Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
La población trabajadora migrante, incluidas las personas empleadas en el servicio doméstico, seguía sufriendo diversos abusos, como robo de salarios, trabajo forzoso, explotación y malos tratos, a pesar de las reformas. Las autoridades reprimieron la libertad de expresión para silenciar las voces críticas. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica, y necesitaban el permiso de un tutor varón para estudiar, viajar o casarse. Las leyes continuaron discriminando a las personas LGBTI, lo que las exponía al riesgo de ser detenidas y torturadas.
Información general
Qatar fue el país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre.
En noviembre, el Parlamento Europeo instó a la FIFA (órgano de gobierno de las federaciones de fútbol a nivel internacional) y a Qatar a indemnizar a los trabajadores migrantes y ampliar el Fondo de Seguros y Apoyo a los Trabajadores para que cubriera todas las muertes y otros abusos contra los derechos humanos relacionados con los preparativos para la Copa Mundial.
A pesar de las iniciativas del gobierno para reformar su sistema laboral, miles de trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo abusos laborales.1
En agosto, el gobierno declaró que, desde que en octubre de 2020 se había adoptado una reforma, más de 300.000 trabajadores y trabajadoras migrantes habían podido cambiar de trabajo sin el permiso de sus empleadores. Sin embargo, algunos trabajadores o trabajadoras migrantes que habían solicitado un cambio de empleo continuaban enfrentándose a obstáculos o a medidas de represalia por parte de sus empleadores, como la presentación de cargos por “fugarse” o la anulación de sus permisos de residencia.
A pesar de los intentos del gobierno por resolver el problema del impago de salarios —con medidas como reforzar el sistema de supervisión, crear comités laborales y gestionar un fondo para agilizar los pagos— seguían siendo frecuentes los casos de robo de salarios por parte de los empleadores. En agosto, cientos de trabajadores protestaron en la capital, Doha, contra sus empleadores, que les debían hasta seis meses de salario. Ese mismo mes fueron detenidos en masa, tras lo cual cientos de ellos recibieron finalmente el pago de los atrasos y luego fueron expulsados a sus países de origen. Tras años de funcionamiento irregular, parece ser que el fondo estatal de compensación pagó más de 320 millones de dólares estadounidenses en concepto de prestaciones y salarios impagados entre octubre de 2020 y septiembre de 2022. Sin embargo, muchos de los trabajadores que tenían derecho al pago quedaron excluidos o recibieron indemnizaciones limitadas.
Las autoridades siguieron sin investigar debidamente las muertes de trabajadores o trabajadoras migrantes ni exigir responsabilidades a los empleadores o a las autoridades, lo que impidió evaluar si las muertes eran atribuibles a causas laborales y privó a las familias de la oportunidad de recibir indemnizaciones del empleador o del Estado.
El personal doméstico, en su mayoría mujeres, seguía enfrentándose a unas de las condiciones laborales más duras y a abusos tales como agresiones verbales, físicas y sexuales. Las autoridades no aplicaron las medidas adoptadas en 2017 para proteger a estas personas de los abusos laborales. Las empleadas domésticas que conseguían huir de empleadores abusivos carecían de acceso a un refugio seguro. En octubre, el gobierno volvió a abrir el Hogar de Atención Humanitaria qatarí para víctimas de trata de seres humanos, que había permanecido cerrado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Aunque el refugio ofrecía a las mujeres maltratadas el cobijo que tanto necesitaban si llegaban remitidas por alguien, no parecía ser accesible si acudían por su cuenta.
Las autoridades seguían prohibiendo a la población trabajadora migrante formar sindicatos y afiliarse a ellos, un derecho que sí tenían quienes poseían la nacionalidad qatarí.
Muchos trabajadores y trabajadoras migrantes sufrieron discriminación por motivos de raza, nacionalidad e idioma. Por ejemplo, los guardias de seguridad entrevistados por Amnistía Internacional afirmaron que la dirección de sus empresas trataba al personal de forma diferente según su nacionalidad, raza e idioma, incluso en lo relativo al salario y a las condiciones y lugares de trabajo.
El trabajo forzoso y otros abusos seguían estando muy extendidos, sobre todo en el trabajo doméstico y en el sector de la seguridad privada.
