Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania fue acompañada de una escalada de la represión de la disidencia dentro de Rusia. La policía disolvió las protestas pacíficas contrarias a la guerra, a menudo usando la fuerza, y quienes alzaban la voz contra la guerra se enfrentaban a acciones judiciales. Se aprobó legislación que restringía las manifestaciones y las actividades de ONG y activistas de la sociedad civil. Continuaron los enjuiciamientos de miembros de Testigos de Jehová. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los centros de detención. Persistieron los informes sobre secuestros y desapariciones forzadas en Chechenia. Se incumplieron reiteradamente las normas sobre juicios justos. Se negó a quienes ejercían la objeción de conciencia la opción de realizar un servicio civil alternativo. Se aprobó legislación que estigmatizaba y discriminaba aún más a las personas LGBTI.
Información general
Rusia lanzó una invasión militar en gran escala sobre Ucrania el 24 de febrero ocupando extensas zonas del país, y anunció la anexión de cuatro regiones ucranianas en septiembre. Miles de civiles en Ucrania perdieron la vida y las fuerzas rusas cometieron crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional (véase el apartado sobre Ucrania). Al parecer, las fuerzas ucranianas atacaron bases militares, comunicaciones y depósitos de combustible en territorio ruso; medios de comunicación rusos informaron de al menos 21 personas muertas y 39 heridas entre la población civil.
Cientos de miles de personas huyeron del país, sobre todo tras el inicio de una “movilización parcial” en septiembre por la que decenas de hombres fueron enviados al frente sin instrucción ni medidas adecuadas. Según informes, una empresa militar privada reclutó a miles de presos y los envió a Ucrania. Esta práctica se legalizó con carácter retroactivo a través de una ley aprobada en noviembre.
Rusia se enfrentó a un aislamiento creciente en el ámbito internacional y la UE, Estados Unidos y otros países introdujeron sanciones económicas en respuesta a la invasión de Ucrania. A continuación se produjo un éxodo masivo de empresas internacionales. Aumentó la proporción de personas que vivían en la pobreza.
Rusia se retiró del Consejo de Europa el 15 de marzo y aprobó una ley en junio que permitía a las autoridades rusas hacer caso omiso de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluidas las que establecían pagos por indemnización, aplicable con carácter retroactivo desde el 15 de marzo.
En abril, la Asamblea General de la ONU votó suspender la pertenencia de Rusia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En octubre, el Consejo creó una nueva relatoría especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa.
En noviembre, un tribunal neerlandés resolvió que Rusia tenía el control general de la región de Ucrania oriental en manos separatistas desde donde se había derribado un avión civil en julio de 2014 causando la muerte de las 298 personas que iban a bordo. El tribunal declaró culpables in absentia a tres hombres —dos rusos y un ucraniano— en relación con el ataque y los condenó a cadena perpetua.
En su represión incesante de la disidencia, las autoridades introdujeron duras restricciones adicionales a la libertad de expresión y de reunión pacífica. La policía disolvió protestas pacíficas contra la guerra y la llamada a filas, a menudo haciendo uso excesivo de la fuerza. Más de 19.400 personas fueron arrestadas, entre ellas periodistas que cubrían las protestas. La mayoría se enfrentó a fuertes multas o a periodos de detención administrativa.1
En marzo se aprobó nueva legislación que penalizaba la “desacreditación” de las fuerzas armadas rusas y la “difusión deliberada de información falsa” sobre ellas. En diciembre había más de 100 y 180 causas penales abiertas, respectivamente, por uno y otro cargo, y al menos 5.518 procesos administrativos por “desacreditación”. Se abrieron más de otras 200 causas penales basadas en otros cargos por actividades contra la guerra.
En abril, la artista Aleksandra Skochilenko fue detenida y sometida a prisión preventiva por “difusión deliberada de información falsa” sobre las fuerzas armadas. Se enfrentaba a hasta 10 años de prisión por haber sustituido etiquetas de precios por mensajes contra la guerra en un supermercado de San Petersburgo. Se le negó asistencia médica bajo custodia. Su juicio comenzó en diciembre.
En julio, el concejal Aleksei Gorinov fue condenado a siete años de prisión por haber criticado la invasión rusa de Ucrania en una sesión del concejo municipal.2 En diciembre, el político de la oposición Ilya Yashin fue condenado a ocho años y medio de prisión por hablar en YouTube sobre las masacres de civiles cometidas por las fuerzas rusas en la localidad ucraniana de Bucha.
