Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
El gobierno restringió las críticas a sus acciones y adoptó medidas para reprimir la libertad de reunión, arrestando a manifestantes en junio y agosto. La población bidun (personas apátridas nacidas en Kuwait) sufría discriminación en el acceso a la educación y la atención de la salud. Con todo, hubo avances positivos, como una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la ley que penalizaba “la imitación del sexo opuesto”, y como los esfuerzos del gobierno por contratar a más mujeres en el sector público.
Información general
En abril, el primer ministro y su gabinete dimitieron por la presión del Parlamento. En junio, el príncipe heredero Mishal al Ahmad al Jaber al Sabah anunció que iba a disolver el Parlamento elegido en 2020 y a convocar nuevas elecciones en virtud del artículo 107 de la Constitución. La familia gobernante designó a un nuevo primer ministro en julio y un nuevo gabinete en agosto. Las elecciones para el nuevo Parlamento se celebraron en septiembre.
Las autoridades detuvieron y enjuiciaron al menos a dos personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
En enero, las autoridades procesaron a Safaa Zaman, una experta en informática, por “socavar la reputación del Estado y poner en peligro las relaciones con países amigos” por afirmar en una entrevista en televisión que el almacenamiento de archivos de la administración pública en servidores de otros países suponía un riesgo para la seguridad de los datos. No obstante, los tribunales de primera instancia y de apelación absolvieron a Safaa Zaman en marzo y septiembre, respectivamente.
En marzo, la fiscalía interrogó al abogado AbdulAziz al Mutawwa durante días sin la presencia de asistencia letrada por el cargo de “insultar” a miembros de la familia gobernante en las redes sociales, y posteriormente dictó acta de acusación formal contra él. El juzgado de primera instancia lo absolvió.
En julio, el Ministerio de Inteligencia anunció que había ordenado el cierre de 50 cuentas de redes sociales —algunas de las cuales habían obtenido anteriormente la licencia de “periódicos electrónicos”— porque la Ley sobre Medios de Comunicación Electrónicos sólo permitía a las personas de nacionalidad kuwaití con “un expediente limpio y buena reputación” publicar electrónicamente contenido descrito como noticias o periodismo.
El gobierno ilegalizó la mayoría de las protestas y advirtió de que enjuiciaría a quienes se manifestaran, aunque en un caso no inició procesamientos.
La ley kuwaití sobre reuniones públicas prohibía todas las manifestaciones no autorizadas y cualquier manifestación de no kuwaitíes. El 24 de mayo, el Ministerio del Interior advirtió de que no había autorizado una manifestación convocada para el día siguiente en protesta por el estancamiento político en el Parlamento, y de que haría rendir cuentas ante la justicia a cualquier persona que participara en ella. Aun así, la manifestación se celebró y no se detuvo a nadie.
En junio, el gobierno expulsó a más de una decena de trabajadores migrantes indios, paquistaníes y bangladeshíes que habían celebrado una protesta espontánea pacífica en la calle en el barrio de Al Fahaheel contra unas declaraciones del gobierno de la India que ellos consideraban ofensivas para el islam.
El 30 de agosto, las autoridades abrieron investigaciones contra 21 personas —algunas de nacionalidad kuwaití y otras bidun— por su participación en una manifestación pacífica en favor de las personas bidun en la zona de Taima (gobernación de Al Jahra) el 26 de agosto, y las recluyeron entre 4 y 15 días; el 15 de septiembre, todas habían quedado en libertad bajo fianza, pero iban a ser juzgadas por participar en una manifestación no autorizada.1
Entre junio y septiembre, el gobierno incrementó la exclusión de las personas bidun de muchos servicios públicos que para la ciudadanía kuwaití eran gratuitos.
Desde junio hasta el inicio del nuevo curso escolar en septiembre, el gobierno prohibió matricular en cualquier escuela a los niños y niñas de familias bidun que no tuvieran una tarjeta válida del Sistema Central de Resolución de la Situación de los Residentes Ilegales. El 27 de septiembre, a raíz de las críticas públicas, revocó dicha decisión. La política cancelada provocó que los niños y niñas de las familias afectadas perdieran el inicio del curso escolar.
El gobierno seguía excluyendo del sistema público de educación —del que gozaban los hijos e hijas de las personas de nacionalidad kuwaití— a los niños y niñas bidun cuyas madres no fueran kuwaitíes o cuyos padres no trabajaran para el gobierno.
Desde junio hasta septiembre, el gobierno ordenó al Ministerio de Salud que no proporcionara atención sanitaria gratuita a la ciudadanía bidun kuwaití que no tuviera una tarjeta válida del Sistema Central. El 27 de septiembre, el gobierno anuló esta decisión y permitió de nuevo al Ministerio de Salud ofrecer atención primaria de salud a las personas bidun cuyas tarjetas hubieran caducado. Las personas bidun sin ningún tipo de tarjeta del Sistema Central no recibían atención sanitaria pública y afrontaban dificultades para obtener tratamiento en centros privados.2
La legislación de Kuwait continuaba discriminando a las mujeres, incluso en lo referente a la transmisión de la nacionalidad a sus hijos e hijas y a su custodia.
El gobierno tomó medidas positivas para aumentar la representación de las mujeres en la función pública y en los puestos de liderazgo contratando a más mujeres en el Ministerio de Salud y el sistema judicial. La cifra de mujeres designadas para ocupar niveles directivos superiores en el Ministerio de Justicia aumentó de 48 a 70 y, en agosto, el Ministerio de Salud informó de que el 60% de sus nuevas contrataciones de personal médico para hospitales públicos eran mujeres.
En agosto, el Ministerio del Interior anunció una nueva política en aplicación de la cual se inscribiría automáticamente en el censo electoral a todas las personas mayores de 21 años de nacionalidad kuwaití, lo que beneficiaba a las mujeres, ya que se garantizaba que no tendrían dificultades para inscribirse a causa de sus tareas domésticas ni de la presión ejercida por familiares varones.
Sin embargo, el gobierno no protegía adecuadamente a las mujeres víctimas de violencia de género intrafamiliar pues, por tercer año consecutivo, no abrió un refugio para mujeres, como establecía la ley kuwaití de 2020 sobre protección contra la violencia familiar.
Kuwait estableció nuevos obstáculos económicos y administrativos a la reunificación familiar de las personas trabajadoras migrantes, y continuó utilizando el sistema de patrocinio (kafala) para su contratación, lo que las exponía a un mayor riesgo de sufrir explotación.
En enero, el gobierno impuso una nueva tasa anual de 250 dinares kuwaitíes (más de 800 dólares estadounidenses) a la población migrante mayor de 60 años que quisiera permanecer en el país. La tasa suponía una importante carga económica para las personas trabajadoras migrantes de más edad cuyo empleador no cubriera los costes de residencia, y para las familias migrantes que tuvieran a su cargo en Kuwait a familiares mayores.
En junio, el gobierno suspendió indefinidamente los visados de visitante para familiares de personas trabajadoras migrantes y, en agosto, suspendió de manera definitiva la emisión de visados de residencia para familias migrantes.
Como medida positiva, en febrero el Tribunal Constitucional resolvió que la ley que penalizaba “la imitación del sexo opuesto”, que se había empleado para enjuiciar a personas transgénero, violaba la garantía constitucional de la libertad personal. Otras leyes todavía utilizaban un lenguaje impreciso para penalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.3
Kuwait no actualizó su contribución determinada a nivel nacional para la reducción de emisiones de carbono en 2022, y seguía siendo uno de los cinco mayores emisores de carbono per cápita, según datos del Banco Mundial.
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