Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

La policía empleó fuerza excesiva y en ocasiones letal para disolver protestas. Continuaron las violaciones del derecho a la vida. Más de un centenar de personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo; el presidente entrante disolvió una unidad policial que, según afirmó, era responsable de estos homicidios. Millones de personas padecieron hambre debido a la prolongada sequía. El gobierno siguió esforzándose por proteger los derechos económicos y sociales, incluido el derecho a la vivienda y a la salud. Se tomaron medidas para hacer efectivos los derechos de las mujeres y las niñas. El Tribunal Superior encomendó al Parlamento la promulgación de disposiciones legales para permitir el aborto en algunas circunstancias.

Información general

El Tribunal Supremo confirmó a William Ruto como presidente tras unas disputadas elecciones. La toma de posesión del cargo tuvo lugar el 13 de septiembre.

Libertad de expresión y de reunión

El 9 de abril, los activistas Anthony Kanyiri, Minoo Kyaa, Nahashon Kamau y Clinton Ojiambo fueron detenidos en Kasarani por protestar contra el elevado costo de la vida. Fueron acusados formalmente de reunión ilegal y resistencia a la detención, y más tarde quedaron en libertad tras pagar una fianza en efectivo.

Uso excesivo de la fuerza

El 2 de junio, unos agentes de la Unidad de Servicios Generales mataron a 4 manifestantes e hirieron a otros 7 en Masimba, condado de Kajiado.¹ La manifestación se había organizado contra la inacción del Servicio de Fauna y Flora de Kenia a la hora de gestionar la presencia de elefantes después de que uno de estos animales matara a Felix Kilapae Moloma, profesor de 27 años. Los agentes de policía abrieron fuego contra las personas que se manifestaban en la carretera Nairobi-Mombasa, y dijeron que habían respondido a manifestantes que les lanzaban piedras. El ministro del Interior y de la Coordinación del Gobierno Nacional ordenó que el inspector general de la Policía investigara los homicidios, pero al terminar el año no se había facilitado más información al respecto.

Derecho a la vida y a la seguridad de la persona

Elizabeth Ekaru, defensora de los derechos humanos y miembro del Grupo Comunitario de Observación de Género de Isiolo, murió en el condado de Isiolo el 3 de enero tras una supuesta disputa por tierras. Se detuvo a un sospechoso y se formularon cargos en su contra. La causa seguía abierta al terminar el año.

Sheila Lumumba fue hallada muerta en su casa de Karatina, condado de Nyeri, el 17 de abril de 2022. El informe del patólogo indicó señales de violación, fracturas de miembros y múltiples heridas de arma blanca en las zonas del cuello y el pecho. Se detuvo a dos sospechosos, uno de los cuales estaba siendo juzgado. Durante el periodo de las elecciones presidenciales, Wafula Chebukati, presidente de la Comisión Electoral y de Circunscripciones Independiente, se quejó de intimidación, perfilación, secuestro y hostigamiento de agentes electorales y organismos de seguridad. Daniel Mbolu Musyoka, presidente de mesa electoral de la circunscripción de Embakasi Este, desapareció el 11 de agosto y fue hallado sin vida cuatro días después.² El director de la Fiscalía ordenó al inspector general de la Policía que investigara la desaparición y el homicidio en el plazo de siete días. El 19 de octubre se detuvo y procesó a cuatro hombres en relación con el homicidio. Una mujer que estaba en posesión del teléfono de la víctima accedió a testificar ante el tribunal.

Ejecuciones extrajudiciales

Según la coalición Voces Desaparecidas, que agrupaba a organizaciones de derechos humanos y de la que formaba parte Amnistía Internacional Kenia, 128 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por la policía en 2022. En enero se recuperaron 37 cadáveres del río Yala, en el oeste del país. Los cuerpos presentaban heridas, incluidos cortes profundos y dedos amputados, y algunos parecían haber sido asfixiados cubriéndoles la cabeza con bolsas de polietileno; la mayoría estaban irreconocibles debido a su avanzado estado de descomposición.³ Unos agentes de la Unidad de Servicios Especiales, adscrita al Servicio de Policía Nacional, eran sospechosos de haber interrogado a algunas de las víctimas antes de su muerte o habían sido vistos acompañándolas. Algunas de las víctimas eran sospechosas en asuntos penales, otras habían ganado casos contra el Servicio de Policía Nacional, y otras carecían de antecedentes penales. En el momento de descubrirse los cadáveres no se hizo pública información sobre ninguna amenaza de seguridad nacional inminente o en curso.

El 16 de octubre, el presidente disolvió la Unidad de Servicios Especiales, señalando que era responsable de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Kenia. Además señaló que, para restablecer la seguridad, esa unidad policial había recurrido a matar a personas en vez protegerlas. Después de esto se detuvo a nueve sospechosos en relación con los cadáveres hallados en el río Yala. La causa seguía abierta al terminar el año.

El 22 de julio, el Tribunal Superior declaró a los agentes de policía Fredrick Leliman, Stephen Cheburet y Sylvia Wanjiku y al informante de la policía Peter Ngugi culpables del asesinato de Willy Kimani, de su cliente Josephat Mwenda y del taxista de ambos, Joseph Muiruri, cometido el 23 de junio de 2016. Willy Kimani era un abogado de derechos humanos que trabajaba con Misión Internacional de Justicia. Los asesinatos se habían cometido cuando las víctimas salían de los tribunales de Mavoko, en el condado de Machakos.

