Tunísia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades intensificaron la represión de la libertad de expresión y de reunión pacífica y de todas las formas de disidencia. Se hostigó a organizaciones de derechos humanos mediante investigaciones y congelaciones de activos, y se detuvo y enjuició a defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de ONG por su trabajo. Los juicios colectivos y las duras condenas contra miembros de la oposición en aplicación de legislación antiterrorista o sobre ciberdelitos profundizaron la crisis del Estado de derecho. Túnez mantuvo su suspensión del acceso al asilo y cometió violaciones generalizadas de derechos humanos contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, entre ellas expulsiones colectivas que constituían devolución, detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos e interceptaciones temerarias en el mar.

Información general

El 20 de marzo, la primera ministra, Sara Zaafarani, formó un nuevo gabinete, el sexto desde que Kais Saied ocupara la presidencia. Unos días después, el gobierno de Zaafarani comunicó a la Comisión de la Unión Africana su decisión de retirar la declaración realizada por Túnez en virtud del artículo 34.6 del Protocolo de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, con lo que a partir de marzo de 2026, cuando la retirada se hiciera efectiva, ni particulares ni ONG podrían denunciar a Túnez ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Represión de la disidencia

Las autoridades intensificaron el hostigamiento de activistas y dirigentes de la oposición política con actuaciones como incoar nuevos juicios penales y confirmar largas penas de prisión en apelación.

Dos ejemplos de ello fueron sendos juicios colectivos contra figuras políticas de la oposición y personas críticas con el gobierno. En abril, el Tribunal de Primera Instancia de la capital, Túnez, condenó a entre cuatro y 66 años de prisión a 37 personas —miembros de la oposición de distinto signo político y defensores y defensoras de los derechos humanos— tras declararlas culpables de cargos infundados contra la seguridad del Estado y de terrorismo en la causa conocida como el caso del “complot”. En noviembre, el Tribunal de Apelación de Túnez capital confirmó la sentencia condenatoria de 34 de ellas, a las que se impuso penas de entre cinco y 45 años de prisión. A los pocos días de la sentencia fueron detenidos el abogado y defensor de los derechos humanos Ayachi Hammami y los activistas de la oposición política Chaima Issa y Ahmed Nejib Chebbi para hacerles cumplir sus condenas de prisión de cinco, 20 y 12 años, respectivamente.

En junio, el Tribunal de Apelación de Túnez capital confirmó la condena a 10 años de prisión que le había sido impuesta a Noureddine Bhiri, alto dirigente del partido Ennahdha y exministro de Justicia, tras declararlo culpable de “intentar cambiar la forma de gobierno e incitar a la gente a enfrentarse entre sí” por una publicación en las redes sociales que él negaba haber escrito.

Ese mismo mes, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital condenó a dos años de prisión a Abir Moussi, dirigente del partido de oposición PDL, tras declararla culpable de criticar a la comisión electoral. El 30 de diciembre, el Tribunal de Apelación de Túnez capital confirmó la condena y la sentencia. En noviembre, en una causa aparte, Abir Moussi fue condenada a 12 años de prisión por el cargo infundado de “intentar cambiar la forma de gobierno e incitar a la gente a enfrentarse entre sí”.

En julio, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital condenó a 21 miembros destacados del partido opositor Ennahdha a penas de entre 12 y 35 años de prisión tras declararlos culpables de cargos ambiguos e infundados de terrorismo y contra la seguridad del Estado en una causa separada conocida como el caso del “complot 2”.

En noviembre dio comienzo el juicio de Sihem Bensedrine, defensora de los derechos humanos y expresidenta de la Comisión de la Verdad, por los cargos de “fraude y falsificación” y “abuso de las funciones públicas”, presentados contra ella por falsificar presuntamente el informe final de dicha comisión, en el que se denunciaba corrupción en el sector bancario. Tras haber pasado cinco meses recluida arbitrariamente, en enero le habían concedido la libertad provisional sometida a la prohibición de viajar.

Libertad de expresión

Las autoridades judiciales continuaban empleando el Decreto Ley 2022-54 sobre Ciberdelitos para silenciar a periodistas, personas usuarias de redes sociales, profesionales de la abogacía, artistas y activistas disidentes. Según el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, hasta septiembre se había investigado o encausado a 29 periodistas en aplicación de esa norma.

En septiembre, el Tribunal de Primera Instancia de Nabeul condenó a muerte a Saber Chouchane por unas publicaciones en Facebook en las que había criticado al presidente Saied y había propugnado una protesta pública y cambios políticos. A los pocos días fue indultado por el presidente y puesto en libertad.

El 6 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Yenduba se amparó en el artículo 24 del Decreto Ley 2022-54 para declarar culpable a Moncef El Houaidi por unas publicaciones en las redes sociales en las que había criticado al presidente Said. Fue condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 1.000 dinares tunecinos (unos 339 dólares estadounidenses).

