Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las personas que se manifestaban pacíficamente afrontaban severas restricciones. Se aprobaron nuevas normas de presentación de informes para las ONG que recibían financiación extranjera. Periodistas y activistas que criticaban al gobierno sufrieron ataques en redes sociales y enjuiciamientos infundados. Se emplearon varias leyes para limitar el derecho a la libertad de expresión e impedir las críticas de periodistas y medios de comunicación a figuras públicas. La violencia de género continuaba siendo sistémica y no se denunciaban todos los casos; rara vez se procesaba a los responsables. Las condiciones de reclusión no cumplían las normas mínimas de derechos humanos, lo que en algunos casos dio lugar a muertes bajo custodia.
Información general
En septiembre, los enfrentamientos entre la población y guardias fronterizos a ambos lados de la frontera con Tayikistán se saldaron con al menos 15 civiles kirguises muertos y decenas de heridos.
En marzo, la alcaldía de la capital, Bishkek, restringió los lugares de celebración de reuniones públicas prohibiéndolas en emplazamientos populares como las zonas aledañas al Parlamento, a la administración presidencial y a la embajada rusa. Ese mismo mes, las autoridades prohibieron todas las reuniones en el centro de Bishkek, salvo en un parque pequeño. Inicialmente, la restricción se justificó alegando que era temporal y necesaria “para prevenir y reprimir posibles disturbios interétnicos multitudinarios” en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Posteriormente se amplió hasta el 31 de diciembre y se aplicó a cualquier acción civil pública o concentración.
A pesar de las restricciones, se celebraron en Bishkek reiteradas protestas en favor de Ucrania. Durante las reuniones pacíficas y los piquetes de los días 5 y 17 de marzo, varias personas activistas y defensoras de los derechos humanos fueron detenidas por expresar solidaridad con Ucrania y protestar contra las restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de reunión pacífica. Se impusieron multas a cuatro personas por “desobedecer órdenes legítimas de la policía”. En cambio, el 7 de marzo, se permitió celebrar una concentración de apoyo a Rusia frente a la embajada de ese país; no se detuvo a ningún participante. En abril, la policía continuó deteniendo arbitrariamente a personas que protestaban de forma pacífica, incluso en el pequeño parque de Bishkek designado para la celebración de manifestaciones. Sólo el 2 de abril, la policía detuvo a 28 manifestantes, y presentó cargos administrativos contra 26. No obstante, un tribunal resolvió que no habían cometido delito alguno.
En octubre, las autoridades informaron de avances para acordar la delimitación de la frontera con Uzbekistán, aunque los detalles del acuerdo provocaron un gran descontento público. Un grupo de activistas convocó una asamblea pública tradicional (kurultai) en la localidad de Uzgen y formó un comité para oponerse al acuerdo y exigir transparencia. También se celebraron protestas en otros lugares. Las autoridades respondieron arrestando a 26 activistas por cargos infundados de “preparar disturbios masivos”. Al concluir el año, 24 de estas personas seguían detenidas en espera de juicio y 2 permanecían bajo arresto domiciliario.
El 22 de marzo, las autoridades tributarias aprobaron nuevas normas para que las organizaciones sin ánimo de lucro informaran del uso de fondos extranjeros. Se dio una semana de plazo a las ONG para que enviaran sus informes, que debían incluir datos sobre sus activos, fuentes de financiación y gastos.
Durante el año se restringió progresivamente la libertad de expresión, en particular la de personas que trabajaban en medios comunicación y la de quienes defendían los derechos humanos. En septiembre, el gobierno publicó un nuevo anteproyecto de ley que autorizaba la imposición de restricciones a los medios de comunicación en tiempos de guerra y de emergencia, incrementaba los requisitos de inscripción de los medios de comunicación y los ampliaba a los recursos online; además, obligaba a todos los medios de comunicación a volver a inscribirse en el plazo de dos meses desde la adopción de la ley. Al concluir el año, el anteproyecto todavía no se había aprobado.
