Información extraída de nuestro informe 2022/2023

Continuaron cometiéndose violaciones graves de derechos humanos, entre ellas desapariciones forzadas, tortura, represión de protestas pacíficas, agresiones a periodistas y violencia contra minorías religiosas y otros grupos marginados. Hubo una reacción contra los avances jurídicos en el ámbito de los derechos de las personas transgénero que condujo a una creciente violencia contra ellas. El Senado aprobó una ley que por primera vez penalizaba la tortura infligida por funcionarios del Estado. La agitación política se tradujo en una fuerte incertidumbre, y la crisis económica supuso un gran obstáculo para el disfrute de los derechos económicos. El cambio climático agudizó las olas de calor, seguidas de devastadoras inundaciones, que se cobraron numerosas vidas humanas y socavaron una serie de derechos.

Información general

El 9 de abril, Imran Khan fue destituido como primer ministro a raíz de una controvertida moción de censura en el Parlamento, que dos días después eligió como primer ministro a Shehbaz Sharif, líder de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N). Imran Khan y su partido, el Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI), acusaron a Estados Unidos y al Movimiento Democrático de Pakistán (difusa coalición de partidos de oposición) de conspirar para destituirlo, acusación que provocó semanas de agitación política con protestas en todo el país de simpatizantes de Imran Khan.

La opinión general era que la destitución de Imran Khan se había debido a su caída en desgracia ante el todopoderoso ejército de Pakistán, al que se acusó de haber apoyado la maniobra para expulsarlo del poder. Las protestas se prolongaron durante meses, impulsadas por la demanda del PTI de que se celebraran elecciones anticipadas. El 3 de noviembre, durante una larga marcha de protesta desde la ciudad de Lahore a la capital federal, Islamabad, Imran Khan sobrevivió a un presunto intento de asesinato. Esto supuso un punto de inflexión en un ambiente político ya tenso, y hubo manifestaciones ante instalaciones militares.

Entre marzo y mayo, el cambio climático trajo consigo algunas de las temperaturas más altas registradas en Pakistán durante los 60 años anteriores.¹ Algunas de las zonas más afectadas se encontraban en el norte de la provincia de Sind y el sur de la de Punyab. La sequía resultante se vio agravada en mayo por un brote de cólera letal, que coincidió con un periodo de escasez de agua. A continuación, llegaron las inundaciones, que afectaron, sobre todo, a las provincias de Sind y Baluchistán. Más de 1.100 personas perdieron la vida y 33 millones se vieron afectadas. Casi 750.000 personas quedaron sin acceso a una vivienda segura y adecuada, a educación y a infraestructuras de salud. La situación afectó a grandes franjas de tierras cultivables, con lo que se disparó el temor a una inminente crisis de alimentos que, a su vez, hizo aumentar los precios. En la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), celebrada en noviembre, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que, según cálculos, se necesitaban fondos internacionales por valor de 30.000 millones de dólares estadounidenses para indemnizar a su país por pérdidas y daños.

Desapariciones forzadas

Las autoridades siguieron sometiendo a desaparición forzada a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y voces críticas. Según la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas, a 31 de octubre seguían pendientes de resolución al menos 2.210 casos, aunque probablemente eran muchos más. Con frecuencia se seguía intimidando a las víctimas y las familias que buscaban justicia años después de la desaparición forzada de sus seres queridos.

En junio, las autoridades secuestraron a Nafees Naeem y también a Arsalan Khan, periodistas, y los pusieron en libertad al cabo de 24 horas.² El 28 de abril, el estudiante baluchi Bebagr Imdad fue sometido a desaparición forzada cuando visitaba a un amigo en la Universidad de Punyab (Lahore). Quedó en libertad 13 días después.

Por segunda vez en poco más de un año, el 21 de octubre la Asamblea Nacional aprobó, según informes, un proyecto de ley que penalizaba las desapariciones forzadas. Según los medios de comunicación, varios parlamentarios pidieron la eliminación del apartado que penalizaba con multa y pena de cárcel las denuncias “falsas” de desaparición forzada. Al concluir el año, el proyecto de ley seguía sin promulgarse, ya que el Senado no lo había aprobado aún, y su texto seguía sin ser público.

Amnistía Internacional documentó el uso frecuente de la desaparición forzada en la provincia de Baluchistán. Esta práctica se incrementó tras un atentado suicida con bomba perpetrado en la Universidad de Karachi el 25 de abril y reivindicado por el Ejército de Liberación de Baluchistán, en el que perdieron la vida cuatro personas. Activistas baluchis afirmaron en los medios de comunicación que el Estado estaba utilizando estos atentados como excusa para atacar a mujeres, activistas y manifestantes baluchis. Los medios informaron del secuestro de dos mujeres activistas baluchis en el plazo de una semana. El 7 de junio, los estudiantes Doda Ellahi y Gamshad Baloch fueron sometidos a desaparición forzada cuando se encontraban en sus respectivos domicilios, en Karachi. Quedaron en libertad el 14 de junio, tras cuatro días de protestas pacíficas.³

Libertad de reunión

Las autoridades restringieron duramente el derecho a la libertad de reunión pacífica, hostigando, arrestando y deteniendo a voces críticas y rivales en la política, además de utilizar la fuerza para dispersar protestas y agredir a periodistas y a otras personas.

