Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las partes en el conflicto seguían cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos flagrantes contra los derechos humanos. Las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo ataques directos contra población e infraestructura civiles —incluidos hospitales y gasolineras— y ataques indiscriminados mediante bombardeos aéreos y de artillería en la gobernación de Idlib y en la zona rural del oeste de la gobernación de Alepo. También asediaron a la población civil en el sur de Siria y restringieron y negaron el acceso a la ayuda humanitaria en todo el país. Las fuerzas de seguridad sometieron arbitrariamente a detención ilegítima, tortura y otros malos tratos, y desaparición forzada a personas refugiadas que regresaban a su hogar. Las autoridades gubernamentales continuaron deteniendo arbitrariamente a decenas de miles de personas —entre las que había participantes en acciones pacíficas, personal de ayuda humanitaria, profesionales de la abogacía y periodistas— que, en muchos casos, eran objeto de desaparición forzada. El Ejército Nacional Sirio, apoyado por Turquía, continuó sometiendo a la población civil de Afrín y Ras al Ain, ciudades del norte del país, a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y secuestro. En el nordeste, la Administración Autónoma dirigida por el Partido de la Unión Democrática (PYD) detuvo arbitrariamente a niños y niñas en el campo de Al Hol y los trasladó a prisiones donde fueron recluidos con personas adultas. En el noroeste, el grupo armado de oposición Hayat Tahrir al Sham detuvo arbitrariamente y hostigó a activistas y periodistas. El gobierno no respondió con firmeza para frenar la propagación de la COVID-19 e impidió el acceso a asistencia médica a miles de personas en el sur y el nordeste del país. Decenas de miles de personas internamente desplazadas estaban expuestas a contraer la COVID-19 debido a las terribles condiciones de vida. Algunos países europeos investigaron y procesaron en sus tribunales nacionales, bajo el principio de jurisdicción universal, a individuos sospechosos de haber cometido crímenes de derecho internacional en Siria. La pena de muerte continuaba en vigor, y se tuvo noticia de ejecuciones.
El 12 de abril, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas informó de que había “motivos razonables” para creer que el gobierno sirio había efectuado un ataque con cloro en la ciudad de Saraqib, en la gobernación de Idlib, en 2018. A consecuencia de ello, suspendió “ciertos derechos y privilegios” de membresía de Siria.
El 26 de mayo, Bachar al Asad fue elegido presidente para un cuarto mandato en unos comicios en los que sólo se permitió votar a las personas que vivían en las zonas controladas por el gobierno y a la diáspora siria en algunos países.
En junio, las hostilidades entre el gobierno, apoyado por Rusia, y Hayat Tahrir al Sham se intensificaron en la gobernación de Idlib y en la zona rural de la gobernación de Alepo cuando las fuerzas gubernamentales intentaron recuperar el control total de las autopistas M4 y M5. En julio, el gobierno lanzó una ofensiva militar contra grupos armados de oposición en Deraa al Balad que concluyó a mediados de septiembre con un acuerdo de alto el fuego.
Entre julio y agosto, grupos armados no identificados detonaron dispositivos explosivos improvisados en Afrín y Ras al Ain —ciudades controladas por grupos armados proturcos—, mataron e hirieron a numerosa población civil y dañaron infraestructuras civiles. En agosto, grupos desconocidos efectuaron bombardeos en Al Bab —ciudad de la zona rural del norte de la gobernación de Alepo controlada por grupos armados proturcos— que causaron víctimas civiles y destruyeron viviendas.
Israel siguió llevando a cabo ataques aéreos contra fuerzas del gobierno sirio e iraníes y de Hezbolá en Siria.
Factores como la corrupción, la devaluación de la moneda nacional y las medidas contra la COVID-19 incrementaron la inseguridad alimentaria y la pobreza.