Se cerraron decenas de medios de comunicación independientes y se bloquearon miles de sitios web. En marzo fue clausurada la emisora de radio Echo Moskvy y bloqueado su sitio web. También en marzo, el organismo regulador de los medios de comunicación bloqueó las plataformas de redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. Meta, propietaria de Facebook e Instagram, fue declarada posteriormente “organización extremista”.
En septiembre, un tribunal de Moscú retiró la licencia al diario independiente Novaya Gazeta. Desde noviembre, el periódico independiente de Daguestán Chernovik quedó limitado a su versión digital cuando las imprentas suspendieron su impresión presionadas por las autoridades.
Esa presión también llevó a la cancelación de conciertos, exposiciones y otros eventos de figuras culturales que expresaban ideas disidentes. Se impusieron multas a algunas, como el músico de rock Yuri Shevchuk y el rapero Oxxxymiron, por “desacreditación” de las fuerzas armadas. Otras fueron declaradas “agentes extranjeros”, como el músico de rock Andrey Makarevich y el escritor Dmitry Bykov. En abril, Mikhail Afanasyev, redactor jefe de Novy Focus —medio digital con sede en Jakasia—, quedó detenido en espera de juicio por “propagar a sabiendas información falsa” sobre las fuerzas armadas. En Ekaterimburgo, el medio de comunicación Vechernie Vedomosti, su directora y su redactor jefe fueron multados con un total de 450.000 rublos (7.828 dólares estadounidenses) en junio y julio por “desacreditación” de las fuerzas armadas.
En julio se introdujeron reformas de ambigua formulación al Código Penal que prohibían toda “cooperación confidencial” con organizaciones internacionales o extranjeras y con Estados extranjeros; su infracción era punible con hasta ocho años de prisión. En diciembre ya se tenía constancia de los dos primeros arrestos en aplicación de esta reforma, aunque no se revelaron los motivos concretos para presentar cargos.
En diciembre se reformó la legislación que regulaba las reuniones públicas a fin de añadir sedes administrativas, escuelas, universidades, hospitales, aeropuertos y estaciones de autobús a la lista de lugares donde estaban prohibidas las manifestaciones. Esta reforma, además, permitía a las autoridades regionales introducir más restricciones.
Hubo una escalada de la represión contra grupos de la sociedad civil y movimientos de oposición.
El Ministerio de Justicia añadió otros 166 nombres a la lista de “agentes extranjeros” y 23 a la de “organizaciones indeseables”. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la legislación rusa sobre “agentes extranjeros” violaba el derecho a la libertad de asociación. En diciembre entró en vigor una nueva ley sobre “agentes extranjeros” que ampliaba la lista de quien podía ser calificado de “agente extranjero” e introducía motivos más generales para designar como tal a una persona u organización, así como penas más duras y medidas discriminatorias adicionales que limitaban su participación en la vida pública.
En diciembre se comunicó a la activista y política de la oposición Yulia Galyamina la rescisión de su contrato con una universidad de Moscú por su condición de “agente extranjera”.
En mayo, las autoridades bloquearon el sitio web del movimiento juvenil no registrado Vesna y emprendieron acciones judiciales contra varios de sus miembros, al parecer, en represalia por el activismo de Vesna contra la guerra. En septiembre, un tribunal suspendió todas las actividades del movimiento juvenil y, en octubre, Vesna y dos de sus miembros fueron declarados “agentes extranjeros”. En diciembre, el movimiento fue calificado de “extremista”.
Persistieron las represalias de las autoridades contra activistas del movimiento desarticulado Rusia Abierta y seguidores del político de la oposición encarcelado y preso de conciencia Alexei Navalny. En febrero, un tribunal de Novosibirsk ordenó al bloguero Timur Khanov y al parlamentario local Anton Kartavin el pago conjunto de 3.024.877 rublos (47.000 dólares) para cubrir el coste del control policial de una protesta pacífica contra el procesamiento de Alexei Navalny celebrada en enero de 2021. La sentencia fue confirmada en noviembre. Se dictaron sentencias parecidas en otras partes de Rusia.
