Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las fuerzas de seguridad gubernamentales y los grupos armados perpetraron abusos graves contra los derechos humanos, como homicidios, actos de violencia sexual, secuestros, detenciones, tortura y otros malos tratos, reclutamiento y uso de niños y niñas y destrucción de bienes civiles. Al menos 24 personas, entre ellas un menor de edad, fueron ejecutadas extrajudicialmente por fuerzas gubernamentales. El uso de la violencia sexual relacionada con los conflictos fue generalizado y sistemático, y apenas hubo enjuiciamientos de presuntos autores de este delito y otros crímenes de derecho internacional. El acceso humanitario fue objeto de restricciones, y millones de personas padecían inseguridad alimentaria aguda. El gobierno no respetó, ni protegió, ni promovió, ni hizo efectivo el derecho a la salud. Se violó el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. Preocupaba que un proyecto para desviar agua pudiera afectar negativamente a las comunidades y la fauna y flora locales.
Información general
En marzo, El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur. En mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el embargo de armas.1 En julio, el Consejo de Derechos Humanos aprobó el informe del tercer Examen Periódico Universal de Sudán del Sur.2
El 2 de agosto, las partes en el acuerdo de paz de 2018 firmaron una hoja de ruta que ampliaba en 24 meses el periodo de transición. En noviembre fracasó el proceso de paz, que se desarrollaba con la mediación de la Comunidad de Sant’Egidio, entre el gobierno y grupos armados de oposición que no habían firmado el acuerdo de paz de 2018. Continuó en todo el país la violencia entre las partes en el conflicto, las milicias aliadas con ellas, grupos armados y grupos paramilitares.
Un cuarto año de graves inundaciones afectó a más de 1,1 millones de personas y destruyó viviendas, escuelas, centros de salud, recursos hídricos y producción de alimentos. Más de 2 millones de personas estaban en situación de desplazamiento interno y 2,27 millones vivían como refugiadas. En octubre, la organización de investigación y políticas El Vigía informó de la desaparición de casi 1.000 millones de dólares estadounidenses en una estafa crediticia que benefició a dirigentes de Sudán del Sur y sus familias y privó de servicios estatales de salud y alimentación a cientos de miles de personas necesitadas.
Entre febrero y mayo, las fuerzas de seguridad gubernamentales y las milicias afiliadas se enfrentaron al Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición (SPLA-IO, por sus siglas en inglés) en la parte meridional del estado de Unity. Según la ONU, fuerzas gubernamentales y milicias aliadas perpetraron ataques ilegítimos, también dirigidos contra civiles. Al menos 173 civiles murieron y más de 130 mujeres y niñas sufrieron violación o violación en grupo. La violencia también dio lugar al saqueo de viviendas y edificios públicos, al robo de ganado y al desplazamiento de al menos 44.000 civiles.
A partir de agosto tuvieron lugar combates en gran escala entre fuerzas de Agwelek (milicia étnica alineada con el gobierno), el SPLA-IO, una facción escindida de este grupo y elementos del Ejército Blanco (fuerzas de defensa comunitaria étnica). Según la ONU, las partes que intervinieron en los combates atacaron emplazamientos de personas internamente desplazadas y mataron y secuestraron a civiles, destruyeron bienes civiles y perpetraron actos de violencia por motivos de género. Los combates desplazaron al menos a 20.000 personas y agravaron una situación humanitaria ya de por sí terrible. Se informó de que quienes pudieron huir lejos, incluidas personas de edad avanzada, se escondían en zonas boscosas y pantanosas.
Según la ONU, los combates entre las fuerzas gubernamentales y de oposición y el grupo armado no estatal Frente de Salvación Nacional (NAS) continuaron por quinto año en el sur y dieron lugar a secuestros, detenciones arbitrarias y palizas de civiles, tanto por parte del NAS como de las fuerzas gubernamentales. En otras zonas, entre diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, el SPLA-IO y milicias de base comunitaria fueron responsables de al menos 665 incidentes que implicaron violaciones de derechos humanos tales como homicidios arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, secuestros, detenciones, tortura y otros malos tratos y saqueo y destrucción de bienes civiles.
Entre el 25 de febrero y el 30 de noviembre, la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) documentó 52 incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos que afectaron a 103 personas, cometidos por fuerzas de seguridad gubernamentales, un grupo armado desconocido y milicias comunitarias. Las cifras reales eran probablemente más altas. Según la Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur, la violencia sexual relacionada con los conflictos seguía siendo generalizada y sistemática, se veía agravada por la ausencia de rendición de cuentas y se atribuía a la existencia de una sociedad patriarcal. La implementación del Plan de Acción de 2021 para las fuerzas armadas con el fin de abordar la violencia sexual relacionada con el conflicto fue insuficiente. Acceder a ejemplares del plan de acción no resultaba sencillo, y el plan en sí era prácticamente desconocido entre sobrevivientes y la mayoría de la sociedad civil.3 A pesar de su necesidad, la disponibilidad y la accesibilidad de servicios de apoyo de salud mental y psicosocial para sobrevivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos seguían siendo extremadamente limitadas.
Entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022 se informó de 589 incidentes relacionados con restricciones del acceso humanitario, según la ONU. De estos casos, 280 fueron acompañados de violencia contra personal y bienes de ayuda humanitaria. Se produjeron nueve ataques a convoyes. Al menos 10 trabajadores de ayuda humanitaria murieron y otros 233 tuvieron que ser reubicados a causa de los combates entre actores armados.
El enjuiciamiento de presuntos autores de crímenes de derecho internacional, incluida violencia sexual relacionada con los conflictos, siguió siendo la excepción; y la impunidad, la norma. Un reducido número de casos de violencia sexual cometida por agentes de seguridad del Estado contra civiles fue juzgado por tribunales militares y civiles, pero la muestra no se correspondía con el elevado número de casos. Al terminar el año no se había enjuiciado ningún caso como crimen de guerra o tortura.
El marco jurídico de Sudán del Sur seguía sin ocuparse de manera efectiva de la violencia sexual relacionada con los conflictos y otros crímenes de derecho internacional. El Código Penal de 2008 continuaba sin modificarse y no incluía los crímenes de guerra ni los crímenes de lesa humanidad, seguía definiendo la violación de manera limitada y no incluía la responsabilidad de la cadena de mando como modo de responsabilidad penal.
En septiembre, un tribunal militar de Yei declaró culpables de violación a ocho soldados, según observadores de los tribunales nacionales. Se concedió a varios familiares varones de sobrevivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos una indemnización parcial por incidentes juzgados por un tribunal militar en Yei en 2020.
El 5 de abril, el presidente Kiir puso en marcha consultas públicas con el fin de reunir opiniones que sirvieran de base para la legislación por la que se establecería la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación. Un comité técnico inició las consultas en mayo. Al finalizar el año, el comité había concluido las consultas y presentado un informe al ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales.
No se observaron avances en el establecimiento de la Autoridad de Indemnización y Reparación ni del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. El presidente siguió sosteniendo que la reconciliación era preferible a la rendición de cuentas.4
Según la UNMISS, altos cargos gubernamentales ordenaron la ejecución extrajudicial de tres civiles en el estado de Warrap y de un agente de policía en el estado de Unity. En junio, Human Rights Watch documentó el homicidio extrajudicial de tres civiles, entre ellos un menor de edad, cometido por el ejército en el estado de Ecuatoria Central. En agosto, según informaciones de medios de comunicación y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Sudán del Sur, las fuerzas de seguridad del gobierno ejecutaron mediante fusilamiento a tres soldados rebeldes desarmados en el estado de Unity y mataron a otro quemándolo. La UNMISS documentó otras 13 ejecuciones extrajudiciales.
La ONU señaló que las fuerzas armadas, el Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición, grupos armados no estatales y personas armadas no identificadas habían cometido abusos y violaciones graves de derechos humanos contra 243 niños y niñas: 138 niños, 102 niñas y 3 cuyo sexo se desconocía. Las cifras reales eran probablemente superiores. Las violaciones de derechos humanos incluían secuestro, homicidio, mutilación, violación y reclutamiento forzoso y uso de niños y niñas en combate y para labores de apoyo tales como porteo, cocina y espionaje.
Según los datos más recientes de UNICEF, 2,8 millones de niños y niñas estaban sin escolarizar, y un tercio de los centros escolares habían resultado dañados o destruidos. Más de 7.000 niños y niñas necesitaban servicios de localización y reagrupación familiar y 1,4 millones de niños y niñas sufrían malnutrición aguda.
Más de 6,5 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria aguda. La última evaluación de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria preveía que aproximadamente 7,76 millones de personas, mucho más de la mitad de la población, padecería inseguridad alimentaria aguda durante el periodo de escasez comprendido entre abril y julio de 2023. Durante todo el año, la producción de alimentos experimentó una drástica reducción debido al conflicto, el deterioro de la economía, las inundaciones y los desastres climáticos.