A comienzos de 2021, el gobierno, respaldado por fuerzas gubernamentales rusas, intensificó los ataques aéreos y terrestres en el noroeste de Siria, controlado por Hayat Tahrir al Sham, especialmente en la gobernación de Idlib y en la zona rural de la gobernación de Alepo, según la ONU. Los ataques iban dirigidos contra población civil e infraestructuras civiles —incluidos hospitales que figuraban en la lista de exclusión del conflicto de la ONU, edificios residenciales y mercados— y mataron o hirieron a varios civiles.
Según la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la situación en la República Árabe Siria (Comisión de Investigación de la ONU), la madrugada del 21 de marzo, el gobierno efectuó ataques con misiles guiados y artillería contra un hospital en Atareb, en la zona rural del oeste de la gobernación de Alepo, que mataron al menos a 8 pacientes civiles e hirieron a otras 13 personas, entre ellas 5 miembros del personal sanitario. En el informe constaba además que, ese mismo día, el gobierno efectuó ataques aéreos contra una gasolinera que destruyeron 18 camiones que estaban aparcados cerca del paso de Bab al Hawa, lo que obligó a las organizaciones humanitarias que trabajaban en la frontera a suspender temporalmente su actividad.
Las fuerzas gubernamentales sometieron a asedio a la población civil y bloquearon su acceso a alimentos, agua y servicios esenciales, y continuaron obstaculizando el acceso a los organismos de ayuda humanitaria de la ONU en el sur y en el norte del país.
Entre el 24 de junio y mediados de septiembre, el gobierno impuso un asedio a millares de civiles en Deraa al Balad con el objetivo de presionar a las fuerzas armadas de oposición para que se rindiesen y evacuasen la zona. Durante el asedio, las fuerzas gubernamentales impidieron a las organizaciones humanitarias entregar alimentos, suministros médicos y otra ayuda para la supervivencia.1 Un residente dijo que la única panadería del barrio había cerrado después de que se terminara la harina, y que habían pasado más de 60 días sin acceso a alimentos, electricidad y agua en cantidad suficiente.
El gobierno siguió bloqueando la ayuda humanitaria de la ONU en el campo de Rukban, en la zona aislada situada entre las fronteras de Siria y Jordania conocida como “la berma”, donde seguían viviendo decenas de miles de personas en condiciones duras sin acceso a atención médica, saneamiento ni agua apta para el consumo. El gobierno negó el acceso de los organismos de la ONU a las ciudades de Menbij y Kobani, en el nordeste de Siria, lo que hizo depender a la población residente del apoyo de las organizaciones humanitarias internacionales y de la Administración Autónoma, que no pudieron satisfacer sus necesidades.
El 9 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó de forma condicional durante seis meses la autorización del paso de Bab al Hawa para la entrega de ayuda humanitaria desde Turquía al noroeste de Siria.2
El cierre del paso fronterizo de Al Yarubiyah en 2020, que había puesto fin a la entrega de ayuda humanitaria de la ONU desde Irak, agravó la crisis humanitaria en el nordeste de Siria. A causa de las trabas burocráticas y las restricciones de acceso impuestas por el gobierno, los organismos de la ONU y sus entidades asociadas en la ejecución no pudieron entregar suficiente ayuda humanitaria, especialmente médica.
El gobierno continuaba sometiendo a desaparición forzada a decenas de miles de personas —entre ellas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y personas dedicadas al activismo político—, en muchos casos durante periodos de hasta 10 años.
Entre enero y abril, el gobierno detuvo arbitrariamente a 400 personas —entre las que había miembros de la judicatura, profesionales de la abogacía y el periodismo, y personal del sector público— que habían criticado en Internet su gestión de la crisis económica. En una decisión poco habitual, las dejó en libertad el 11 de mayo, dos semanas antes de las elecciones presidenciales.
Las fuerzas gubernamentales sometieron a personas refugiadas retornadas a Siria entre mediados de 2017 y abril de 2021 —incluidos niños y niñas— a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos —como violación y otros actos de violencia sexual—, y desaparición forzada, y las interrogó en relación con su presunta oposición al gobierno.3 Cinco refugiados sometidos a desaparición forzada murieron bajo custodia.