La Ley sobre Protección frente a la Información Falsa de 2021 se empleó para seguir imponiendo restricciones a los medios de comunicación. En julio, el Ministerio de Cultura bloqueó el sitio web del periódico Res Publica después de que éste publicara información sobre presunto contrabando en un aeropuerto. El acceso a su sitio web permanecía bloqueado al terminar el año. El 26 de octubre, el Ministerio de Cultura bloqueó el acceso a los sitios web de Azattyk Media y del canal de televisión online Current Time. El 27 de octubre se congelaron las cuentas bancarias de Azattyk Media.
Las autoridades también emplearon los cargos penales de incitación al odio, desobediencia, disturbios o violencia para reprimir la libertad de expresión, actuando contra personal de medios de comunicación e impidiendo las críticas de periodistas y medios de comunicación a figuras públicas.
El 23 de enero, el periodista Bolot Temirov, de nacionalidad rusa y kirguís, fue detenido, registrado y acusado de posesión de drogas ilegales. El 20 de abril se lo acusó, además, de falsificar documentos y cruzar ilegalmente la frontera. En mayo se le retiró la nacionalidad kirguís. Con anterioridad, Temirov había publicado en su canal de YouTube una investigación sobre presunta corrupción en la exportación de petróleo. En septiembre fue absuelto de todos los cargos salvo del de falsificación, que había prescrito. No obstante, el 24 de noviembre fue deportado a Rusia.
El 3 de marzo, el director de Next TV, Taalaibek Duishenbiev, fue detenido por compartir una publicación en redes sociales de un exfuncionario de seguridad que afirmaba que Kirguistán había prometido apoyo militar a Rusia en su guerra contra Ucrania. En septiembre se le impuso una pena no privativa de libertad.
El 14 de agosto, Yrys Zhekshenaliev fue detenido por criticar en Facebook los planes del gobierno de explotar el depósito de minerales metalíferos de Zhetim-Too y acusado de llamar a la desobediencia activa de las peticiones legítimas de funcionarios del gobierno y a la participación en disturbios masivos. El 26 de octubre fue sometido a arresto domiciliario. Su juicio comenzó el 7 de diciembre y estaba en curso al terminar el año.
La violencia de género seguía siendo sistémica y no se denunciaban todos los casos. Las estadísticas sobre violencia de género intrafamiliar continuaron presentando datos agregados, lo que ocultaba la magnitud de la violencia contra grupos concretos, como las mujeres y niñas con discapacidad.
En agosto, un tribunal condenó a 2 policías y a un tercer hombre a 10, 15 y 8 años de cárcel, respectivamente, por violar reiteradamente a una niña de 13 años durante un periodo de casi 6 meses. También se les impuso el pago por cada uno de una indemnización de 100.000 soms (1.000 dólares estadounidenses). El caso fue ampliamente difundido y dio lugar a protestas en todo el país. Hubo distintas reacciones de altos cargos: solidaridad con la sobreviviente, lamentaciones porque el caso perjudicaba al turismo y críticas a los medios de comunicación por difundir el caso.
En julio, 27 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres escribieron una carta abierta al presidente en la que pedían medidas efectivas sobre la violencia contra las mujeres y destacaban problemas sistémicos en los sistemas de justicia penal y de aplicación de la ley. Se rechazó su petición de celebrar una reunión urgente.
En septiembre, el gobierno aprobó la Estrategia Nacional para Conseguir la Igualdad de Género, que se aplicaría hasta 2030, acompañada de un Plan Nacional de Acción para el periodo 2022-2024.
En octubre, el Centro Nacional de Prevención de la Tortura, órgano nacional encargado de aplicar la Convención de la ONU contra la Tortura, expresó preocupación por la elevada cifra de muertes en instituciones penitenciarias. Señaló que un tercio de los centros de detención preventiva estaban ubicados en sótanos húmedos, oscuros y mal ventilados. A falta de centros de detención preventiva en algunas regiones, se enviaba a las personas objeto de investigación a instalaciones temporales.
En junio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó preocupación por los planes del gobierno de disolver el Centro Nacional de Prevención de la Tortura, lo que debilitaba la prevención de la tortura en Kirguistán.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
