Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Persistía la impunidad por delitos de derecho internacional, la tortura y los ataques a periodistas. La policía no respondía adecuadamente a la violencia de género intrafamiliar. Los insultos y las amenazas contra grupos discriminados exacerbaron las divisiones étnicas.
Información general
La destitución de dos primeros ministros en sendas mociones de censura desencadenó una crisis política. Hubo protestas multitudinarias para exigir elecciones parlamentarias anticipadas, un Tribunal Constitucional operativo y cambios a una ley que limitaba los poderes presidenciales.
En mayo, el director de la policía pidió perdón a las familias de 66 personas refugiadas bosniacas sometidas a desaparición forzada por la policía montenegrina en 1992.
En agosto, el fiscal especial del Estado examinó denuncias contra el almirante retirado Dragan Samardžić y su participación en el bombardeo ilegal de Split (Croacia) en noviembre de 1991.
En diciembre continuaban las actuaciones judiciales contra Slobodan Peković, exsoldado del Ejército de los Serbios de Bosnia acusado de violar a una testigo protegida y de matar a otras dos personas en Foča en 1992.
El expresidente del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Mercantil fueron detenidos en abril y mayo, respectivamente, por presunta corrupción; en diciembre fue detenido el fiscal especial del Estado por abuso de poder. En octubre, la Comisión Europea instó a Montenegro a aplicar legislación para reforzar la independencia, la integridad, la rendición de cuentas y la profesionalidad de las instituciones judiciales.
En mayo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura reiteró la preocupación que le suscitaban desde hacía tiempo las condiciones de reclusión y los derechos de las personas bajo custodia policial o encarceladas, y la falta de investigaciones independientes sobre malos tratos.
En marzo, cinco agentes de policía fueron acusados de torturar a Marko Boljević en 2020 para obtener una declaración testifical; en junio, un inspector de policía fue acusado de cargos similares en relación con Marko Boljević y otro hombre, Benjamin Mugoša.
Se tuvo noticia de 25 agresiones físicas a periodistas. En septiembre, el gobierno solicitó ayuda a especialistas de otros países para volver a investigar casos históricos, como el del asesinato en 2004 de Duško Jovanović, director del periódico Dan.
En junio, el Tribunal Supremo ordenó celebrar otro nuevo juicio al periodista de investigación Jovo Martinović, tras anular su sentencia condenatoria de 2020 por presunta participación en el narcotráfico.
Dos mujeres murieron a manos de su pareja o expareja. Una de ellas había sido hospitalizada con anterioridad y había denunciado a la policía la violencia de su esposo. En mayo, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura cuestionó el reducido número de procesamientos y la imposición de penas indulgentes en casos de violencia de género en el ámbito familiar.
Las mujeres que participaban en la vida pública eran objeto de insultos misóginos, incluso por parte de cargos públicos.
La no armonización por el gobierno de unas disposiciones de la Ley de Parejas de Hecho de 2020 impedía registrar su unión a las parejas que habían contraído matrimonio en el extranjero. Unos hombres fueron encausados por ataques contra los locales de la ONG Juventas. En julio, el presidente de Queer Montenegro recibió amenazas de muerte a través de las redes sociales. La ONG Spektra redactó una ley de reconocimiento de género.
Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en noviembre quedaban menos de 500 personas apátridas —entre las que había romaníes y egipcianos desplazados de Kosovo, y 250 menores romaníes nacidos en Montenegro— que carecían de la documentación necesaria para acceder a derechos sociales y económicos esenciales.
Según el ACNUR, en octubre, habían entrado en Montenegro 6.758 personas refugiadas y migrantes, pero sólo solicitó asilo el 2%. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura resolvió que a la mayoría de estas personas se les negaba el acceso a un proceso efectivo de solicitud de asilo, poniendo de relieve la ausencia de salvaguardias de procedimiento, incluidas salvaguardias contra la devolución.
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