El 17 de octubre se celebró la primera vista del juicio contra la abogada Dalila Ben Mbarek Msaddak. Estaba acusada de “difundir noticias falsas” en relación con unos comentarios que había hecho en un programa de televisión en noviembre de 2023 defendiendo a detenidos del caso del “complot” a quienes representaba. Había contado a Borhène Bsaïes, presentador del programa junto al que fue inculpada, que las acusaciones interpuestas contra sus clientes eran infundadas y que la causa era inventada. El juicio se aplazó hasta enero de 2026.

Tras 18 meses en detención arbitraria, en noviembre quedó en el libertad provisional la figura mediática Sonia Dahmani. Había sido condenada a un total de cuatro años y cuatro meses de prisión en tres causas en aplicación del Decreto Ley 2022-54, norma por la que seguía enfrentando cargos en otros dos procesos judiciales.

Libertad de asociación

Se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos y a miembros del personal de ONG a detención arbitraria, encausamiento u hostigamiento mediante investigaciones penales por acusaciones relacionadas con su trabajo legítimo.¹ Al menos 40 personas estaban siendo investigadas o habían sido acusadas formalmente, y ocho fueron llevadas a juicio durante el año. Empezó a ser habitual que los bancos retrasaran las transferencias de fondos procedentes del extranjero, en algunos casos durante periodos de hasta 10 semanas, en espera de que se volvieran a presentar documentos que demostraran el cumplimiento de la normativa oficial sobre asociaciones.

El 24 de noviembre, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital declaró culpables a los defensores de derechos humanos Mustapha Djemali y Abderrazak Krimi, de la ONG Consejo Tunecino para las Personas Refugiadas, y los condenó a dos años de prisión por “ayudar a la entrada clandestina” de personas extranjeras y “proporcionarles cobijo”, cargos relacionados con su trabajo en ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, como asociados en la ejecución.² Quedaron en libertad al suspender el tribunal el resto de la pena, tras haber pasado más de 18 meses detenidos en espera de juicio.

El 15 de diciembre dio comienzo el juicio penal de seis defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de la sección tunecina de Francia Tierra de Asilo, organización humanitaria francesa. El proceso, que guardaba relación con el trabajo que realizaban proporcionando ayuda fundamental a personas migrantes y refugiadas, fue aplazado al 5 de enero de 2026.

También sufrían el hostigamiento de las autoridades la organización antirracista Mnemty (Mi sueño), sometida desde mayo de 2024 a una investigación por delitos económicos que afectaba a nueve personas empleadas en ella o colaboradoras suyas, y la ONG de defensa de los derechos de la infancia Los Niños de la Luna, de Medenine.

La Unidad de Investigación del Fraude Fiscal intensificó sus investigaciones sobre al menos 18 ONG, incluida la Oficina Regional del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional en Túnez capital. En noviembre, la unidad de delitos económicos de la policía judicial de El Goryani abrió una investigación penal sobre la oficina de Amnistía Internacional y citó a su auditor y a su representante legal para interrogarlos.

Asimismo, en julio, inició una nueva investigación sobre el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales. Esta unidad, que investigaba delitos económicos de especial complejidad, sometió a investigación a decenas de organizaciones de la sociedad civil, incluidos el medio periodístico independiente Nawaat y la ONG anticorrupción IWatch. La ONG de observación electoral Mourakiboun continuaba sufriendo la congelación de sus activos.

Entre julio y noviembre, las autoridades emitieron al menos 17 órdenes de suspensión de asociaciones. En julio, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital ordenó la suspensión de las actividades de IWatch durante 30 días y, en agosto, suspendió arbitrariamente las de la organización de defensa de los derechos de las mujeres Aswat Nissa (Voces de Mujeres), que confirmó que no había recibido aviso previo y que, por tanto, no se había respetado el procedimiento de suspensión. Ambas organizaciones recurrieron las órdenes.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron utilizando cargos infundados de “obstrucción” —un término carente de claridad jurídica— para detener arbitrariamente, procesar y declarar culpables a personas por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, incluido el derecho a fundar sindicatos o afiliarse a ellos y a organizar huelgas o participar en ellas.³ Hostigaron particularmente a miembros de comunidades marginadas y empobrecidas que habían expresado sus preocupaciones mediante protestas, huelgas y comentarios en los medios de comunicación en relación con problemas socioeconómicos y ambientales, como las malas condiciones laborales, la contaminación y el acceso al agua.

En abril, fuerzas policiales de Túnez capital impidieron la representación en la sala Le Rio de un simulacro de juicio, organizada por grupos de la sociedad civil. El acto pretendía arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas detenidas por motivos políticos y presas de conciencia en el país y defender el derecho a un juicio justo.

Derecho a un juicio justo

Los juicios de miembros de la oposición y personas críticas con el gobierno se caracterizaron por una grave falta de garantías procesales y de transparencia. Durante la mayor parte del año, los juicios por terrorismo se celebraron en ausencia física de las personas acusadas, a quienes el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital no permitía personarse en la sala alegando “peligros reales” no especificados. Tenían que participar por videoconferencia, lo que restringía seriamente su capacidad para comunicarse con su asistencia letrada y para interactuar con el tribunal. En los juicios de gran resonancia, fue habitual que el tribunal prohibiera la asistencia a los procedimientos a periodistas independientes, familiares y observadores y observadoras internacionales —incluidas figuras diplomáticas—, lo que socavó gravemente su transparencia.

