Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las entidades empleadoras silenciaron al personal sanitario y de cuidados que expresaba preocupación por las condiciones de trabajo en las residencias durante la pandemia de COVID-19. Se negó el contacto significativo con el mundo exterior a las personas mayores en residencias. Persistía la violencia contra las mujeres y no se abordaron los obstáculos para acceder al aborto. El Parlamento no extendió la protección contra los delitos de odio a las personas que eran objeto de ataques por su género, identidad de género u orientación sexual. Las personas migrantes en situación irregular seguían expuestas a sufrir explotación y abusos. Continuó la cooperación con Libia en materia de migración a pesar de los abusos. Las autoridades siguieron criminalizando la solidaridad con las personas refugiadas y migrantes en las fronteras. La tortura seguía siendo motivo de preocupación.
En julio, el gobierno amplió hasta el final del año el estado de excepción para combatir la pandemia de COVID-19. En septiembre, el gobierno también hizo obligatorio para acceder a lugares de trabajo públicos y privados poseer el “certificado verde COVID-19” como prueba de vacunación, de recuperación de la COVID-19 o de un resultado negativo en la prueba de COVID-19. Dichas medidas provocaron manifestaciones en algunas ciudades. En Roma, las protestas se tornaron violentas cuando cientos de personas lideradas por dirigentes de un partido de extrema derecha saquearon la sede nacional del principal sindicato de izquierdas.
El personal sanitario y de cuidados que expresó preocupación por la precariedad y la falta de seguridad de las condiciones de trabajo en las residencias durante la pandemia de COVID-19 fue objeto de actuaciones disciplinarias injustas y temió represalias de sus entidades empleadoras. En lugar de abordar sus preocupaciones relativas al uso de equipos de protección individual y a la cifra real de casos de COVID-19 en las residencias, las entidades empleadoras utilizaron despidos injustos y medidas antisindicales para silenciarlo.1
En mayo, un tribunal laboral de Milán declaró injusto el despido de un trabajador subcontratado que había denunciado violaciones de las normas de salud e higiene en marzo de 2020 en una residencia privada. El tribunal reconoció que sus revelaciones eran de interés público para prevenir muertes.
Se siguió vulnerando en las residencias el derecho de las personas mayores a la vida privada y familiar con aislamientos prolongados que provocaron un deterioro de su salud física y mental. Aunque en mayo se permitió la reanudación de las visitas de familiares que tuvieran un certificado COVID-19 y en septiembre la legislación sobre el denominado “certificado verde” reconoció el derecho a las visitas diarias, muchas residencias privadas y públicas siguieron negando a las personas mayores tener contactos significativos con el mundo exterior.
Al finalizar el año no se había establecido una comisión de investigación sobre la respuesta de las autoridades a la COVID-19 en las residencias.
El índice de violencia contra las mujeres continuaba siendo elevado. Un total de 102 mujeres perdieron la vida en incidentes de violencia de género en el ámbito familiar, 70 de ellas a manos de su pareja o de su expareja. En diciembre, el gobierno aprobó un proyecto de ley para reforzar las medidas de prevención de la violencia contra las mujeres y de la violencia de género en el ámbito familiar. Entre dichas medidas figuraban el acceso a compensación provisional temprana durante las investigaciones penales para las víctimas que denunciaran abuso, y facultades más amplias para que las autoridades adoptaran medidas de vigilancia y coercitivas contra los perpetradores.
El acceso al aborto seguía estando obstaculizado debido al número persistentemente elevado de personal médico y sanitario que se negaba a practicar servicios de aborto.
En octubre, el Senado bloqueó un proyecto de ley destinado a combatir la discriminación y la violencia por motivos de sexo, género, orientación sexual, identidad de género y discapacidad. Dicho proyecto de ley habría extendido a las personas LGBTI, a las mujeres y a las personas con discapacidad las mismas protecciones de que disponían las víctimas de discursos y delitos de odio por motivos racistas, religiosos, étnicos y nacionalistas.
Al concluir el año, se estimaba que al menos 300.000 personas migrantes seguían indocumentadas, lo que les dificultaba disfrutar de sus derechos y las dejaba expuestas a sufrir abusos. La medida de regularización adoptada en 2020, cuyo propósito era garantizar que las personas en situación irregular pudieran obtener la residencia, permiso de trabajo y acceso a servicios de salud durante la pandemia, tuvo resultados limitados, según los datos disponibles al terminar el año. En agosto había unas 60.000 personas que habían obtenido algún tipo de documentación —alrededor de una cuarta parte de las 230.000 que la habían solicitado—, mientras que seguían pendientes decenas de miles de solicitudes. En mayo, un sindicato de base convocó una huelga nacional de trabajadores y trabajadoras migrantes del sector agrícola para protestar por las deficiencias de la medida de regularización.
Muchas personas en situación irregular seguían sin estar vacunadas a pesar de las medidas adoptadas por algunas autoridades para llegar a ellas. En septiembre, el gobierno anunció un plan para vacunar, de manera voluntaria, a personas refugiadas y migrantes a su llegada a puntos críticos y centros de recepción.
