Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La pandemia de COVID-19 continuó agravando el ya lamentable estado de los servicios de salud. Se violaron de forma habitual los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Las reuniones públicas organizadas por la oposición política estaban prohibidas casi en su totalidad. Se utilizó ampliamente la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, junto con enjuiciamientos por cargos falsos y otras formas de presión, para reprimir la disidencia. Se perpetraron con impunidad amenazas y ataques contra periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Se intensificó la persecución a miembros de Testigos de Jehová. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos en los lugares de detención y el enjuiciamiento de sus autores, excepcional. Hubo informes de desapariciones forzadas en Chechenia. Las autoridades no abordaron la violencia de género en el ámbito familiar. La comunidad LGBTI seguía sufriendo discriminación. Persistieron las expulsiones arbitrarias de personas refugiadas y solicitantes de asilo.
Las elecciones parlamentarias celebradas en septiembre fueron acompañadas de una presión sin precedentes sobre las candidaturas independientes de la oposición, llegando en algunos casos a impedirles, por motivos espurios, presentarse a ellas. Observadores electorales independientes informaron de un número récord de abusos cometidos durante las tres jornadas de votación.
La corrupción seguía siendo generalizada.
Los bajos índices de vacunación contra la COVID-19 y el rápido aumento de las tasas de contagio llevaron a todos los gobiernos regionales a introducir la vacunación obligatoria para el personal de determinados sectores. El gobierno anunció repetidamente que los “días no trabajados” se pagarían completos para frenar la propagación de la pandemia, medida que obligaba a las empresas a asumir el costo con limitado apoyo gubernamental.
En las regiones de Siberia y Lejano Oriente se desataron incendios forestales sin precedentes tras un periodo de calor y sequía extremos. El humo tóxico se extendió ampliamente y redujo la calidad del aire en las grandes ciudades, que ya era bastante deficiente.
Rusia seguía ocupando Crimea y otros territorios.
El aumento de los contagios y la mortalidad por COVID-19 agravó los problemas de la asistencia médica, cuyo estado ya era lamentable en algunos lugares. El desgaste de las infraestructuras, el uso negligente de los equipos y la falta de financiación se citaron entre los motivos de la interrupción del suministro de oxígeno en un hospital de Osetia del Norte en agosto, que causó la muerte de al menos nueve pacientes que requerían soporte vital. A pesar de la escasez de personal sanitario denunciada en todo el país, el gobierno aprobó más recortes en el presupuesto de salud. El gran número de personas hospitalizadas con COVID-19 dio lugar a retrasos en la asistencia médica programada.
El requisito de presentar el documento de identidad y el seguro médico complicó la vacunación contra la COVID-19 de personas sin hogar y migrantes sin documentación, que a menudo carecían de ellos. Trabajadores y trabajadoras migrantes que sí tenían documentación también encontraron obstáculos, y muchos tuvieron que pagar la vacuna.
A diferencia de los actos multitudinarios progubernamentales, las reuniones públicas organizadas por la oposición se prohibieron en su mayoría, con el pretexto de las restricciones por motivos de salud pública. Las personas que llevaban a cabo protestas en solitario eran sistemáticamente detenidas y procesadas por incumplir una ley indebidamente restrictiva.1
Las concentraciones de apoyo al líder opositor Aleksei Navalny dieron lugar a un número sin precedentes de arrestos2 multitudinarios y arbitrarios y de enjuiciamientos administrativos y penales por cargos falsos.3 En Moscú se utilizaron tecnologías de reconocimiento facial, según informes, para identificar y amonestar a manifestantes pacíficos.
La policía gozó de impunidad por usar ilegalmente la fuerza —incluidas armas paralizantes— contra manifestantes pacíficos.4
Se abrieron unas 10 causas penales por “reiterada violación de la normativa sobre reuniones públicas”. En octubre, el activista ambiental Vyacheslav Egorov fue condenado a 15 meses de prisión por organizar una protesta pacífica.
Las organizaciones de la sociedad civil sufrieron más represalias y restricciones debido a la reciente reforma de la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables”, que ampliaba su ámbito de aplicación —por ejemplo, declarando ilegal la cooperación con “organizaciones indeseables” en el extranjero— y elevaba las respectivas sanciones administrativas y penales.
En julio, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa criticó enérgicamente las nuevas reformas de la legislación sobre “agentes extranjeros”, señalando que “constitu[ía]n graves violaciones de derechos humanos fundamentales”, y exhortó a Rusia a “abandonar” este régimen especial o, como alternativa, revisar “todo el cuerpo de la legislación”. El gobierno hizo caso omiso de estas recomendaciones.
