Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Pese a las reformas gubernamentales, la población trabajadora migrante continuó sufriendo abusos laborales y teniendo dificultades para cambiar de empleo libremente. Las restricciones a la libertad de expresión aumentaron en el periodo previo a la Copa Mundial de la FIFA de 2022. Las mujeres y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica.
La crisis diplomática del Golfo iniciada en 2017 —que enfrentaba a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto contra Qatar— terminó en enero.
En julio, el emir ratificó una ley que abría camino para la elección de 30 de los 45 miembros de la Asamblea Consultiva en unas primeras elecciones legislativas. No obstante, basándose en legislación discriminatoria sobre la nacionalidad, la norma impedía votar o presentarse a las elecciones a la población qatarí cuyos abuelos no hubieran nacido en Qatar. Las elecciones se celebraron el 2 de octubre, y no se eligió en ellas a ninguna mujer.
En octubre, el emir reestructuró el Consejo de Ministros y disgregó algunos ministerios.
Se proporcionaron vacunas contra la COVID-19 a todas las personas, ciudadanas y residentes, de 12 años en adelante sin distinción alguna, incluida la población residente extranjera. En octubre, el 77% de la población ya había recibido la pauta de vacunación completa.
Pese a su promesa, el gobierno no aplicó ni hizo cumplir las reformas, lo que permitió el resurgimiento de las prácticas abusivas y reavivó los peores elementos del sistema de kafala (patrocinio).
La población trabajadora migrante seguía enfrentándose en ocasiones a trabas y requisitos burocráticos insalvables cuando intentaba cambiar de empleo sin el permiso de su entidad empleadora aunque éste hubiese dejado de ser un requisito legal. En diciembre, el gobierno informó de que 242.870 trabajadores y trabajadoras migrantes habían podido cambiar de empleo tras las reformas de septiembre de 2020; no obstante, no publicó la cifra de quienes lo habían conseguido hacer sin el permiso de su entidad empleadora, información clave para medir el avance.
La situación continuó siendo especialmente difícil para las trabajadoras domésticas internas a causa de su aislamiento en el domicilio del empleador o empleadora, que era también su lugar de trabajo.
El sistema seguía otorgando poder a las entidades empleadoras, que supervisaban la entrada y la residencia de las personas trabajadoras migrantes en el país y podían anular sus permisos de residencia o presentar contra ellas cargos de fuga, conductas abusivas que ponían en peligro su presencia legal en el país.
En mayo, el Ministerio de Trabajo puso en funcionamiento una plataforma digital concebida para que los trabajadores y trabajadoras pudieran presentar denuncias.
Pese a la introducción de un nuevo salario mínimo y de medidas para vigilar el pago de los salarios, la población trabajadora migrante continuaba siendo víctima del robo de éstos por sus entidades empleadoras sin recurso efectivo a la justicia. De hecho, su acceso a la justicia siguió siendo en gran medida lento y, en los casos en que lo hubo, a menudo no condujo a un recurso efectivo. El fondo de asistencia creado para ayudar a los trabajadores y trabajadoras a recuperar su dinero cuando los comités para resolver disputas laborales fallaban a su favor actuaba caso por caso, y seguía sin estar claro si los trabajadores y trabajadoras podían cobrar los salarios impagados con cargo al fondo y en qué plazo.1
En abril, el personal de una empresa de vigilantes de seguridad se declaró en huelga para protestar por el incumplimiento del pago del nuevo salario mínimo. Medios de comunicación afines al Estado informaron de que el gobierno había investigado a la empresa y concluido que el salario que pagaba cumplía los requisitos legales. Las autoridades continuaban sin investigar adecuadamente las muertes de los trabajadores y trabajadoras migrantes, miles de los cuales habían fallecido de forma repentina e inesperada en Qatar durante el decenio anterior pese a haber superado las pruebas médicas obligatorias antes de viajar al país. Su inacción, que impedía evaluar si las muertes eran atribuibles a causas laborales, significaba que Qatar no protegía un elemento básico del derecho a la vida. También negaba a las familias afectadas la oportunidad de ser indemnizadas por la entidad empleadora o las autoridades.2
La población trabajadora migrante seguía teniendo prohibido formar sindicatos o afiliarse a ellos. En su lugar, las autoridades introdujeron comités conjuntos, iniciativa promovida por las entidades empleadoras para permitir la representación de los trabajadores y trabajadoras que distaba mucho de respetar el derecho fundamental de éstos y estas a formar sindicatos y afiliarse a ellos.