Miles de personas migrantes seguían trabajando en condiciones de explotación y viviendo en condiciones inadecuadas en asentamientos informales. También estaban expuestas a sufrir ataques racistas y xenófobos. En abril, tres trabajadores africanos que iban en automóvil cerca de sus casas en Rignano, Foggia, fueron tiroteados desde otro automóvil. Dos de ellos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Las autoridades abrieron una investigación. En octubre, tras realizar una visita, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos señaló que los trabajadores y trabajadoras migrantes empleados en los sectores agrícola, textil y logístico estaban atrapados en un ciclo de explotación, servidumbre por deudas y abusos contra los derechos humanos.
En enero, el Tribunal Civil de Roma declaró ilegal la expulsión de un ciudadano paquistaní a Eslovenia y posteriormente a Croacia y Bosnia. El juez falló que la práctica de las denominadas “readmisiones informales”, llevadas a cabo sobre la base de un acuerdo bilateral con Eslovenia, infringían la legislación nacional y el derecho internacional de los derechos humanos.
Tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán, Italia evacuó a 4.890 personas afganas.
En abril, el Garante nacional de los derechos de las personas detenidas o privadas de libertad publicó un abrumador informe sobre las visitas que había realizado a 10 centros de repatriación entre 2019 y 2020. El Garante criticó los vacíos legislativos y de regulación que obstaculizaban la protección de las personas, y las condiciones de reclusión gravemente inadecuadas.
En mayo, Moussa Balde, de Guinea, se suicidó mientras estaba detenido en el centro de repatriación de Turín; era la sexta muerte ocurrida en uno de esos centros desde junio de 2019. Las autoridades dieron prioridad a su proceso de expulsión por encima de su salud, pese al hecho de que acababa de sobrevivir a un ataque violento de tres ciudadanos italianos. El ala de aislamiento en la que estuvo recluido se cerró en septiembre por recomendación del Garante.
Al terminar el año, 32.425 personas refugiadas y migrantes habían sido capturadas en el mar por guardacostas libios —con el respaldo de Italia y la Unión Europea— y devueltas a Libia; era, con diferencia, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Italia continuó brindando apoyo a las autoridades libias para contener a las personas refugiadas y migrantes en ese país a pesar de los numerosos indicios de abusos constantes contra ellas.
Los programas de evacuación italianos desde Libia siguieron beneficiando a muy pocas personas solicitantes de asilo: en junio fueron trasladadas a Italia 45 y, en noviembre, 93.
En julio, se prorrogó otro año el despliegue de personal militar y civil italiano en Libia para dar apoyo a las autoridades libias de control de fronteras. Las autoridades italianas siguieron proporcionando a Libia recursos imprescindibles para las interceptaciones marítimas, incluido un nuevo centro de coordinación marítima entregado en diciembre.
Pese a ello, al concluir el año, más de 67.477 personas (incluidos más de 9.699 niños y niñas no acompañados) habían llegado a Italia por mar, en su mayoría desde Libia y Túnez, lo que suponía un incremento respecto a las 34.154 llegadas en 2020. Las muertes de personas refugiadas y migrantes en el Mediterráneo también aumentaron y alcanzaron la cifra de 1.553 al finalizar el año, frente a 999 en 2020.
En octubre, un tribunal de Nápoles condenó a un año de cárcel al capitán del barco mercante Asso Ventotto, que en 2018 había rescatado a más de 100 personas, incluidos niños y niñas, y las había devuelto ilegalmente a los guardacostas libios.
En diciembre, el Tribunal de Casación anuló la sentencia condenatoria dictada contra dos hombres africanos que habían protestado contra el intento de devolverlos a Libia por parte de la tripulación del Vos Thalassa, el buque mercante que los había rescatado, declarando que su conducta estaba justificada por la necesidad de protegerse a sí mismos y a las otras 65 personas rescatadas.
Las autoridades continuaron reprimiendo —tanto a través de la legislación penal como de medidas administrativas— las actividades de personas y organizaciones que ayudaban a las personas refugiadas y migrantes en las fronteras.
En septiembre, el tribunal de Locri condenó a Mimmo Lucano, exalcalde de Riace, en Calabria, a 13 años y 2 meses de prisión por mala administración y malversación pese a que la Fiscalía había reconocido que no se había lucrado con dicha conducta. Durante muchos años, el exmandatario había organizado un sistema de recepción hospitalario para personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo. La pena impuesta prácticamente doblaba la solicitada por la Fiscalía.
Continuaron las causas judiciales contra ONG de rescate en Sicilia. La Fiscalía acusó formalmente a 21 personas pertenecientes a las tripulaciones del Iuventa y de embarcaciones de Médicos Sin Fronteras y Save the Children de “facilitación de la migración irregular”, en relación con operaciones de rescate efectuadas en 2016 y 2017.2
Las autoridades continuaron empleando las facultades del control estatal de los puertos para entorpecer las actividades de ONG y confiscar sus embarcaciones.
Persistía la preocupación por la tortura y otros malos tratos infligidos a personas encarceladas y bajo custodia policial, y se estaban tramitando varios procesos contra presuntos perpetradores.
En septiembre, la Fiscalía presentó cargos de tortura y otros malos tratos contra 120 funcionarios y altos cargos de la administración penitenciaria por una paliza masiva infligida en la cárcel de Santa Maria Capua Vetere (Campania), en abril de 2020, a 177 reclusos que causó la muerte de uno de ellos.
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