Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Los niveles de pobreza aumentaron debido a las graves sequías, los recortes del gobierno estadounidense a la ayuda exterior y el hecho de que el gobierno nacional no dedicara fondos suficientes a servicios esenciales. Millones de personas carecían de agua potable y miles de niños y niñas sufrían desnutrición aguda. Las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia protestas contra la mala gobernanza y proyectos extractivos. La represión se saldó con muertes, lesiones y detenciones arbitrarias. No se investigaron homicidios extrajudiciales ni otros abusos. Ante el estancamiento de reformas clave, las mujeres, las niñas y las personas con albinismo quedaron desprotegidas frente a la violencia y la discriminación.

Información general

Cientos de personas se sumaron a las manifestaciones convocadas por el movimiento juvenil Gen Z Madagascar en todo el país entre finales de septiembre y mediados de octubre. Protestaban contra la deficiente prestación de servicios, incluida la persistente escasez de agua y electricidad, que atribuían a la corrupción y la mala gobernanza. El 14 de octubre, Michael Randrianirina, comandante del Cuerpo de Administración de Personal y de los Servicios Administrativos y Técnicos, unidad especial de las fuerzas armadas, se hizo con el poder mediante un golpe de Estado y derrocó al presidente Andry Rajoelina y su gobierno. Andry Rajoelina huyó de Madagascar y, el 17 de octubre, Michael Randrianirina juró el cargo de presidente y se comprometió a iniciar un proceso de transición política de una duración máxima de dos años.

Derechos económicos y sociales

Hubo graves sequías relacionadas con el cambio climático. Al mismo tiempo, los repentinos recortes del gobierno estadounidense en la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) limitaron el trabajo de organizaciones humanitarias como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos. A consecuencia de ello, el acceso de la población a alimentos, agua y servicios de salud se vio seriamente afectado. En febrero, en la región del Gran Sur, unos 8.000 niños y niñas que sufrían desnutrición aguda grave fueron ingresados en centros de salud especializados. Más del 40% de la población carecía de acceso a agua apta para el consumo, situación que afectaba especialmente a las personas que vivían en el Gran Sur.

El gobierno incumplió sus promesas de aumentar el gasto en servicios esenciales y ofreció escasa información sobre el modo en que se empleaba el presupuesto nacional. Las estrategias climáticas no se apoyaban en evaluaciones efectivas que permitieran determinar las necesidades de las personas desplazadas por las hambrunas provocadas por la sequía. Los constantes cortes de electricidad en todo el país dieron lugar a un aumento de la inseguridad y a interrupciones en la formación de más de 3.000 estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Antananarivo, entre otros centros de enseñanza.

Libertad de expresión y de reunión

Durante unas protestas contra el gobierno celebradas en la capital, Antananarivo, y otras ciudades importantes (véase “Información general” supra), grupos de la sociedad civil y personal del sector público y sindicatos se unieron a cientos de activistas del movimiento Gen Z. Las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a personas que se manifestaba pacíficamente, por ejemplo lanzando gas lacrimógeno directamente contra la multitud y disparando balas de goma a corta distancia y, en algunos casos, munición real contra personas que no representaban una amenaza inminente de muerte ni de lesión grave. La actuación de las fuerzas de seguridad se saldó con al menos 22 personas muertas, entre ellas transeúntes y, según informes, una persona menor de edad, y con más de 100 personas heridas.

Las autoridades continuaron utilizando la Ordenanza 60-082 del 13 de agosto de 1960 para criminalizar las protestas no autorizadas y detener arbitrariamente a quienes participaban en ellas. En la región de Anosy, al menos 80 personas seguían sometidas a condenas condicionales de cinco años de prisión por protestar contra las actividades de la empresa minera QIT Madagascar Minerals. En abril se impuso al activista Rodney Rehosy Fanampera una condena condicional de tres años de prisión por encabezar manifestaciones pacíficas contra el proyecto minero de Base Toliara. Ese mismo mes, el sindicalista Armand Frédéric Rakotoalison fue condenado a seis meses de prisión condicional por organizar una manifestación en el recinto del Hospital Universitario Joseph Ravoahangy Andrianavalona.

