Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Los incidentes de violencia por motivos de género aumentaron notablemente y se restringió el acceso de las mujeres a la atención en salud sexual y reproductiva. Los niños y niñas hacían frente a considerables desigualdades en el sistema de educación pública, agravadas por la COVID-19, y hasta 500.000 niños y niñas abandonaron sus estudios durante la pandemia. Hubo numerosos casos de presunta corrupción en los departamentos de salud provinciales. Había millones de personas sin acceso a saneamiento y agua adecuados. Se produjeron ataques xenófobos contra negocios de propiedad extranjera, y las personas migrantes indocumentadas eran excluidas de la campaña de vacunación. Las fuerzas de seguridad continuaron usando fuerza excesiva contra quienes se manifestaban de forma pacífica, y cientos de personas murieron como consecuencia de acciones policiales. Los disturbios violentos en dos provincias, desencadenados por la detención del expresidente Jacob Zuma, se saldaron con la muerte de al menos 360 personas y pérdidas de empleos, ahondando así la desigualdad. Las autoridades no garantizaron que la industria minera cumpliera las normas que impedirían violaciones de derechos humanos contra las comunidades. Aparecieron datos sobre la complicidad de Sudáfrica en crímenes de guerra cometidos en Yemen. Las personas dedicadas al activismo ambiental temían que un proyecto de prospección petrolífera que se había propuesto pusiera en peligro la fauna marina.
En julio, el presidente Ramaphosa autorizó el despliegue de 1.495 soldados en Mozambique para hacer frente a la inseguridad en Cabo Delgado, en el norte de ese país (véase el apartado sobre Mozambique).
La Comisión de Investigación sobre Captura del Estado siguió escuchando testimonios en relación con las denuncias de corrupción y otros abusos conocidos como “captura del Estado” durante la presidencia de Jacob Zuma, que fue encarcelado por desacato a tribunal por negarse a comparecer ante la Comisión. El expresidente fue puesto en libertad condicional por motivos médicos tras haber cumplido 2 de los 15 meses de prisión que tenía como condena. Estaba previsto que la primera parte del informe de la Comisión se publicara en enero de 2022 y se centrara en la corrupción en entidades estatales clave, incluida la aerolínea South African Airways. En cuanto a la segunda y la tercera parte, se esperaba que se publicaran en febrero de 2022.
Las estadísticas oficiales sobre delincuencia publicadas en agosto indicaron un aumento de algunas formas de violencia de género. A pesar de la adopción por el gobierno en 2019 del Plan Estratégico Nacional sobre Violencia por Motivos de Género y Feminicidio para fortalecer su respuesta a la elevada incidencia de ese tipo de violencia, las estadísticas revelaron un aumento del 72,4% en los casos de violación, del 77,6% en otras formas de agresión sexual, y del 74,1% en todos los delitos sexuales. Aunque el espectacular incremento del número de casos se atribuyó a la baja tasa de denuncias durante el periodo de confinamiento a causa de la COVID-19 en 2020, las cifras durante 2021 eran, no obstante, más altas que las registradas en la época anterior a la pandemia. El Parlamento aprobó tres nuevos proyectos de ley en septiembre para reforzar la protección contra la violencia de género.
Hubo al menos 117 casos de feminicidio en el primer semestre del año. En agosto, la muerte de Nosicelo Mtebeni a manos de su novio dio lugar a protestas públicas. Nosicelo Mtebeni tenía 23 años y cursaba el último año de derecho en la Universidad de Fort Hare (provincia de Cabo Oriental) cuando fue asesinada. Su cuerpo había sido desmembrado y metido en una maleta y en bolsas de plástico. El novio de la joven fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato.
Muchas mujeres y niñas no pudieron acceder a servicios de salud sexual y reproductiva durante las restricciones derivadas del confinamiento a causa de la COVID-19. En la provincia de Gauteng se registraron 23.226 embarazos de adolescentes entre abril de 2020 y marzo de 2021. De esta cifra, 934 afectaban a niñas de entre 10 y 14 años. La elevada tasa de embarazos de adolescentes se atribuía en parte a las dificultades para acceder a anticonceptivos. Una encuesta entre mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años, realizada por el Consejo Sudafricano de Investigación Médica, reveló que el 21% de las participantes manifestaban tener dificultades para conseguir preservativos debido a las medidas asociadas a la COVID-19.
