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Malta

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

No se aplicaron íntegramente las recomendaciones de la investigación pública sobre el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Siguió en vigor la prohibición total del aborto, aunque el Parlamento debatió una propuesta para despenalizarlo cuando éste fuera necesario para proteger de un riesgo grave la vida o la salud de la mujer. Persistieron los retrasos en la coordinación de las operaciones de rescate de personas refugiadas y migrantes, así como la detención ilegítima de solicitantes de asilo, incluidos menores de edad. Tres solicitantes de asilo continuaban en espera de una decisión sobre si iban a ser juzgados por cargos de terrorismo, entre otros, por oponerse a su devolución sumaria ilegal a Libia.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En octubre, 2 de los 3 hombres acusados de preparar, colocar y detonar el coche bomba que mató a Daphne Caruana Galizia en 2017 fueron condenados a 40 años de prisión cada uno. El tercer implicado en el asesinato había sido condenado a 15 años en 2021. Seguía sin celebrarse el juicio del empresario acusado de haber encargado el asesinato. En septiembre, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa reiteró su llamamiento a incrementar los esfuerzos para que todas las personas responsables comparecieran ante la justicia. La comisaria señaló que los periodistas seguían enfrentando problemas para acceder a información oficial con arreglo a la legislación sobre la libertad de información y recomendó mayor participación de la sociedad civil y la comunidad periodística para reforzar las propuestas legislativas relacionadas con el sector de los medios de comunicación, y la restricción del uso de las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).

En julio, la Fundación Daphne Caruana Galizia y ARTICLE 19 Europa criticaron que el gobierno no aplicara las recomendaciones de la investigación independiente sobre el asesinato de la periodista, publicadas en julio de 2021, y concluyeron que los periodistas y la libertad de prensa seguían sin estar debidamente protegidos.

Derechos sexuales y reproductivos

En noviembre, el gobierno propuso una reforma del Código Penal encaminada a evitar que personal médico y embarazadas pudieran ser enjuiciados penalmente cuando se practicara un aborto para proteger de un riesgo grave la vida o la salud de la embarazada. El aborto seguía siendo ilegal en todas las demás circunstancias. Al finalizar el año, la propuesta se estaba debatiendo en el Parlamento.

La iniciativa surgió a raíz del caso, en junio, de una ciudadana estadounidense que estaba sufriendo un aborto espontáneo a la que se negó la interrupción del embarazo a pesar del riesgo de infección y de las consecuencias para su salud mental. Finalmente fue trasladada en avión a España, donde pudo abortar.

También en junio, una ONG maltesa de defensa de los derechos de las mujeres presentó a las autoridades una petición de legalización del aborto en representación de 188 personas en edad fértil. Conocida como “protesta judicial” en el derecho maltés, esta petición articulaba los aspectos discriminatorios de la prohibición del aborto y sus múltiples efectos negativos para la salud y la dignidad de quienes necesitaban o podían necesitar someterse al procedimiento.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Al concluir el año, habían llegado al país por vía marítima 450 personas refugiadas y migrantes.

Las autoridades siguieron aplicando una política letal de disuasión, desoyendo las llamadas de socorro desde el mar o respondiéndolas con lentitud.

En septiembre, una niña siria de cuatro años murió de deshidratación a bordo de un pesquero que llevaba varios días a la deriva en la zona de búsqueda y salvamento de Malta antes de que las fuerzas armadas del país coordinaran el rescate. En su informe de octubre de 2021, publicado en febrero, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió al gobierno que garantizara operaciones efectivas de búsqueda y salvamento y suspendiera su cooperación con Libia en materia de control migratorio, que causaba devoluciones de personas a lugares donde sufrían tortura y otras violaciones de derechos humanos.

Además, la comisaria recomendó que Malta dejara de detener a personas refugiadas y migrantes, tanto menores de edad como adultas, en situación de vulnerabilidad y que pusiera fin a la detención arbitraria. El gobierno continuó deteniendo arbitrariamente a solicitantes de asilo, incluidos menores no acompañados, más allá del plazo legalmente establecido y sin el debido acceso a un recurso. Algunos de estos menores fueron recluidos a su llegada junto a personas adultas. En enero, tres hombres y tres menores fueron liberados del centro de detención del cuartel de Safi a raíz de una decisión judicial. En marzo, tras un recurso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración, tres solicitantes de asilo adolescentes de Bangladesh fueron trasladados del cuartel de Safi a un centro abierto para menores no acompañados después de haber permanecido casi tres meses detenidos junto a personas adultas.

Los tres solicitantes de asilo conocidos como “los tres de El Hiblu”, que se habían opuesto a los intentos de devolverlos ilegalmente a Libia en 2019, continuaban en espera de una decisión judicial sobre si su caso iba a juicio. La prolongada instrucción de la causa se cerró en noviembre. Los tres hombres se enfrentaban a cargos, algunos en aplicación de la legislación antiterrorista, punibles con cadena perpetua.1

  1. Malta: A textbook example of all that is wrong with EU institutions and member states’ migration policies in the Central Mediterranean, 14 de marzo

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República de Malta
Jefe del Estado: George Vella
Jefe del gobierno: Robert Abela

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