Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Cientos de miles de personas huyeron de sus hogares a causa del conflicto. Se obstaculizó o bloqueó la ayuda humanitaria. Todas las partes en el conflicto perpetraron violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluidos homicidios indiscriminados y selectivos de civiles, reclutamiento y uso de niños y niñas, actos de violencia sexual y destrucción de bienes. Al menos 52 personas, algunas de ellas menores de edad, fueron ejecutadas extrajudicialmente. La impunidad por violaciones de derechos humanos continuó siendo la norma, y el gobierno no estableció el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. Las fuerzas de seguridad continuaron usando vigilancia ilegítima contra personas críticas con el gobierno —a las que en algunos casos detuvieron y recluyeron arbitrariamente— y respondieron con una oleada de represión a las demandas de quienes protestaban pacíficamente. Se impusieron condenas de muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. El gobierno seguía sin cumplir con su obligación de respetar y proteger el derecho a la salud y a la educación.
En julio, Sudán del Sur celebró 10 años de independencia.
Continuaron las inundaciones extremas que, según la ONU, afectaron a 8 de los 10 estados y generaron y agravaron una crisis humanitaria.
Persistió la violencia en varios focos de todo el país, que enfrentó a las partes en el conflicto y a los grupos locales alineados con ellas. Meses de tensión culminaron en junio con unos enfrentamientos en el condado de Tambura (estado de Ecuatoria Occidental) entre grupos locales aliados con fuerzas afines a las Fuerzas Populares de Defensa del gobierno sursudanés (SSPDF, por sus siglas en inglés) por un lado, y el Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) por el otro. La división del Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición en agosto dio lugar a combates entre grupos en el norte. Continuaron los combates entre fuerzas gubernamentales y el Frente de Salvación Nacional, un grupo armado no estatal, en los estados de Ecuatoria Central y Ecuatoria Occidental.
En mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el embargo de armas y estableció cinco puntos de referencia para su revisión en 2022.1
En julio se formó la Coalición Popular para la Acción Civil, que convocaba protestas pacíficas multitudinarias para reclamar la dimisión de los dirigentes del país.
De junio a octubre, los grupos locales afiliados a las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur por un lado, y al Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición por otro, llevaron a cabo una campaña de terror contra la población civil de las comunidades de Balanda y Azande (condado de Tambura). Según datos del gobierno local, unas 300 personas fueron víctimas de homicidio. Los combatientes de ambos bandos mataron sumariamente a civiles disparando contra ellos o degollándolos Asimismo, secuestraron a civiles, mutilaron cuerpos, incendiaron vecindarios y saquearon y destruyeron bienes civiles, escuelas y centros de salud. Los combates desplazaron a más de 80.000 personas, según cifras del gobierno verificadas por la ONU. Hubo familias que se separaron cuando sus miembros huyeron, y algunas todavía no habían podido reunirse ni siquiera después de varios meses. Las personas desplazadas en campos y comunidades de acogida carecían de alimentos, medicinas y alojamiento adecuado.2
Los combates entre las fuerzas gubernamentales y de oposición y el Frente de Salvación Nacional persistieron por cuarto año. Según la ONU, los miembros del Frente atacaron un hospital y sometieron al menos a tres personas a violencia sexual, además de a otras violaciones de derechos humanos.
En otras zonas continuaron los combates entre grupos étnicos, clanes y subclanes, que causaron al menos 441 incidentes que implicaron violaciones de derechos humanos tales como homicidios arbitrarios, heridas, secuestros, violencia sexual relacionada con el conflicto, detenciones y reclusiones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como el saqueo y destrucción de bienes civiles, según la ONU.
Persistieron los ataques de jóvenes armados contra vehículos identificados claramente como de ayuda humanitaria. La ONU denunció que al menos cinco trabajadores humanitarios habían muerto y dos habían sido detenidos arbitrariamente.
Según la ONU, se calculaba que 8,3 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria. A pesar de la necesidad imperiosa de recibir esa ayuda, continuaron la negación y las restricciones del acceso humanitario. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, los actores humanitarios informaron de 542 impedimentos para acceder, y las autoridades gubernamentales siguieron imponiendo obstáculos burocráticos.
La Misión de la ONU en Sudán del Sur (UNMISS) informó de que, entre marzo y noviembre, al menos 52 personas —entre ellas menores de edad— fueron ejecutadas extrajudicialmente en los estados de Warrap y Lagos. Según la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur, en casi todos los casos las fuerzas de seguridad del Estado habían llevado a cabo las ejecuciones o se encontraban en las cercanías. En un mercado, se colocó en fila a varias personas, entre ellas menores de edad, que fueron ejecutadas públicamente por fusilamiento. Según la UNMISS, a algunas las ataron a árboles antes de ejecutarlas. Además, algunas autoridades gubernamentales defendieron las ejecuciones como mecanismo de disuasión necesario en ausencia de instituciones del Estado de derecho.