Quienes apoyaban al destituido primer ministro Imran Khan llevaron a cabo actos de protesta por todo el país que en ocasiones se tornaron violentos, como sucedió en Islamabad, donde los manifestantes lanzaron piedras a la policía, prendieron fuego a árboles y dañaron vehículos. También se respondió con fuerza excesiva a algunas protestas, como ocurrió el 25 de mayo, cuando la policía disparó proyectiles de gas lacrimógeno en protestas pacíficas en Lahore.

Activistas y familiares de personas sometidas a desaparición forzada celebraron protestas pacíficas, a las que, en general, se respondió con uso ilegítimo de la fuerza, actos de intimidación y detenciones arbitrarias. El 13 de junio, la policía empleó fuerza ilegítima para dispersar a manifestantes que se encontraban ante el edificio de la Asamblea de Sind en Karachi. En un vídeo del incidente se veía cómo agentes de policía uniformados —algunos con palos— se acercaban a las personas que protestaban en una sentada, agarraban con violencia a hombres y mujeres y los arrastraban por el suelo hasta lanzarlos al interior de vehículos policiales u obligarlos a entrar en ellos.

El 27 de junio, la población de Karachi empezó a protestar por la escasez de agua y electricidad durante el verano más cálido desde que existían registros. Según los medios de comunicación, la policía utilizó porras y gas lacrimógeno para dispersar violentamente a manifestantes que habían cortado una vía de acceso al puerto.⁴

Libertad de expresión

Las autoridades reforzaron su control sobre los medios de comunicación, cuyo personal denunció un aumento de los casos de coacción, censura y detención de periodistas.

El 13 de abril, la Agencia Federal de Investigaciones detuvo a ocho personas en la provincia de Punyab por haber organizado, al parecer, una campaña de desprestigio contra las instituciones estatales en las redes sociales.

El 5 de julio, la policía detuvo al periodista Imran Riaz Khan por cargos de sedición a causa de unas críticas suyas contra el ejército. Khan fue detenido en aplicación de varias disposiciones del Código Penal —una de ellas relativa a la difamación—, y de una serie de artículos de la draconiana Ley de Prevención de Delitos Electrónicos. El 7 de julio, un tribunal ordenó que fuera puesto en libertad, pero la policía volvió a detenerlo de inmediato. Quedó en libertad bajo fianza el 9 de julio. Al concluir el año, aún no había sido juzgado.

El 21 de mayo, Shireen Mazari, destacada dirigente del PTI, fue detenida por la policía en Islamabad, cerca de su domicilio. Aunque para justificar la detención se invocó una disputa de tierras que databa de 1972, su familia insinuó que respondía a motivos políticos y que se debía a las críticas que la detenida había expresado contra el gobierno y el ejército. Quedó en libertad ese mismo día por orden del Tribunal Superior de Islamabad. Sin embargo, se abrió una causa contra su hija, Imaan Hazir-Mazari, por realizar comentarios “despectivos” contra el ejército tras la detención de su madre. El 20 de junio se retiraron los cargos contra Imaan Hazir-Mazari, tras haber emitido ésta una declaración de disculpa.

El 1 de julio, unos hombres no identificados agredieron a Ayaz Amir, veterano analista del canal de televisión Dunya News. Al parecer, días antes había criticado durante un seminario a Imran Khan y al ejército.

En octubre, el periodista Arshad Sharif, conocido partidario de Imran Khan, murió violentamente en Kenia, donde, al parecer, se había refugiado tras haber recibido amenazas en Pakistán. El gobierno encargó la investigación sobre su muerte a una comisión de dos miembros que, en diciembre, concluyó que se había tratado de un “asesinato premeditado”.

Libertad de religión o de creencias

Las acusaciones de blasfemia siguieron desatando la violencia tanto contra las minorías religiosas como contra la población musulmana. En enero, una mujer fue condenada a muerte por haber enviado por WhatsApp unos mensajes supuestamente “blasfemos”. En febrero, en el distrito de Khanewal, un grupo de personas lincharon a un hombre que había sido acusado de quemar páginas del Corán. En octubre, en Ghotki, un hombre con discapacidad física murió ahogado en el estanque del templo en el que vivía por un visitante que lo acusó de blasfemia.