Se añadieron 8 ONG a la lista de “agentes extranjeros”, entre ellas el sindicato independiente de trabajadores sanitarios, Alianza de Médicos, y 18 más fueron calificadas de “indeseables”, incluidas la Asociación Internacional para los Derechos Humanos y la Red Europea de Observadores Electorales. Las autoridades continuaron sancionando con fuertes multas a quienes figuraban en la lista de “agentes extranjeros”.
En julio, el grupo de derechos humanos Komanda 29 (Equipo 29) anunció su cierre tras el bloqueo de su sitio web por la presunta publicación de materiales de una ONG checa que acababa de ser calificada de “indeseable”. El grupo eliminó todas sus publicaciones en Internet y su archivo web para evitar procesamientos.
En agosto, el observatorio electoral Golos fue la primera entidad calificada de “asociación pública - ‘agente extranjero’” no registrada con arreglo a la legislación reformada, y lo siguieron cinco grupos más. En diciembre se ordenó el cierre de los grupos de derechos humanos más antiguos e influyentes del país, Memorial y el Centro de Derechos Humanos Memorial, por presuntas infracciones de la legislación sobre “agentes extranjeros”. Las organizaciones recurrieron el fallo.
Continuó la persecución de la ONG Rusia Abierta como “organización indeseable”, incluso después de su disolución en mayo para proteger a sus activistas. En febrero se impuso a Anastasia Shevchenko una condena condicional de cuatro años, reducida en apelación a tres años en agosto.5 En mayo, el exdirector ejecutivo de la ONG, Andrey Pivovarov, fue detenido cuando tomaba un vuelo internacional por cooperación con una “organización indeseable” debido a sus publicaciones en Facebook. Su juicio comenzó en noviembre.
Las autoridades utilizaron la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” para reprimir el derecho a la libertad de expresión y silenciar a periodistas, activistas y medios de comunicación independientes. Se introdujeron multas por no incluir el obligado aviso legal sobre “agentes extranjeros” en forma de titular en las publicaciones pertinentes.
En total, 14 medios de comunicación y 52 personas fueron calificadas de “agentes extranjeros”, mientras que el grupo de investigación Project Media fue prohibido como “organización indeseable”. En junio, su fundador, Roman Badanin, más tarde calificado de “agente extranjero”, y otros dos periodistas fueron objeto de registros en relación con un caso de difamación criminal.
La periodista Elena Milashina recibió amenazas de muerte apenas veladas tras la publicación de su investigación sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía chechena. Las amenazas no se investigaron eficazmente.
En agosto se prohibió indefinidamente la estancia en Rusia a una corresponsal de la BBC en Moscú considerada “una amenaza para la seguridad nacional”.
En abril se impusieron restricciones de circulación por presuntos delitos a cuatro periodistas de la revista estudiantil DOXA acusados de “implicar a menores en actividades peligrosas”, en relación con un vídeo en el que se incitaba a los estudiantes a desafiar las amenazas de expulsión por participar en protestas pacíficas. Su juicio comenzó en diciembre.
Músicos disidentes vieron cancelados sus conciertos. En octubre se canceló un concierto de la periodista y poeta Tatyana Voltskaya tras su calificación de “agente extranjera”.
Persistió el bloqueo arbitrario y extrajudicial de sitios web y se amplió el ámbito de aplicación de la legislación relacionada. En julio, más de 40 sitios web asociados a las actividades políticas y anticorrupción de Aleksei Navalny fueron bloqueados con el pretexto de que servían “para actividades extremistas prohibidas”.
En septiembre, el Tribunal de Arbitraje de Moscú ordenó a Google y Yandex que eliminaran de sus tiendas online una aplicación que promovía el “voto inteligente”. Google y Facebook fueron multadas repetidamente por no eliminar “contenido prohibido”. El periodista Igor Khoroshilov fue condenado en dos ocasiones a 10 días de detención administrativa por “propaganda de emblemas extremistas” tras mencionar en Facebook la aplicación para el “voto inteligente”.
En septiembre, el Servicio Federal de Seguridad publicó una amplia lista de temas no clasificados —desde delitos en el ejército a programas espaciales pospuestos— cuya observación supondría la calificación de una persona como “agente extranjero”. La respuesta de una consolidada ONG de derechos humanos, Madres de Soldados de San Petersburgo, fue declarar que esto ponía fin a su trabajo sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el seno del ejército.
En octubre, Dmitry Muratov, director del periódico independiente Novaya Gazeta, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su contribución a la libertad de expresión en un entorno cada vez más represivo para los medios de comunicación.
Las represalias contra defensores y defensoras de los derechos humanos fueron generalizadas y graves.
