Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Aunque hubo ciertos avances legislativos, la libertad de expresión y la disidencia siguieron restringidas, con nuevas leyes y castigos más duros. La policía hizo uso de fuerza excesiva contra manifestantes. Siguió sin materializarse la rendición de cuentas por las desapariciones forzadas, aunque el gobierno tomó ciertas medidas para penalizar esa práctica. Una serie de casos de gran resonancia resaltaron el constante problema de la violencia contra las mujeres. Miles de personas quedaron sin hogar tras haber sido desalojadas por la fuerza.
El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley sobre la Prevención de la Tortura y las Muertes bajo Custodia, medida largamente demorada pero alentadora para la campaña por la penalización de la tortura. El Tribunal Supremo prohibió emplear la pena de muerte para presos con discapacidad mental.
Se siguió apostando decididamente por la lucha contra el cambio climático, y Pakistán fue país anfitrión del Día Mundial del Medio Ambiente de 2021, que se celebró de forma virtual. El primer ministro Imran Khan continuó tratando como asunto prioritario la mitigación del cambio climático, tanto dentro como fuera del país, y se anunció la implantación de un Plan Nacional de Adaptación. Siguieron en marcha otras medidas ya existentes de adaptación y mitigación, entre ellas una campaña de plantación masiva de árboles, iniciativas de protección de los humedales, ampliación de la superficie de manglares, una política de vehículos eléctricos y un “eurobono verde” para financiar la construcción de represas. Sin embargo, los sectores de población más expuestos al clima no parecieron beneficiarse de estas medidas y las ayudas para soportar condiciones climáticas extremas siguieron sin hacerse realidad. Pakistán cumplió su compromiso de presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, actualizadas y mejoradas, antes de la 26ª Conferencia de las Partes (COP26), y manifestó su intención de recortar sus emisiones de carbono en un 50% antes de 2030. Aunque se trataba de una iniciativa positiva, no se había consultado a ningún grupo de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones.
La crisis en curso en el vecino Afganistán dio lugar a nuevos problemas de seguridad en Pakistán, donde aumentaron los grupos armados afines a los talibanes. Ante la afluencia de personas refugiadas, Pakistán cerró sus fronteras a los afganos llegados sin documentación.
Se intensificaron las restricciones a la libertad de expresión, y tanto periodistas como defensores y defensoras de los derechos humanos fueron sometidos a mayor escrutinio.
En febrero fue detenido el profesor universitario jubilado Muhammad Ismail tras haberse revocado su libertad bajo fianza. Fue atacado por las autoridades por la labor de defensa de los derechos humanos realizada por su hija. Pese a su precaria salud, las vistas sobre su libertad condicional se aplazaron en repetidas ocasiones, hasta que quedó en libertad en abril.
El periodista Absar Alam resultó herido por disparos a las puertas de su domicilio en abril. Aunque el gobierno denunció rápidamente la agresión, la investigación no había concluido aún al terminar el año.
En mayo, tres hombres —al menos uno de ellos armado— irrumpieron en el domicilio del periodista Asad Toor y lo agredieron. Días después de la agresión, la Agencia Federal de Investigaciones convocó al periodista para interrogarlo por “difamación” a Pakistán. El canal de televisión donde se emitía el programa del periodista Hamid Mir interrumpió la transmisión, al parecer por presiones estatales, tras los comentarios de éste exigiendo rendición de cuentas por la agresión contra Asad Toor. Desde Twitter, el ministro de Información, Fawad Chaudhry, afirmó que el gobierno no había tenido nada que ver con la decisión.
En septiembre se promulgó el Decreto sobre la Autoridad de Desarrollo de Medios de Comunicación de Pakistán, que en la práctica facilitaba la censura de prensa, al someter a todos los medios de comunicación a una sola autoridad reguladora, otorgando al gobierno poderes ilimitados para sancionar a periodistas con elevadas multas y “tribunales de comunicación” especiales, y con la designación de funcionarios del gobierno en puestos clave. Se presentaron recursos ante el Tribunal Superior de Islamabad contra las draconianas Normas de Eliminación y Bloqueo del Contenido Online Ilegítimo (Procedimiento, Supervisión y Salvaguardas), que —con valor de ley— censurarían el contenido de Internet. Tras haberse celebrado consultas con la sociedad civil, no se produjeron cambios de calado, y las normas se promulgaron. La Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán bloqueó la red social TikTok tres veces a lo largo del año, tras haberla prohibido los tribunales superiores de Peshawar y Sind por “vulgaridad”.
