Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Se intensificó el uso de leyes represivas para silenciar la disidencia. El gobierno despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre hombres, pero bloqueó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se reanudaron las ejecuciones.
Continuó el hostigamiento judicial de trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación independientes y de personas críticas con el gobierno. En abril, Terry Xu y Daniel de Costa, redactor jefe y escritor, respectivamente, del medio de comunicación digital The Online Citizen, fueron condenados a tres semanas de prisión tras haber sido declarados culpables en 2021 de difamación contra miembros del gobierno. Daniel de Costa también fue condenado a tres meses de prisión por infringir la Ley de Delitos Informáticos.
En enero, el defensor de los derechos humanos Jolovan Wham fue declarado culpable de organizar una reunión pública ilegal por haber protestado, en 2018, contra otro juicio de Terry Xu y Daniel de Costa. Cumplió 15 días de prisión tras perder su recurso de apelación y negarse a pagar una multa.
En junio, la policía interrogó a Kirsten Han y Rocky Howe con arreglo a la Ley de Orden Público por su participación en una protesta pacífica contra la pena de muerte.1 En octubre, la policía informó a Kirsten Han de que había sido declarada culpable de desacato, al parecer por una publicación en Facebook en la que criticaba el hostigamiento al que las autoridades sometían a los abogados y abogadas de las personas condenadas a muerte. Recibió un apercibimiento condicional por el que tenía que abstenerse de cualquier “comportamiento delictivo” durante un periodo de 12 meses. Al acabar el año aún no se había resuelto su recurso judicial contra el caso.
En noviembre se inició una investigación policial contra una mujer por protestar ante la embajada china en solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
En noviembre, el Parlamento votó a favor de revocar la disposición 377A del Código Penal, en la que se tipificaban como delito las relaciones sexuales consentidas entre hombres. Sin embargo, también aprobó una reforma de la Constitución para impedir la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo.
En abril, el gobierno levantó la mayoría de las restricciones por la COVID-19, con excepción de las que se aplicaban a la población trabajadora migrante, a la que siguió imponiendo restricciones de circulación fuera de sus hacinados dormitorios, lugares de trabajo e instalaciones de ocio designadas.
Se reanudaron las ejecuciones, suspendidas desde noviembre de 2019. La ejecución en abril por delitos relacionados con las drogas de Nagaenthran Dharmalingam, ciudadano malasio con diagnóstico de discapacidad intelectual, provocó la indignación pública.2
Los tribunales impusieron costas punitivas a las apelaciones de última instancia contra condenas de muerte, y se investigó a abogados y abogadas por hacer declaraciones públicas sobre sus clientes. M Ravi, destacado abogado de derechos humanos conocido por defender a personas condenadas a muerte, se enfrentó a múltiples investigaciones disciplinarias, a procedimientos judiciales por desacato y a investigaciones por acusaciones penales de difamación en relación con su trabajo.
En noviembre, el gobierno presentó una nueva contribución determinada a nivel nacional que incluía un objetivo revisado y más elevado de reducción de las emisiones absolutas a 60 toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente para 2030. Sin embargo, esta cifra era significativamente inferior a la necesaria para mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5 °C.
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