En abril, Ivan Pavlov, abogado de derechos humanos y fundador de Komanda 29, fue acusado arbitrariamente de “divulgar los resultados de una investigación preliminar”. Se marchó de Rusia en septiembre y más tarde fue incluido en una lista de “personas buscadas”. También corría peligro de que le retiraran su licencia de abogado. En noviembre, Ivan Pavlov y cuatro colegas más fueron calificados de “agentes extranjeros”.
El juicio de la feminista y activista LGBTI Yulia Tsvetkova, acusada de “difundir pornografía” por haber publicado en Internet sus ilustraciones que reafirmaban la positividad del cuerpo femenino, comenzó en Komsomolsk del Amur en abril y seguía abierto al terminar el año.
El destacado defensor de los derechos humanos Ernest Mezak se enfrentó a falsos cargos de desacato al tribunal en junio por sus comentarios críticos en redes sociales sobre el papel de la judicatura en el procesamiento de manifestantes pacíficos.6
En octubre, Galina Arapova, abogada y directora del Centro de Defensa de los Medios de Comunicación —incluido en el registro de “agentes extranjeros” en 2015—, fue calificada de “agente extranjero individual”.
Persistió la impunidad por los delitos contra periodistas y contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Seguían sin resolverse múltiples delitos, cometidos en el pasado o en la actualidad, ya que no se abrían investigaciones o quedaban manifiestamente estancadas.
En agosto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que las autoridades rusas no habían investigado debidamente el secuestro y asesinato de Natalia Estemirova en 2009, aunque no las consideró directamente responsables de su muerte.
En octubre se cumplió el plazo de 15 años para la prescripción del asesinato de la destacada periodista de investigación Anna Politkovskaya sin que se hubiera identificado a los autores intelectuales de su muerte.
Ante una opinión pública cada vez más crítica con las autoridades y con el partido gobernante, Rusia Unida, se intensificaron las represalias contra disidentes y activistas de la oposición en el periodo previo a las elecciones parlamentarias.
En febrero, el destacado activista de la oposición Aleksei Navalny fue condenado a 32 meses de prisión en un juicio de motivación política por incumplir los términos de su libertad condicional en relación con un proceso contra él de 2014 por cargos infundados. El mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó su inmediata puesta en libertad como medida cautelar relacionada con su integridad física, pero Rusia se negó a acatar la orden. Aleksei Navalny denunció trato inhumano y degradante, incluida la negación de asistencia médica esencial. En junio, las oficinas regionales de su movimiento y dos ONG asociadas a él fueron declaradas “extremistas” y prohibidas por un tribunal. En septiembre, Rusia desoyó un llamamiento del Consejo de Europa para que liberara a Navalny y anulara sus sentencias condenatorias. En lugar de eso, las autoridades anunciaron en octubre otras cinco causas penales contra él y sus socios.
Otros socios y simpatizantes de Aleksei Navalny sufrieron persecución en toda Rusia, en forma de actuaciones administrativas y penales por acusaciones infundadas. En abril, Andrey Borovikov fue condenado en la ciudad de Arcángel a más de dos años de prisión por “difundir pornografía”, en relación con un videoclip de la banda musical alemana Rammstein que había compartido en redes sociales en 2014 y que había borrado hacía mucho tiempo. En julio, Violetta Grudina estuvo 19 días recluida en un hospital de Murmansk por un falso pretexto relacionado con la COVID-19, y esto le impidió presentarse como candidata independiente a las elecciones locales. Lilia Chanysheva, activista de la localidad de Ufa acusada de “extremismo”, se enfrentaba a una pena de 10 años de cárcel por su papel como coordinadora regional en la organización de Aleksei Navalny.
Otras voces disidentes fueron igualmente reprimidas. En mayo se impuso a Nikolay Platoshkin, dirigente del movimiento “Por el Nuevo Socialismo”, una condena condicional de cinco años de prisión y una multa exorbitante por presunta “incitación a disturbios multitudinarios” y difusión de “información deliberadamente falsa”. Platoshkin había criticado a las autoridades, entre otras cosas por su respuesta a la COVID-19, y había organizado protestas pacíficas.
Mikhail Iosilevich, activista de Nizhni Novgorod, fue acusado falsamente de cooperación con una “organización indeseable” y de amenazar a un testigo, y pasó más de seis meses en prisión preventiva. Quedó en libertad en agosto, sometido a restricciones en espera de juicio. Su juicio comenzó en diciembre.