La acosada comunidad musulmana ahmadí de Pakistán siguió recibiendo denuncias por blasfemia que la exponían a peligros o incluso a la pena de muerte. Al menos 10 lugares de culto musulmán ahmadí fueron profanados, a menudo por la policía o con su aquiescencia. En enero, la Autoridad de Telecomunicaciones de Pakistán prohibió el acceso al sitio web trueislam.com —radicado en Estados Unidos—, que documentaba las actividades de la comunidad ahmadí en Estados Unidos. Esta medida formaba parte de un panorama más amplio de discriminación y extralimitaciones del Estado, que incluía el envío de notificaciones a Google y Wikipedia para que eliminaran “contenido sacrílego”. Aparecieron esporádicamente noticias sobre profanación de tumbas ahmadíes. En junio, un grupo de hombres impidió la inhumación de una mujer ahmadí en un cementerio de la ciudad de Sheikhupura.
En mayo, una muchedumbre atacó violentamente una comisaría de policía de la capital, Islamabad, para linchar a un hombre acusado de blasfemia que se encontraba ya bajo custodia policial. En agosto se acusó de blasfemia a un niño hindú de ocho años por haber orinado en la biblioteca de una madrasa, donde se guardaban textos sagrados. Tras esta acusación, los lugareños atacaron y arrasaron un templo hindú en la misma zona. El niño permaneció una semana detenido, hasta que se retiraron los cargos en su contra. Las autoridades restauraron el templo en una semana. En julio se hizo viral el vídeo de un hombre acosando a un niño hindú, lo que desencadenó la rápida intervención del presidente, Arif Alvi, y la posterior detención del presunto responsable.
En junio, tras varios aplazamientos, el Tribunal Superior de Lahore absolvió al matrimonio cristiano formado por Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel, que llevaban siete años condenados a muerte por cargos falsos de blasfemia. La absolución se produjo tras protestas en todo el país organizadas por el grupo político religioso Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP), continuación de las manifestaciones iniciadas en noviembre de 2020. Las autoridades detuvieron a Saad Rizvi, líder del TLP, y en los actos de violencia que siguieron a la detención murieron cuatro agentes de policía y cientos de personas resultaron heridas, a consecuencia de lo cual el grupo en cuestión fue ilegalizado. El 18 de abril, el TLP tomó como rehenes a seis agentes de policía en Lahore, con el fin de presionar al gobierno para que liberara a Saad Rizvi.
Se recibieron constantes noticias sobre la conversión forzosa al islam de muchachas hindúes y cristianas. El Ministerio de Derechos Humanos redactó un proyecto de Ley contra la Conversión Forzosa que, sin embargo, fue rechazado por un órgano parlamentario en octubre.
Se utilizó la violencia para disolver actos de protesta. En enero se respondió con fuerza excesiva a las protestas estudiantiles contra los exámenes presenciales durante la pandemia de COVID-19, cinco de cuyos líderes fueron recluidos durante cinco días en régimen de incomunicación. En marzo, la Marcha de Mujeres —principal movimiento de mujeres del país— fue recibida con hostilidad y amenazas por distintos actores, incluidos particulares, periodistas, partidos políticos y un grupo armado, que se oponían al trabajo de este movimiento por la defensa de los derechos de las mujeres. Tras la celebración de su cuarta marcha anual el Día Internacional de la Mujer, agentes no estatales manipularon vídeos del acto para acusar de blasfemia a organizadoras y participantes. A consecuencia de ello, la Marcha de Mujeres recibió cartas amenazantes de grupos armados. En agosto, invocando las restricciones de la COVID-19, las autoridades prohibieron a la sección de la Marcha de Mujeres de la ciudad de Faisalabad celebrar una protesta para pedir justicia por el asesinato de Noor Mukkadam (véase infra).
