Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se presentaron demandas por difamación y se recurrió a leyes represivas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y voces críticas con el gobierno, lo que dio lugar a cuantiosas multas y penas de prisión. Una nueva ley limitó aún más el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
Los líderes políticos continuaron presentando demandas por difamación con el fin de silenciar las voces críticas. En febrero, el bloguero y activista Leong Sze Han fue condenado a pagar una multa de 133.000 dólares de Singapur (99.000 dólares estadounidenses) por daños y perjuicios a raíz de una demanda presentada por el primer ministro. Leong Sze Han había compartido en las redes sociales una noticia que vinculaba a Lee Hsien Loong con un escándalo de corrupción. En septiembre, el periodista Terry Xu y la periodista Rubaashini Shunmuganathan, del sitio de noticias independiente The Online Citizen, también fueron declarados culpables de difamación contra el primer ministro y condenados a pagar una multa de 210.000 dólares de Singapur (156.138 dólares estadounidenses). Ese mismo mes, se obligó a The Online Citizen a cerrar el sitio web y sus cuentas en redes sociales después de que el gobierno lo acusara de no declarar sus fuentes de ingresos. En noviembre, Terry Xu y Daniel de Costa fueron declarados culpables de difamación contra miembros del gobierno, y al acabar el año se encontraban en espera de la imposición de pena. En octubre, el Parlamento aprobó la Ley de Contramedidas a la Injerencia Extranjera (FICA), que otorgaba amplios poderes al gobierno, entre ellos la facultad de eliminar o bloquear el acceso a contenidos online ante la sospecha de “injerencia extranjera”. La Ley también introducía penas severas para medios de comunicación y otros actores considerados agentes extranjeros.1
En febrero, el defensor de los derechos humanos Jolovan Wham fue declarado culpable de infringir la Ley de Orden Público y la Ley sobre Vandalismo por haber protestado pacíficamente en 2017 contra las violaciones de derechos humanos. Cumplió 22 días de prisión.2 En agosto compareció de nuevo ante el tribunal por cargos relacionados con un incidente ocurrido en 2018, cuando se había tomado una foto sosteniendo un cartel delante de los juzgados donde se celebraba el juicio de Terry Xu y Daniel de Costa.
En junio, una mujer fue condenada a 30 años de prisión por haber privado de comida, torturado y matado a una trabajadora doméstica en 2016. Los trabajadores y trabajadores migrantes de bajos ingresos siguieron confinados en albergues y lugares de trabajo en condiciones de hacinamiento por las restricciones impuestas a causa de la COVID-19. En noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU analizó el informe del gobierno y recomendó que se reforzara la protección a los trabajadores y trabajadoras migrantes, incluidas las trabajadoras domésticas.
En enero, una estudiante transgénero acusó al Ministerio de Educación de impedirle recibir el tratamiento hormonal prescrito. Tres estudiantes que habían sido detenidos en enero por protestar contra la discriminación de las personas LGBTI+ en las escuelas quedaron en libertad bajo fianza. En noviembre, ellos y otros tres más recibieron una amonestación policial por manifestarse sin permiso.3
La ejecución programada para noviembre del ciudadano malasio Nagaenthran Dharmalingam, condenado a muerte con carácter preceptivo por tráfico de drogas, provocó indignación internacional. A Nagaenthran se le habían diagnosticado discapacidades intelectuales. Al acabar el año aún no se había resuelto su recurso.4
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