Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar afrontaban dificultades para denunciar los abusos y recibir apoyo. Personas que se manifestaban pacíficamente fueron víctimas de violencia y la nueva Constitución menoscabó el derecho a la libertad de reunión pacífica. Periodistas y activistas que criticaban al gobierno sufrieron ataques en redes sociales y enjuiciamientos injustos. La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados, igual que la impunidad.
En mayo se aprobó en referéndum y se promulgó la nueva Constitución. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) expresaron preocupación por el papel “excesivamente prominente” del presidente, el debilitamiento de la función del Parlamento y los “posibles ataques a la independencia judicial”.
Los enfrentamientos entre residentes locales en la frontera de Kirguistán con Tayikistán en abril y mayo se saldaron con la muerte de al menos 36 nacionales de Kirguistán.
La pandemia de COVID-19 continuó afectando a la economía. El programa de vacunación sufrió retrasos debido a la escasez de vacunas y se vio obstaculizado por una distribución ineficaz de la ayuda humanitaria; aun así, más de un millón de personas ya habían recibido al menos una dosis vacunal en septiembre. En junio se estableció la vacunación obligatoria para todo el personal sanitario, y posteriormente para otras categorías —lo que fue motivo de controversia—, aunque no estaban claras las sanciones previstas para quienes se negaran.
La violencia de género en el ámbito familiar continuó siendo generalizada. Las sobrevivientes siguieron sin animarse a denunciar los abusos debido a su dependencia económica del agresor y por miedo al estigma social.
No hubo datos estadísticos exhaustivos ni homogéneos sobre la violencia de género intrafamiliar y los números variaban según los distintos organismos gubernamentales. En septiembre, el Ministerio del Interior había registrado 7.665 casos, un 30% más que en 2020.
Las mujeres con discapacidad encontraban mayores obstáculos para denunciar violencia de género intrafamiliar. En febrero, Almira Artykbek-kyzy pudo finalmente abandonar el domicilio familiar con ayuda de su hermano y denunciar los abusos sexuales y los malos tratos que había sufrido durante años por parte de algunos miembros de su familia. Aquejada de parálisis cerebral, había sido privada de educación y de su capacidad jurídica y en la práctica había estado prisionera en el domicilio familiar. Al final del año seguía abierta una causa penal contra sus familiares.
En julio, el presidente aprobó un nuevo documento titulado “Concepto sobre el desarrollo moral y espiritual y la educación física de las personas”, que instaba a los organismos estatales a promover los valores tradicionales y recomendaba a los medios de comunicación difundir los valores de una sociedad tradicional y los ideales de la familia.
El 16 de noviembre, la artista y escritora feminista Altyn Kapalova perdió un recurso final ante el Tribunal Municipal de Bishkek en su causa contra el Servicio Estatal de Registro para que los pasaportes de sus tres hijos llevaran los apellidos maternos en lugar de los paternos.
Agentes estatales y no estatales intimidaron a quienes se manifestaban pacíficamente contra la nueva Constitución y en favor de la igualdad de género.
El artículo 10 de la nueva Constitución permitía restringir actos contrarios a los “valores morales y éticos’’ o a “la conciencia pública’’, sin definir estos conceptos. Preocupaba al movimiento activista que este artículo se utilizara para restringir indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica.
En marzo, las autoridades municipales de Bishkek, la capital, consiguieron una orden judicial que prohibía todas las reuniones en el centro de la ciudad durante dos meses con el argumento de que las concentraciones molestaban a la población local, “causando sentimientos negativos y preocupación por la seguridad personal”. Un tribunal anuló la prohibición en abril a raíz de un recurso presentado por un movimiento de la sociedad civil.
En abril, una concentración pacífica de rechazo de la violencia contra las mujeres en Bishkek fue interrumpida por unos 200 hombres que hostigaron a las participantes. La policía no actuó para proteger a quienes se estaban manifestando pacíficamente.