Organismos encargados de hacer cumplir la ley reprimieron las manifestaciones del Movimiento Pashtun Tahaffuz (Movimiento por la Protección de los Pastunes), que luchaba contra la aplicación de perfiles raciales, la discriminación y las ejecuciones extrajudiciales de pastunes. En abril, decenas de manifestantes resultaron heridos y al menos uno murió en la ciudad de Janikhel.
En agosto, la policía utilizó fuerza excesiva contra estudiantes y personal sanitario que protestaban contra un nuevo examen de cualificación en Lahore. Al menos 20 de los participantes en la protesta resultaron heridos. Durante las protestas, la policía utilizó un pulverizador no identificado, que irritaba la piel y dificultaba la respiración y la visión.
Se tuvo noticia de diversos casos de violencia sexual y de género, que pusieron en evidencia la falta de protección a las mujeres y avivaron los llamamientos en favor de reparaciones, rendición de cuentas y reformas. En junio apareció un vídeo en el que, meses antes, el empresario Usman Mirza acosaba a una mujer y a su compañero, amenazando a la mujer con una violación en grupo si no mantenían relaciones sexuales delante de él. Fue detenido y acusado, junto con sus seis cómplices.
En julio, Quratul Ain fue asesinada por su esposo delante de sus cuatro hijos en la ciudad de Hyderabad. Una semana más tarde, Zahir Jaffer fue detenido por el asesinato de Noor Mukkadam, tras haberla había mantenido retenida en su domicilio durante más de 36 horas. Las investigaciones forenses revelaron que la había torturado, violado y disparado y, posteriormente, la había decapitado. En todo el país hubo protestas para pedir rendición de cuentas, algo que seguía siendo difícil cuando los responsables eran adinerados y tenían contactos políticos.
La ausencia de rendición de cuentas se hizo patente cuando se redujo la condena de prisión de Shah Hussain de cinco años a tres años y seis meses. Había sido encarcelado por haber asestado 23 puñaladas en el cuello a Khadija Siddiqui en 2016, al rechazar ésta sus insinuaciones.
En febrero, una mujer transgénero, de nombre Paras, empezó a recibir mensajes amenazantes de un hombre al que había rechazado y, posteriormente, también de sus amigos cuando empezaron a difundirse ampliamente vídeos de ella. El hombre la obligó a grabar un vídeo en el que ella aparecía a sus pies, pidiéndole perdón. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán llamó la atención con respecto a este caso, por lo que el acusado fue detenido por intimidación criminal. Quedó en libertad bajo fianza y, al concluir el año, seguía sin fijarse la fecha de su juicio.
En abril, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley de Prevención y Protección frente a la Violencia de Género Intrafamiliar de 2021. Sin embargo, en julio, Babar Awan —asesor del primer ministro— pidió que el Consejo de Ideología Islámica (un órgano asesor) revisara el proyecto de ley para apaciguar a los partidos conservadores, que consideraban la ley poco ajustada a los “valores sociales” de Pakistán. El gobierno negó haber recibido ninguna solicitud oficial, y no se hizo público ningún comentario del Consejo. Tras haber sido estudiado por el Comité Permanente sobre Derechos Humanos del Senado, el proyecto de ley volvió Parlamento, donde aún continuaba.
En abril, la ministra de Derechos Humanos recibió a 13 familias que buscaban información sobre el paradero de sus seres queridos. Posteriormente, las familias en cuestión se reunieron con el primer ministro, Imran Khan, quien les garantizó, públicamente, que obtendrían información. En julio, el primer ministro se reunió con Amina Masood Janjua, veterana activista contra las desapariciones forzadas. Días más tarde quedaron en libertad dos hombres que se encontraban desaparecidos, uno de ellos Hasan Qambrani, quien había sido secuestrado hacía un año por los servicios de inteligencia.
