Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
La sequía prolongada y los ciclones recurrentes tuvieron efectos devastadores en el acceso a alimentos, agua y saneamiento. La situación en los centros de detención era de hacinamiento, con condiciones de reclusión deficientes. Se restringía el derecho a la libertad de expresión. Se seguía persiguiendo judicialmente a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y denunciantes de irregularidades, y un defensor de los derechos ambientales fue asesinado. Aumentaron los casos de discriminación y violencia contra las personas con albinismo. El aborto continuaba siendo delito.
Información general
Entre enero y abril, 6 tormentas tropicales y ciclones tocaron tierra en el país, lo que agravó los efectos de la prolongada sequía. Murieron más de 200 personas y se vieron afectados los medios de vida de más de 570.000; en todo el país quedaron destruidas infraestructuras públicas, como escuelas, carreteras y centros de salud.
En febrero, el ministro de Justicia Imbiki Herilaza dimitió en un contexto de denuncias de corrupción a raíz de la difusión en redes sociales de unas grabaciones de audio en las que pedía el pago de sobornos.
Hasta septiembre habían sido vacunadas contra la COVID-19 aproximadamente 1,4 millones de personas, lo que representaba el 5,4% de la población.
La población del sur de Madagascar continuó sufriendo el impacto de la larga sequía y la inseguridad alimentaria. Como consecuencia de ello, los índices de malnutrición en la región aumentaron y el acceso al agua, al saneamiento y a la higiene escaseaba cada vez más. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el 33% de la población de la región del Gran Sur afrontaba una elevada inseguridad alimentaria.
En el país tocaron tierra, principalmente en las regiones del este y del centro, tormentas tropicales y ciclones que incrementaron aún más la inseguridad alimentaria; el PMA estimaba que al menos 470.000 personas que vivían en las regiones afectadas necesitaban ayuda alimentaria urgente.
La situación en las cárceles era de hacinamiento, con condiciones de reclusión deficientes. En junio, el presidente Rajoelina conmutó las penas impuestas a 11.316 personas detenidas e indultó a 2.902 que habían sido condenadas; algunas de ellas habían sido declaradas culpables de delitos menores, y les quedaba por cumplir un máximo de 3 meses de su pena.
Durante el primer trimestre del año, los actores de la sociedad civil celebraron consultas nacionales y reuniones con representantes del ministro de Justicia para debatir el proyecto de ley sobre protección de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas, incluidas las personas que defendían los derechos ambientales y las que denunciaban irregularidades. Posteriormente, el 18 de octubre, un diputado presentó la propuesta 004-2022/PL para su debate en la Asamblea Nacional, pero no se estableció una fecha para su examen. Las organizaciones malgaches de derechos humanos expresaron preocupación por que la propuesta no incluía las conclusiones clave de las consultas nacionales.
Se sometió a hostigamiento y persecución judicial a denunciantes de irregularidades y defensores y defensoras de los derechos humanos por revelar casos de corrupción.
En febrero, el defensor de los derechos humanos y profesor de escuela Jeannot Randriamanana difundió en las redes sociales unas denuncias relativas a la malversación por parte de las autoridades locales de ayuda humanitaria dirigida a la población afectada por los ciclones Batsirai y Emnati en el distrito de Nosy Varika. El 17 de marzo, el Tribunal Penal de Mananjary impuso al profesor una condena condicional de dos años de prisión por los cargos de “difamación y humillación de miembros del Parlamento y de funcionarios públicos” y suplantación de identidad.1 Tras pasar dos meses detenido arbitrariamente, el 10 de mayo Jeannot Randriamanana recibió la libertad condicional. El 12 de julio, el Tribunal de Apelaciones de Fianarantsoa confirmó la sentencia del tribunal penal. En septiembre, los abogados de Jeannot Randriamanana presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo contra su sentencia condenatoria. Al concluir el año aún no se había fijado la fecha para la vista de apelación.
El 26 de mayo, el Tribunal Penal de Antananarivo impuso a Ravo Ramasomanana, que había sido suspendido de su cargo en el Ministerio de Salud, una pena condicional de 6 meses de prisión y una multa de 2 millones de ariarys malgaches (aproximadamente 440 dólares estadounidenses). Ravo Ramasomanana había sido declarado culpable del cargo de difamación de funcionarios públicos en relación con el envío de un SMS anónimo que insultaba a miembros de la policía nacional.
El 2 de junio, Henri Rakotoarisoa (de 70 años), defensor de los derechos ambientales y presidente de la asociación comunitaria Mialo, murió apuñalado en el distrito oriental de Moramanga. El 18 de noviembre, el Tribunal Penal de Ambatolampy condenó a 8 personas a cadena perpetua por el cargo de “asesinato”, en virtud del artículo 295 del Código Penal; y a otras 2 personas a 3 años de prisión por el cargo de “omisión de auxilio a una persona en peligro”, en virtud del artículo 304. El tribunal absolvió a 2 acusados por falta de pruebas. También impuso a los 10 condenados el pago de una indemnización de 40 millones de ariarys malgaches (aproximadamente 8.880 dólares) a la familia de Henri Rakotoarisoa, que había sido una de las voces principales de denuncia del tráfico y la tala ilegal de madera en el bosque de Ankazondandy.
Aumentaron los casos de discriminación y de ataques violentos —incluidos asesinatos y mutilaciones— contra las personas con albinismo. Según una declaración realizada en octubre por la experta independiente sobre el disfrute de los derechos por parte de las personas con albinismo, de la ONU, durante el año los ataques se habían duplicado con respecto al mismo periodo de 2021. Los niños y niñas eran los principales objetivos de los ataques, sobre todo en el sur del país, donde persistían peligrosas ideas falsas y supersticiosas acerca del albinismo. En febrero, un niño de tres años fue secuestrado en la ciudad de Fort Dauphin, en el sur. Los asaltantes no identificados, que se creía que eran ladrones de ganado, asesinaron a la madre del niño e hirieron a un tío de éste. El 4 de marzo, el cadáver mutilado de un niño de seis años fue hallado en la comunidad de Berano, en el distrito de Amboasary Atsimo.
A finales de agosto, unos hombres no identificados mataron a una mujer en el distrito de Ikongo, en el sudeste del país, y secuestraron a su criatura de tres años, que al terminar el año continuaba en paradero desconocido. La policía arrestó a cuatro sospechosos y, el 29 de agosto, cientos de personas de la comunidad se congregaron frente a la comisaría policial para exigir rendición de cuentas. Al parecer, la multitud lanzó piedras contra la comisaría y la policía respondió abriendo fuego y matando a cerca de 20 personas.
En septiembre, una escuela privada de Ivato, un barrio de la capital (Antananarivo), rechazó la solicitud de matrícula de un niño de 17 años alegando que la institución necesitaba mantener su imagen y declarando que no estaba “preparada para aceptar a niños con albinismo”.
El aborto continuaba siendo delito. En mayo, la presidenta de la Comisión Permanente de la Asamblea Nacional rechazó la proposición de ley 004-2021/PL que modificaba el artículo 317 del Código Penal para despenalizar el aborto. La iniciativa legislativa no se había presentado para votación ante la Asamblea Nacional. La diputada de la Asamblea Nacional y portavoz de la Comisión Permanente afirmó que la proposición, que tenía por objeto despenalizar el aborto cuando el embarazo representara un peligro para la vida de la mujer o la niña embarazada, en casos de malformación grave del feto y cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto, se consideraba “incompatible con la cultura y los valores malgaches”.
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