Periodistas y activistas de la sociedad civil que criticaban a las autoridades fueron objeto de hostigamiento, intimidación y, en algunos casos, cargos infundados.
En febrero se desestimó la demanda por difamación contra un periodista y dos destacados medios de comunicación independientes, Radio Azattyk y Kloop, presentada por la familia de un ex alto cargo de aduanas que había sido juzgado y declarado culpable de corrupción.
En marzo, el activista de la sociedad civil Tilekmat Kurenov fue detenido y acusado formalmente de “convocar disturbios multitudinarios” —a través de sus publicaciones en redes sociales— y “pedir el derrocamiento violento del gobierno”. En abril fue puesto en arresto domiciliario y, el 20 de agosto, declarado culpable y condenado a un año y medio de prisión. Kurenov había sido uno de los organizadores de una concentración pacífica contra la nueva Constitución.
También en marzo, agentes del Comité de Estado para la Seguridad Nacional interrogaron a Kanat Kanimetov, periodista de Aprel TV, por su labor informativa sobre una investigación realizada por el Comité. En abril se interrogó y amenazó con un registro a sus familiares en su domicilio de Balikchi.
En agosto, el presidente firmó la entrada en vigor de la Ley de Protección frente a Información Falsa e Inexacta, en medio de expresiones de preocupación de que sus disposiciones restringían indebidamente el derecho a la libertad de expresión y podían impedir que se criticara a figuras públicas. La ley facultaba a órganos estatales —cuyos nombres no especificaba— a cerrar o bloquear sitios web por publicar información “falsa o inexacta” a raíz de cualquier denuncia de particulares o de entidades jurídicas.
La tortura y otros malos tratos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley aún eran generalizados y continuaban sin investigarse eficazmente. Según una encuesta publicada en julio por la Coalición de ONG contra la Tortura, el 35% de las personas sobrevivientes a la tortura habían sido objeto de esta práctica al ser interrogadas como sospechosas, el 28%, al ser interrogadas como testigos, y el 24%, mientras la policía comprobaba su identidad.
En marzo, en el caso de Sharobodin Yuldashev, el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió que Kirguistán no había llevado a cabo una investigación inmediata, efectiva e imparcial de sus denuncias de tortura. Sharobodin Yuldashev, de etnia uzbeka, había sido torturado por agentes de policía en julio de 2011 para que “confesara” delitos cometidos durante la violencia étnica desatada en el sur de Kirguistán en 2010. Los cuatro agentes responsables de su tortura, que en diciembre de 2011 habían sido acusados de abuso de autoridad y entrada ilegal en su domicilio, fueron absueltos en 2012. Sharobodin Yuldashev fue condenado a 16 años de prisión por participación en disturbios multitudinarios, destrucción de bienes, robo y toma de rehenes.
En julio se aprobó el nuevo Código de Procedimiento Penal junto con otras leyes. Defensores y defensoras de los derechos humanos expresaron preocupación por que el nuevo código obstaculizaba el trabajo de la defensa letrada y demoraba su acceso a las personas detenidas. Además, volvía a introducir un control adicional previo a la apertura de investigaciones criminales existente antes de 2017 que impedía investigar de inmediato las denuncias de tortura.
En mayo, el Servicio Penitenciario Estatal cerró su investigación sobre la muerte del preso de conciencia Azimjan Askarov en 2020 por complicaciones derivadas de la COVID-19. La ONG de derechos humanos Bir Duino recurrió con éxito la decisión y solicitó a la Fiscalía que trasladara la investigación al Comité de Estado para la Seguridad Nacional a fin de evitar un conflicto de intereses. Azimjan Askarov, defensor de derechos humanos de etnia uzbeka, había sido condenado a cadena perpetua en septiembre de 2010 tras ser torturado y sometido a un juicio injusto. Las numerosas voces internacionales que reclamaban su liberación y la preocupación expresada por el deterioro de su salud habían sido desoídas.
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