Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La grave sequía en el sur del país tuvo efectos devastadores para una amplia diversidad de derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, al agua y al saneamiento. Al menos 2.747 personas presas fueron indultadas pero los centros de detención continuaron abarrotados y las condiciones seguían siendo deficientes. Se hostigó a profesionales de los medios de comunicación por informar de temas tales como la pandemia de COVID-19. La violencia por motivos de género, especialmente contra mujeres y niñas, era generalizada y el aborto seguía estando penalizado. La población LGBTIQ+ seguía sufriendo discriminación.
En junio, las fuerzas de seguridad dijeron que habían impedido una tentativa de asesinato contra el presidente Andry Rajoelina y otros miembros del gobierno, entre ellos el entonces ministro de Interior y Descentralización, el ministro de Defensa Nacional y la ministra de Comunicación y Cultura. Decenas de personas, entre las que había personal policial y militar, fueron investigadas por su implicación en la presunta tentativa de asesinato.
La región meridional de Madagascar padeció su peor sequía en 40 años. Más de un millón de personas estaban al borde de la hambruna y más de 14.000 vivían en condiciones equiparables a la hambruna.
La grave sequía afectó a la población del sur de Madagascar, que en su mayoría dependía de la ganadería, la pesca y la agricultura de subsistencia como principales fuentes de sustento. La capacidad de la población de disfrutar del derecho reconocido internacionalmente a un medioambiente limpio, saludable y sostenible —esencial para el disfrute de muchos otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, al agua y al saneamiento— se vio gravemente menoscabada.1
Los niños y niñas y las mujeres se vieron afectados de forma desproporcionada por la sequía. Algunos niños y niñas tuvieron que abandonar la escuela para ayudar a sus familias a conseguir alimentos. Las mujeres tuvieron que recurrir a mecanismos de afrontamiento negativos, como restringir la ingesta alimentaria de los miembros adultos de la familia para atender a las necesidades de los niños y niñas y preparar comidas más baratas y menos nutritivas para sus familias. Además, un número cada vez mayor de familias migraba a otras regiones para huir del hambre.
Los centros de detención adolecían de condiciones deficientes y hacinamiento. Las estadísticas de la administración penitenciaria indicaban que, en julio, unas prisiones cuya capacidad máxima era de 10.645 personas reclusas albergaban a 27.611 (incluidas 918 menores de edad), que padecían condiciones inhumanas. Miles de personas continuaban detenidas sin juicio. En julio, aproximadamente el 45% de la población penitenciaria, incluido el 77% de los reclusos menores de edad, se encontraba en espera de juicio.
En junio, el presidente Rajoelina conmutó las penas impuestas a 10.840 detenidos e indultó a un mínimo de 2.747 presos condenados, entre los que había personas condenadas por delitos menores a las que les quedaba por cumplir un máximo de tres meses de su pena, mujeres de más de 55 años y hombres de más de 60 que llevaban 10 o más años en prisión, y menores de edad que habían cumplido al menos la mitad de su pena.
El 22 de abril, una decisión interministerial dio lugar a la prohibición de las emisiones de radio y de medios audiovisuales en las regiones de Analamanga, Atsinanana, Sava, Boeny y Sofia por considerarse que eran “responsables de alterar el orden y la seguridad públicos y de perjudicar la unidad nacional”. La decisión fue revocada el 26 de abril tras la reacción de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
El gobierno hizo uso de la Ley 91-011 de 1991 —que debía ser aplicada únicamente en circunstancias excepcionales— para limitar la capacidad de los medios de comunicación de compartir información sobre la pandemia de COVID-19, excepto la información autorizada por el gobierno. Los periodistas que intentaron brindar información no autorizada por el gobierno fueron objeto de hostigamiento e intimidación.
El 30 de mayo, el Colectivo de Periodistas de Madagascar denunció el hostigamiento contra periodistas. Las autoridades policiales dijeron que la presencia de periodistas en las calles no estaba permitida durante el confinamiento asociado a la COVID-19. También en mayo, una periodista de Basy Vava fue objeto de hostigamiento y amenazas de enjuiciamiento por difamación pública tras haber publicado un artículo sobre presunta malversación de fondos públicos por una exdirectora de comunicación de la oficina de la Presidencia.
El 28 de septiembre, la organización Nifin’Akanga, que hacía campaña por la despenalización del aborto, publicó un informe basado en las conclusiones de un estudio nacional que había llevado a cabo. El informe destacaba que el 52,5% de los abortos tenían lugar en condiciones antihigiénicas al margen de los centros de salud, en lugares tales como las viviendas de las mujeres y las niñas o de quienes practicaban el aborto, y que el 31% de los abortos eran realizados por personas sin formación médica alguna. El informe señalaba que el aborto inseguro aumentaba el riesgo de complicaciones graves, como hemorragia, lesiones físicas, trauma psicológico e incluso la muerte. También revelaba que más del 90% de las mujeres y niñas no usaban métodos anticonceptivos, debido a la falta de acceso y a no haber recibido educación sexual, por lo que no estaban protegidas respecto a la posibilidad de embarazos no deseados.
El 19 de octubre se presentó en la Asamblea Nacional la proposición de ley 004-2021/PL para modificar el artículo 317 del Código Penal a fin de despenalizar el aborto. La ley tenía por objeto despenalizar el aborto cuando el embarazo representara un peligro para la vida de la mujer o la niña embarazada, en casos de malformación grave del feto y cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto.
Las organizaciones y los medios de comunicación locales informaron de un aumento del número de casos de violencia de género intrafamiliar durante la pandemia y el consiguiente incremento del número de personas que vivían en la pobreza.
La discriminación y estigmatización de las personas por su orientación sexual e identidad de género seguía siendo generalizada en la sociedad malgache. El 1 de julio, el Ministerio del Interior suspendió el acto anual de la comunidad LGBT previsto para el 3 de julio en la capital, Antananarivo. El director general de Cultura explicó la decisión del Ministerio, afirmó que “las actividades vinculadas a la homosexualidad no est[aba]n aún permitidas en Madagascar” y concluyó que “el acto ser[ía] cancelado por ser contrario a las buenas costumbres”.
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