Las autoridades seguían restringiendo la libertad de expresión mediante la aplicación de legislación abusiva para silenciar las voces críticas.
El 4 de mayo, las autoridades sometieron a desaparición forzada al keniano Malcolm Bidali, vigilante de seguridad, bloguero y activista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes, a quien recluyeron durante un mes en régimen de aislamiento y negaron el acceso a asistencia letrada. El 14 de julio, el Consejo Supremo del Poder Judicial le impuso una multa por publicar “noticias falsas con la intención de menoscabar el sistema púbico del Estado” en aplicación de la controvertida ley de delitos informáticos. La resolución penal se dictó sin que Malcolm Bidali hubiera sido acusado formalmente, comparecido ante un tribunal ni informado de los cargos penales que pesaban contra él. Malcolm Bidali abandonó Qatar el 16 de agosto tras pagar la cuantiosa multa.3
A principios de agosto, miembros de tribus, principalmente de Al Murra, protestaron contra su exclusión de las elecciones a la Asamblea Consultiva. El 8 de agosto, el Ministerio del Interior declaró que había detenido y remitido a la fiscalía a siete hombres acusados de “usar las redes sociales para difundir noticias falsas y fomentar los conflictos raciales y tribales”. Algunos quedaron en libertad, pero otros continuaban bajo custodia sin acceso a sus abogados.
En noviembre, dos periodistas noruegos que investigaban la situación de la población trabajadora migrante fueron detenidos por entrar y filmar en propiedad privada, acusaciones que los periodistas negaron. Fueron interrogados sobre su actividad informativa y se les confiscó todo el equipo. Quedaron en libertad sin cargos 36 horas después.
En un momento anterior del viaje, los periodistas habían previsto entrevistar a Abdullah Ibhais, exdirector de comunicación del comité organizador de la Copa Mundial de fútbol de 2022 de Qatar, pero fue detenido unas horas antes de que se celebrara la entrevista, el 15 de noviembre. Su detención arbitraria se produjo durante el proceso de apelación contra una condena a cinco años de prisión que se le había impuesto en un juicio injusto basado en una “confesión” obtenida bajo coacción y sin que estuviera presente un abogado.4 El 15 de diciembre, un tribunal desestimó su apelación y lo condenó a tres años de prisión.
Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. En virtud del sistema de tutela masculina, continuaban estando ligadas a su tutor varón, habitualmente su padre o un hermano, abuelo o tío o, en caso de estar casadas, su esposo. Además, seguían necesitando el permiso de su tutor para tomar decisiones vitales clave como casarse, estudiar en el extranjero con becas públicas, trabajar en muchos puestos del gobierno, viajar al extranjero hasta cierta edad y recibir algunos servicios de salud reproductiva.
La legislación relativa a la familia continuaba discriminando a las mujeres al dificultarles el divorcio. Las mujeres divorciadas continuaban sin poder ejercer la tutela de sus hijos e hijas.
En marzo, el gobierno rechazó las conclusiones de un informe de Human Rights Watch sobre la discriminación contra las mujeres en Qatar y prometió investigar y enjuiciar a cualquier persona que hubiera infringido la ley. Al concluir el año no había realizado ninguna investigación.
Noof al Maadeed, mujer qatarí de 23 años que solicitó asilo en Reino Unido alegando abusos en el ámbito familiar, decidió regresar a Qatar tras pedir garantías a las autoridades. Comenzó a documentar su retorno en las redes sociales, pero no se volvió a saber nada de ella a partir del 13 de octubre, después de que hubiera denunciado a la policía amenazas de familiares. Pese a que las autoridades aseguraron que no corría peligro, seguía sin conocerse su paradero, lo que suscitaba temor por su seguridad.
El Código Penal seguía tipificando las relaciones homosexuales entre hombres como un delito punible con hasta siete años de prisión. Su artículo 296 especificaba los delitos de “conducir, instigar o seducir a un varón de cualquier manera para que cometa sodomía o disipación” e “inducir o seducir a un varón o a una mujer de cualquier manera para que cometa acciones ilegales o inmorales”.
En febrero, el grupo de rock libanés Mashrou Leila, cuyo cantante era abiertamente gay, anuló una actuación en el campus de Doha de la Universidad del Noroeste por “problemas de seguridad” a raíz de una reacción violenta homófoba online.
En febrero, el emir detuvo la ejecución de un tunecino declarado culpable de asesinato. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.
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