Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Permanecían pendientes de aprobación varios proyectos de ley federales que limitaban los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, y los gobiernos provinciales redactaron nuevos proyectos de ley que amenazaban la libertad de los medios de comunicación. Se detuvo a manifestantes y las fuerzas de seguridad continuaron utilizando fuerza innecesaria y excesiva para dispersar protestas. El gobierno no ofreció verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto del periodo 1996-2006. Miles de personas murieron de COVID-19 en un panorama de grave escasez de infraestructuras vitales, sin que el gobierno reaccionara de manera adecuada. La discriminación por motivos de género seguía presente en la ley y en la práctica. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre varias muertes bajo custodia, en su mayoría de personas pertenecientes a comunidades marginadas.
Tras una serie de disputas internas en el partido del gobierno, el primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, disolvió la cámara baja del Parlamento en mayo. En julio, el Tribunal Supremo calificó de inconstitucional esa decisión, restauró la cámara disuelta y ordenó la designación de Sher Bahadur Deuba como primer ministro.
En octubre, una serie de lluvias fuera de temporada, relacionadas con el cambio climático, provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que se cobraron más de 100 vidas y obligaron a desplazarse a más de 1.100 familias. Estas lluvias afectaron también a los medios de vida de los agricultores y amenazaron la seguridad alimentaria, al destrozar más de 325.000 toneladas de arroz, una pérdida de cosechas sin precedentes. La ayuda paliativa y humanitaria del gobierno fue inadecuada.
Las autoridades siguieron utilizando la Ley de Transacciones Electrónicas de 2006 para detener de manera arbitraria a periodistas y otras personas, sobre todo si criticaban al gobierno, y a los líderes del partido gobernante.
En febrero, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones redactó unas directrices para las redes sociales que, de adoptarse, pondrían en manos del gobierno amplios poderes para regular su contenido y criminalizar las actividades de sus usuarios, hasta el punto de que se podrían pedir responsabilidades ante la justicia por dar un “me gusta” a una publicación, compartirla o comentarla. Seguían pendientes de aprobación ante el Parlamento federal varios proyectos de ley que amenazaban los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad, y los gobiernos de las provincias de Bagmati, Gandaki y Lumbini redactaron proyectos de ley que limitaban la libertad de expresión, en especial la de los medios de comunicación.
En mayo, la Secretaría del Tribunal Supremo citó a dos periodistas, a quienes presionó para que revelaran sus fuentes y se disculparan por haber informado sobre una supuesta reunión entre el primer ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, y el presidente del Tribunal Supremo, Cholendra Shumsher Rana.
En junio fueron detenidos 20 dirigentes de la sociedad civil cuando protestaban pacíficamente contra las injerencias políticas en la Comisión sobre la Formación Médica.
En octubre, la policía detuvo a 13 activistas que pedían pacíficamente investigaciones imparciales sobre la muerte de una mujer y la desaparición de otra en el distrito de Banke. Una de las personas que se manifestaban, Ruby Khan, fue detenida por la policía y acusada de cargos falsos de “poligamia” hasta que el Tribunal Supremo ordenó su liberación.
También en octubre, cuatro hombres murieron cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego para desalojar a manifestantes en el distrito de Rupandehi.
El gobierno siguió sin ofrecer verdad, justicia y reparación a las decenas de miles de víctimas de los delitos de derecho internacional y demás violaciones graves de los derechos humanos cometidos durante el conflicto del periodo 1996-2006. Ni la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ni la Comisión para la Investigación de las Personas Desaparecidas resolvieron un solo caso, pese a haber recibido más de 60.000 y 3.000 denuncias de víctimas respectivamente. Al concluir el año, el gobierno seguía sin reformar la Ley de las Comisiones para la Investigación de las Personas Desaparecidas y de la Verdad y la Reconciliación, de 2014, pese a que el Tribunal Supremo había ordenado, en 2014 y 2015, su armonización con las normas nepalíes e internacionales de derechos humanos. En julio, el gobierno prorrogó el mandato de ambas comisiones.
La segunda ola de COVID-19, que empezó en abril, provocó el hundimiento del frágil sistema de atención a la salud del país y más de 7.000 muertes. La situación se vio empeorada por la grave escasez de vacunas, instalaciones médicas y suministros hospitalarios vitales —como oxígeno, respiradores y demás equipo médico esencial para salvar vidas— y por la falta de preparación adecuada por parte del gobierno. Las personas pertenecientes a grupos marginados como los dalits y las que vivían en la pobreza, incluidas las que dependían de un jornal diario, se vieron también afectadas por el empeoramiento de la situación socioeconómica debido a la pandemia y a las restricciones que ésta conllevaba.
Era generalizado el uso de la tortura y otros malos tratos para intimidar y obtener “confesiones” durante la detención previa al juicio. Al concluir el año seguía sin haber ninguna condena en aplicación del Código Penal de 2017, que penalizaba esas prácticas.
A lo largo del año se tuvo noticia de varias muertes bajo custodia, la mayoría de ellas de personas pertenecientes a las marginadas comunidades dalit y madhesí. No se realizaron investigaciones independientes.
En julio, Paltu Ravidas fue hallado muerto en los baños de la comisaría del distrito de Dhanusha tras ser detenido por la policía. En agosto, un agente de policía que estaba de servicio cuando se produjo la muerte fue suspendido por un periodo de seis meses. En septiembre murió Bhim Kamat mientras se encontraba bajo la custodia de la policía del distrito de Morang. En octubre murieron Mohammad Hakim Sah y Dhan Bahadur Rana mientras se encontraban bajo custodia en las comisarías de los distritos de Sunsari y Kailali, respectivamente.
El gobierno no aplicó las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para pedir cuentas a los responsables de violaciones de derechos humanos. En julio, el gobierno ascendió a un policía cuyo procesamiento había recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos por un homicidio extrajudicial.
El gobierno no reformó la Ley de Parques Nacionales y Conservación de la Naturaleza de 1973, que no se ajustaba a las normas internacionales. Las personas indígenas desalojadas de sus tierras ancestrales durante la creación de parques nacionales y zonas de conservación seguían sin tierra y viviendo en asentamientos informales, con lo que quedaban expuestas a nuevos desalojos forzosos. Las autoridades no permitieron su regreso ni les facilitaron tierras y medios de sustento alternativos, indemnizaciones o acceso a las áreas protegidas para pesca, pastoreo y recolección de alimentos, hierbas medicinales y leña. Pese a haber transcurrido ya tres décadas, se seguía negando acceso a sus tierras a los agricultores cuyos terrenos habían quedado dentro de los límites del parque nacional de Bardiya debido al cambio del curso del río Geruwa.
Continuaba la discriminación por motivos de género, y el gobierno continuó sin reformar las disposiciones constitucionales que impedían a las mujeres disfrutar de derechos de nacionalidad igualitarios. Los restrictivos plazos de prescripción del delito de violación establecidos en el Código Penal seguían facilitando la impunidad de los perpetradores.
En febrero, el Departamento de Inmigración propuso una política por la que se exigiría a las mujeres menores de 40 años el permiso de su familia y una recomendación del gobierno local para viajar a otro país. Ante la indignación pública generalizada, el Departamento de Inmigración emitió una aclaración para explicar que la disposición en cuestión, que había sido sugerida para evitar la trata, se aplicaría sólo a las mujeres que viajaran por primera vez a Estados del golfo Pérsico y africanos. Al terminar el año, esta política no había entrado aún en vigor.
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