Pakistan

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

A pesar del significativo descenso de la inflación, la pobreza era generalizada. Los recortes presupuestarios y las inundaciones causaron muertes y afectaron aún más al bienestar económico. Las modificaciones a las leyes antiterroristas y sobre la manifestación de opiniones online afectaron mucho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, lo que provocó la detención de periodistas, activistas y miembros de partidos de la oposición. Las desapariciones forzadas continuaron siendo un importante motivo de preocupación. Continuaron las violaciones de la libertad de creencias y de religión, particularmente la persecución de la comunidad ahmadí. Aumentó la violencia contra las mujeres y las personas transgénero. Se deportó a personas refugiadas afganas en aplicación del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales una vez caducadas sus tarjetas de registro. La respuesta tras las graves inundaciones fue inadecuada.

Información general

Los atentados terroristas continuaron con la misma intensidad y también aumentaron las tensiones con India, lo que se tradujo en un incremento de las operaciones militares en zonas de las provincias de Jyber Pajtunjwa y Baluchistán. Los ataques con drones y los ataques de extremistas y fuerzas estatales en Jyber Pajtunjwa causaron decenas de muertes entre la población civil. En mayo, las tensiones con India se agravaron hasta llegar a ataques armados en los que hubo víctimas civiles. La 27ª Enmienda Constitucional, aprobada en noviembre, supuso un importante menoscabo para la independencia de las altas instancias de la judicatura y otorgó una amplia inmunidad a los altos mandos de las fuerzas armadas y al presidente. La inflación se mantuvo en promedio por debajo de la de 2024, cayendo a un mínimo histórico de 0,3% en abril, pero a partir de entonces aumentó de forma constante. La tasa subió hasta superar el 5% tras las inundaciones del verano. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó dos pagos durante el año: uno de 1.000 millones de dólares estadounidenses en mayo, y otro, pendiente de confirmación, de 1.200 millones en octubre.

Derechos económicos, sociales y culturales

A pesar del importante descenso de la inflación, según el Banco Mundial, el 44,7% de la población paquistaní vivía por debajo del umbral de pobreza. Las limitaciones impuestas por el FMI hicieron que el presupuesto anual destinado al desarrollo se redujera sustancialmente en partidas tales como la asignación de fondos para alimentos, agua, energía y sectores sociales como la salud, la educación y la protección social. El presupuesto publicado en junio contemplaba un aumento del gasto en defensa del 20,2%, mientras que la proporción del PIB correspondiente al gasto en salud y educación disminuía.

La situación económica afectó especialmente a los grupos marginados. Según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la brecha salarial de género en Pakistán era del 25% en salarios por hora y del 30% en salarios mensuales. Las personas dedicadas a trabajos de saneamiento, especialmente las no musulmanas pertenecientes a las llamadas “castas inferiores”, sufrían una discriminación sistémica y carecían de protecciones en cuanto a salario justo, seguridad en el puesto de trabajo y acceso a la seguridad social.¹ Continuaron también las prácticas de explotación en otros sectores laborales, como el trabajo cautivo en fábricas de ladrillos.

Libertad de expresión

Hubo señales de avance: en ciertas causas relacionadas con periodistas se concedió la absolución o la libertad bajo fianza, y en mayo se levantó la prohibición de 15 meses impuesta a la red social X. Sin embargo, en general, las autoridades siguieron utilizando la detención y la legislación sobre ciberdelincuencia y antiterrorismo para reprimir la libertad de expresión. En enero, las enmiendas a la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos ampliaron las atribuciones de censura e introdujeron el delito penal de “información falsa y engañosa”.²

Continuaron censurándose los contenidos online y la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán impuso apagones arbitrarios de Internet, especialmente en Baluchistán. Pakistán actualizó su sistema de monitoreo de Internet para bloquear contenidos online, fundamentalmente con tecnología procedente de China.³ Además, las autoridades retiraron la publicidad institucional —una importante fuente de ingresos— de determinados periódicos en represalia por su cobertura informativa crítica.

