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Togo

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Se vulneró el derecho a la libertad de expresión y se impusieron sanciones a medios de comunicación. Un anteproyecto de ley amenazaba con violar derechos humanos. Las personas detenidas sufrían hacinamiento. El personal sanitario denunció violaciones del derecho a la salud. Continuó la discriminación, incluida la violencia, contra las mujeres.

Libertad de expresión

Se denunciaron varios casos de hostigamiento judicial contra periodistas, medios de comunicación y activistas.

El 3 de febrero, tres periodistas fueron arrestados por entrevistar a un jefe de la autoridad local considerado crítico con el gobierno. Quedaron en libertad ese mismo día.

El 9 de marzo, el periódico L’Alternative quedó suspendido durante cuatro meses después de que la sala administrativa del Tribunal Supremo confirmara la suspensión impuesta en febrero por la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual (HAAC, por sus siglas en francés). La sanción se impuso a raíz de la denuncia de un ministro relativa a un artículo que afirmaba que éste había falsificado documentos.

Asimismo, la sala administrativa confirmó una decisión dictada por la HAAC en enero que ordenaba al periódico L'Indépendant Express el cese de todas sus actividades tras informar de un presunto robo cometido por dos ministras. En su decisión, la HAAC afirmó que el artículo “vulneraba gravemente las normas deontológicas y éticas del periodismo”.

El 27 de agosto, el Tribunal de Primera Instancia de Lomé condenó a Paul Missiagbeto —asesor especial del opositor al gobierno y excandidato presidencial Agbéyomé Messan Kodjo— a 48 meses de cárcel (24 de ellos de condena condicional) por “amenazas de muerte, insultos a representantes de la autoridad pública y divulgación de noticias falsas”. Paul Missiagbeto había enviado mensajes de WhatsApp en los que decía, entre otras cosas, que “Faure Gnassingbé tendr[ía] un final trágico si no act[uab]a rápidamente para entregar el poder al auténtico vencedor”, y afirmaba que Agbéyomé Messan Kodjo era quien había ganado realmente las elecciones presidenciales de 2020.

El 9 de diciembre, el Tribunal Supremo revocó la decisión de la HAAC de suspender durante dos meses el diario La Symphonie después de que ese medio hubiera criticado una sanción impuesta también por la HAAC al periódico The Guardian.

Ferdinand Ayité y Joël Egah, directores de L’Alternative y Fraternité, respectivamente, fueron detenidos el 10 de diciembre por desacato a funcionarios públicos y “divulgación de noticias falsas”, según su abogado, después de que los periodistas criticaran a dos ministros durante la emisión de un programa. Ambos quedaron en libertad condicional el 31 de diciembre, y el presentador, Isidore Kouwonou, fue puesto bajo supervisión judicial.

El 11 de diciembre, el activista y conocido detractor del gobierno Fovi Katakou fue arrestado y acusado, entre otras cosas, de “incitación a la revuelta contra la autoridad del Estado”. Quedó en libertad provisional el 20 de diciembre y fue puesto bajo supervisión judicial.

Vigilancia masiva

Una importante investigación sobre la filtración de 50.000 números de teléfono de posibles objetivos de vigilancia del software espía Pegasus reveló que en esa lista figuraban más de 300 números de teléfono togoleses, entre los que había números pertenecientes a activistas, opositores políticos y periodistas incluido Ferdinand Ayité considerados objetivos potenciales de vigilancia por parte de las autoridades.

Libertad de asociación

El 26 de julio, las autoridades anunciaron la suspensión, hasta nuevo aviso, de la concesión y renovación de licencias de ONG para “actualizar el marco regulador” y “reforzar los resultados de las intervenciones de ONG alineándolas con las prioridades del gobierno”. Por primera vez desde 2012, el Ministerio de Administración Territorial no renovó la licencia a la Asociación de Víctimas de Tortura en Togo.

En agosto, cuatro relatores especiales de la ONU escribieron a las autoridades para expresar su preocupación por las disposiciones de un proyecto de ley sobre libertad de asociación que vulneraban las normas internacionales de derechos humanos.

Tortura y otros malos tratos

Yakoubou Abdoul-Moutawakilou, secretario general del Partido Nacional Panafricano, de la sección de Kpalimé, murió el 26 de agosto, un mes después de ser excarcelado temporalmente de la prisión de Lomé por motivos de salud. Había sido arrestado en enero de 2020 y permaneció detenido hasta julio de 2021 acusado de intento de conspiración contra la seguridad interna del Estado en el caso de la “Revolución del Tigre”, en el que decenas de personas habían sido detenidas y acusadas de desestabilizar las instituciones del Estado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020. Al menos cuatro de ellas habían muerto ese mismo año tras haber sido trasladadas de la prisión de Lomé a centros médicos. El Comité para la Liberación de Todos los Presos Políticos denunció los malos tratos sufridos por las personas detenidas en esa causa.

En mayo había 4.906 personas recluidas en 14 prisiones con capacidad para 2.886, y 2.762 de ellas estaban en espera de juicio.

Derechos de las mujeres

En julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU adoptó sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Togo, en el que señaló que varias leyes nacionales seguían conteniendo disposiciones que discriminaban a las mujeres, así como la falta de medidas —sobre todo de protección— que permitieran el acceso a la justicia de las víctimas de violación, sin temor a sufrir discriminación, estigmatización o represalias, y también el uso continuado de la mutilación genital femenina pese a estar tipificada como delito.

Derecho a la salud

Derechos laborales

En septiembre, los sindicatos del sector de la salud organizaron una sentada en varias ciudades para denunciar el disfuncional sistema de salud en el contexto de la pandemia de COVID-19, e hicieron hincapié en la falta de personal sanitario en las unidades de cuidados intensivos, la insuficiencia de centros para el tratamiento de esa enfermedad y la escasez de escáneres y otros equipos médicos, así como en el impago de salarios del personal.

Derecho a la seguridad social

El 12 de octubre, el Parlamento adoptó una ley que establecía el sistema de seguro médico universal, con la finalidad declarada de garantizar el acceso a atención de la salud de calidad para todas las personas.

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República Togolesa
Jefe del Estado: Faure Gnassingbé
Jefa del gobierno: Victoire Tomegah Dogbè

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