Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La policía usó fuerza excesiva y en ocasiones letal para dispersar manifestaciones. Además, mató ilegítimamente a 167 personas, entre ellas algunas arrestadas por incumplir las restricciones impuestas por la COVID-19, y sometió a 33 personas a desaparición forzada. Aumentaron los incidentes de violencia por motivos de género, principalmente contra mujeres y niñas. Los tribunales reafirmaron el derecho a la vivienda, pero los organismos gubernamentales incumplieron una moratoria presidencial de los desalojos establecida durante la pandemia. Un grupo de personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTI fue atacado en el campo de refugiados de Kakuma. Nadie compareció ante la justicia por el homicidio de la activista medioambiental Joannah Stutchbury, cometido en julio.
El gobierno continuó imponiendo el toque de queda y restricciones a la circulación y a las reuniones públicas, a fin de contener la propagación de la COVID-19.
En julio, las autoridades concedieron la nacionalidad a más de 1.649 miembros de la comunidad shona, y pusieron así fin a decenios de apatridia. Los shona migraron a Kenia desde el África Austral en 1959 como misioneros, pero, tras la independencia de Kenia en 1963, nunca fueron inscritos como ciudadanos. También se otorgó la nacionalidad a otras 1.200 personas de ascendencia ruandesa, migradas a Kenia para trabajar durante el periodo colonial, y a 58 personas de ascendencia asiática. En septiembre, el Parlamento reconoció a la comunidad pemba como comunidad indígena. Estas medidas se sumaban a los avances ya realizados por Kenia durante varios años para poner fin a la apatridia para todas las personas. En 2016, también se concedió la nacionalidad a 1.500 miembros de la comunidad makonde, que había migrado desde Mozambique.
La brutal respuesta de los agentes de policía a las protestas se saldó con violaciones de derechos humanos contra manifestantes. Aunque las normas relativas a la COVID-19 prohibían las protestas y las reuniones públicas, hubo varias manifestaciones espontáneas contra las medidas de contención, y la policía respondió a ellas empleando fuerza excesiva. Alex Macharia Wanjiku recibió disparos en Kahawa West, un asentamiento informal en el condado de Nairobi, cuando la policía dispersaba una manifestación contra los Servicios Metropolitanos de Nairobi. Las investigaciones de la Autoridad Independiente de Control de la Policía, un organismo civil independiente, sobre el incidente no habían concluido al terminar el año.
Las plataformas de redes sociales seguían siendo utilizadas por activistas para plantear problemas de gobernanza. Aunque en gran medida la libertad de expresión en Internet no estaba restringida, la policía arrestó el 6 de abril al defensor de los derechos humanos Edwin Mutemi wa Kiama por criticar en Twitter el endeudamiento público.1 Este defensor quedó en libertad bajo fianza de 500.000 chelines kenianos (unos 4.488 dólares estadounidenses) el 7 de abril y, en espera de la investigación, se le ordenó presentarse a diario ante la Dirección General de Investigación Criminal y no realizar ningún comentario en las redes sociales sobre la sostenibilidad de la deuda de Kenia. El 20 de abril fue puesto en libertad incondicional al considerarse que no había suficientes pruebas de que hubiera vulnerado el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido de la Informática y Delitos Cibernéticos de 2018.
En julio, la destacada activista medioambiental Joannah Stutchbury, de 67 años, murió abatida a tiros en su casa situada en el condado de Kiambu, en las afueras de la capital, Nairobi.2 Había recibido amenazas de muerte aparentemente relacionadas con las campañas contra la construcción de edificios en el bosque de Kiambu. Aunque el presidente ordenó a la Dirección General de Investigación Criminal acelerar la investigación sobre su muerte, no se arrestó ni procesó a ningún sospechoso.
En mayo, el Ministerio de Servicios Públicos, Género y Asuntos de la Juventud informó de que desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 se habían multiplicado por cinco los casos de violencia de género, principalmente contra mujeres y niñas, identificando en particular las agresiones físicas, la violación, el intento de violación, el asesinato, la “corrupción de menores”, los daños físicos y la violencia psicológica. El incremento ocurrió en un contexto de periodos de confinamiento prolongado, de aumento de la desigualdad y de falta de apoyo a la salud mental.
Los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, reafirmaron el derecho a la vivienda y condenaron los desalojos forzosos en varios casos anteriores a la pandemia.3 En enero, el Tribunal Supremo falló que, en ausencia de viviendas accesibles y adecuadas, el gobierno debía proteger los derechos y la dignidad de quienes vivían en asentamientos informales. En julio, el Tribunal Supremo se pronunció finalmente sobre el desalojo de residentes que había tenido lugar en 2013 en City Carton (un asentamiento informal en Nairobi), junto al Centro Educativo Moi y la Inspección General de la Policía. El Tribunal consideró que ese desalojo forzoso vulneraba derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana, la seguridad de la persona y las viviendas accesibles y adecuadas, garantizados por la Constitución.
