Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El gobierno siguió realizando declaraciones públicas en las que atacaba a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos y personalidades académicas, así como a mujeres que protestaban contra la violencia de género. Hubo reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante la detención de personas o el control de las protestas y por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional contra las personas migrantes. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo elevados niveles de violencia de género y las investigaciones penales por feminicidios siguieron siendo insuficientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una sentencia histórica que despenalizaba el aborto.
A pesar de las recomendaciones internacionales, el gabinete presidencial siguió desplegando en las calles —como parte de su estrategia de seguridad pública— el mayor número de efectivos militares desde que en 2006 iniciara la “guerra contra el narcotráfico”, según los datos oficiales publicados tras una solicitud de acceso a la información. También presentó un proyecto de ley para incorporar formalmente la Guardia Nacional a las fuerzas armadas. La Guardia Nacional era la fuerza de seguridad contra la que se habían presentado más denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y su número había aumentado respecto al año anterior.
Se creó una comisión de la verdad y la justicia en relación con las violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la “guerra sucia” que había tenido lugar entre las décadas de 1960 y 1980. Las organizaciones de la sociedad civil elogiaron la inclusión de las víctimas en el proyecto, pero señalaron la necesidad de garantizar la colaboración del ejército en el acceso a los archivos históricos.
La independencia del sistema judicial se vio amenazada por una reforma legislativa para prorrogar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal; en noviembre fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte.
En junio, la Suprema Corte declaró inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo recreativo del cannabis.
En octubre, la Suprema Corte declaró también inconstitucionales algunos de los artículos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y pidió al Congreso de la Unión que legislara sobre varios principios que no habían quedado cubiertos por la ley. Sin embargo, no se pronunció sobre la creación de un observatorio externo de la policía, tal como había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con las violaciones graves de esos derechos cometidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006.
En 2021, las autoridades registraron al menos 7.698 casos de personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales el 69% eran hombres y el 31%, mujeres. Con ellas, al final del año, se elevaba a más de 97.000 el número total de denuncias de personas desaparecidas y no localizadas en México desde 1964. La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada. Según cifras oficiales, seguía habiendo más de 52.000 cadáveres no identificados, la mayor parte de los cuales se hallaban en fosas comunes. Varias personas que buscaban a familiares desaparecidos perdieron la vida violentamente, pero al terminar el año no se había procesado a nadie por esas muertes.
En abril, las autoridades detuvieron a 30 marinos acusados de una sucesión de desapariciones forzadas que habían tenido lugar en Nuevo Laredo (estado de Tamaulipas) en 2018. Los administradores de justicia dejaron posteriormente a 12 de ellos en libertad por razones de procedimiento. En julio, la Secretaría de Marina-Armada ofreció una disculpa pública por la desaparición de 47 personas en los mismos incidentes y se comprometió a colaborar con las investigaciones en curso.
En junio, la Fiscalía General de la República anunció la identificación de los restos de Jhosivani Guerrero, el tercero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 cuya identidad se había logrado determinar. Tras un retraso considerable, el presidente envió en septiembre una carta al primer ministro de Israel haciendo hincapié en la importancia de la extradición de Tomás Zerón, acusado de tortura en el caso de Ayotzinapa y solicitante de asilo en Israel. Los padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que la Secretaría de la Defensa Nacional obstaculizaba los avances de las investigaciones relacionadas con el caso.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas visitó México en noviembre y calificó de “inmenso” el reto de luchar contra las desapariciones; además, pidió a las autoridades que redoblaran sus esfuerzos para combatir la impunidad estructural y garantizar la coordinación entre los distintos ministerios del gobierno.
En marzo, varios órganos de la ONU y organizaciones de derechos humanos condenaron la muerte de la refugiada salvadoreña Victoria Salazar a manos de cuatro policías en Tulum (estado de Quintana Roo) que habían hecho un uso excesivo de la fuerza durante su detención.
En agosto, José Eduardo Ravelo, de 23 años, murió como consecuencia de las múltiples heridas que le causaron agentes de policía en el estado de Mérida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que su muerte había sido consecuencia del uso de fuerza excesiva y tortura durante su detención. Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia por estos delitos.
En septiembre, dos ex altos mandos de las policías federal y estatal fueron detenidos tras haber sido señalados como responsables de la represión de una protesta de maestros en Nochixtlán (estado de Oaxaca) en 2016, que había ocasionado la muerte a al menos seis personas y lesiones a más de un centenar.
En mayo, los casos de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortíz llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los dos hombres permanecían recluidos en espera de juicio desde 2002.
En junio, la policía de la ciudad de León (estado de Guanajuato) detuvo a decenas de personas por no llevar cubrebocas, pero no tomó medidas para evitar el contagio por COVID-19 durante las detenciones.1 Varias de esas personas estuvieron recluidas durante horas antes de comparecer ante un juez.