Aleksandr Gabyshev, chamán siberiano que en 2019 había prometido “purgar” al presidente Putin del Kremlin, fue detenido violentamente en su domicilio de Yakutsk por unos 50 agentes de policía. En julio, un tribunal lo recluyó por tiempo indefinido en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento obligatorio. En octubre fue trasladado a una institución psiquiátrica especializada de Novosibirsk, a miles de kilómetros de su casa.
La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo endémicos y el enjuiciamiento de sus autores, excepcional.
Las personas detenidas durante las concentraciones en favor de Navalny denunciaron condiciones inhumanas y degradantes bajo custodia —que incluían hacinamiento extremo— en el centro de detención de Sajarovo para personas migrantes, a las afueras de Moscú, y en otros lugares.
Aunque se iniciaron varias investigaciones penales sobre múltiples denuncias de tortura —que incluían violación— de personas presas en la región de Irkutsk en 2020, quedaron paralizadas, y víctimas y testigos denunciaron amenazas e intimidación.
En febrero, los hermanos Salekh Magamadov e Ismail Isaev fueron secuestrados por la policía en Nizhni Novgorod y trasladados a Chechenia, donde fueron puestos en prisión preventiva por falsos cargos de ayuda a un grupo armado. A pesar de sus denuncias de tortura y otros malos tratos, las autoridades chechenas se negaron a abrir una investigación criminal.
En octubre, Maksim Ivankin, condenado a 13 años de prisión por su presunta participación en una organización “terrorista” ficticia llamada Network, contó a sus abogados que había “confesado” un doble asesinato bajo tortura durante su traslado a un centro penitenciario de otra región.
En octubre, activistas del grupo Gulagu.net hicieron públicos unos vídeos obtenidos clandestinamente con imágenes explícitas de torturas a internos, incluidas violaciones, en el hospital de la prisión de Saratov y otros centros penitenciarios. Ante su difusión generalizada en medios de comunicación y la indignación de la opinión pública, las autoridades abrieron investigaciones penales y despidieron a varios cargos penitenciarios. Las amenazas obligaron a huir de Rusia a Sergei Savelyev, la persona que consiguió los vídeos para denunciar las irregularidades.
Hubo nuevos informes de desapariciones forzadas, en particular en Chechenia. Siguió sin conocerse la suerte y el paradero de Salman Tepsurkayev, moderador del canal 1ADAT de Telegram, que ejercía la crítica contra las autoridades. En un vídeo publicado anónimamente tras su desaparición en 2020 se veía cómo era torturado. En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rusia era responsable de su detención no reconocida y arbitraria y de su tortura, así como de no haber investigado eficazmente dichos actos de tortura.
La persecución a miembros de la confesión religiosa Testigos de Jehová se había intensificado a partir de su calificación arbitraria de “extremista” en 2017, con invasivos registros domiciliarios y causas penales abiertas en todo el país y en la Crimea ocupada. Al menos 105 personas fueron declaradas culpables, y las penas de prisión eran cada vez mayores.
En octubre, un tribunal de Astracán condenó a Olga Ivanova a tres años y medio de prisión, y a Rustam Diarov, Sergei Klikunov y Evgenii Ivanov, a ocho, las penas más largas impuestas hasta la fecha a testigos de Jehová.
En agosto, un estudio del Consorcio de ONG de Mujeres concluía que el 66% de las mujeres asesinadas de 2011 a 2019 habían sido víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. No se hicieron esfuerzos significativos para abordar el problema, ya que el proyecto de ley sobre violencia de género intrafamiliar, paralizado durante años, seguía sin estar en la agenda parlamentaria. Las restrictivas medidas asociadas a la pandemia siguieron agravando la situación de las sobrevivientes.
En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en la causa de Volodina v. Russia No. 2, que las autoridades no habían protegido de la ciberviolencia a la demandante ni habían investigado eficazmente el caso y llevado al perpetrador ante la justicia. El Tribunal concluyó que la impunidad resultante “era suficiente para arrojar dudas en cuanto a la capacidad de la maquinaria del Estado de ejercer un efecto disuasorio suficiente para proteger a las mujeres de la ciberviolencia”.
La discriminación de las personas LGBTI, impulsada por una legislación homófoba sobre “propaganda gay”, seguía siendo generalizada.
Las personas refugiadas y solicitantes de asilo seguían siendo objeto de devolución.
En septiembre, Valentina Chupik, refugiada de Uzbekistán y defensora de los derechos humanos de las personas migrantes, fue detenida en la zona de tránsito del aeropuerto de Sheremetievo a su regreso a Rusia y despojada de su condición de refugiada. Se le prohibió la entrada al país durante 30 años y se enfrentaba a su devolución a Uzbekistán. Esto provocó un estallido de indignación generalizada, tras el cual se le permitió viajar a Armenia en octubre.
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