobernar. Las fuerzas de seguridad siguieron respondiendo a protestas pacíficas con detenciones arbitrarias y fuerza excesiva con impunidad. El sistema de justicia militar incrementó los enjuiciamientos de civiles, cuatro de ellos por criticar públicamente al presidente. Las autoridades impusieron prohibiciones de viajar arbitrarias a un mínimo de 50 personas de nacionalidad tunecina y pusieron bajo arresto domiciliario al menos a 11. Se restringió la libertad de expresión en virtud de leyes imprecisas y represivas. Un refugiado fue devuelto a Argelia, donde fue encarcelado. La violencia intrafamiliar contra las mujeres aumentó. Las fuerzas de seguridad agredieron y hostigaron a activistas LGBTI.
En marzo, el Parlamento aprobó un proyecto de ley para facilitar la creación de un tribunal constitucional, que el presidente rechazó aduciendo que el plazo establecido en la Constitución para la creación del tribunal había expirado.
Desde septiembre de 2020 hubo al menos 718.561 casos de COVID-19 registrados oficialmente y más de 25.000 muertes en una población de aproximadamente 11,7 millones de personas. A mediados de julio de 2021, el número de muertes diarias confirmadas por millón de habitantes era la segunda cifra más elevada del mundo.
El 25 de julio, el presidente suspendió el Parlamento y destituyó al primer ministro Hichem Mechichi aduciendo poderes de excepción en virtud del artículo 80 de la Constitución. En septiembre promulgó el Decreto Ley 2021-117, que suspendía la mayor parte de la Constitución y le otorgaba un control total de la mayoría de los aspectos de la gobernanza, incluido el derecho a legislar mediante decretos y a regular los medios de comunicación, la sociedad civil y los tribunales. El 11 de octubre, el presidente anunció un nuevo gobierno.
La crisis económica se acentuó, y la previsión era que el déficit fiscal llegara al 7,6% al terminar el año; las tasas de desempleo habían alcanzado el 18,4% en el tercer trimestre de 2021. En noviembre, el Fondo Monetario Internacional reanudó las conversaciones técnicas con las autoridades, que se habían detenido en julio, sobre un posible programa de financiación para superar la crisis económica.
En septiembre se levantó el toque de queda impuesto en todo el país en octubre de 2020 para contener la COVID-19.
En marzo, el gobierno lanzó su campaña de vacunación contra la COVID-19, que se desarrolló con lentitud y de manera desigual debido a la falta de vacunas y a la deficiente gestión; sólo el 6% de la población se había vacunado a mediados de julio. Aunque las autoridades dieron prioridad a las personas mayores y al personal sanitario en primera línea, de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no priorizaron a otros grupos de riesgo, especialmente las personas con discapacidad, las que vivían en la pobreza extrema, la población reclusa y las personas sin hogar.1
En julio, el presidente consiguió importantes donaciones de vacunas de otros países y transfirió su supervisión a las fuerzas armadas. Al terminar el año, al menos el 46% de la población había sido vacunada. En diciembre, un decreto ley estableció la obligatoriedad del pasaporte vacunal para todas las personas mayores de 18 años para entrar en muchos espacios públicos y para todas las personas ciudadanas tunecinas mayores de 18 años para viajar al extranjero. El decreto ley obligaba a las entidades empleadoras a suspender de empleo y sueldo a los trabajadores y trabajadoras del sector público y asalariados del sector privado que carecieran de dicho documento.
A pesar de las frecuentes prohibiciones de reuniones públicas en el marco de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir la COVID-19, se llevaron a cabo protestas durante todo el año, a menudo en relación con los derechos socioeconómicos. La policía detuvo a más de 1.500 personas durante la oleada de manifestaciones de enero.
Ese mes, un sindicato policial respondió a las protestas pacíficas anunciando la prohibición de “todas las protestas no autorizadas” en la capital, Túnez, y amenazó con presentar denuncias contra todo manifestante “que humillara a la policía”.
Después del 25 de julio, las fuerzas de seguridad respondieron a las manifestaciones de distintas maneras. Por ejemplo, usaron fuerza excesiva el 1 de septiembre contra una manifestación en la ciudad de Túnez en la que se reclamaba la reapertura de la investigación sobre los asesinatos políticos en 2013 de dos políticos de la oposición, pero no dispersaron las protestas de apoyo al presidente en el centro de la ciudad el 26 de septiembre y el 10 de octubre.
