Togo

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

La libertad de expresión se restringió severamente: se suspendieron medios de comunicación, se interrumpieron los servicios de Internet y se detuvo arbitrariamente a personas críticas con el gobierno. Se prohibieron de forma habitual protestas pacíficas, y hubo denuncias de que las fuerzas de seguridad habían empleado tortura y fuerza excesiva contra manifestantes. El presidente promulgó una ley para abordar el cambio climático.

Información general

Tras la adopción de la Constitución en abril de 2024, el poder se había concentrado en manos del presidente del Consejo de Ministros —el líder del partido mayoritario—, cargo que ocupó en mayo el entonces presidente del país, Faure Gnassingbé, que llevaba desde 2005 en el poder.

Los efectos del conflicto en el Sahel Central causaron la afluencia de personas refugiadas al norte de Togo y el desplazamiento interno de miles de personas togolesas. Entre enero y agosto, en torno a 60 personas perdieron la vida en ataques lanzados por grupos armados en la región septentrional de Savanes, donde en marzo se prorrogó por un año el estado de emergencia de seguridad.

Libertad de expresión

El 6 de junio, la gendarmería arrestó a una corresponsal de TV5 Monde que estaba informando sobre una protesta y la obligó a borrar las imágenes que había grabado con su cámara.

Los medios de comunicación Radio France Internationale y France 24 seguían suspendidos al terminar el año, después de que el 16 de junio la Alta Autoridad de Medios Audiovisuales y Comunicación (HAAC, por sus siglas en francés) hubiera dictado contra ellos una orden de suspensión de tres meses. La HAAC alegaba que dichos medios habían empleado términos que eran “inexactos, sesgados e incluso contrarios a los hechos establecidos”.

Entre finales de junio y septiembre se interrumpió el acceso a Internet. Se puso especialmente en el punto de mira a las plataformas de redes sociales.

Detención y reclusión arbitrarias

El 12 de enero, el artista Honoré Sokpor fue detenido tras publicar en Facebook un poema en el que denunciaba las tácticas arbitrarias y opresivas del gobierno. Fue acusado de incitación a la rebelión contra el Estado, entre otros cargos. Quedó en libertad bajo fianza en diciembre.

El 26 de mayo, el cantante y activista conocido como Aamron usó las redes sociales para pedir a la población que se movilizara contra el gobierno. A la noche siguiente fue arrestado en su casa en la capital, Lomé, sin citación previa y sin orden de detención. Al quedar en libertad el 21 de junio contó que lo habían ingresado a la fuerza en un hospital psiquiátrico y lo habían obligado a tomar medicación. El 19 de septiembre volvió a ser arrestado y puesto bajo custodia policial por incitar a la población a rebelarse, entre otros cargos. Quedó en libertad bajo supervisión judicial horas después.

El 22 de agosto, Armand Agblézé y Oséi Agbagno, miembros de la organización de la sociedad civil Pasemos Página (Tournons La Page), movimiento en favor del cambio democrático y la buena gobernanza, fueron detenidos en Lomé. Habían participado en una reunión relacionada con unas protestas previstas para el 30 de agosto. Fueron detenidos por varios cargos, entre ellos el de “alteración grave del orden público”, y quedaron en libertad bajo fianza en diciembre.

El 17 de septiembre, la exministra de Defensa Marguerite Gnakadé fue detenida por publicar artículos y vídeos que denunciaban la deficiente gobernanza y pedían la dimisión de Faure Gnassingbé. Al concluir el año permanecía recluida por cargos entre los que figuraban incitación a la revuelta contra la autoridad del Estado y publicación de noticias falsas.

Libertad de reunión pacífica

En junio aumentaron las protestas contra la represión de la disidencia pacífica, la crisis del costo de la vida y los cambios en la Constitución.¹ El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos afirmó que al menos 81 manifestantes habían sido arrestados los días 5 y 6 de junio. Según la Fiscalía, 56 de esas personas quedaron en libertad el 9 de junio. Las demás fueron puestas en libertad bajo fianza el 31 de diciembre en virtud de unas medidas de clemencia.

La violenta represión de las protestas en Lomé se intensificó entre el 26 y el 30 de junio. Según la declaración de víctimas y otros testigos, las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza ilegítima y malos tratos contra manifestantes, transeúntes y otras personas que vivían en los aledaños de las zonas de celebración de las protestas.² En una declaración publicada el 29 de junio, las organizaciones de la sociedad civil togolesa denunciaron la muerte de siete personas cuyos cadáveres habían sido hallados en ríos en Lomé, y denunciaron también “palizas” y “detenciones arbitrarias de transeúntes, jóvenes y personas mayores”. Asimismo denunciaron casos de miembros de las fuerzas de seguridad que habían perseguido a jóvenes, incluso a niños y niñas, y los habían obligado a “refugiarse en la laguna”. No se desveló públicamente información sobre los progresos de una investigación anunciada en julio por la Fiscalía en relación con las muertes de cinco personas cuyos cadáveres se habían encontrado en ríos.

El 30 de agosto, las autoridades prohibieron una manifestación que había convocado el Movimiento 6 de Junio (M66), colectivo de artistas y blogueros y blogueras en la diáspora, para protestar contra la deficiente gobernanza y las restricciones de los derechos humanos. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad rodearon las viviendas de varias figuras destacadas que habían apoyado la convocatoria de la protesta.

Tortura y otros malos tratos

Catorce de las personas arrestadas en las protestas de los días 5 y 6 de junio dijeron que habían sido sometidas a tortura u otros malos tratos bajo custodia, y respaldaron sus afirmaciones con certificados médicos. Al terminar el año no se habían investigado las denuncias presentadas por víctimas ante el tribunal militar.

Derecho a un medioambiente saludable

En abril, el presidente promulgó una ley para mejorar la regulación de las cuestiones relacionadas con el cambio climático inducido por la acción humana, incluidos los mecanismos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.