El Ejército Nacional Sirio, coalición de grupos armados proturcos, continuó sometiendo a diversos abusos contra los derechos humanos —como detención arbitraria, secuestro, tortura y otros malos tratos— a la población civil, predominantemente kurda siria, de Afrín y Ras al Ain.
Según la Comisión de Investigación de la ONU, el Ejército Nacional Sirio torturaba a las personas detenidas durante los interrogatorios para obtener “confesiones”, las recluía en centros de detención informales y les negaba la asistencia letrada y el acceso a sus familiares.
La Administración Autónoma mantenía recluidas en el campo de Al Hol, en condiciones precarias y sin acceso al debido proceso, a decenas de miles de personas presuntamente vinculadas al grupo armado Estado Islámico. Las mujeres y los niños y niñas del anexo a este campo, zona de reclusión de nacionales de terceros países, carecían de libertad de circulación, lo que afectó a su acceso a la atención de la salud en el campo debido a los numerosos puestos de control y controles de seguridad de la Asayish, la fuerza policial de la Administración Autónoma.
La Asayish detuvo arbitrariamente en el anexo a niños de tan solo 12 años y los separó de sus madres y de las personas responsables de su cuidado únicamente por sospechar una posible “radicalización” futura y sin ninguna prueba de que hubieran cometido actos delictivos. Además, los trasladó a centros de detención fuera del campo de Al Hol, calificados de “centros de rehabilitación”, en los que no había acceso adecuado a alimentos, agua ni asistencia sanitaria y eran generalizadas enfermedades como la tuberculosis y la sarna.
Hayat Tahrir al Sham, que controlaba partes del noroeste de Siria, siguió reprimiendo la libertad de expresión y reunión mediante la detención arbitraria y el hostigamiento de activistas de medios de comunicación y periodistas que criticaban el gobierno y la ideología del grupo armado. Por ejemplo, en septiembre prohibió las emisiones del canal de televisión Orient News.
El 18 de mayo, las Fuerzas Democráticas Sirias —brazo militar de la Administración Autónoma— mataron al menos a siete personas al dispersar en la gobernación de Al Hasakeh una protesta contra el aumento del precio del combustible. El 31 de mayo, efectuaron disparos en Menbij para dispersar otra en la que se pedía a la Administración Autónoma el fin del reclutamiento militar obligatorio de hombres de entre 18 y 21 años. Mataron a un manifestante.
Al igual que en 2020, el gobierno no respondió con firmeza a la propagación de la COVID-19; ni siquiera proporcionó información transparente y coherente sobre el brote en las zonas bajo su control. Los hospitales públicos carecían de suficientes camas, bombonas de oxígeno, respiradores y equipos de protección individual, lo que puso en riesgo a centenares de pacientes y miembros del personal sanitario.
Según la OMS, en noviembre, sólo el 4,2% de la población de Siria había recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19; las dosis, que se distribuyeron en todo el país, procedían del COVAX y de donaciones directas de Estados.
A causa de las restricciones del gobierno a la entrega de ayuda humanitaria y de su falta de apoyo al sector sanitario, la población del nordeste de Siria sufrió las consecuencias de la grave escasez de pruebas, bombonas de oxígeno y respiradores, así como de la falta de financiación de las organizaciones de ayuda humanitaria que prestaban apoyo a centros que atendían casos de COVID-19. Según personal de ayuda humanitaria, las ONG no habían podido garantizar el suministro continuo de medicamentos esenciales para tratar la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y las infecciones bacterianas, ni de kits de tratamiento de la violación y otros kits de salud reproductiva, todo ello proporcionado anteriormente por la OMS y el Fondo de Población de la ONU a través de la frontera.
Una profesional de la salud de Menbij, donde el gobierno sirio bloqueaba el acceso de la ONU, dijo que no podían dar tratamiento a todas las personas que padecían cáncer, talasemia y diabetes, y que tenían que escoger a qué pacientes tratar debido a la escasez de suministros.