El gobierno siguió incumpliendo su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud. Hubo un número elevado de muertes ocurridas a causa de enfermedades prevenibles y otras dolencias debido a las inadecuadas instalaciones de atención de la salud, en una situación agravada por los ataques a estas instalaciones y a profesionales de la medicina perpetrados por fuerzas gubernamentales, grupos armados de oposición, grupos paramilitares y milicias. Se calculaba que sólo el 44% de la población tenía acceso a servicios de atención primaria de salud. A pesar del trastorno de estrés postraumático generalizado entre la población, la disponibilidad y la accesibilidad de servicios de apoyo de salud mental y psicosocial seguían siendo extremadamente limitadas.5
Continuaron las violaciones del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. El 18 de enero, las autoridades permitieron que el periódico Number One Citizen reanudara su actividad tras haber sido suspendido el 9 de diciembre de 2021 con el argumento de que su redactor jefe no estaba registrado como periodista. Según informes, a las autoridades les disgustaba que el periódico protegiera a sus fuentes.
El 15 de marzo, según la ONU, el Servicio de Seguridad Nacional censuró la publicación de artículos de un medio de comunicación y supeditó la reanudación de su actividad a que realizara una disculpa pública por haber citado de forma incorrecta palabras del ministro de Información. Según informaciones de los medios de comunicación, unos agentes del Servicio de Seguridad Nacional detuvieron durante un breve lapso de tiempo a nueve periodistas que cubrían una conferencia de prensa del Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición en junio, confiscaron su equipo y borraron sus grabaciones de audio y fotografías.
En febrero, los medios de comunicación informaron de que unos funcionarios del estado de Jonglei que protestaban por la decisión del gobierno local de recortar el pago de sus salarios atrasados se enfrentaron con los escoltas del gobernador y varias personas resultaron heridas. En junio, según informaciones de medios de comunicación, decenas de docentes del estado de Warrap fueron detenidos por las autoridades estatales tras una protesta para reclamar sus salarios. La mayoría quedaron en libertad, pero seis fueron trasladados a la prisión central de Rumbek, donde permanecieron hasta que, en agosto, un tribunal desestimó todos los cargos formulados en su contra.
El 7 de agosto, unos agentes de policía y del Servicio de Seguridad Nacional detuvieron durante ocho días en Yuba a siete personas que protestaban por el aumento del costo de la vida. La policía detuvo a una periodista que estaba entrevistando a manifestantes, alegando que no llevaba identificación. La periodista estuvo detenida de forma ilegítima durante ocho días.
En septiembre, el gobierno anunció el establecimiento de un tribunal especial para juzgar la ciberdelincuencia y el uso indebido de la informática. Una orden provisional de diciembre de 2021 tenía como objetivo impedir la comisión de cualquier delito a través de ordenadores o de Internet, como el espionaje y la publicación de información falsa, y proteger frente a tales delitos. Las definiciones de los delitos que figuraban en la orden eran amplias y ambiguas, por lo que preocupaba que el gobierno pudiera utilizarlas para actuar contra opositores, disidentes y personas críticas, incluidos defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas.
La Ley del Servicio de Seguridad Nacional de 2014 aún no había sido modificada a pesar de la obligación de hacerlo en virtud de los acuerdos de paz de 2015 y 2018. Esa ley otorgaba a los agentes del Servicio de Seguridad Nacional poderes policiales para practicar arrestos y detenciones, lo cual contravenía el mandato constitucional de este organismo de recopilar información secreta, así como las normas internacionales de derechos humanos.
Continuó la imposición de condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. El 22 de marzo, el Tribunal Superior del estado de Ecuatoria Oriental puso en libertad a Magai Matiop Ngong, que tenía 15 años cuando fue condenado a muerte por ahorcamiento en 2017, tras haber sido declarado culpable de un asesinato que él afirma que fue un accidente.6
En abril, el gobierno anunció su intención de reactivar el proyecto del Canal de Jonglei para desviar agua de la región pantanosa de Sudd para alimentar el Nilo en Sudán y Egipto. Según altos cargos gubernamentales, el proyecto ayudaría a evitar las inundaciones en los estados de Jonglei y Unity, y en mayo Egipto envió maquinaria para ayudar en las tareas de dragado. Sin embargo, especialistas, ecologistas y activistas sostenían que los planes afectarían negativamente a las comunidades y a la flora y fauna que dependían del agua, y podrían dar lugar a falta de lluvia debido a la reducción de la evaporación de agua. En julio, según informaciones de medios de comunicación, el presidente Kiir ordenó la suspensión de todas las actividades relacionadas con el dragado en Sudán del Sur, incluidos los humedales del Sudd y el río Naam, afluente del Nilo, en espera de la finalización de las evaluaciones del impacto en las comunidades y los ecosistemas circundantes. Según Associated Press, el presidente estableció un comité sobre la región de Sudd y el río Nilo Blanco con el fin de estudiar opciones para la gestión del agua y las inundaciones, cuyas conclusiones servirían de base para tomar una decisión sobre los proyectos propuestos.
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