En mayo, la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán bloqueó 16 canales de YouTube y 32 sitios web indios por difundir “propaganda”. En junio fueron censurados en la televisión pública los discursos de miembros de partidos de la oposición durante la sesión sobre presupuestos. En julio, un tribunal ordenó que se prohibieran 27 canales de YouTube pertenecientes a periodistas y partidos de la oposición por su contenido “antiestatal”. En septiembre, el Tribunal Superior de Islamabad anuló la orden.

Detención y reclusión arbitrarias

El Parlamento aprobó en agosto el Proyecto de Ley Antiterrorista (Reforma), que permitía hasta tres meses de detención sin cargos. La Ley de Prevención de Delitos Electrónicos se utilizó reiteradamente para atacar a periodistas cuando las autoridades consideraban que su cobertura informativa había sido crítica. En marzo, el periodista Farhan Mallick fue detenido por compartir en Internet contenido presuntamente “antiestatal”. También en marzo fue detenido por el mismo motivo el periodista Waheed Murad. Ambos quedaron posteriormente en libertad bajo fianza. En agosto, el periodista Khalid Jamil fue detenido por la Agencia Nacional de Investigación de Delitos Informáticos por compartir “contenido engañoso” en redes sociales. Al día siguiente quedó en libertad. La abogada Imaan Mazari y el abogado Hadi Ali Chatta, ambos defensores de los derechos humanos, se enfrentaron a un juicio penal por presuntos tuits “contra el Estado”. Hadi estuvo brevemente detenido en relación con los cargos y las garantías procesales del juicio fueron motivo de honda preocupación.

Tras el conflicto de mayo con India hubo una campaña represiva que tenía en el punto de mira todo contenido denominado “antiestatal”, a consecuencia de la cual se arrestó y recluyó a casi una docena de personas. También se puso en el punto de mira a activistas baluchis, como Mahrang Baloch, Bebarg Zehri, Beebow Baloch, Shah Jee Sibghat Ullah, Ghaffar Qambarani y Gulzadi Baloch, con las consiguientes detenciones en aplicación de la Ordenanza de Mantenimiento del Orden Público y las leyes antiterroristas.⁴ En agosto se presentó una querella criminal contra un menor de la ciudad de Gwadar por compartir el vídeo de un discurso del activista de derechos humanos Gulzar Dost. El activista Waheed Murad, junto con varios miembros del Movimiento Pastún Tahafuz, continuó detenido ilegalmente. El 5 de agosto se cumplieron dos años del encarcelamiento por cargos de motivación política de Imran Khan, líder del partido político Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI). Según informes, había pasado semanas en régimen de aislamiento y le habían negado arbitrariamente el acceso a su familia y a asistencia letrada.

La libertad de circulación también fue severamente restringida. El presidente del Partido Nacional Baluchi, Sardar Akhtar Mengal, no fue autorizado a salir del país en julio por figurar en la Lista Nacional Provisional de Identificación. Tanto al periodista Asad Toor como al periodista Sohrab Barkat se les impidió viajar fuera del país en distintas ocasiones. A Sohrab Barkat le impidieron viajar para asistir a una conferencia de la ONU y posteriormente se formularon cargos contra él en aplicación de la Ley de Prevención de Delitos Electrónicos. En octubre, 32 personas, entre las que había activistas baluchis, fueron designadas como “personas proscritas” en aplicación de la Ley Antiterrorista, lo que restringió su libertad de circulación y otros derechos fundamentales.

Desapariciones forzadas

Las desapariciones forzadas continuaron siendo un importante motivo de preocupación. La Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas —órgano gubernamental— registró 125 nuevos casos en la primera mitad de 2025. Un número importante de casos no se denunciaron o no fueron registrados por la Comisión. Por su parte, la organización de la sociedad civil Defensa de los Derechos Humanos Pakistán (DHRP, por sus siglas en inglés) documentó 60 nuevos casos durante el año y otras organizaciones regionales comunicaron cifras significativamente mayores.⁵ La Comisión gubernamental afirmó en septiembre que había “resuelto” el 83% de los casos que había recibido desde su creación, pero a la sociedad civil y a las familias de las víctimas les seguían preocupando los procedimientos que había empleado.

