Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

El espacio de la sociedad civil se redujo al verse sometidos jueces y juezas, fiscales, defensores y defensoras de los derechos humanos y manifestantes a procesos penales infundados. Las autoridades no protegieron el derecho a la salud ni los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Miles de personas se vieron obligadas a abandonar el país por sus niveles elevados de violencia, impunidad, pobreza y desigualdad.

Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades no protegieron a las personas defensoras de los derechos humanos contra los ataques que sufrían, y participaron activamente en su criminalización. Entre enero y octubre, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) registró 2.273 agresiones a personas que defendían los derechos humanos o que trabajaban en la administración de justicia.

En marzo, un juez concedió la libertad condicional al defensor de los derechos humanos Bernardo Caal, quien había pasado más de cuatro años en prisión. Sin embargo, éste denunció que seguía sometido a otro proceso penal infundado que no había terminado al finalizar el año.

Los periodistas que informaban sobre la corrupción y la impunidad se enfrentaban con frecuencia a acciones penales y campañas difamatorias.

Libertad de reunión

Según las organizaciones locales, el Ministerio Público presentó un recurso contra el archivo de la causa relativa a dos mujeres acusadas del delito de depredación de bienes culturales por haber realizado pintadas en el edificio del Congreso durante las protestas de noviembre de 2020, pese a la ausencia de pruebas contra ellas.

Otros activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron informados de presuntas investigaciones penales abiertas en su contra por haber organizado las protestas de noviembre de 2020 o haber participado en ellas. Sin embargo, no se les permitió consultar sus expedientes penales, cuyo acceso estaba restringido.

Impunidad

Organismos internacionales y personas expertas en derechos humanos manifestaron varios motivos de preocupación por los nuevos ataques contra la independencia de jueces, fiscales y abogados que intervenían en casos clave de crímenes de derecho internacional, violaciones de derechos humanos y corrupción. Las autoridades no actuaron para proteger a estas personas frente a intimidaciones, seguimientos, amenazas y campañas de estigmatización constantes en redes sociales y en medios de comunicación con el fin de desacreditar su labor, y con frecuencia recurrieron a procesos penales infundados en su contra. Como consecuencia, hubo más personas vinculadas a la administración de justicia que se vieron obligadas a abandonar el país, como los jueces Erika Aifán y Miguel Ángel Gálvez. Otras fueron destituidas, suspendidas en el cargo o encarceladas, incluida la exfiscal Virginia Laparra, que en diciembre fue condenada a una pena de cuatro años de prisión pese a la inexistencia de pruebas en su contra.

En medio de duras críticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio Público cerró casos de personas acusadas de corrupción a gran escala.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Hubo algunos avances en las investigaciones sobre los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos que se habían perpetrado durante el conflicto armado interno (1960-1996), aunque la mayoría continuaban paralizadas.

En el caso conocido como “Diario Militar”, un juez dictó acta de acusación formal contra al menos 9 militares y agentes de policía retirados sospechosos de haber participado entre 1983 y 1985 en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de derecho internacional contra al menos 183 personas consideradas de la oposición política.

Derecho a la salud

Los servicios de salud estaban desbordados y no podían atender las necesidades básicas de la población. Guatemala fue uno de los países de la región que menos invirtió en salud pública en términos de porcentaje del producto interno bruto (PIB): el 2,2%, cifra que distaba de alcanzar el 6% recomendado por la OMS.¹

Las tasas de vacunación contra la COVID-19 seguían siendo muy bajas comparadas con las del resto de la región, especialmente en las zonas indígenas y rurales, debido a que las autoridades no habían elaborado una estrategia integral que contemplara facilitar la información a las comunidades indígenas y sus líderes y lideresas.

Derechos sexuales y reproductivos

El aborto seguía estando penalizado excepto cuando el embarazo pusiera en peligro la vida de la persona encinta. El objetivo del Decreto 18-2022, que el Congreso archivó en marzo, era modificar el Código Penal para enjuiciar a quien abortara espontáneamente e imponer penas de prisión a quien promoviera el aborto o facilitara medios para realizarlo.²

Violencia contra mujeres y niñas

Los niveles de violencia contra las mujeres y de violencia sexual contra las niñas seguían siendo elevados.

Los procedimientos contra algunas de las personas acusadas en relación con la muerte en 2017 de 41 niñas en un incendio registrado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, administrado por el Estado, continuaban estancados.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Según el Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+, al menos 29 personas fueron asesinadas por su orientación sexual o su identidad de género en 2022.

El matrimonio entre personas del mismo sexo no estaba reconocido. En marzo, gracias a la presión nacional e internacional, el Congreso archivó el Decreto 18-2022, que prohibía expresamente el matrimonio igualitario y la enseñanza sobre diversidad sexual e igualdad de género en las escuelas. Sin embargo, el proyecto de Ley 5940, con el que se pretendía prohibir la difusión de información sobre las identidades transgénero y las relaciones no heterosexuales en los programas escolares de educación sexual, estaba en la etapa final de aprobación al terminar el año.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

En mayo, el gobierno anunció una nueva contribución determinada a nivel nacional. Se comprometía a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 11,2% con sus propios medios y hasta el 22,6% con el apoyo técnico y económico de la comunidad internacional —con respecto a los niveles de 2016— antes de 2030, y también a luchar contra la deforestación. Sin embargo, defensores y defensoras de los derechos humanos y personas indígenas expertas denunciaron que persistían la tala ilegal, la destrucción de áreas naturales, la expansión de los monocultivos y la contaminación de las cuencas hidrográficas, así como los ataques dirigidos contra defensores y defensoras ambientales y comunidades indígenas.

1. Américas: Desigual y letal, 27 de abril
2. Guatemala: Ley discriminatoria pone derechos y vidas en riesgo, 11 de marzo