Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Más de un año después de su traslado a la prisión de Oveng Azem, en Mongomo, seguía sin conocerse la suerte del defensor de los derechos humanos Joaquín Elo Ayeto. El Tribunal Supremo de España rechazó transferir a Guinea Ecuatorial la competencia en un caso relativo al presunto secuestro de activistas de la oposición. Decenas de personas detenidas arbitrariamente, entre ellas manifestantes de la isla de Annobón, recibieron el indulto presidencial. Se expulsó a personas migrantes contraviniendo convenios regionales.

Información general

El país seguía atravesando dificultades económicas debido principalmente a la continua disminución de los ingresos por la exportación de petróleo de los que dependía, que representaban el 46% del PIB y el 80% de las entradas de dinero. Según un informe del Banco Mundial publicado en julio, la tasa de población que vivía por debajo del umbral de pobreza había alcanzado aproximadamente el 57% en 2024, debido en parte a las presiones inflacionistas, incluido un aumento del 4,1% en los precios de los alimentos.

El Índice de Percepción de Corrupción de 2024, publicado por Transparencia Internacional en febrero de 2025, situaba a Guinea Ecuatorial en el puesto 173 de 180 países. En 2025 continuaron abiertos varios procesos judiciales relacionados con acusaciones de corrupción que implicaban a miembros del gobierno, incluidos hijos del presidente Teodoro Obiang. En febrero, fuentes militares y gubernamentales confirmaron el despliegue de unos 200 instructores rusos para encargarse de la protección del presidente —en el poder desde 1979— y su familia.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El 6 de enero, cinco meses después de haber sido suspendido en el ejercicio de su profesión, el abogado de derechos humanos Ángel Obama Obiang Eseng recibió la notificación de que el Colegio de Abogados del país había levantado su suspensión. El 21 de julio se revocó la suspensión de dos años impuesta en julio de 2024 a la abogada de derechos humanos Gemma Jones, lo que le permitió reanudar su actividad profesional.

Al finalizar el año seguía sin conocerse la suerte que había corrido el defensor de los derechos humanos Joaquín Elo Ayeto. Había sido detenido el 1 de agosto de 2024, acusado de llevar a cabo actividades ilegales como miembro de la plataforma de la sociedad civil Somos+, que según las autoridades no estaba registrada legalmente. Ni su familia ni su abogado tenían noticias de él desde su traslado de la prisión de Black Beach, en Malabo, a la prisión de Oveng Azem, en Mongomo, el 13 de agosto de 2024.

Tortura y otros malos tratos

En septiembre, el Tribunal Supremo de España rechazó una petición de otro tribunal español, la Audiencia Nacional, que había solicitado el traslado de la investigación del caso del presunto secuestro del activista opositor Julio Obama Mefuman y sus colegas al sistema judicial de Guinea Ecuatorial. Julio Obama, residente en España y con doble nacionalidad española y ecuatoguineana, y otros tres activistas del grupo opositor Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República (conocido como MLGE3R) habían sido presuntamente secuestrados en Sudán del Sur en 2019 y recluidos en Guinea Ecuatorial. Julio Obama había muerto bajo custodia en 2023 en la prisión de Oveng Azem, tras haber acusado a las autoridades ecuatoguineanas de torturarlo en múltiples ocasiones.

El Tribunal Supremo de España aludió a la “falta absoluta de cooperación” de las autoridades ecuatoguineanas, que se negaron a repatriar el cuerpo de Julio Obama a España pese a las solicitudes de la Audiencia Nacional y del Parlamento Europeo. Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente Obiang, y otros dos altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial seguían siendo investigados.

Detención arbitraria

El 4 de junio, el presidente dictó un decreto por el que concedía el indulto presidencial a 476 personas en prisión, entre las que se encontraban dos ciudadanos sudafricanos detenidos en febrero de 2023 por cargos de narcotráfico y 37 manifestantes de la isla ecuatoguineana de Annobón detenidos en julio de 2024. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había determinado en ambos casos que estas personas estaban sometidas a detención arbitraria.

Las protestas de 2024 en Annobón —isla situada a unos 500 km de la parte continental del país— habían surgido a raíz de los daños que las constantes explosiones de dinamita vinculadas a operaciones mineras habían provocado a las viviendas, las tierras de cultivo y el ecosistema de la isla, según la población residente.

El 9 de octubre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de emergencia que condenaba la detención arbitraria en Guinea Ecuatorial de dos ciudadanos españoles, Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta. Habían sido contratados por un empresario tecnológico español para instalar un servicio de televisión digital terrestre en el país. Fueron detenidos en enero y trasladados en abril a la prisión de Black Beach, en Malabo, sin acceso a asistencia letrada. Según se informó, su salud se estaba deteriorando, ya que se habían declarado en huelga de hambre en varias ocasiones para protestar por las duras condiciones de la vida en prisión.

Derechos de las personas migrantes

El 21 de abril, varias personas de nacionalidad camerunesa fueron expulsadas del país sin notificación previa a la embajada de Camerún. Las autoridades camerunesas condenaron la medida, aduciendo que violaba los convenios regionales que permitían la libre circulación de nacionales de países centroafricanos.

En mayo, el vicepresidente Teodoro Nguema Obiang Mangue confirmó que el gobierno había entablado conversaciones con el gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de que Guinea Ecuatorial se convirtiera en país receptor de personas migrantes expulsadas de Estados Unidos en virtud de la política migratoria de Donald Trump. El primer grupo de personas inmigrantes deportadas llegó a Guinea Ecuatorial a finales de noviembre.