Durante el asedio de Deraa al Balad, las fuerzas gubernamentales impidieron la evacuación médica de pacientes con problemas de salud crónicos a hospitales de zonas controladas por el gobierno, así como la entrada de asistencia médica y medicamentos. Según personal sanitario, esta actuación causó la muerte de personas heridas y enfermas.
Al terminar el año, el número de personas internamente desplazadas en Siria desde 2011 ascendía a 6,7 millones, mientras que 5,6 millones habían buscado refugio fuera del país.
El deterioro de las condiciones humanitarias en los países vecinos y los consiguientes obstáculos administrativos y económicos para obtener o renovar los permisos de residencia siguieron impulsando a las personas refugiadas a retornar a Siria, donde algunas fueron sometidas a detención, tortura y otros malos tratos, y desaparición forzada.
En julio, la ofensiva militar contra Deraa al Balad desplazó al menos a 36.000 civiles. La mayoría de estas personas fueron acogidas por amistades y familiares, pero algunas vivían en refugios colectivos como mezquitas y escuelas, sin acceso suficiente a alimentos ni a ayuda humanitaria. La intensificación de las hostilidades en el noroeste de Siria entre junio y agosto llevó a casi 100.000 personas a huir de sus casas en el mayor desplazamiento desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en marzo de 2020. La mayoría de las personas desplazadas vivía en campamentos improvisados abarrotados y en refugios colectivos con acceso insuficiente a ayuda humanitaria, servicios básicos, agua apta para el consumo, higiene, alimentos, asistencia médica, educación y oportunidades de ganarse el sustento.
Los campos de Al Hol y Al Roj, en la gobernación de Al Hasake, continuaban albergando a más de 60.000 personas (la mayoría mujeres, niños y niñas). Entre ellas había personas refugiadas e internamente desplazadas de Siria e Irak. Los campos estaban masificados y no ofrecían un nivel de vida adecuado. Su población tenía acceso limitado a la ayuda humanitaria, especialmente a alimentos y agua, y a los servicios de salud. Los niños y niñas seguían sin tener acceso adecuado a la educación y la atención de la salud.
En todo el país, la población desplazada alojada en campos corría un mayor riesgo de contraer la COVID-19 y verse gravemente afectada por ella debido a la falta de medidas de precaución —como el distanciamiento físico—, de agua e instalaciones de saneamiento suficientes, y de acceso a la atención de la salud, así como a la reducción de la financiación de las organizaciones humanitarias.
Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU seguía sin remitir la situación de Siria a la Corte Penal Internacional, al menos cuatro Estados europeos investigaron y procesaron en sus tribunales nacionales a varias personas sospechosas de perpetrar crímenes de guerra u otros crímenes de derecho internacional en Siria.
El 24 de febrero, el Tribunal Regional Superior de Coblenza (Alemania) condenó a un exagente de seguridad sirio a cuatro años y medio de prisión por crímenes de lesa humanidad por su complicidad en la tortura de manifestantes detenidos en Damasco.
El 15 de julio, la fiscalía federal alemana acusó de crímenes de lesa humanidad a un médico sirio huido de Siria a Alemania en 2015 que presuntamente había torturado a personas en hospitales militares de Homs y Damasco.
El 16 de julio, un tribunal de Países Bajos condenó a un exjefe de un grupo armado de oposición, que había solicitado asilo en 2014, a 20 años de prisión por cometer crímenes de guerra en Siria.
El 26 de agosto, el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf (Alemania) condenó a dos nacionales sirios. Uno de ellos, activista de medios de comunicación, fue sentenciado a nueve años de prisión por filmar la ejecución de un soldado gubernamental sirio a manos del grupo armado de oposición Frente Al Nusra. El otro fue condenado a cadena perpetua por “proteger la ejecución” y por pertenecer a una “organización terrorista extranjera”.
Continuó en vigor la pena de muerte para numerosos delitos. Las autoridades revelaron escasa información sobre condenas a muerte y rara vez proporcionaron datos sobre ejecuciones. No obstante, el 21 de octubre, el Ministerio de Justicia anunció la ejecución de personas acusadas de provocar los incendios forestales que arrasaron Siria en 2020.
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