Según la ONU, el Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición, los grupos armados y las fuerzas de seguridad gubernamentales cometieron graves abusos y violaciones de derechos humanos contra 124 menores (28 niñas y 96 niños). Esos abusos y violaciones incluían homicidios, mutilaciones, secuestros, violencia sexual, reclutamiento forzoso y uso de niños y niñas en combate y para labores de apoyo, como porteo, cocina y espionaje. Las cifras reales eran probablemente superiores.
El derecho a la educación de los niños y niñas continuó sometido a graves restricciones. Según UNICEF, más de dos millones de niños y niñas, la mayoría niñas, no asistían a la escuela debido a la COVID-19 y a otros problemas que dificultaban su acceso a la educación, entre ellos los obstáculos económicos y las inundaciones.
En noviembre, sólo 8 de las 53 escuelas del condado de Tambura estaban abiertas, lo que restringió gravemente el derecho a la educación durante meses. Unos combatientes afiliados a las Fuerzas Populares de Defensa del gobierno sursudanés utilizaron varias semanas una escuela primaria de la localidad de Tambura como cuartel durante los combates hasta que, al terminar octubre, las autoridades gubernamentales finalmente los obligaron a marcharse. Ese uso de las escuelas por parte de agentes armados es contrario a la Declaración sobre Escuelas Seguras, de carácter global y aprobada por el gobierno en 2015, y socava el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Los elevados niveles de violencia sexual relacionada con el conflicto y la violencia sexual por motivos de género siguieron siendo motivo de preocupación. Según la ONU, las fuerzas de seguridad estatales y los agentes armados no estatales cometieron al menos 63 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto, que afectaron a 89 mujeres, niñas y hombres de entre 2 y 50 años, y que incluyeron actos de violación, violación en grupo y desnudez forzada.
Persistió la impunidad de los autores de crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos. En enero, el Consejo de Ministros aprobó un plan del Ministerio de Justicia para establecer el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación, la Autoridad de Indemnización y Reparación y otras disposiciones relacionadas con la justicia que figuraban en el acuerdo de paz. Sin embargo, al terminar el año, el gobierno sólo había reconstituido el comité técnico para el establecimiento de la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación, y un organismo de la ONU había empezado a impartir formación a los miembros de dicho comité. El gobierno, al parecer, dio prioridad a la verdad por encima de los juicios, y siguió retrasando y bloqueando el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur que, si finalmente entrara en funcionamiento, tendría como mandato investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional.3
El Código Penal de 2008 no se había modificado aún para incluir los crímenes de derecho internacional. Aunque el Tribunal para Violencia de Género y Menores siguió operativo, no se juzgó ningún caso de violencia sexual relacionada con el conflicto.
Durante todo el año, el Servicio de Seguridad Nacional siguió deteniendo arbitrariamente y recluyendo durante periodos prolongados a oponentes y críticos del gobierno, o presuntos oponentes y críticos del gobierno, entre ellos periodistas y miembros de la sociedad civil. Entre el 2 y el 30 de agosto, unos agentes gubernamentales detuvieron arbitrariamente en todo el país al menos a 14 personas en relación con convocatorias de manifestaciones pacíficas. En Yei, dos miembros de la sociedad civil, así como un obispo y un estudiante, estuvieron recluidos casi dos meses en un centro de detención de la inteligencia militar con un acceso limitado, o sin acceso alguno, a sus abogados. Kuel Aguer Kuel —uno de los fundadores de la Coalición Popular para la Acción Civil— fue detenido por agentes del Servicio de Seguridad Nacional el 2 de agosto, y al terminar el año permanecía en la prisión central de Yuba4 (véase infra, “Libertad de expresión, de asociación y de reunión”).
La Ley del Servicio de Seguridad Nacional de 2014 continuó en vigor, a pesar de la clara obligación en virtud del Acuerdo Revitalizado sobre la Solución del Conflicto en la República de Sudán del Sur de 2018 de reformarla a más tardar en febrero de 2020. La Ley seguía otorgando a los agentes del Servicio de Seguridad Nacional poderes policiales para detener y recluir, lo cual contravenía el mandato del Servicio de recopilar información secreta, y también las normas internacionales de derechos humanos.
Continuaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y los medios de comunicación siguieron siendo objeto de censura.
En agosto y septiembre, las convocatorias de protestas pacíficas realizadas por la Coalición Popular para la Acción Civil tuvieron como respuesta una oleada de represión. Las autoridades desplegaron un gran número de agentes de seguridad en las calles de las principales ciudades y detuvieron a activistas de la sociedad civil y a un político, entre otras personas. Además, cerraron una emisora de radio y un grupo consultivo académico, que reanudaron su funcionamiento en septiembre y noviembre, respectivamente.
El 29 de agosto, víspera de las protestas previstas, se registraron interrupciones de Internet que se prolongaron hasta entrada la tarde del 30 de agosto. Hubo indicios de que el cierre podría haber sido un intento deliberado de las autoridades de frustrar las protestas.5
Después de las fallidas protestas, las fuerzas de seguridad siguieron hostigando a miembros de la sociedad civil en la capital, Yuba, y en Yei, Bor y Wau. Algunas de las víctimas sospechaban que las fuerzas de seguridad las habían puesto bajo vigilancia. Varios activistas de los derechos humanos se vieron obligados a exiliarse.
El 6 de octubre, el Banco de Sudán del Sur dio instrucciones a todos los bancos comerciales para que congelaran las cuentas de tres organizaciones de la sociedad civil, un grupo consultivo, cuatro activistas y un político, que eran miembros —o sospechosos de ser miembros— de la Coalición Popular para la Acción Civil.6 Al terminar el año, todas las cuentas, salvo la del grupo consultivo, seguían congeladas.
El gobierno mantuvo vigiladas las comunicaciones, con el probable apoyo de las empresas de telecomunicaciones. El Servicio de Seguridad Nacional también llevó a cabo labores de vigilancia física mediante una red transfronteriza muy extendida de informantes y agentes, que penetraba en todos los niveles de la sociedad y de la vida diaria, vigilaba los medios de comunicación y las redes sociales, y exigía a los organizadores de cualquier forma de reunión pública que pidieran permiso antes de celebrarla. El Servicio hizo uso de estas formas de vigilancia —contrarias al derecho a la intimidad— para efectuar detenciones y reclusiones arbitrarias al margen de la ley, vulnerando así el derecho a la libertad de expresión y de reunión. Por ejemplo, el 17 de julio se disolvió un taller de la sociedad civil sobre el proceso de redacción de la Constitución aduciendo que sus organizadores no habían solicitado permiso al Servicio de Seguridad Nacional para llevarlo a cabo. El efecto acumulado de estas medidas creó un clima generalizado de miedo y dio lugar a autocensura.7
Continuó la imposición de condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. El 12 de febrero, el Tribunal Supremo confirmó el fallo de 2020 del Tribunal de Apelaciones por el que se anulaba la condena a muerte de Magai Matiop Ngong, y también ordenó una evaluación de la edad y un nuevo juicio. En el momento del incidente y de su declaración de culpabilidad, Magai Matiop Ngong tenía 15 años.
El derecho a la salud continuaba gravemente amenazado, y los centros de salud pública carecían de los recursos necesarios. Entre la población sursudanesa seguía habiendo un gran número de muertes por enfermedades prevenibles y otras afecciones, debido a los inadecuados servicios de salud y a los ataques contra centros médicos. En el condado de Tambura, unos grupos de hombres armados asaltaron y saquearon los centros de salud, con lo que privaron a la población civil de una asistencia vital y contravinieron el derecho internacional. En noviembre, 13 de 20 instalaciones médicas existentes en el país quedaron inservibles tras ser objeto de actos vandálicos, y las que quedaron apenas eran funcionales.
Al terminar el año, sólo el 1,52% de la población había recibido la pauta completa de la vacuna debido a factores como la desigual distribución mundial de las vacunas, la insuficiencia de suministros, lo impredecible de los tiempos de llegada, la rápida caducidad de las vacunas y los obstáculos para llegar a algunas zonas a causa de las inundaciones y el conflicto.8
El acceso a servicios de salud mental estaba seriamente limitado, y los proveedores de atención de la salud no podían satisfacer las considerables y generalizadas necesidades. Sólo había tres psiquiatras en todo el país, que también se encargaban de la formación y supervisión del personal sanitario. El Hospital Universitario de Yuba era el único centro médico público que proporcionaba atención psiquiátrica a pacientes ingresados, y la demanda superaba las camas disponibles para pacientes de psiquiatría. La disponibilidad de psicofármacos era esporádica y escasa.
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