En agosto, el presidente firmó un decreto —en consonancia con las disposiciones de anteriores leyes nacionales— para poner en libertad a las personas en prisión preventiva prolongada que fueran de edad avanzada o víctimas de tortura. Sin embargo, el decreto no incorporaba las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y limitaba la posibilidad de demostrar que se había sufrido tortura en el caso de las personas sometidas a exámenes médicos basados en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (conocido como Protocolo de Estambul). También excluía a las personas presas acusadas de participación en delincuencia organizada y secuestros. El decreto dio lugar a la aprobación de la excarcelación de más de 682 personas, y se estaban revisando 4.233 expedientes.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria pidió a las autoridades mexicanas la liberación inmediata de Verónica Razo Casales, recluida en espera de juicio desde 2011 y declarada culpable por un juez federal en diciembre de 2021. Verónica Razo había sido detenida arbitrariamente y torturada mediante violación por miembros de la Policía Federal.
Las autoridades detuvieron a un ex alto mando de la Policía Federal acusado de tortura en el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, que había sido detenida en 2007 y liberada en 2013 tras ser absuelta de un delito de secuestro. Israel Vallarta, acusado junto con ella y también víctima de tortura, continuaba en prisión preventiva 15 años después de su detención.
Al concluir el año, aún no se había hecho público el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2020-2024.
Las autoridades siguieron estigmatizando y reprimiendo las protestas feministas y haciendo un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir de su participación a las personas. Pocos días antes de las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, el presidente y otras autoridades calificaron las protestas de violentas. En los estados de Querétaro, Aguascalientes y Jalisco, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 44 mujeres manifestantes por causar presuntamente daños a bienes, y exigieron en algunos casos grandes sumas de dinero para eximirlas de responsabilidad.
En mayo, las autoridades detuvieron a 97 personas durante una protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en el estado de Chiapas. Entre ellas había 74 mujeres, algunas de las cuales denunciaron haber sido sometidas a violencia sexual por parte de agentes policiales.
En junio, un tribunal dictó una segunda sentencia condenatoria contra un exalcalde de Chínipas (estado de Chihuahua) por el asesinato en 2017 de la periodista Miroslava Breach.
La organización Artículo 19 registró al menos siete homicidios de periodistas durante el año.
Una investigación reveló que el gobierno anterior había comprado el software Pegasus para someter a vigilancia secreta a decenas de periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos.2 En noviembre, las autoridades detuvieron a un hombre como presunto operador del software de espionaje.
En respuesta a las protestas estudiantiles, la policía del Servicio de Protección Federal se hizo cargo en diciembre de la seguridad del Centro de Investigación y Docencia Económicas, una entidad pública de investigación de Ciudad de México que se convirtió así en una de las poquísimas instituciones académicas del país con presencia policial en su campus.3
Las autoridades registraron en el país 3.427 homicidios de mujeres durante el año, de los cuales 887 estaban siendo investigados como feminicidios.
En el estado de México, donde tuvo lugar el mayor número de feminicidios de 2021, las investigaciones penales sobre estos delitos presentaban deficiencias graves.4 Las autoridades no custodiaban adecuadamente las pruebas recopiladas ni examinaban todas las líneas de investigación aplicando correctamente una perspectiva de género. Así, los familiares tenían que dedicar tiempo y dinero a investigar, lo que aumentaba la probabilidad de que los delitos quedaran impunes. Además, estas familias siguieron siendo objeto de amenazas y maltrato por parte de las autoridades.
Las deficiencias mencionadas no eran exclusivas del estado de México ni tampoco novedosas (ya se habían observado en Ciudad Juárez —Chihuahua— desde la década de 1990), pero sirvieron para poner de relieve la constante falta de medidas por parte de México para investigar y prevenir la violencia contra las mujeres.
Como parte de la reparación del feminicidio de Karla Pontigo, que seguía impune, en mayo se erigió en San Luis Potosí una estatua en su memoria.
Las personas defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo elevados niveles de violencia, y la mayoría de los ataques contra ellas quedaban impunes.
Las organizaciones denunciaron un aumento de la violencia contra quienes defendían la tierra, el territorio y el medioambiente. El gobierno realizó declaraciones en las que cuestionaba el trabajo de las organizaciones y comunidades que se oponían a los megaproyectos promovidos por la administración presidencial.
Al terminar el año seguía sin conocerse el paradero de las defensoras de los derechos humanos Grisell Pérez Rivera, Claudia Uruchurtu Cruz e Irma Galindo, desaparecidas en marzo y octubre en los estados de México y Oaxaca. En junio, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación por la desaparición y homicidio de varios líderes del pueblo indígena Yaqui en el estado de Sonora.
En noviembre, los medios de comunicación informaron de que, en lugar de investigar la masacre de 193 personas perpetrada en 2011 en San Fernando, la Fiscalía General de la República había abierto en 2016 investigaciones penales por secuestro y delincuencia organizada contra una periodista y dos defensoras de los derechos humanos que habían estado documentando el caso y acompañando a las familias.
El secretario de Gobernación informó de que, hasta octubre, había 1.506 personas beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de las cuales 1.011 eran defensoras de los derechos humanos. Anunció además reformas para consolidar el Mecanismo y reforzar las investigaciones sobre ataques contra defensores y defensoras.