En julio y agosto, las autoridades hostigaron a tres periodistas por informar sobre “temas delicados”. Representantes gubernamentales escribieron a dos medios de comunicación para pedirles que sustituyeran a las periodistas Pauline Le Troquier y Gaëlle Borgia, después de que éstas sugirieran que la causa de unas 32 muertes tras una fiesta podría haber sido botulismo, cuestionando la versión oficial de que podría haberse tratado de un envenenamiento intencional. Durante una conferencia de prensa, el periodista Tsilaviny Randriamanga preguntó por un Boeing 777 registrado en Madagascar y hallado en Irán. A raíz de esa pregunta, el presidente del Senado emitió una declaración en la que insinuaba que Tsilaviny Randriamanga estaba “a sueldo” de la oposición al gobierno.

Tortura y otros malos tratos

En julio, el tribunal penal ordinario de Anosy impuso a un hombre declarado culpable de violar a una niña la pena de castración quirúrgica, castigo permitido por el Código Penal Revisado en los casos de violación de menores. Esa práctica vulneraba la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las autoridades continuaron promoviendo ese castigo como solución populista al alarmante aumento de los casos de violación de menores.

Impunidad

No se investigó la presunta ejecución extrajudicial de Jean Salomon Andriamamonjy, cometida en octubre de 2023 por las fuerzas de seguridad. Andriamamonjy había muerto tras sufrir una lesión en la cabeza en un campamento militar en el que había sido recluido tras liderar una protesta contra QIT Madagascar Minerals.

El Mecanismo Nacional de Prevención, organismo oficial establecido para investigar los casos de tortura y las ejecuciones extrajudiciales, siguió sin estar operativo durante el año. Los miembros de las fuerzas de seguridad que hicieron uso de fuerza excesiva y a menudo letal para dispersar protestas, incluidas las del movimiento Gen Z en septiembre y octubre, no rindieron cuentas de sus presuntos crímenes.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El nuevo gobierno prometió liberar a las personas encarceladas por haberse opuesto al gobierno anterior. En la práctica, las excarcelaciones, que comenzaron en octubre, no se limitaron a presos y presas políticos detenidos ilegítimamente, sino que se hicieron extensivas a personas recluidas por delitos comunes reconocibles que aún no habían terminado de cumplir sus penas.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las sobrevivientes de violencia por motivos de género, en particular las niñas, no recibían protección ni apoyo adecuados. No se destinaba a su cuidado ninguna partida del presupuesto público.

En el Parlamento no hubo avances relativos a un proyecto de ley de 2021, por lo que el aborto siguió siendo delito en todos los casos. Madagascar no ratificó el Protocolo a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África, adoptado por la Unión Africana en 2003. El texto contenía disposiciones que protegían los derechos reproductivos al autorizar el aborto en casos de agresión sexual, violación o incesto; cuando la prolongación del embarazo ponía en peligro la vida o la salud mental y física de la mujer embarazada, o en casos de malformación mortal del feto.

Discriminación

Los niños y niñas con albinismo seguían siendo objeto de secuestros y asesinatos provocados por ideas erróneas, supersticiosas y peligrosas sobre esa afección. Se tuvo noticia de que al menos cuatro menores de edad con albinismo habían sido secuestrados durante el año. En marzo se halló el cadáver de una niña de cuatro años. Le habían quitado partes del cuerpo, incluida la cabeza. No se detuvo a nadie por su asesinato.

En agosto, el Alto Tribunal Constitucional rechazó un proyecto de ley que podría haber reforzado los mecanismos de protección para las personas con albinismo, alegando incoherencias y ambigüedad en sus disposiciones.