Nepal

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley utilizaron medios letales contra manifestantes. Continuó el uso indebido de las leyes por parte de las autoridades para silenciar las voces críticas. Las víctimas cuestionaron la selección de miembros de las comisiones encargadas de investigar los abusos de derechos humanos perpetrados en la época del conflicto. Persistía la discriminación y la violencia contra mujeres y dalits.

Información general

Tras protestas generalizadas, el primer ministro KP Sharma Oli dimitió el 9 de septiembre. La expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki fue designada presidenta del gobierno provisional y se convocaron elecciones para marzo de 2026.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley continuaron utilizando medios letales y menos letales contra manifestantes. En marzo, respondieron con fuego real a las protestas en favor de la monarquía en la capital, Katmandú, lo que provocó la muerte de Sabin Maharjan, de 29 años. La policía confirmó que otras 20 personas habían resultado heridas por los disparos. Un grupo de manifestantes prendió fuego a un edificio, matando a un periodista que había quedado atrapado en su interior.

El 8 de septiembre, los organismos encargados de hacer cumplir la ley respondieron con uso ilegítimo de medios letales (incluido fuego real) y menos letales a una protesta encabezada por jóvenes de la generación Z contra la corrupción y contra una prohibición radical de las redes sociales. Durante los dos días que duró la protesta murieron 76 personas y 2.000 resultaron heridas.¹

Libertad de expresión

Al acabar el año, el Proyecto de Ley sobre Redes Sociales, presentado en enero, continuaba pendiente de aprobación por la Asamblea Nacional. En virtud de esta ley, el gobierno podría ordenar a las plataformas de redes sociales que eliminaran contenidos y proporcionaran detalles sobre las personas usuarias sin orden judicial, así como multar o encarcelar a esas personas por publicar información falsa o engañosa. En julio, las autoridades bloquearon el acceso a la aplicación de mensajería Telegram, alegando que se utilizaba para actividades ilícitas. En septiembre fueron bloqueadas otras 26 redes sociales, lo que desencadenó protestas.

En febrero, el Tribunal Supremo dio a conocer el texto completo de su decisión de 2024 favorable a mantener el artículo 47 de la Ley de Transacciones Electrónicas, que se utilizaba indebidamente para reprimir la libertad de expresión online.² En junio, el periodista Dil Bhusan Pathak fue acusado formalmente en aplicación de esta disposición por un videoreportaje sobre presuntos negocios de importantes figuras políticas.³

Derecho a verdad, justicia y reparación

El gobierno no proporcionó verdad, justicia y reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto de 1996-2006.

En mayo nombró a las personas que integrarían la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Comisión de Investigación de Personas Sometidas a Desaparición Forzada. Muchos grupos de víctimas boicotearon ambas comisiones alegando falta de confianza y de transparencia en la selección de sus miembros.⁴

Como noticia positiva, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno en julio la reapertura de la investigación contra el expresidente de la Cámara de Representantes Agni Sapkota por el asesinato de Arjun Lama en 2005.

Derechos de las personas detenidas

Las autoridades penitenciarias no tomaron medidas adecuadas para resolver el hacinamiento en las cárceles y evitar enfrentamientos violentos entre sus ocupantes. En agosto, un enfrentamiento entre detenidos en la cárcel de Bardiya se saldó con 10 heridos, y otro en la cárcel de Kailali, con un muerto y 47 heridos. En julio, 13 detenidos resultaron heridos en un enfrentamiento en la cárcel de Siraha, y en noviembre un recluso de ese centro fue golpeado por otros internos.

En diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó de que, durante el año, había recibido 14 denuncias presentadas en virtud de la Convención de la ONU contra la Tortura. Hizo recomendaciones en relación con tres denuncias, pero el gobierno no aplicó ninguna de ellas.

Discriminación

A pesar de la existencia de leyes contra la discriminación por razón de casta, hubo informes de numerosos incidentes de discriminación y violencia contra miembros de la comunidad dalit, en ocasiones llevados a cabo por las autoridades y contra menores de edad. En febrero, en el distrito de Achham, un sacerdote local se negó a aplicar la tika (marca ritual hindú en la frente) a estudiantes de la comunidad dalit y sus progenitores. También en febrero, las autoridades policiales intentaron evitar que se celebrara un matrimonio consensuado entre personas de distinta casta. El Tribunal Supremo intervino emitiendo una orden que respaldaba el derecho de la pareja a casarse.

En marzo, las autoridades del distrito de Siraha demolieron la casa de Deepak Malik Dom y retiraron la capa superior del suelo por considerar que el terreno había quedado contaminado para la celebración del Mahayagya, un ritual hinduista.

En octubre, un grupo de personas demolieron las casas de cinco familias dalits en el distrito de Siraha tras una disputa local.

Violencia por motivos de género

Continuó coaccionándose a personas sobrevivientes de violencia por motivos de género para que llegaran a acuerdos informales en sus causas. El 12 de febrero, en Siraha, dirigentes de aldeas multaron a tres hombres que al parecer habían violado a una muchacha dalit de 17 años, Rinku Kumari Sada, y prohibido a sus familiares que acudieran a la policía. Al día siguiente, la muchacha fue hallada sin vida en su casa. El 7 de marzo, la policía detuvo a ocho personas.

En abril, Ananda Devi Sadaya, mujer dalit de 24 años, al parecer se suicidó en Siraha al no haber investigado las autoridades a dos hombres por intentar violarla en 2024.

Continuó la práctica ilegal de confinar a las mujeres y las muchachas en cabañas y cobertizos mientras menstruaban. Durante su estancia en una de estas cabañas aisladas y remotas, carentes de toda infraestructura básica, una mujer de 40 años resultó herida en enero a consecuencia del ataque de un leopardo, y una mujer de 28 años murió en julio a causa de una mordedura de serpiente.

Derechos de las personas migrantes

En mayo, altos funcionarios del gobierno se vieron implicados en una red de trata de personas que recibía sobornos de potenciales trabajadores y trabajadoras migrantes nepalíes con el propósito de dejarlos pasar los controles de inmigración del aeropuerto sin visados de trabajo válidos y sin otros documentos necesarios para viajar al extranjero con intención de trabajar.

Derechos de los pueblos indígenas

En enero y febrero, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley del distrito de Taplejung emplearon fuerza arbitraria y armas de fuego en enfrentamientos con miembros del pueblo indígena Limbu, que se oponía a la construcción de un teleférico que atravesaría sus tierras ancestrales sagradas. En los enfrentamientos hubo varias personas heridas. A pesar de no haberse conseguido el consentimiento libre, previo e informado del pueblo Limbu para el proyecto, y de que no se habían hecho públicos documentos clave del proyecto, el Tribunal Supremo permitió en mayo que las obras de construcción siguieran adelante.

Derecho a la vivienda

En diciembre, el Tribunal Supremo revocó la decisión del gobierno de disolver la Comisión para la Resolución de Asuntos de Tierras y sus comités de distrito. La Comisión había sido creada en 2024 para verificar las reclamaciones de ocupantes de tierras sin títulos de propiedad y habitantes de asentamientos informales y emitir certificados de propiedad.