En junio, la ministra de Derechos Humanos presentó ante el Parlamento un proyecto de ley de reforma del Código Penal de Pakistán para penalizar las desapariciones forzadas. El texto fue enviado al Comité Permanente de Interior de la Asamblea Nacional, que, posteriormente, remitió problemáticos comentarios en los que distinguía entre desaparición “legal” y desaparición “ilegal”. El último proyecto de ley de reforma no había cumplido los requisitos mínimos de derecho internacional. Los grupos de la sociedad civil denunciaron no haber sido consultados sobre el proyecto de ley propuesto. Semanas después de la presentación del proyecto de ley, el activista político Seengar Noonari fue secuestrado por organismos encargados de hacer cumplir la ley a causa de sus protestas contra presuntos acaparamientos ilegales de tierras. Tras cinco semanas desaparecido, quedó en libertad sin cargos y fue devuelto a su familia.
Younis Anwar, secretario general de la Alianza de Pescadores de Gwadar, fue secuestrado —al parecer, por organismos de seguridad— en agosto, días antes de la celebración de protestas de familiares de víctimas de desaparición forzada en Islamabad.
En diciembre se conoció la noticia no confirmada de que Idris Khattak había sido declarado culpable de espionaje tras un juicio celebrado en secreto ante un tribunal militar. Había sido secuestrado por las autoridades del Estado en noviembre de 2019, y se encontraba recluido en la cárcel de Adiala (distrito de Rawalpindi). Su familia no había recibido información sobre la marcha de su caso ni sobre su condena.
También en diciembre, tras una intensa campaña en Internet, el primer ministro Imran Khan recibió a la familia del periodista desaparecido Mudassar Naru y pidió un “informe exhaustivo” sobre su paradero.
En el barrio de Gujjar Nala de la ciudad de Karachi, miles de personas quedaron sin hogar, tras haber demolido sus domicilios la Corporación Metropolitana de Karachi. El Estado no ofreció ningún plan de reasentamiento ni indemnizaciones, y los medios de comunicación calcularon que, a causa de los desalojos, habían quedado sin escolarizar 21.000 niños y niñas. El Tribunal Supremo desestimó un recurso presentado por activistas para detener las demoliciones. También se recibieron noticias sobre secuestros o detenciones de organizadores del movimiento contra las demoliciones.
El Comité Permanente sobre Derechos Humanos del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley sobre Personal Doméstico del Territorio de la Capital Islamabad de 2021, que garantizaba protección y bienestar, lo que incluía el establecimiento de una jornada laboral, el derecho a vacaciones y un salario mínimo para el personal doméstico. Hasta entonces el sector había carecido casi por completo de regulación, y el personal doméstico contaba con escasa o nula protección frente a los abusos.
La COVID-19 seguía siendo un grave motivo de preocupación en las masificadas prisiones de Pakistán. Como medida de prevención, el gobierno de la provincia de Sind dejó en libertad a 64 presos, pero ésta parecía ser la única provincia que había tomado este tipo de medidas. Las autoridades penitenciarias de las provincias de Punyab y Jyber Pajtunjwa dejaron de informar sobre las cifras de contagios en las prisiones.
Las cifras de personas vacunadas contra la COVID-19 en Pakistán crecieron a consecuencia de las sanciones que se dictaron en agosto para los no vacunados, incluido el bloqueo de los servicios de telefonía móvil y la prohibición de acceso a la mayoría de los espacios públicos y al transporte público. El acceso a las vacunas dependía de la disponibilidad de éstas, que, gracias a las donaciones de China y de la iniciativa COVAX, fue regular. Según informes, se trató a la población reclusa como grupo prioritario para la vacunación.
Tras la caída de la capital afgana, Kabul, en agosto, miles de afganos huyeron a Pakistán para escapar del recién instaurado régimen talibán. Según los medios de comunicación, más de 2.400 personas fueron devueltas ilegalmente a Afganistán, aunque las autoridades concedieron algunos visados para salir legalmente del país. Las autoridades alegaron falta de capacidad en los campos de refugiados existentes, y el asesor nacional de seguridad de Pakistán declaró en una conferencia de prensa que “Pakistán no est[aba] en condiciones de aceptar más refugiados”.
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