Los organismos gubernamentales incumplieron una moratoria presidencial de los desalojos establecida durante la pandemia. Además, se llevaron a cabo desalojos sin respetar el debido proceso, incluida la adecuada notificación. En febrero, 3.500 personas residentes en Kibos (condado de Kisumu) fueron desalojadas con violencia por la Compañía Ferroviaria de Kenia, sin aviso previo. Unos policías armados utilizaron gas lacrimógeno para obligar a las personas residentes a salir de sus casas. Un niño de dos años que quedó atrapado bajo los escombros murió durante el desalojo. En agosto, el Tribunal Superior resolvió que la Compañía Ferroviaria de Kenia había vulnerado los derechos de la comunidad e incumplido los procedimientos administrativos imparciales. La sentencia prohibió futuros desalojos forzosos de esa comunidad si no se ofrecían opciones de reasentamiento alternativas. Las personas residentes pertenecían a la comunidad minoritaria nubia reasentada en Kibos en 1938. Desde esa fecha, el Estado no había realizado ningún intento de garantizar la seguridad jurídica de tenencia allí a esas personas que durante decenios habían luchado por que se les reconociera dicha situación.4
En octubre, la policía supervisó desalojos en Deep Sea y Mukuru kwa Njenga, asentamientos informales en Nairobi, a fin de allanar el camino para la construcción de carreteras, y dejó sin hogar a cientos de residentes. Aunque las autoridades afirmaban que habían avisado con suficiente antelación, el gobierno al parecer no había proporcionado alternativas de asentamiento adecuadas ni indemnizaciones a las personas residentes, y había incumplido su obligación de garantizar el acceso a alojamiento, como dictaban los tribunales.
En marzo, aduciendo un aumento de la inseguridad y de los costes de mantenimiento, el gobierno lanzó un ultimátum de 14 días al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, afirmando que, si ese organismo no cerraba los campos de refugiados de Kakuma y Dadaab, se adoptarían medidas para devolver a las personas refugiadas a sus países de origen.5 Los campos albergaban a unas 512.000 personas refugiadas, aproximadamente la mitad de ellas de Somalia. Las personas refugiadas, incluidas las LGBTI, expresaron temor por regresar a países de los que habían huido para buscar seguridad en Kenia. El 30 de abril, tras una reunión con el ACNUR, el gobierno de Kenia aplazó hasta junio de 2022 el cierre del campo de refugiados de Dadaab, retractándose de su postura inicial de cierre inmediato.6
En los campos de Kakuma y Dadaab había unas 1.000 personas refugiadas LGBTI que no recibían protección adecuada frente a los ataques homófobos. A finales de marzo, unos individuos no identificados atacaron el alojamiento de personas refugiadas LGBTI en el campo de Kakuma, lanzando un cóctel molotov sobre sus casas. Dos refugiados LGBTI sufrieron quemaduras de segundo grado en aproximadamente la mitad de su cuerpo y fueron evacuados a Nairobi para recibir atención médica especializada. Uno de ellos, Chriton Atuhwera, de 22 años, murió el 12 de abril. El joven, también conocido como Trinidad, había huido a Kenia desde Uganda, donde sufría persecución a causa de su sexualidad.7
Aunque el coste de vacunar contra la COVID-19 a la población adulta era equivalente al 1% del presupuesto anual del país (38.329.600.000 chelines kenianos, unos 350 millones de dólares estadounidenses), sólo el 15% de esa población tenía la pauta completa de la vacuna. Aunque el aprovisionamiento de vacunas comerciales seguía siendo un desafío para Kenia, el gobierno no se comprometió en modo alguno a destinar recursos suficientes a las vacunas en el presupuesto anual para el periodo 2021-2022.
Durante el año, la policía mató a 167 personas y sometió a desaparición forzada a 33. Sólo se iniciaron 28 procesamientos de presuntos autores de homicidios ilegítimos y desapariciones forzadas. En abril, un agente de policía sospechoso de múltiples homicidios arrestó y mató a un joven de Mathare (un asentamiento informal de Nairobi), conocido como Collins. El cuerpo se llevó al depósito de cadáveres de la ciudad de Nairobi. Las autoridades no investigaron el crimen.
En junio, Erick Achando, un conductor de mototaxi de 28 años, fue arrestado en el condado de Kisii por incumplir el toque de queda. Murió pocos días después en un calabozo policial tras no poder pagar una multa de 8.000 chelines kenianos (unos 71 dólares estadounidenses). La policía afirmó que había muerto a causa de una enfermedad. Dos agentes de policía fueron arrestados y acusados de su asesinato después de una investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos del Servicio de Policía Nacional, y de que un informe de la autopsia confirmara que el joven había muerto debido a lesiones en la cabeza tras ser golpeado con un objeto contundente.
Al término de una indagación,8 el jefe de policía David Kibet Rono fue arrestado y acusado en julio del asesinato, cometido en 2015, de Nura Malicha Molu, de 20 años, que murió abatido a tiros en la urbanización residencial de Huruma Estate, en Nairobi. El presunto homicida afirmó haber actuado en defensa propia, pero la investigación concluyó que David Kibet Rono no había supuesto ningún peligro para el policía. La decisión se produjo cinco años después de que la Autoridad Independiente de Control de la Policía comenzara a investigar el homicidio y hallara incoherencias, incluso entre los diversos testimonios de agentes de policía. Por ejemplo, los agentes no presentaron pruebas materiales para su análisis, incluida el arma que se decía que pertenecía a Nura Malicha Molu.
En agosto, los cuerpos de los hermanos Benson Njiru y Emmanuel Mutura Ndwiga, de 22 y 19 años, respectivamente, fueron hallados en el depósito de cadáveres del hospital de nivel 5 de Embu dos días después de ser arrestados por agentes de la comisaría de policía de Manyatta, presuntamente por incumplir el toque de queda. Un total de seis agentes sospechosos de implicación en los asesinatos fueron arrestados y acusados por recomendación de la Autoridad Independiente de Control de la Policía. Quedaron en libertad bajo fianza de 3 millones de chelines kenianos (unos 26.291 dólares estadounidenses) el 4 de noviembre, y se les prohibió entrar en el condado de Embu para evitar cualquier posible injerencia relativa a las pruebas y los testigos.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