El sistema educativo adoleció de fallos sistémicos durante la pandemia de COVID-19.1 La Encuesta Móvil Rápida sobre el Coronavirus del Estudio Nacional sobre Dinámicas de Ingresos (NIDS-CRAM, por sus siglas en inglés), una colaboración de más de 30 investigadores sudafricanos de varias universidades y organizaciones de investigación, concluyó que hasta 500.000 niños y niñas más habían abandonado la escuela durante la pandemia. El abandono escolar alcanzó la cifra de aproximadamente 750.000 niños y niñas en mayo, más del triple de la cifra anterior a la pandemia, cuando era de 230.000. Según el Departamento de Educación Básica, una de cada tres niñas embarazadas de entre 10 y 19 años no regresaba a la escuela.
Muchas escuelas no recibían fondos suficientes y tenían unas condiciones de saneamiento deficientes. A fecha de 12 de abril, 5.167 escuelas seguían usando letrinas de pozo, lo que contravenía la legislación sobre salud y seguridad.
Sudáfrica continuó siendo el país de África más afectado por la COVID-19, tanto en casos comunicados como en muertes. En julio, el sistema de salud tuvo dificultades para hacer frente a la tercera ola. Sólo en la provincia de Gauteng, aproximadamente el 91% de las camas de los hospitales privados y públicos estaban ocupadas. En septiembre, la cifra de personas totalmente vacunadas rondaba los 8,4 millones, de una población de casi 60 millones. Las personas migrantes indocumentadas eran excluidas del programa de vacunación.
El Foro contra la Corrupción en el Sector de la Salud y la Unidad Especial de Investigación se hicieron cargo de numerosos casos de presunta corrupción en departamentos de salud provinciales. El exministro de Salud Zweli Mkhize dimitió en agosto tras ser implicado en la contratación irregular de unos servicios de comunicación relacionados con la COVID-19 que dio lugar a la presunta apropiación indebida de 150 millones de rands (más de 10 millones de dólares estadounidenses).
Las comunidades seguían teniendo dificultades para acceder al agua y el saneamiento. Según el Departamento de Agua y Saneamiento, se calculaba que unos 5,3 millones de hogares no tenían acceso a un suministro fiable de agua apta para el consumo, y 14,1 millones de personas no tenían acceso a saneamiento seguro. En algunos municipios, sólo el 50% de sus residentes disfrutaban de instalaciones de saneamiento adecuadas. Las protestas por el acceso al agua y el saneamiento continuaron durante todo el año y alteraron la inscripción de votantes para las elecciones a los gobiernos locales de 2021. En septiembre, los residentes de Khayelitsha (un barrio de Ciudad del Cabo, la capital legislativa del país) protestaron por el bloqueo de desagües y la entrada de aguas residuales en sus calles y sus viviendas, que ponía en peligro su salud.
Había más de 153.000 solicitud de asilo pendientes. El gobierno y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, firmaron en marzo un acuerdo de 9,6 millones de dólares estadounidenses para resolver la acumulación de casos y renovar el sistema de gestión del asilo antes de 2024. En mayo, el Tribunal Superior de Cabo Occidental ordenó la reapertura de la Oficina de Recepción de Refugiados de Ciudad del Cabo, que estaba cerrada desde 2012. Esta decisión siguió al incumplimiento por el Departamento del Interior de una orden judicial dictada en 2017 por el Tribunal Supremo de Apelaciones, según la cual la Oficina de Recepción de Refugiados debía abrirse de nuevo a más tardar en marzo de 2018. Desde su cierre, las personas solicitantes de asilo que vivían en Ciudad del Cabo tenían que viajar cada pocos meses hasta Durban, Musina o Pretoria (ciudades situadas a 1.455, 1.633 y 1.923 kilómetros de distancia, respectivamente) para renovar sus permisos.
