Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Miles de personas solicitantes de asilo fueron alojadas temporalmente en centros de acogida inadecuados y faltos de higiene. Se presentó al Parlamento un proyecto de ley para castigar como violación el sexo sin consentimiento. El Senado votó a favor de abolir el periodo preceptivo de espera de cinco días para abortar. Las autoridades continuaron utilizando sistemas algorítmicos discriminatorios para combatir el fraude.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades estatales alojaron durante meses a miles de solicitantes de asilo, incluidas personas menores de edad, en centros de recepción de emergencia, como polideportivos, que sólo eran adecuados para estancias muy cortas. Estos centros carecían de higiene y no proporcionaban suficiente comida, asistencia médica, intimidad ni protección contra las inclemencias del tiempo. En agosto, cientos de solicitantes de asilo tuvieron que dormir a la intemperie en el único centro de registro, situado en Ter Apel (provincia de Groninga), porque el gobierno no garantizaba suficiente alojamiento. En octubre, en la provincia de Groninga, el gobierno local dictó una normativa de excepción que establecía una pena máxima de 3 meses de prisión o 4.500 euros de multa para quien ofreciera tiendas de campaña a solicitantes de asilo sin hogar.

También en octubre, a fin de aliviar el hacinamiento en los centros de acogida de solicitantes de asilo, el gobierno aprobó una medida que retrasaba el proceso de reagrupación familiar, con lo que incumplía las obligaciones del país contraídas en virtud de la Directiva de reagrupación familiar de la UE y del derecho a la vida familiar.

En cambio, el gobierno invocó legislación del estado de emergencia para permitir que municipios de todo el país adoptaran medidas urgentes dirigidas a acoger a más de 60.000 personas refugiadas que huían de la invasión rusa de Ucrania, garantizándoles alojamiento, permiso de trabajo y no tener que solicitar asilo.

En enero, el gobierno neerlandés suspendió su ayuda a la detención de inmigrantes en Curazao, uno de los países constituyentes del Reino de los Países Bajos, tras los motivos de preocupación expresados, entre otros, sobre las condiciones de reclusión inhumanas. En julio, una jueza de Curazao resolvió que recluir a cuatro mujeres y seis hombres de Venezuela en una prisión por motivos migratorios era ilegal y ordenó su libertad inmediata.

Violencia contra mujeres y niñas

En octubre, la ministra de Justicia y Seguridad presentó a la Cámara de Representantes un proyecto de ley para armonizar la legislación sobre violación sexual con los derechos humanos y cambiar la definición de violación a una basada en el consentimiento. Además, el proyecto consideraba el uso de la coacción, la violencia o las amenazas circunstancias agravantes y no requisitos de la responsabilidad penal. La sociedad civil pidió a las autoridades que no se demorase el debate sobre el proyecto y que la ley se aplicara rápidamente tras su aprobación.

Derechos sexuales y reproductivos

En junio, el Senado votó a favor de abolir el periodo preceptivo de espera de cinco días para abortar, que creaba barreras de acceso innecesarias. Estaba previsto que esta positiva reforma entrara en vigor el 1 de enero de 2023.

Discriminación

El gobierno formuló durante el año diversos compromisos para salvaguardar los derechos de la ciudadanía cuando se utilizaran algoritmos en el sector público. En 2021, Amnistía Internacional había revelado que las autoridades tributarias utilizaban un sistema algorítmico discriminatorio para detectar posibles fraudes en las prestaciones sociales que afectaba de manera desproporcionada a las personas de origen migrante y de familias con ingresos bajos. Sin embargo, al concluir el año no se habían tomado medidas para introducir una normativa compatible con los derechos humanos relativa al uso de algoritmos contra el delito, ni para prohibir que la nacionalidad y la raza se considerasen “factores de riesgo”.