Se abrieron investigaciones penales contra abogados y abogadas de miembros de grupos políticos de la oposición y de víctimas de violaciones de derechos humanos por cargos falsos, como “perjudicar a otros” y “difundir información falsa”. En abril, el abogado Ahmed Souab fue detenido por la brigada antiterrorista tras haber criticado el juicio del caso del “complot” en una rueda de prensa celebrada a su término en la que había señalado las irregularidades procesales y la falta de independencia del tribunal. Fue acusado en virtud de la legislación antiterrorista y del Decreto Ley 2022-54. El 31 de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital lo declaró culpable y lo condenó a cinco años de prisión y a tres más de supervisión administrativa tras un juicio que duró siete minutos.

Independencia del poder judicial

La Asociación de Magistrados Tunecinos documentó las injerencias directas y continuadas del poder ejecutivo en la designación y en la trayectoria profesional de los jueces y juezas, incluidos nombramientos por orden directa de la ministra de Justicia y traslado o suspensión de miembros de la judicatura y la fiscalía mediante cientos de memorandos ejecutivos y sin el debido proceso. Se trataba de actuaciones que socavaban la independencia del poder judicial. Según la Asociación, se recurrió a tales memorandos para castigar a varios jueces y juezas de diverso rango mediante su traslado arbitrario a tribunales alejados de su domicilio, sin un proceso disciplinario justo y transparente.

Se siguió negando reparación a miembros de la judicatura y la fiscalía que habían sido objeto de destitución sumaria por decreto presidencial en junio de 2022 y continuaban sufriendo perjuicios en el plano profesional, económico o reputacional. El 23 de enero de 2023, 37 de los jueces y juezas destituidos habían presentado sendas demandas contra la ministra de Justicia por incumplir la orden judicial de readmitir a 49 de las 57 personas afectadas, pero no se emprendió ninguna acción judicial al respecto.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las políticas y prácticas en materia de migración y asilo seguían caracterizándose por violaciones generalizadas de derechos humanos que afectaban predominantemente a las personas refugiadas y migrantes negras.⁴ Las autoridades continuaban llevando a cabo de manera habitual expulsiones colectivas a Libia y Argelia en contra del principio de no devolución (non-refoulement), a menudo tras interceptaciones temerarias en el mar o detenciones selectivas de motivación racial que con frecuencia iban acompañadas de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual deshumanizadora. La suspensión por el gobierno, en junio de 2024, de las actividades de registro y determinación de la condición de refugiado del ACNUR seguía privando a gran número de personas del derecho a solicitar asilo.

Los comentarios públicos de miembros del Parlamento y el gobierno contribuyeron a generar un repunte de la violencia racista contra las personas migrantes negras a partir de febrero, cuando personas usuarias de redes sociales empezaron a difundir vídeos de ellas mismas en los que se “perseguía a personas africanas negras” y se las amenazaba con violencia y otros abusos. En abril, las autoridades anunciaron una “operación de desmantelamiento” en la región oriental de Sfax y desalojaron forzosamente campamentos improvisados por personas refugiadas y migrantes en los dos años anteriores.

En abril se remitió a la comisión parlamentaria competente, para su examen, un anteproyecto de ley sobre expulsiones y migrantes en situación irregular. El texto no protegía a las personas refugiadas, solicitantes de asilo ni migrantes frente a las expulsiones sumarias y la devolución.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Grupos LGBTIQ+ denunciaron un aumento de los procesamientos por conductas sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo en aplicación del artículo 230 del Código Penal, así como de otros artículos relativos a la moralidad y el pudor.

Según la organización pro derechos LGBTIQ+ Damj, un total de 79 personas —la mayoría de las cuales eran mujeres trans— fueron detenidas entre julio y noviembre en aplicación de los artículos 230, 226, 226 bis y 231 del Código Penal, únicamente por su orientación sexual o identidad de género reales o aparentes. Al concluir el año, 37 habían sido condenadas a entre seis meses y tres años de prisión en el área metropolitana de Túnez capital y en diversas gobernaciones, incluidas Medenine, Susa y Sfax.

Derecho a un medioambiente saludable

A finales de septiembre y en octubre, miles de personas salieron a la calle en la ciudad oriental de Gabes para protestar contra la grave contaminación atmosférica provocada por el humo tóxico que desprendían las plantas del Grupo Químico de Túnez, empresa de titularidad estatal. La policía hizo un uso excesivo de gas lacrimógeno contra quienes participaban en las manifestaciones. Pese a las protestas y las demandas de la población, las plantas continuaron en activo. En octubre y noviembre, los medios de comunicación locales y la sociedad civil denunciaron que cientos de personas de Gabes, especialmente niños y niñas, habían sido trasladadas a urgencias con problemas respiratorios y otras dolencias. La región sufría desde hacía mucho tiempo la degradación medioambiental causada por la actividad industrial y química. La población local aseguraba que las emisiones provocaban cada vez más casos de cáncer, enfermedades respiratorias y daños ecológicos.