Hubo ataque xenófobos esporádicos durante todo el año, que en Durban afectaron a negocios propiedad de personas migrantes.
La policía sudafricana siguió empleando fuerza excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente, y causó muertes y heridas. La Dirección General de Investigación Independiente de la Policía, órgano oficial de supervisión de la policía, había recibido 6.122 nuevas denuncias al término del año fiscal 2021, el 28 de febrero. De estas denuncias, 4.228 fueron de casos de agresión, 353 de casos de muerte como consecuencia de la actuación policial, 256 de casos de tortura, y 80 fueron de violaciones cometidas por agentes de policía.
La Dirección General de Investigación Independiente de la Policía recibió 74 denuncias durante los disturbios de julio que tuvieron lugar en algunas zonas de las provincias de Gauteng and KwaZulu-Natal (véase infra, “Derecho a la vida y a la seguridad de la persona”). La mayoría de esas denuncias (26) fueron por casos de muerte causada por la actuación policial, mientras que hubo 25 denuncias de agresión y 4 de muertes bajo custodia policial. Se presentaron dos casos relacionados con tortura.
En marzo, Mthokozisi Ntumba murió por disparos de miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica cuando pasaba al lado de una protesta encabezada por estudiantes en Braamfontein (Johannesburgo). Los estudiantes de la Universidad de Witwatersrand protestaban por la exclusión de la universidad de estudiantes que tenían tasas pendientes de pago. El juicio de cuatro agentes de policía en relación con el homicidio de Mthokozisi Ntumba se aplazó hasta 2022.
En julio estallaron violentos saqueos y actos de destrucción de propiedades en algunas zonas de las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal tras el encarcelamiento de Jacob Zuma. Los disturbios se extendieron a zonas residenciales y, en ausencia de una presencia policial clara, muchas comunidades recurrieron a la vigilancia parapolicial. Se desplegó la Fuerza de Defensa Nacional sudafricana para apoyar a la policía sobre el terreno.2 Al menos 360 personas murieron durante la semana de disturbios, algunas de ellas en estampidas y otras por impactos de munición real o balas de goma disparadas a corta distancia.
El Departamento de Recursos Minerales y Energía siguió sin cumplir su objetivo anual de inspeccionar las minas para garantizar la aplicación de sus Planes Sociales y Laborales. La observancia estricta de estos planes contribuiría a garantizar que se remediaran las repercusiones socioeconómicas negativas de la minería y se impidieran violaciones de derechos humanos.
En marzo, el informe de una investigación realizada por Open Secrets, una organización que sacaba a la luz delitos económicos del sector privado, reveló vínculos de Sudáfrica con presuntos crímenes de guerra cometidos en Yemen. Rheinmetall Denel Munitions, una de las empresas estatales y otras compañías sudafricanas habían suministrado regularmente a la coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el conflicto armado de Yemen armas tales como bombas y proyectiles, antes y durante el conflicto (véase el apartado sobre Yemen). En junio, el Tribunal Superior de Pretoria ordenó que se hiciera público qué empresas armamentistas sudafricanas habían suministrado armas de las que se hubiera descubierto que se habían utilizado contra la población civil en el conflicto de Yemen.
En julio, el organismo oficial Centro Nacional para la Gestión de Desastres declaró la situación de desastre por sequía en las provincias de Cabo Oriental, Cabo del Norte y Cabo Occidental. En noviembre se presentó en el Parlamento el primer marco jurídico integral del país para el cambio climático. También en noviembre, el gobierno se unió a Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Unión Europea para apoyar una transición justa a una economía de baja emisión de carbono. En diciembre, el ministro de Energía apoyó los planes de Shell de llevar a cabo exploración sísmica petrolera en la zona de la Costa Salvaje y que, según aseguraban activistas ambientales, pondrían en peligro la fauna marina. El 28 de diciembre, el tribunal superior de Makhanda (Cabo Oriental) dictó una orden para detener temporalmente la exploración hasta que se celebrara la segunda parte de los procedimientos judiciales.
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