Portugal

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Varias investigaciones pusieron al descubierto nuevas pruebas de malos tratos en las cárceles. La fiscalía emprendió acciones por presuntos homicidios ilícitos de personas racializadas cometidos por la policía. Las autoridades continuaron imponiendo limitaciones ilegítimas a las reuniones pacíficas. Según informes, aumentaron los delitos de odio. El nivel de violencia de género seguía siendo elevado y las salvaguardias jurídicas eran insuficientes. Persistió el acceso inadecuado al aborto.

Información general

En las elecciones de mayo, la coalición de gobierno de centro-derecha revalidó su posición. Chega, un partido conocido por su retórica y sus posturas contrarias a las personas inmigrantes, obtuvo 60 escaños en el Parlamento y pasó a ser el primer partido de la oposición.

Tortura y otros malos tratos

En julio se publicó un informe del Defensor del Pueblo que revelaba pruebas de malos tratos en tres de las 10 prisiones visitadas en 2024.

La fiscalía investigó las denuncias de que dos hombres encarcelados en las Azores habían sufrido malos tratos en mayo.

En octubre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura expresó preocupación ante las persistentes deficiencias sistémicas en la investigación penal de las denuncias de tortura y señaló que el número de casos en los que quienes sufrían malos tratos eran personas extranjeras era desproporcionado.

Homicidios ilícitos

En julio se acusó formalmente a dos agentes de policía de “secuestro calificado” y “homicidio agravado” en relación con una agresión a dos inmigrantes marroquíes en Olhão, región del Algarve, en marzo de 2024. Ambas víctimas estaban esposadas en el momento de la agresión y una murió a causa de las lesiones sufridas. Los agentes fueron suspendidos de sus funciones en espera de juicio.

En octubre comenzó en Sintra, cerca de la capital, Lisboa, el juicio de un agente de policía acusado del homicidio de un cocinero negro, Odair Moniz, en el barrio de Cova da Moura tras una persecución policial en 2024. Se abrió una segunda investigación contra dos agentes por prestar falso testimonio en la causa.

Libertad de reunión pacífica

Hubo activistas que denunciaron la presentación de cargos en su contra por no haber cumplido el requisito de notificación obligatoria antes de celebrar manifestaciones. El gobierno no tomó medidas para revisar la legislación incompatible con las normas internacionales que desde hacía decenios regulaba la libertad de reunión pacífica.

En junio, tras varios recursos, un tribunal confirmó el fallo condenatorio del activista Francisco Pedro por “desobediencia calificada” y le impuso una multa de 300 euros por no haber notificado a las autoridades una protesta pacífica contra la construcción de un nuevo aeropuerto en Lisboa en 2019.

Discriminación

En junio, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia expresó preocupación por las lagunas existentes en el marco jurídico para combatir los delitos de odio y por el escaso número de enjuiciamientos, lo cual generaba una percepción de impunidad. Según datos obtenidos de la Fiscalía General en julio, sólo 19 de las 1.020 investigaciones sobre presuntos delitos de odio efectuadas entre 2019 y 2024 habían dado lugar a acusaciones formales.

En octubre, el Parlamento comenzó a debatir un proyecto de ley sobre la restricción del uso de prendas para cubrirse el rostro en lugares públicos. Su aprobación podría dar lugar a violaciones de los derechos a la libertad de expresión, de religión y de reunión pacífica, así como del derecho a la intimidad.

Violencia contra mujeres y niñas

En mayo, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, del Consejo de Europa, señaló diversas barreras para la protección de las víctimas, incluidas sanciones muy leves y órdenes de alejamiento ineficaces.

En julio, el Parlamento reclasificó la violación como delito público, lo que permitía a las autoridades investigar los hechos aunque las víctimas no hubieran interpuesto demanda ni denunciado ante la policía.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso al aborto continuó siendo desigual en el país. Numerosos profesionales de la medicina se negaban a prestar el servicio por motivos de conciencia, y las poblaciones de las islas Azores y la región del Alentejo eran las que soportaban restricciones más duras. Según datos publicados en julio por el Ministerio de Sanidad español, 2.525 personas residentes en Portugal habían recurrido a servicios de aborto en España entre 2019 y 2023, en muchos casos debido al límite legal de 10 semanas establecido en Portugal.¹

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En septiembre, el Parlamento aprobó legislación que restringía el derecho a la reagrupación familiar de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Derecho a un medioambiente saludable

En julio y agosto, la región centro-norte del país fue arrasada por incendios forestales que causaron la muerte de cuatro personas. Portugal presentó el porcentaje de superficie quemada más alto de toda la Unión Europea (3,02%) en 2025.

En agosto, el Comité del Convenio de Aarhus concluyó que Portugal había violado el derecho de acceso a la información “de forma deliberada e injustificada” en su proceso de evaluación del impacto ambiental de la mina de litio de Barroso, en Boticas, noreste del país.

Derecho a la vivienda

En julio, al menos 50 familias sufrieron desalojos forzosos —y muchas se quedaron sin hogar— tras las demoliciones realizadas en barrios periféricos de Lisboa.

En septiembre, el gobierno adoptó medidas para hacer frente a la escasez de vivienda asequible. Sin embargo, se temía que la reducción de impuestos a los propietarios que cobraban alquileres de hasta 2.300 euros al mes provocara subidas de los arrendamientos hasta ese límite.

Transferencias irresponsables de armas

El gobierno reconoció que al menos tres aviones de combate F-35, vendidos por Estados Unidos a Israel, habían sido autorizados a hacer escala en la base aérea de Lajes (Azores) en abril. Esta escala facilitó la transferencia de armas a Israel en incumplimiento de las obligaciones de Portugal con arreglo al Tratado sobre el Comercio de Armas y el derecho internacional humanitario.