Durante las protestas de enero y febrero, la policía usó fuerza excesiva, apaleando a personas que se manifestaban pacíficamente y disparando botes de gas lacrimógeno de forma imprudente.2
El 18 de enero, en la ciudad de Sbeitla, la policía disparó botes de gas lacrimógeno en barrios residenciales, que en algunos casos cayeron en el interior de viviendas. Haykal Rachdi y Aymen Mahmoudi sufrieron el impacto en la cabeza de botes de gas lacrimógeno disparados a corta distancia. Haykal Rachdi murió una semana después debido a las lesiones.3
El 8 de junio, Ahmed Ben Amara murió en un hospital poco después de ser detenido de forma violenta por la policía en el barrio de Sidi Hassine, en la ciudad de Túnez. Su muerte provocó enfrentamientos a los que las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima, incluidos apaleamientos. La policía atacó a Fedi Harraghi, de 15 años, le quitó los pantalones, lo pateó reiteradamente y lo golpeó con porras. El Ministerio del Interior negó al principio el incidente, pero después suspendió de empleo a tres agentes. Ninguno de ellos rindió cuentas ante un tribunal.4
Desde julio, el sistema de justicia militar investigó y enjuició al menos a 10 civiles —cuatro de ellos por criticar al presidente Saïed—, cifra que representaba un aumento considerable respecto a años anteriores.
Un tribunal militar investigó a seis parlamentarios del partido Al Karama junto con un abogado de Túnez por un altercado con la policía ocurrido en marzo en el aeropuerto internacional de Túnez.
En julio, un tribunal militar encarceló al parlamentario Yassine Ayari durante dos meses por una sentencia condenatoria de 2018 en virtud del artículo 91 del Código de Justicia Militar, que penalizaba los insultos al ejército. Después del 25 de julio, se enfrentó a un nuevo juicio ante un tribunal militar por diversos cargos, entre ellos nuevas acusaciones de insultos al ejército y ofensas al presidente, tras haber criticado al presidente Saïed por llevar a cabo lo que calificó como “un golpe de Estado militar”. El tribunal lo absolvió el 27 de octubre.5 También en octubre, un tribunal militar investigó al presentador de televisión Amer Ayad y a Abdellatif Aloui, parlamentario de Al Karama, en virtud de disposiciones del Código Penal que penalizaban las ofensas al presidente, el intento de cambiar la estructura del Estado, la incitación a la violencia o la difamación de funcionarios públicos.
Desde agosto, la policía aeroportuaria impidió arbitrariamente que al menos 50 personas de nacionalidad tunecina viajaran a otros países, sin aportar orden judicial, plazos ni explicaciones.6 En virtud de la legislación tunecina, sólo las autoridades judiciales podían imponer la prohibición de viajar. El presidente Saïed afirmó el 16 de agosto que las prohibiciones formaban parte de las medidas adoptadas para impedir que huyeran del país personas sospechosas de corrupción o de representar una amenaza para la seguridad. Al terminar el año, esta práctica se interrumpió después de que el presidente ordenase a las fuerzas de seguridad que no la implementaran sin orden judicial.
Las autoridades pusieron a un mínimo de 11 personas bajo arresto domiciliario entre julio y octubre, en algunos casos sin una explicación clara. Al concluir el año se habían levantado todas las órdenes.
Las autoridades continuaron recurriendo a leyes de redacción imprecisa que penalizaban el insulto, la difamación y la incitación a la violencia para iniciar investigaciones y enjuiciamientos por discursos no violentos, incluso ante tribunales militares.
En enero, en plenas protestas contra la pobreza y la violencia policial, la policía de la ciudad de Túnez detuvo a Ahmed Ghram por publicaciones en Facebook en las que criticaba la represión policial y la presunta corrupción oficial, y lo acusó de incitar al saqueo. Estuvo detenido 11 días antes de ser absuelto por un tribunal. La policía de la ciudad de Túnez también detuvo al activista Hamza Nasri Jerridi cuando protestaba pacíficamente y lo acusó de insultar a un agente de policía. Estuvo detenido durante tres días hasta que un juez ordenó su libertad en espera de juicio.
En abril, el Ministerio de Salud prohibió hablar públicamente sobre la pandemia de COVID-19 en Túnez a todo el personal sanitario del sector público, con la excepción de las personas que se enumeraban en una lista restringida, y amenazó con medidas disciplinarias o enjuiciamientos penales si no se acataba la prohibición.7
El 26 de julio, policías vestidos de civil allanaron la oficina de Al Yazira en la ciudad de Túnez y confiscaron teléfonos del personal y llaves de la oficina.