En julio, el exdirigente de Rusia Abierta y preso de conciencia Andrei Pivovarov fue condenado a cuatro años de prisión por presuntas infracciones de la ley sobre “organizaciones indeseables”. En noviembre se confirmó la sentencia en apelación.3
Además de la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, las autoridades emplearon diversos mecanismos para presionar a quienes defendían los derechos humanos.
En febrero, Bakhrom Khamroev, veterano miembro de Memorial, fue sometido a prisión preventiva por cargos falsos de “justificación pública del terrorismo”. En octubre se añadió a su causa el cargo de “organizar las actividades de una organización terrorista”.
En octubre, un tribunal de la región de Moscú decidió retirar la nacionalidad rusa a Arshak Makichyan, activista climático en el exilio y organizador de las acciones de Viernes por el Futuro en Rusia. El activista, convertido en apátrida a raíz de esta resolución, pensaba que ésta se había dictado en represalia por su activismo pacífico.
En noviembre, el presidente Putin apartó del Consejo Presidencial de Derechos Humanos a destacadas figuras defensoras de estos derechos y las sustituyó por otras personas cuyo apoyo al gobierno era de dominio público.
En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rusia había violado varios artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos en relación con la prohibición de los Testigos de Jehová y el enjuiciamiento de sus miembros por practicar su religión. El Tribunal sostuvo que Rusia debía suspender todos los procesos penales pendientes y poner en libertad a los testigos de Jehová que ya estaban en prisión. A pesar de esta sentencia y de dos más dictadas por el Tribunal en febrero, persistieron el hostigamiento y enjuiciamiento de testigos de Jehová, con condenas que iban desde elevadas multas hasta siete años de prisión.
En mayo, el preso de conciencia de nacionalidad danesa Dennis Christensen, primer testigo de Jehová encarcelado desde la prohibición de la organización en 2017, salió en libertad de una colonia penitenciaria tras haber cumplido su condena de seis años.
La tortura y otros malos tratos en los centros de detención seguían siendo endémicos y el enjuiciamiento de sus autores, excepcional. La provisión de asistencia médica a las personas detenidas aún era insuficiente. Se usaban ampliamente la prohibición de contacto con el mundo exterior y la reclusión arbitraria en celdas de castigo para presionar a la población reclusa, especialmente en el caso de disidentes.
El político de la oposición Alexei Navalny fue enviado a una celda de castigo (SHIZO) en 10 ocasiones durante el año —pasando en total más de 90 días en condiciones inhumanas y degradantes— por “violaciones” del reglamento de la prisión como “llevar ropa inapropiada”. En noviembre, las autoridades lo encerraron en una celda de aislamiento (PKT) y le privaron de todo contacto con su familia, incluida la correspondencia.
El ciudadano ucraniano Aleksandr Marchenko seguía cumpliendo una condena de 10 años por espionaje basada en una confesión que, según él, había sido obtenida mediante tortura. Se le negó sistemáticamente atención médica urgente y fue recluido de forma intermitente en celdas de castigo o de aislamiento por acusaciones falsas, así como privado de contacto con su familia.
La policía seguía empleando la tortura para presionar a disidentes. En marzo, algunas personas detenidas cuando protestaban en concentraciones contra la guerra denunciaron tortura y otros malos tratos en comisarías de policía. En septiembre, el poeta Artyom Kamardin fue golpeado y presuntamente sometido a violencia sexual por la policía durante un registro de su vivienda en relación con su lectura de un poema en favor de Ucrania. Él y dos personas más fueron arrestados por “incitación al odio” y sometidos a prisión preventiva. Sus denuncias de tortura no se habían investigado al terminar el año.
Continuaron las desapariciones forzadas en Chechenia.
No se investigó la desaparición forzada en 2020 de Salman Tepsurkaev, moderador del canal de Telegram 1ADAT. En agosto, sus socios del canal comunicaron que había sido ejecutado extrajudicialmente en septiembre de ese año.
1ADAT informó del secuestro de al menos 964 personas —incluidos casos de desaparición forzada—, entre ellas varias a quienes las autoridades habían presionado, amenazándolas con un proceso penal, para que combatieran en Ucrania.
