Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Nadie compareció ante la justicia por el asesinato de Lipolelo Thabane y la tentativa de asesinato de Thato Sebolla, ocurridos en 2017. El Tribunal de Apelación concedió una indemnización por daños y perjuicios a un hombre que había sido torturado por la policía en 2015. La pandemia de COVID-19 provocó un aumento de la violencia de género. Además, tuvo efectos devastadores para el sistema de atención de la salud y aumentó las dificultades económicas para muchas personas.
El ex primer ministro Thomas Thabane fue acusado formalmente del asesinato de su esposa, Lipolelo Thabane, de la que estaba separado, y de la tentativa de asesinato de la amiga de ésta, Thato Sebolla, en 2017. El Tribunal Superior le informó de los cargos el 30 de noviembre. Thomas Thabane y su entonces esposa y ex primera dama, Maesaiah Thabane, eran los principales sospechosos en el caso. En febrero de 2020, Maesaiah Thabane fue acusada formalmente de asesinato, tentativa de asesinato y conspiración para asesinar. El Tribunal Superior de la capital, Maseru, le concedió la libertad bajo fianza, pero en julio de 2020 fue detenida de nuevo al ser revocado este fallo y luego volvió a quedar en libertad bajo fianza de 10.000 lotis (unos 700 dólares estadounidenses). En febrero de 2020, Thomas Thabane había tratado de obtener inmunidad procesal como primer ministro en ejercicio, pero esta causa fue abandonada al cesar en su cargo el mes de mayo siguiente. En agosto de 2021, Nqosa Mahao, que había sido relevado de su cargo de ministro de Justicia en abril, reveló que, a raíz de las investigaciones llevadas a cabo por la policía durante su mandato, se habían reunido pruebas suficientes para detener y acusar formalmente a Thomas Thabane por el asesinato de su esposa fallecida. Sin embargo, el director de la Fiscalía decidió no presentar cargos. En septiembre, fuentes policiales dijeron al periódico Lesotho Times que las injerencias políticas y otras formas de obstrucción de la justicia seguían dificultando los avances en el caso.
El gobierno utilizó la COVID-19 para justificar la prohibición de protestas, negando así a la población su derecho de reunión pacífica.
En mayo, el Tribunal de Apelación concedió 250.000 lotis (unos 17.500 dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios a Tšolo Tjela por la tortura a la que había sido sometido bajo custodia policial en la ciudad de Mafeteng en 2015. Según la sentencia, la indemnización cubría “la conmoción y el sufrimiento, las injurias y los gastos médicos”. El tribunal afirmó que la tortura de personas detenidas por agentes de policía era el factor responsable de “convertir el país en un Estado sin ley”, y culpó al director general de la policía de no impedir esos delitos. En noviembre de 2020, el presidente del Tribunal Superior había concedido a Tšolo Tjela 400.090 lotis (unos 28.000 dólares), cantidad que fue reducida por el tribunal de apelación.
La violencia por motivos de género, incluida la violencia intrafamiliar, siguió aumentando en el contexto de la COVID-19, sobre todo en las zonas rurales, donde más mujeres y niñas perdieron su empleo y tenían que depender de sus parejas masculinas para sobrevivir. El acceso de las mujeres a recursos legales en estas zonas era limitado, en parte por falta de información. En marzo, el Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/sida (ONUSIDA) informó de que una de cada tres mujeres había sufrido abusos de su pareja, y menos del 40% de las mujeres que sufrían violencia la denunciaban o buscaban ayuda.
Según una encuesta económica llevada a cabo por el Banco Mundial, las medidas de confinamiento a causa de la COVID-19 dieron lugar a pérdidas de empleos e ingresos que afectaron a la población en zonas urbanas y rurales. La desaceleración económica mundial trajo consigo una reducción de las remesas que enviaban personas del país que trabajaban en el extranjero, sobre todo en Sudáfrica, donde muchas trabajaban en empleos domésticos o en la minería. Esto provocó un aumento de las dificultades económicas.
Los efectos de la pandemia de COVID-19 seguían sometiendo a presión a un sistema de atención de la salud ya de por sí inadecuado. A principios de año, Lesoto salió de una segunda ola de contagios. Las vacunas seguían escaseando a mediados del año, y la campaña de vacunación tenía dificultades para cobrar impulso. Al terminar el año, sólo se había administrado la vacunación completa al 30,2% de la población, y aproximadamente el 30,5% había recibido una dosis. Desde el comienzo de la pandemia se habían registrado 31.106 casos de COVID-19 y 683 muertes relacionadas con el virus. El grupo chino Sinopharm, algunas compañías extranjeras y empresas multinacionales siguieron donando a Lesoto vacunas contra la COVID-19 y equipos de protección individual.
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