Amnistía Internacional documentó las condiciones laborales de la población trabajadora migrante en el sector de la seguridad privada de Qatar, incluidos los guardias desplegados en los estadios de la Copa Mundial y en diversos torneos deportivos.2 Los guardias entrevistados hablaron de la gran variedad de abusos a los que se enfrentaban, como la duración excesiva de las jornadas de trabajo, la falta de días de descanso y las sanciones económicas arbitrarias o desproporcionadas, así como el pago insuficiente de las horas extraordinarias; esas condiciones equivalían a trabajo forzoso. Muchos de ellos también destacaron que las condiciones de trabajo eran peligrosas cuando pasaban largos periodos a la intemperie bajo un calor abrasador, tras lo cual regresaban a unas condiciones de vida precarias y a menudo a un alojamiento insalubre proporcionado por la empresa, con dormitorios abarrotados donde solían dormir en literas. Todos los trabajadores describieron las repercusiones de semejante trato, como el agotamiento físico y psicológico, el sufrimiento y la angustia. En agosto, la Oficina de Comunicaciones del Gobierno de Qatar informó a Amnistía Internacional de que había detectado 230 “infracciones por exceso de horas de trabajo” entre octubre de 2021 y agosto de 2022.
Las autoridades seguían restringiendo la libertad de expresión mediante la aplicación de legislación abusiva para silenciar las voces críticas.
El 10 de mayo, un Tribunal Penal de Primera Instancia condenó a los abogados y hermanos Hazza y Rashed bin Ali Abu Shurayda al Marri a cadena perpetua por delitos como cuestionar legislación ratificada por el emir, “amenazar” al emir en las redes sociales, poner en peligro la independencia del Estado, organizar reuniones públicas no autorizadas y “violar” los valores sociales en Internet. Otros 2 hombres fueron declarados culpables in absentia de los mismos delitos; uno fue condenado a cadena perpetua y, el otro, a 15 años de prisión.3
Las autoridades seguían reprimiendo la libertad de prensa mediante la imposición de restricciones a los operadores de medios de comunicación; esas restricciones incluían la prohibición de filmar en determinados lugares, como edificios oficiales, hospitales, universidades, lugares de alojamiento del personal laboral migrante y domicilios particulares.
Durante la Copa Mundial, los aficionados al fútbol que mostraron su apoyo al levantamiento popular en Irán fueron acosados por las fuerzas de seguridad que, entre otras cosas, les confiscaron banderas y pancartas.
Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. En virtud del sistema de tutela, las mujeres seguían necesitando el permiso de un tutor varón —normalmente su marido, padre, hermano, abuelo o tío— para casarse, estudiar en el extranjero con becas del gobierno, trabajar en muchos empleos públicos, viajar al extranjero siendo menores de 25 años y acceder a la atención de la salud reproductiva.
La legislación relativa a la familia discriminaba a las mujeres, que encontraban muchas más trabas que los hombres para solicitar el divorcio y quedaban en una situación de grave desventaja económica si lo hacían o si sus esposos las abandonaban.
Aunque la legislación nacional en materia de familia establecía que las mujeres tenían derecho a no sufrir daños físicos a manos de su esposo, la protección de las mujeres frente a la violencia de género en el ámbito familiar ejercida por otras personas seguía siendo insuficiente, al no existir una ley específica al respecto.
La legislación de Qatar seguía discriminando a las personas LGBTI. El Código Penal tipificaba como delito una serie de actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. El artículo 296.3 castigaba con penas de prisión a toda persona que “impuls[as]e o indu[jese] o incit[as]e a un varón, por cualquier medio, a cometer un acto de sodomía o perversión”. El artículo 296.4 castigaba con penas de prisión a toda persona que “indu[jese] o incit[as]e a un hombre o a una mujer, por cualquier medio, a cometer actos contrarios a la moral o ilícitos”.
Según la información proporcionada por activistas, seis personas fueron detenidas arbitrariamente por agentes de seguridad y sometidas a tortura y otros malos tratos por su orientación sexual.
A pesar de que los organizadores de la Copa Mundial aseguraron vagamente que todo el mundo sería bienvenido en Qatar, los jugadores fueron amenazados con sanciones en el campo si llevaban brazaletes a favor de los derechos LGBTI. A la afición se le confiscaron artículos arcoíris, y se hostigó a algunos periodistas por mostrar su apoyo a las personas LGBTI.
El gobierno aún no había anunciado una nueva contribución determinada a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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