Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La situación política y económica siguió deteriorándose, lo que facilitaba que se cometieran violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y actos de violencia generalizada. Las personas que defendían los derechos humanos y quienes ejercían el periodismo corrían especial peligro; la impunidad continuaba siendo endémica y decenas de miles de personas haitianas buscaban protección internacional.
El asesinato en julio del presidente haitiano Jovenel Moïse fue un indicador estremecedor de las violaciones masivas de derechos humanos y la violencia que Haití llevaba años sufriendo.1
Tras el terremoto que tuvo lugar en agosto, la ONU estimaba que había unas 800.000 personas que necesitaban asistencia. Ese mismo mes, el Departamento de Estado estadounidense desaconsejaba todos los viajes a Haití debido a la situación de “secuestros, delincuencia, disturbios civiles y COVID-19”.
Las personas que defendían los derechos humanos y quienes ejercían el periodismo corrían un riesgo cada vez mayor de sufrir ataques y violaciones de derechos humanos.
Hubo pocos avances en la investigación sobre los asesinatos del periodista Diego Charles, reportero de Radio Vision 2000 y cofundador del sitio web Larepiblik Magazine, y de Antoinette Duclaire, activista política y de derechos humanos, destacada voz crítica con el gobierno y cofundadora del mismo medio. Ambos fueron asesinados justo una semana antes que el presidente Moïse. Las autoridades no actuaron para proteger a sus familias, que sufrieron amenazas de muerte y actos de intimidación.2
Las organizaciones de la sociedad civil seguían expresando su preocupación por la impunidad crónica y el mal funcionamiento del sistema judicial en Haití.
En abril, el Observatorio Haitiano de Crímenes Contra la Humanidad y el Centro Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard presentaron un informe en el que se denunciaba la complicidad del gobierno haitiano en tres matanzas perpetradas entre 2018 y 2020 en barrios empobrecidos. El informe incluía datos que indicaban que los ataques —cometidos por bandas— contaban con el apoyo de agentes estatales, y afirmaba que esos actos podían constituir crímenes de lesa humanidad.
Durante el año, decenas de miles de personas haitianas viajaron por vía terrestre, a menudo tomando rutas peligrosas —como atravesar la selva del Tapón del Darién— para llegar a México y Estados Unidos. Sin embargo, estos dos países aplicaron políticas y prácticas que limitaban el acceso a la protección internacional y siguieron llevando a cabo detenciones colectivas y devoluciones ilícitas a Haití, México y Guatemala, lo que puso en peligro la vida y la integridad física de miles de haitianos y haitianas.3 En septiembre salieron a la luz imágenes de agentes fronterizos estadounidenses a caballo abusando y burlándose de estas personas, lo que provocó una condena generalizada.4 Aun así, sólo entre el 19 de septiembre y el 10 de noviembre, el gobierno estadounidense envió a Haití a casi 9.000 migrantes y solicitantes de asilo procedentes de ese país, sin proporcionar —en la mayoría de los casos— acceso al sistema estadounidense de asilo ni a las evaluaciones para determinar las necesidades de protección, lo que agravó la crisis.5
En septiembre, varias agencias de la ONU instaron conjuntamente a los Estados de las Américas a adoptar un enfoque regional integral en relación con las personas haitianas en movimiento y a brindarles medidas de protección como el asilo o “acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares”.
En octubre, una resolución adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la necesidad regional de aumentar la protección de la población haitiana en movimiento. Pese a ello, durante el año, los Estados de toda la región no protegieron a las personas haitianas frente a las violaciones de derechos humanos en los países de acogida, como detenciones y devoluciones sumarias ilegales, extorsión, racismo hacia las personas negras, violencia de género a manos de grupos armados y miseria. Esta situación dejó a muchos haitianos y haitianas con un acceso limitado a las medidas de protección tales como el asilo,6 y sin ningún lugar seguro a donde ir.7
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