Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se promulgó legislación que excluía ciertos documentos como prueba en las solicitudes de protección internacional, en contravención del derecho de la Unión Europea. Se publicó un nuevo proyecto de ley que definía como violación todas las formas de penetración sexual involuntaria. Las autoridades tributarias usaron un sistema algorítmico discriminatorio para detectar posibles fraudes en las prestaciones para el cuidado infantil. Un tribunal resolvió que la policía de fronteras podía seguir usando perfiles raciales. Se reveló que la Oficina de Coordinación Nacional de Medidas Antiterroristas y Seguridad llevaba años vigilando ilegalmente a activistas en redes sociales.
En junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que la legislación neerlandesa que consideraba automáticamente inadmisibles las solicitudes de protección posteriores cuando iban acompañadas de documentos no autenticados era incompatible con el derecho de la Unión Europea. En virtud de esta resolución, quienes habían visto rechazada su solicitud de protección internacional podían volver a presentarla sin que las autoridades pudieran negarse a examinar los documentos adjuntos.
Las personas que buscaron protección internacional en Curazao, uno de los países constituyentes del reino, fueron recluidas en condiciones inhumanas, sometidas a malos tratos y privadas de su derecho a solicitar protección.1
En marzo, el ministro de Justicia y Seguridad publicó un nuevo borrador de la ley sobre delitos sexuales que proponía definir como violación toda penetración sexual involuntaria. Sin embargo, al final del año aún no se había presentado la propuesta al Parlamento, y la sociedad civil expresó preocupación ante la insinuación del ministro de que el proyecto de ley podría no adoptarse hasta 2024.
Se descubrió que las autoridades tributarias venían utilizando un sistema algorítmico discriminatorio cuyo propósito era detectar solicitudes de prestaciones para el cuidado infantil inexactas y posiblemente fraudulentas. Decenas de miles de personas fueron acusadas falsamente de fraude y obligadas a devolver grandes sumas de dinero, lo que causó graves problemas a las familias, desde endeudamiento y desempleo hasta desalojos forzosos y problemas de salud. En particular, las personas de origen migrante y de familias con ingresos bajos se vieron afectadas de manera desproporcionada porque el sistema algorítmico consideraba el dato de no tener la nacionalidad neerlandesa como factor de riesgo.2
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley continuaron usando perfiles raciales a pesar de que el gobierno condenaba en principio esta práctica. En septiembre, el Tribunal de Distrito de La Haya resolvió que podía usarse la etnicidad junto con otros criterios para decidir dar el alto a una persona contra quien no hubiera ninguna sospecha de actuación indebida. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, había presentado la demanda para impugnar el uso de perfiles raciales.3
En abril, periodistas revelaron que la Oficina de Coordinación Nacional de Medidas Antiterroristas y Seguridad llevaba años vigilando ilegalmente a activistas en redes sociales. La Oficina había recopilado, analizado y compartido datos personales de activistas sin base jurídica y sin su consentimiento, usando perfiles falsos. Tras conocerse esta información, el ministro de Justicia presentó un polémico proyecto de ley de gran alcance con el que el gobierno pretendía reanudar con urgencia la vigilancia en Internet. Amnistía Internacional pidió a su ministerio que abordara las repercusiones de esa vigilancia en los derechos humanos y consagrara la protección de estos derechos en la ley.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