En marzo fue asaltada la casa del periodista exiliado Ahmad Noorani y sus dos hermanos estuvieron en situación de desaparición forzada durante más de un mes.

Libertad de reunión pacífica

En marzo, el gobierno reprimió protestas y concentraciones de activistas baluchis en Baluchistán y Sind. El 21 de marzo, durante una protesta del Comité de Solidaridad Baluchi (Baloch Yakjethi Committees) en la que se pedía la libertad de activistas baluchis víctimas de desaparición forzada, la policía hizo un uso ilegítimo de la fuerza y mató a tres hombres, según informaron activistas locales.⁶ En septiembre, las autoridades reprimieron protestas en la región de Jammu y Cachemira administrada por Pakistán. Impusieron un bloqueo total de Internet y de las comunicaciones telefónicas, tanto fijas como móviles, que duró casi una semana y emplearon la fuerza contra quienes protestaban. Murieron nueve personas, de las que al menos seis eran manifestantes.

Durante el año, más de un centenar de líderes, lideresas y activistas del partido Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI) fueron condenados por tribunales antiterroristas en casos relacionados con las protestas del 9 de mayo de 2023, incluidos Omer Ayub y Shibli Faraz, líderes de la oposición en la Asamblea Nacional y el Senado, respectivamente, Zartaj Gul, diputada de la Asamblea Nacional, y la activista Khadija Shah. En mayo, el Tribunal Supremo confirmó las sentencias condenatorias de manifestantes dictadas por tribunales militares tras las protestas del 9 de mayo.

Libertad de religión o de creencias

Se intensificó la violencia contra la comunidad ahmadí con detenciones, ataques a lugares de culto, profanación de tumbas y homicidios selectivos.⁷ Al menos tres hombres ahmadíes fueron víctimas de homicidio durante el año, uno de ellos linchado tras las oraciones del viernes. Se impusieron a la comunidad ahmadí estrictas restricciones para la celebración de festividades como el Ramadán, el Eid y la Ashura. En diciembre, un hombre ahmadí fue tiroteado por unos pistoleros en Khushab, provincia de Punyab, cuando regresaba a su casa después del trabajo. Un hombre ahmadí fue detenido en julio en la ciudad de Gujranwala acusado de blasfemia por distribuir alimentos gratis en la festividad de la Ashura. En septiembre, otro ahmadí apenas logró escapar de un ataque con arma de fuego en la ciudad de Sahiwal. El 28 de septiembre, en la ciudad de Sialkot (provincia de Punyab), los ataques contra ahmadíes se saldaron con al menos cinco personas heridas y numerosas propiedades de ahmadíes fueron incendiadas. El 10 de octubre, un hombre armado atacó un lugar de culto ahmadí durante las oraciones del viernes. Muchos de estos episodios de violencia fueron organizados por grupos religiosos de derechas, como Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). La sociedad civil expresó su temor de que TLP y otros grupos no hubieran rendido cuentas adecuadamente por esos actos de violencia. Sin embargo, tras violentas protestas en octubre, ese mismo mes el gobierno federal aprobó la prohibición de TLP en aplicación de la Ley Antiterrorista.

Continuó el uso indebido de la legislación sobre la blasfemia. En julio, el Tribunal Superior de Islamabad ordenó la creación de una comisión que investigara la presunta incriminación de cientos de personas en casos falsos de blasfemia online. Esta orden fue suspendida una semana más tarde durante una revisión interna del tribunal. En diciembre, Mubarak Saani, ahmadí, fue condenado a cadena perpetua por blasfemia.

