Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades detuvieron y enjuiciaron a personas críticas con el gobierno en aplicación de disposiciones jurídicas que penalizaban el discurso considerado ofensivo para el jefe del Estado. La población de la minoría bidun (apátrida) continuaba discriminada. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.
En febrero, el emir suspendió un mes las sesiones parlamentarias declarando que lo hacía para reducir la tensión entre el gobierno y el Parlamento. Entre los motivos de esta tensión figuraba un proyecto de ley de amnistía general para indultar a un grupo de exparlamentarios de la oposición condenados por participar en un protesta en 2011, así como la condena de un grupo de hombres tras un juicio injusto por cargos que incluían “espiar para Irán y Hezbolá”. El 8 de noviembre, el emir indultó y redujo las penas impuestas a 35 hombres, 11 de ellos exparlamentarios.
Las autoridades detuvieron y enjuiciaron a detractores del gobierno y activistas en aplicación de disposiciones de la Ley de Delitos Informáticos y del Código Penal por motivos como hacer comentarios considerados ofensivos para el emir.
En abril, el gobierno aprobó reformas del Código de Procedimiento Penal que impedían a las autoridades seguir ordenando la detención en espera de juicio en los casos relacionados con la libertad de expresión. No obstante, seguía siendo posible enjuiciar y, en última instancia, encarcelar a personas por expresar su opinión.
A finales de junio, el poeta Jamal al Sayer publicó unos tuits dirigidos al emir criticándolo por las tensiones entre el gobierno y el Parlamento. El 5 de julio, varios agentes de los Servicios de Inteligencia vestidos de civil lo detuvieron cuando regresaba en coche a su domicilio. Salió en libertad nueve días después, acusado de “insultar al emir, difundir noticias falsas con el objetivo de menoscabar el Estado y hacer un uso indebido de su teléfono”. El 9 de noviembre un tribunal penal lo absolvió.
A principios de noviembre, en el primer caso de estas características del que se tuvo información en 2021, la Agencia de Seguridad del Estado detuvo arbitrariamente a 18 hombres, 10 de ellos ciudadanos kuwaitíes, acusándolos de enviar dinero a Hezbolá en Líbano.1 Muchos fueron interrogados durante varios días sin acceso a asistencia letrada. Al término del año, los detenidos no habían sido aún acusados formalmente.
Hasta abril, Kuwait dio prioridad a la ciudadanía nacional en su campaña de vacunación contra la COVID-19, que comenzó en diciembre de 2020 y fue gratuita. Durante la primera mitad del año, se negó el acceso a las vacunas a la población extranjera y a los trabajadores y trabajadoras migrantes, que constituían hasta el 70% de la población; en julio se pusieron las vacunas a disposición de todas las personas.
Las personas bidun (apátridas) seguían sin poder acceder a diversos servicios públicos.
En el Parlamento se propusieron iniciativas de ley sobre la cuestión de la población bidun, pero ninguna de ellas se sometió a votación. En mayo, cinco parlamentarios presentaron una propuesta para otorgar a la población bidun derechos socioeconómicos básicos, incluido el acceso a educación, atención de la salud y trabajo. En septiembre, el presidente del Parlamento presentó un proyecto de ley sobre un anteproyecto de 2019 que, de aprobarse, haría depender el acceso a servicios de las personas bidun de que renunciasen a solicitar la nacionalidad.
El 1 de enero entró en vigor una decisión que prohibía la renovación del visado a migrantes mayores de 60 años que no poseyeran un título universitario. En octubre, un órgano asesor legislativo anuló la decisión, que podría haber motivado la expulsión de miles de personas, muchas de las cuales llevaban décadas viviendo en Kuwait. Posteriormente se introdujeron nuevas y polémicas normas que permitían la renovación del visado a cambio de una costosa cuota anual además de un seguro médico privado. Las personas de nacionalidad palestina, los hijos e hijas de mujeres kuwaitíes, y las personas nacidas en Kuwait estaban exentos del pago de la cuota.
Durante la pandemia de COVID-19, Kuwait impuso una prohibición de entrada a las personas extranjeras, incluidos los trabajadores y trabajadoras migrantes con permiso de residencia válido. El 1 de agosto, levantó la prohibición a quienes tuvieran un permiso de residencia válido y una pauta de vacunación completa contra la COVID-19 reconocida.
En uno de los pocos casos de rendición de cuentas de una persona responsable de abusos contra un trabajador o trabajadora migrante, el tribunal de apelación anuló a finales de mayo la condena a muerte que se había impuesto a una mujer kuwaití acusada de matar a su empleada, la trabajadora doméstica filipina Jeanelyn Villavende, y la redujo a 15 años de prisión. El tribunal confirmó la condena de cuatro años de prisión impuesta a su esposo kuwaití.
A principios de febrero, las mujeres kuwaitíes iniciaron su propio movimiento #MeToo contra el acoso sexual con el nombre “Lan Asket” (No van a silenciarme).
Durante el año, al menos dos mujeres fueron asesinadas. Una, bidun, murió violentamente a manos de su hermano. La otra, Farah Hamza Akbar, fue secuestrada en enero y retenida brevemente por Fahad Subhi Mohieddin Mohammed, que había estado acosándola. Aunque ella presentó una denuncia, él continuó en libertad tras firmar una promesa de no hacerle daño. El caso fue a juicio por cargos de secuestro. A mediados de abril, Fahad Mohammed la mató. El 6 de julio fue condenado a muerte por asesinato y, el 26 julio, condenado, además, a 15 años de prisión por secuestro. Fahad Mohammed recurrió ambas sentencias.
En mayo, dos mujeres, una de nacionalidad kuwaití y otra bidun, fueron detenidas por colocar en la calle unos letreros con las iniciales de mujeres víctimas de violencia de género y la forma en que murieron. Quedaron en libertad posteriormente.
El 3 de octubre, un tribunal penal declaró culpable a la mujer transgénero Maha al Mutairi en aplicación de la Ley sobre Comunicaciones de 2014 y del artículo 198 del Código Penal, que penalizaba “imitar al otro sexo de algún modo”, y la condenó a dos años de prisión y al pago de una multa por sus actividades en Internet en 2021. Fue encarcelada en la Prisión Central de Kuwait para hombres. Presentó un recurso de apelación contra la condena.
Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.
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