Desalojos forzosos

El gobierno no reasentó a 18.988 familias que habían sido desalojadas forzosamente del asentamiento informal de Mukuru Kwa Njenga, en la capital, Nairobi. En enero, el entonces presidente Uhuru Kenyatta pidió disculpas por la demolición de sus casas, llevada a cabo en noviembre de 2021 a fin de habilitar espacio para la construcción de una autopista que llevara al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta.

Para mitigar la persistente escasez de viviendas en Kenia, el nuevo gobierno del presidente William Ruto se comprometió a aumentar la oferta de nuevas viviendas a 250.000 unidades al año, y el porcentaje de viviendas asequibles del 2% al 50%. El 8 de diciembre comenzó la construcción de 5.300 viviendas en Mavoko, condado de Machakos. El presidente prometió reforzar las alianzas con autoridades locales e inversores privados para crear más viviendas asequibles.

Derecho a la alimentación

En febrero se expresaron protestas en las redes sociales por el aumento del precio de los alimentos y el elevado costo de la vida. En diciembre, la inflación había alcanzado el 9,5%, impulsada por las subidas de precios de los alimentos. La guerra en Ucrania afectó a los precios de los alimentos porque, según la Autoridad de Agricultura y Alimentación, el 90% del trigo que se consumía en Kenia se importaba de Rusia y Ucrania antes de que estallara la guerra. Los costos de los fertilizantes también habían aumentado un 70% desde 2021, incremento atribuido a alteraciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia de COVID-19.

Se sabe que el cambio climático ha dado lugar a condiciones meteorológicas extremas como las experimentadas en el norte de Kenia, donde no llovió por tercer año consecutivo en lo que se consideraba la peor sequía registrada en el Cuerno de África en 40 años.⁴ Casi 652.960 niños y niñas menores de 5 años y 96.480 mujeres embarazadas y lactantes padecían malnutrición aguda, según cifras oficiales de junio. El 8 de septiembre, el entonces presidente Uhuru Kenyatta declaró desastre nacional la sequía en el norte del país, donde seguían padeciendo hambre 4 millones de personas, de las que 3,1 millones sufrían inseguridad alimentaria aguda.

Derecho a la salud

Sólo 9,35 millones de habitantes de Kenia habían recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, a pesar del compromiso del gobierno de vacunar a 19 millones de adultos antes del final de junio y a toda la población adulta (27 millones de personas) para diciembre. El desfase se debía en parte a la caducidad de las vacunas tras demorar el gobierno la administración de 840.000 dosis donadas a Kenia.

El 21 de junio, el entonces presidente Uhuru Kenyatta sancionó con su firma la Ley de Salud Mental (Enmienda) de 2022, cuyo objetivo era garantizar que todas las personas con necesidades de salud mental recibieran el más alto nivel posible de atención, de conformidad con la Constitución.

Derechos de las mujeres

En las elecciones de agosto resultaron elegidas 7 gobernadoras, 3 senadoras y 26 mujeres miembros de la Asamblea Nacional. Otras 100 mujeres fueron elegidas miembros de asambleas de condado. Además, el presidente William Ruto nombró a 7 mujeres para cargos de ministra y a 3 para funciones ministeriales, con lo que la representación femenina aumentó en 3 personas. Sin embargo, el número de nombramientos era menos de la mitad de las 22 mujeres ministras que Ruto había prometido en virtud de la Carta de la Mujer antes de las elecciones.

Derechos sexuales y reproductivos

El 24 de marzo, el Tribunal Superior de Malindi falló que la policía había violado el derecho de una menor (identificada como PAK) a la intimidad y a la confidencialidad entre médico y paciente tras ser detenida y acusada en virtud de lo dispuesto en el Código Penal de “practicarse un aborto”. En 2019, un médico había examinado a PAK en un centro de salud de Malindi y había concluido que la menor había sufrido un aborto espontáneo. El médico le realizó una evacuación manual por vacío después de la cual unos policías vestidos de civil irrumpieron en el centro médico y detuvieron a PAK y al doctor. PAK llevó su caso ante el Tribunal Superior para impugnar la interpretación de las disposiciones del Código Penal que tipificaban como delito el aborto, basándose en su derecho a la vida, reconocido en la Constitución, y por entender que debía gozar de acceso al nivel más alto posible de salud, del derecho a no sufrir tortura ni tratos inhumanos y del derecho a la intimidad.

El tribunal falló que el derecho al aborto estaba consagrado en la Constitución, pero señaló que las disposiciones del Código Penal tipificaban como delito esta práctica y no reconocían ningún motivo que la permitiera. El tribunal encomendó al Parlamento la promulgación de una ley y un marco de política pública que contemplasen el aborto en algunos casos, de conformidad con el derecho a la vida.

1. Kenya: Killing of four protestors by police in Masimba, Kajiado County, 3 de junio
2. Kenya: Intimidation of IEBC officials and the murder of Daniel Musyoka, 18 de agosto
3. Kenya: Statement on the discovery of over 30 bodies in the Yala River, Siaya County, 22 de enero
4. Kenya: Missed Opportunities. A Human Rights Scorecard on the Jubilee Administration and Lessons for the Next Government, 13 de julio