En septiembre, el Tribunal Supremo dictó una emblemática sentencia en la que pedía “sumo cuidado a todas las partes interesadas para que no se comet[ier]an injusticias en la administración de justicia”, en referencia a las numerosas violaciones del debido proceso que tenían lugar en la investigación y resolución de casos de blasfemia.

Violencia contra mujeres y niñas

La Asamblea Nacional no promulgó el proyecto de Ley de Prevención y Protección frente a la Violencia de Género Intrafamiliar de 2021, pese a que el Senado lo había aprobado ya en 2021. Una serie de casos de gran resonancia pusieron de manifiesto el constante problema de la violencia contra las mujeres.

El 24 de febrero, Zahir Jaffer fue condenado a muerte por la tortura, violación y asesinato de Noor Mukadam en 2021. En general, las sentencias condenatorias en casos de violencia de género eran escasas, por lo que la sentencia contra Zahir Jaffer fue de especial relevancia. Sin embargo, se necesitaba aún una profunda reforma procedimental e institucional —sin recurso a la pena de muerte— para abordar el endémico problema de la violencia contra las mujeres.

Derechos de las personas transgénero

Pese a la Ley de Personas Transgénero de 2018, las personas transgénero siguieron siendo objeto de violencia y discriminación. En septiembre, el senador Mushtaq Ahmad Khan, del partido Congreso Islámico (Jamat-e-Islami), impugnó esa ley ante el Tribunal Federal de la Ley Islámica (sharia), alegando que no se ajustaba a los preceptos del islam, protegidos por la Constitución, y que “prom[ovía] la homosexualidad”. El Consejo de Ideología Islámica instó al gobierno a crear una comisión para revisar la legislación.

Activistas transgénero denunciaron haber sufrido ataques en campañas de las redes sociales que avivaban el discurso contrario a las personas transgénero e incitaban a la violencia y al discurso de odio en su contra. Asimismo, afirmaron haber recibido amenazas y haberse visto en la necesidad de esconderse y de modificar sus rutinas diarias para evitar agresiones. El Observatorio de Personas Trans Asesinadas comunicó que, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, habían sido asesinadas en Pakistán 18 personas transgénero, la cifra más alta de toda Asia.

Tortura y otros malos tratos

En octubre, el Senado aprobó la Ley sobre la Tortura y las Muertes bajo Custodia que, por primera vez, penalizaba la tortura infligida por “funcionarios del Estado u otras personas en el ejercicio de funciones públicas”.

La tortura y otros malos tratos se siguieron utilizando de manera habitual. El 9 de agosto fue detenido en Islamabad Shahbaz Gill, destacado político del PTI, tras haber criticado públicamente al ejército. Quedó en libertad bajo fianza el 16 de septiembre. Shahbaz Gill denunció haber sido torturado bajo custodia —denuncia que apoyaron otros cargos del PTI—, si bien los informes médicos y las autoridades del gobierno afirmaron lo contrario.

El senador Azam Khan Swati, detenido por la Agencia Federal de Investigaciones y acusado de sedición tras haber criticado en Twitter al jefe del Estado Mayor del Ejército, declaró a la prensa que lo habían desnudado y torturado, especialmente en la zona próxima a los genitales. Quedó en libertad bajo fianza, pero fue detenido de nuevo en noviembre por los mismos tuits.

Discriminación

Continuaron las conversiones forzadas de mujeres y niñas hindúes, cristianas y sijs. Las víctimas —sobre todo las procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos— no tenían acceso a la justicia.

La población hindú de las castas reconocidas (dalits) se encontraba en una situación de gran desventaja en cuanto al acceso a servicios, recursos y oportunidades. Muchas de estas personas seguían atrapadas en situaciones de trabajo cautivo, y eran violadas y sometidas a actos de violencia. La población ahmadí afirmó seguir sufriendo discriminación. En julio fueron detenidos cinco ahmadíes por haber realizado el sacrificio ritual de un animal el día de la Fiesta del Sacrificio (Aid al Adha), algo sólo permitido a la población musulmana. Ese mismo mes, el ministro principal de Punyab anunció que el gobierno de esta provincia pensaba añadir, como requisito obligatorio para obtener el certificado de matrimonio, que tanto el novio como la novia juraran que Mahoma era el último profeta. Esto era especialmente discriminatorio para la población ahmadí.

1. Pakistán: Inundaciones letales son un aviso a los países ricos para remediar cambio climático desenfrenado, 31 de agosto
2. Pakistan: Submission to the 42nd Session of the UPR Working Group, 30 January 2023, 13 de julio
3. Braving the Storm. Enforced disappearances and the right to protest in Pakistan, 11 de agosto
4. Pakistan: Authorities must respect and facilitate people’s right to protest, 28 de junio