Tras la invasión rusa de Ucrania, muchos civiles de este país fueron objeto de desaparición forzada a manos de las fuerzas rusas o sus representantes durante el proceso denominado “filtrado” y, al parecer, trasladados ilegalmente a Rusia desde ciertas partes de la Ucrania ocupada y recluidos en régimen de incomunicación. De los varios cientos de personas devueltas a Ucrania en el año como parte de un “canje de presos”, la mayoría eran prisioneros de guerra y algunas eran civiles que confirmaron tales denuncias y contaron que habían sido recluidas sin cargos y sometidas a tortura y otros malos tratos en centros penitenciarios rusos.4
Las autoridades siguieron incumpliendo las normas sobre juicios justos.
En febrero, el Tribunal de Achjoi-Martan (Chechenia) condenó a Salekh Magamadov y a su hermano Ismail Isaev a ocho y seis años de prisión, respectivamente, por cargos falsos de “colaboración y complicidad con grupo armado ilegal”. Abiertamente críticos con las autoridades chechenas, habían sido secuestrados de una casa franca en Nizhni Novgorod (Rusia central) por agentes de seguridad y trasladados a Chechenia en 2021.5
En agosto comenzó el juicio de Zarema Musaeva ante el Tribunal del Distrito de Leninsky (Grozni) por cargos falsos de fraude y violencia contra un agente de policía. Madre de los activistas chechenos Abubakar e Ibraghim Yangulbaev, había sido arrestada arbitrariamente por la policía chechena en su apartamento de Nizhni Novgorod y conducida a Chechenia, al parecer como testigo en otro caso. Su salud y bienestar suscitaron gran preocupación.
En septiembre, el Tribunal Municipal de Moscú condenó al experiodista Ivan Safronov a 22 años de prisión por cargos falsos de “alta traición” en un juicio de motivación política. La condena se confirmó en apelación en diciembre.
Tras la retirada de Rusia del Consejo de Europa en marzo, las víctimas de violaciones de derechos humanos quedaron sin acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En diciembre, la cámara baja del Parlamento ruso (Duma) aprobó en primera lectura —de las tres preceptivas— un proyecto de ley según el cual no se considerarían delito ni se castigarían las acciones cometidas antes del 30 de septiembre de 2022 en los territorios ucranianos ilegalmente anexados si eran “en defensa de los intereses de Rusia”.
A pesar de las garantías constitucionales sobre un servicio alternativo, tanto los comisariados como los tribunales militares denegaban por sistema las solicitudes para realizar ese servicio presentadas por individuos movilizados para combatir en Ucrania. Las autoridades afirmaron que, en ausencia de disposiciones legislativas específicas sobre el servicio alternativo en tiempo de “movilización parcial”, estas garantías no eran aplicables. La legislación aprobada en noviembre establecía que quienes estuvieran realizando un servicio civil alternativo durante la movilización podían ser llamados a servir en las fuerzas armadas como personal civil.
En junio, el Ministerio de Justicia declaró “agente extranjera” a la artista feminista y activista LGBTI Yulia Tsvetkova. En julio, ésta fue absuelta del cargo de “difusión de material pornográfico”. La absolución fue ratificada en apelación en noviembre.6
En diciembre se aprobó legislación que extendía a todos los grupos de edad la prohibición de hacer “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género” dirigida a menores. Sus disposiciones incluían el bloqueo de sitios web, la prohibición de la venta de material con información prohibida con arreglo a la ley y multas de hasta 5 millones de rublos (80.000 dólares) por infracciones administrativas de ambigua definición como “propaganda”, “demostración de preferencias o relaciones sexuales no tradicionales” o difundir información que pudiera “generar la necesidad de cambiar de sexo”.
Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 2,8 millones de personas desplazadas entraron en Rusia desde Ucrania. Aunque muchas huyeron voluntariamente, otras muchas que se encontraban en territorio ocupado por Rusia y no podían pasar a las zonas controladas por el gobierno ucraniano fueron sometidas a traslado involuntario e ilegal y a deportación por las autoridades rusas. Personal voluntario dijo haber ayudado a reubicar a al menos 9.000 personas ucranianas en terceros países desde Rusia. Las autoridades rusas trasladaron a personas ucranianas a centros de alojamiento provisional de al menos 54 regiones —entre ellas Siberia y el Extremo Oriente—, lo que complicó y encareció su reubicación en terceros países o su retorno a Ucrania. Asimismo, alentaron a las personas refugiadas ucranianas a que adoptasen la nacionalidad rusa y en ocasiones las presionaron para que lo hicieran; los menores de edad separados de sus progenitores y las personas con discapacidad corrían especial peligro de asimilación involuntaria en la sociedad rusa.
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