Al concluir el año seguían pendientes de aplicación las recomendaciones de la OACNUDH relativas a la creación de una política integral para proteger a quienes defendían los derechos humanos.
Durante el año, el 55,9% de la población recibió la pauta completa de la vacuna contra la COVID-19. Las autoridades hicieron caso omiso de las normas de la Organización Mundial de la Salud y excluyeron al personal sanitario del sector privado de la primera fase de la vacunación.
Transcurrido un año de su despido injusto por haber denunciado públicamente la precariedad de sus condiciones laborales, Jorge Pérez, de 70 años y empleado de limpieza en un hospital público, no había obtenido justicia ni reparación.
En una sentencia histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en septiembre que la penalización del aborto en el estado de Coahuila era inconstitucional. La Suprema Corte dio paso a la despenalización en el resto del país al establecer que se trataba de un criterio obligatorio que debían aplicar los jueces de todos los estados.
Unos meses antes, Hidalgo y Veracruz se habían sumado a la lista de estados que autorizaban el aborto antes de la decimosegunda semana de gestación; Baja California los siguió en octubre y, Colima, en diciembre. Al concluir el año, el aborto era legal en seis estados.
La Suprema Corte también invalidó la cláusula sobre la objeción de conciencia del personal médico a la hora de practicar un aborto, que figuraba en la ley sobre salud, y pidió a la cámara legislativa que aprobara una nueva disposición al objeto de garantizar que las negativas a atender abortos se ejercieran sin poner en peligro los derechos humanos de otras personas, especialmente el derecho a la salud.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo continuaban sometidas a uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria y devoluciones ilegales por parte de las autoridades, así como a secuestros y homicidios a manos de actores no estatales. En enero se hallaron los cadáveres calcinados de 19 personas —de las cuales 16 procedían de Guatemala— en un vehículo que se encontraba en el municipio de Camargo (Tamaulipas), una zona en la que actuaban bandas delictivas y donde las personas migrantes solían tratar de cruzar la frontera con Estados Unidos. Hasta noviembre, las autoridades recluyeron a 252.526 personas en centros de detención de inmigrantes masificados que, pese a la pandemia, no cumplían con las medidas higiénicas básicas. Entre los detenidos había niños y niñas, aunque la ley lo prohibía expresamente.
El organismo nacional que se ocupaba de las personas refugiadas recibió 131.448 solicitudes de asilo en 2021, la cifra más alta hasta la fecha. Por primera vez, el mayor número de solicitantes de asilo procedían de Haití, seguido de Honduras. Decenas de miles de personas —en su mayoría haitianas— quedaron atrapadas durante meses en condiciones precarias en Tapachula (estado de Chiapas) al colapsarse el sistema de asilo debido a la elevada demanda, y el Instituto Nacional de Migración (INM) se negó inicialmente a emitir los visados por razones humanitarias, dispuestos por la ley, que permitirían a estas personas trabajar o trasladarse a otro estado.5
Las organizaciones locales denunciaron que, desde agosto, las autoridades comenzaron a expulsar ilegalmente en la frontera con Guatemala a las personas haitianas y centroamericanas detenidas en el interior de México o en la frontera estadounidense. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenaron el uso excesivo de la fuerza por parte del INM y la Guardia Nacional contra miles de personas haitianas que trataban de marcharse del estado de Chiapas. Posteriormente, las autoridades llevaron a cabo redadas en varios estados del país para detener a personas procedentes de Haití. En octubre, la Guardia Nacional disparó contra un camión que transportaba a migrantes en el estado de Chiapas y causó la muerte de dos hombres.
Hasta noviembre, las autoridades habían devuelto a 101.571 personas, en su mayoría de Centroamérica. Entre ellas había miles de menores no acompañados cuyo interés superior no fue tomado en cuenta por las autoridades.6
Los congresos estatales de Baja California, Guanajuato, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas aprobaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, con lo que el número de estados que reconocían este tipo de unión ascendía a 26. Una reforma aprobada en el estado de México elevó a 14 el número de estados cuya legislación garantizaba el reconocimiento de la identidad de género y permitía modificar el nombre y el género en el certificado de nacimiento.
México era el segundo país de la región en registrar el mayor número de agresiones contra personas LGBTI. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT registró al menos 72 homicidios y desapariciones durante el año.
Como en años anteriores, el Congreso de la Unión siguió sin aprobar una ley para regular el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, garantizado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había dictado una sentencia al respecto en 2020. El presidente aprobó un decreto para acelerar los procedimientos de autorización de infraestructuras y megaproyectos y anular las aprobaciones medioambientales y los procesos de consulta de los pueblos indígenas. Tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por la agencia nacional encargada de la transparencia, la Suprema Corte de Justicia dictó una orden en relación con el decreto.
El gobierno propuso una reforma para el sector energético y eléctrico que, según expertos, planteaba riesgos para la inversión en energías renovables.
Los nuevos compromisos planteados por México en la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en noviembre, recibieron críticas por ser básicamente los mismos que los formulados en 2015.
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