La rendición de cuentas por el ataque contra la comunidad cristiana de Jaranwala en 2023 siguió sin concretarse y en junio un tribunal local absolvió a 10 personas por falta de pruebas. Organizaciones cristianas pusieron de relieve la falta de transparencia de la investigación de la policía y alegaron que había pasado por alto pruebas cruciales.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Continuó la violencia contra las mujeres. Sahil, organización que monitorea la violencia de género mediante informaciones de prensa, registró un aumento del 25% en el número de casos que se dieron a conocer en los primeros 11 meses de 2025. La ONG Organización para el Desarrollo Social Sostenible (SSDO, por sus siglas en inglés) registró más de 20.000 incidentes en todo el país durante los primeros seis meses del año.

En julio tuvo gran repercusión un caso de “homicidio por honor” en Baluchistán tras hacerse viral un vídeo en el que un consejo de tribu mataba a una mujer y un hombre por mantener una relación en contra de los deseos de sus familias. En las primeras horas tras los homicidios fueron arrestadas 16 personas. También hubo informes de violencia contra mujeres activas en las redes sociales, como Sana Yousaf, de 17 años, asesinada tras rechazar la proposición de matrimonio de un seguidor.

En mayo, y a pesar de la oposición de los partidos religiosos, el Parlamento aprobó la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil de la Zona Administrativa de Islamabad Capital, que establecía los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, con sanciones penales en caso de incumplimiento. Igualmente, la provincia de Baluchistán aprobó en noviembre una ley que elevaba hasta los 18 años la edad mínima. Las dos cámaras parlamentarias aprobaron el proyecto de Ley sobre Violencia de Género en el Ámbito Familiar (Prevención y Protección) para Islamabad, con la oposición de los partidos religiosos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El número de homicidios de personas transgénero siguió siendo elevado. Sólo en la provincia de Jyber Pajtunjwa se denunciaron al menos 10 asesinatos de personas transgénero. En septiembre, tres mujeres transgénero murieron por disparos en un incidente en la ciudad de Karachi (provincia de Sind). Hubo al menos cuatro denuncias de violación en grupo de mujeres transgénero en las ciudades de Islamabad, Sahiwal, Kasur y Bahawalnagar. Según informes de una organización local dedicada a los derechos de las personas transgénero, en la provincia de Sind habían muerto asesinadas 56 personas transgénero en dos años.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Pakistán comenzó la segunda y la tercera fase del Plan de Repatriación de Extranjeros Ilegales, anunciado en octubre de 2023, y deportó a titulares de tarjetas de prueba de registro o de tarjetas de ciudadanía afgana, en violación del principio de no devolución. En marzo, Pakistán anunció también que todas las personas que tuvieran ciudadanía afgana, incluidas las refugiadas y las solicitantes de asilo, debían abandonar las ciudades de Islamabad y Rawalpindi.⁸ Las tarjetas de prueba de registro emitidas por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, caducaban a finales de junio y las autoridades no renovaron el registro. A consecuencia de ello, entre enero y diciembre regresaron a su país más de 999.000 personas con ciudadanía afgana, de las que 153.670 fueron deportadas, según la Organización Internacional para las Migraciones. Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, un total de 1.930.937 personas afganas regresaron a Afganistán, la mayoría devueltas u obligadas por las circunstancias reinantes en Pakistán.

Derecho a un medioambiente saludable

Las inundaciones que comenzaron a finales de junio afectaron a 6,9 millones de personas, causaron más de 1.000 muertes y obligaron a desplazarse a más de 3,5 millones de personas. La respuesta ante catástrofes, sobre todo en el caso de las inundaciones repentinas de Jyber Pajtunjwa, se consideró inadecuada, particularmente en lo que se refiere a las alarmas tempranas y la ayuda posterior.

En abril y junio hubo olas de calor en algunas zonas de Pakistán, donde se alcanzaron temperaturas de 49 °C y la población se vio sometida a unos niveles de estrés térmico potencialmente letal. La causa más probable tanto de las temperaturas extremas como de las inundaciones fue el cambio climático.

Pakistán anunció su tercera contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% para 2035. El 17% de esa reducción se lograría a través de recursos y políticas nacionales y el 33% restante estaba condicionado a la concesión de una financiación climática internacional adecuada en forma de subvenciones o préstamos con condiciones favorables.