En octubre, el organismo regulador de los medios de comunicación ordenó el cierre de Zitouna TV, emisora de televisión privada, tres días después de la detención por la policía de un presentador y un parlamentario por las críticas vertidas en antena contra el presidente Saïed. El organismo regulador afirmó que la emisora operaba sin licencia. El mismo mes, la policía cerró Nessma TV y radio Al Quran, de titularidad privada, aduciendo también que operaban sin licencia.
El ACNUR inscribió a 3.920 personas refugiadas y migrantes durante el año, cifra que representaba un aumento del 21% respecto a 2020. Aunque la Constitución de Túnez garantizaba el derecho a solicitar asilo político, su legislación no preveía un marco jurídico y procesal para solicitantes de asilo.
El 25 de agosto, unos hombres no identificados secuestraron en su casa, en la ciudad de Túnez, al activista amazigh argelino y cristiano converso Slimane Bouhafs. Un refugiado registrado en el ACNUR fue devuelto a Argelia, donde fue encarcelado. Al finalizar el año, las autoridades tunecinas no habían emitido ninguna opinión formal al respecto.8
Continuó la impunidad por actos de violencia contra las mujeres. En mayo, Refka Cherni murió por los disparos de su esposo dos días después de haber formulado ante la policía una denuncia contra él por malos tratos físicos frecuentes. Tras haber presentado reiteradas denuncias, la policía había remitido el caso a un fiscal, pero no había detenido a su esposo, agente de policía, ni había dictado ninguna orden de protección contra él. El fiscal tampoco había ordenado medida alguna para proteger a Refka Cherni de la posible violencia afirmando que ella había decidido retirar la denuncia.
En octubre se iniciaron actuaciones judiciales contra el parlamentario Zouhair Makhlouf por acoso sexual, tras levantarse su inmunidad parlamentaria. Grupos feministas encabezaron protestas contra los delitos que se le imputaban ante la sede del tribunal, en la ciudad de Nabeul. En noviembre fue condenado a un año de prisión.
Continuaron las detenciones y los enjuiciamientos de activistas LGBTI en aplicación de leyes que penalizaban las relaciones homosexuales consentidas, el “escándalo público” y actos considerados “ofensivos para la moral pública”. Los ataques violentos y el acoso de la policía contra estas personas aumentaron en 2021.
Las personas transgénero se exponían a ser detenidas en virtud de artículos imprecisos del Código Penal sobre “moral pública”, como el artículo 226bis.
En febrero, las fuerzas de seguridad agredieron, amenazaron y hostigaron verbalmente a personas dedicadas al activismo LGBTI durante protestas, y las hostigaron en Internet, entre otras formas mediante la publicación en las redes sociales de la dirección, el número de teléfono y la orientación sexual de algunas de ellas.
En marzo, un tribunal de la ciudad de Túnez condenó a seis meses de prisión a la activista de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI Rania Amdouni por “insultar a un funcionario público”, en virtud del artículo 125 del Código Penal, después de que ésta acudiera a una comisaría de policía para denunciar acoso policial a causa de su activismo.9En la comisaría, ocho agentes la insultaron y amenazaron por su expresión de género y se negaron a registrar su denuncia. Cuando protestó fuera de la comisaría por el trato que había recibido, unos agentes la detuvieron.
En octubre, dos agentes de policía de la ciudad de Túnez insultaron y agredieron de forma violenta al activista LGBTI Badr Baabou, que dirige DAMJ, destacado grupo tunecino de defensa de los derechos de las personas LGBTI. Mientras yacía en el suelo, los agentes le robaron el ordenador portátil y el teléfono móvil, y le dijeron que la paliza era como represalia por presentar denuncias contra la policía y “defender a prostitutas” y a personas gays, a quienes se refirieron con un lenguaje homófobo.
No se dictaron sentencias ni resoluciones en 10 juicios contra miembros de las fuerzas de seguridad por uso excesivo de la fuerza y otros abusos contra civiles durante la revolución que tuvo lugar en Túnez de diciembre de 2010 a enero de 2011. Los juicios, que se habían iniciado en 2018, se celebraron ante tribunales especializados y se basaron en remisiones de la Comisión de la Verdad y la Dignidad creada después de la revolución.10
Se impusieron condenas a muerte, pero no hubo ejecuciones.
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