Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Continuaron las agresiones y los procesos penales infundados contra personas defensoras de los derechos humanos. Las autoridades bloquearon el acceso al aborto seguro y al matrimonio entre personas del mismo sexo. Persistía la impunidad por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley.
El 28 de noviembre se celebraron elecciones generales; estaba previsto que la nueva presidenta electa, Xiomara Castro, tomara posesión del cargo en enero de 2022. La creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que se beneficiaban de exenciones fiscales y medidas especiales de seguridad, desató protestas al no haberse solicitado a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes el consentimiento libre, previo e informado. Miles de personas hondureñas afectadas por los huracanes Eta e Iota, la violencia y la pobreza se vieron obligadas a abandonar su país en dirección norte.
En febrero, Keyla Martínez murió por asfixia mientras estaba bajo custodia policial tras haber sido detenida por violar el toque de queda impuesto para contener la propagación del virus de la COVID-19. Se conocieron informes según los cuales la policía había reprimido las protestas por su muerte.1
Seguían los procesos penales contra las víctimas de la represión en el contexto de las protestas postelectorales de 2017 y 2018, como Jhony Salgado,2 Edwin Espinal y Raúl Álvarez. Sin embargo, los agentes del Estado no rindieron cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante esas protestas.
Varios fiscales de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción fueron sometidos a procedimientos disciplinarios y penales que podían tener por objetivo obstaculizar su trabajo.
Según la ONG Global Witness, Honduras presentaba la segunda cifra más alta del mundo de homicidios per cápita de personas defensoras de la tierra y el medioambiente. Aun así, Honduras seguía sin firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
En julio, David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fue declarado coautor del asesinato en 2016 de Berta Cáceres. Al finalizar el año continuaba en espera de que se dictara su condena.3
Seguía sin conocerse el paradero de cuatro miembros de la comunidad indígena garífuna pertenecientes a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que habían sido objeto de desaparición forzada en julio de 2020.4
Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente seguían enfrentándose a cargos penales infundados. Ocho miembros del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, detenidos en 2018 y 2019, continuaban en prisión al finalizar el año.5
El Congreso Nacional aprobó en octubre varias reformas que podrían restringir el ejercicio de la libertad de reunión y de asociación, la defensa de los derechos humanos, las garantías de transparencia, el acceso a la información, y la investigación y el enjuiciamiento efectivos de la corrupción.
En enero, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que hacía aún más difícil eliminar las prohibiciones sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo.6 Al concluir el año, la Corte Suprema de Justicia aún no había resuelto el recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición total del aborto.
En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que Honduras había violado el derecho a la vida y a la integridad física de Vicky Hernández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y activista asesinada durante el golpe de Estado de 2009.
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