Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Persistieron las denuncias de uso ilegítimo de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente. Un hombre romaní murió abatido a tiros durante una persecución policial. Continuaron las devoluciones sin el debido procedimiento de personas refugiadas y migrantes y los abusos contra sus derechos humanos a pesar de que las autoridades los negaban sistemáticamente. Las autoridades continuaron reprimiendo a ONG y a quienes trabajaban para ayudar a las personas refugiadas. Persistieron las violaciones de derechos de quienes ejercían la objeción de conciencia al servicio militar. Al tiempo que aumentaba la violencia contra las mujeres, el Parlamento aprobó un controvertido proyecto de ley sobre custodia de los hijos e hijas que aumentaba el peligro que corrían las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar.
Grecia sufrió un desastre ecológico al quedar destruidas por incendios más de 900.000 hectáreas de bosques y tierras de cultivo.
Persistieron las denuncias de uso innecesario y excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos por parte de la policía. En marzo, unas imágenes de vídeo que mostraban el uso ilegítimo de la fuerza contra un joven por un agente de policía durante un control de documentación de la COVID-19 causaron indignación pública y provocaron numerosas manifestaciones. Se ordenó una investigación disciplinaria y se suspendió de sus funciones a un agente de policía, y un fiscal de Atenas ordenó una investigación penal. Dos manifestantes que habían participado en una de las protestas de marzo denunciaron haber sido sometidos a tortura por la policía en la Dirección General de Ática durante su interrogatorio e interpusieron una denuncia penal.
En abril, un tribunal de Atenas halló a la policía responsable de las lesiones potencialmente mortales sufridas en mayo de 2011 por el manifestante Yiannis Kafkas, y concedió a éste una indemnización. En septiembre, las autoridades presentaron un recurso de apelación contra esa sentencia.
En octubre, un tribunal de Atenas reanudó la vista de la causa contra dos civiles y cuatro agentes de policía acusados de la muerte del activista LGBTI Zak Kostopoulos, ocurrida en septiembre de 2018.
Ese mismo mes, Nikos Sambanis, un joven romaní de 18 años, murió abatido a tiros por la policía. Otro joven romaní de 16 años que tampoco iba armado resultó gravemente herido. Se acusó a siete agentes de policía de homicidio doloso. Se pidió a las autoridades que llevaran a cabo investigaciones disciplinarias y penales exhaustivas, incluso sobre los posibles motivos racistas.
Continuaron las devoluciones sin el debido procedimiento y los abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes en las fronteras terrestres y marítimas a pesar de que las autoridades griegas los negaban sistemáticamente.
En junio, gracias a los testimonios de 16 víctimas, Amnistía Internacional informó de 21 incidentes de devoluciones sumarias grupales a Turquía en 20201, efectuadas por personas que parecían pertenecer a cuerpos encargados de hacer cumplir la ley y por personas vestidas de civil o con ropa sin marcar. Se estimaba que estos incidentes habían afectado a unas 1.000 personas. Muchas víctimas fueron sometidas a detención arbitraria y malos tratos que, en algunos casos, constituyeron tortura. Ninguna de las víctimas entrevistadas tuvo la posibilidad de solicitar asilo ni de recurrir su devolución. La investigación, en consonancia con las pruebas aportadas por otros actores fidedignos, mostró que la devolución sin el debido procedimiento era, de facto, la política de Grecia en materia de gestión de fronteras. Durante la segunda mitad del año se documentaron más devoluciones sumarias.
En agosto, la Comisión Europea declaró que la liberación de fondos adicionales para actividades de control de fronteras en Grecia dependería del establecimiento en el país de un mecanismo de vigilancia de fronteras independiente. Aunque no se había creado aún un nuevo mecanismo para este fin, el gobierno atribuyó la competencia para investigar los incidentes de devolución sumaria a la Autoridad Nacional de Transparencia. Sin embargo, las ONG cuestionaban la independencia de este organismo.
Seguían pendientes de resolución ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU varios casos de devolución sumaria.
En junio, el gobierno designó a Turquía “país seguro” para las personas solicitantes de asilo de Afganistán, Pakistán, Bangladesh y Somalia, como ya era el caso para las personas sirias en virtud de la declaración UE-Turquía sobre migración. Esta designación implicaba que, desde ese momento, las solicitudes de asilo en Grecia presentadas por personas de dichas nacionalidades podían considerarse inadmisibles y que las personas solicitantes podían ser devueltas a Turquía. Esta decisión obviaba el hecho de que Turquía se había estado negando a aceptar devoluciones en virtud de la declaración UE-Turquía desde marzo de 2020. Tampoco tenía en cuenta las dificultades que afrontaban las personas solicitantes de asilo y migrantes en Turquía, como las devoluciones ilegales y los obstáculos para acceder a protección.
Las llegadas por mar continuaron disminuyendo drásticamente en comparación con años anteriores, lo que dio lugar a una reducción de la cifra de personas refugiadas y migrantes en las islas del Egeo. Durante el año, se tuvo información de la muerte o desaparición de al menos 86 personas que intentaron cruzar el Egeo. Después de que unos incendios destruyeran el campo de refugiados de Moria en 2020, comenzaron las obras para reemplazar los campamentos abiertos por “centros insulares controlados cerrados” (KEDN, por sus siglas en griego), financiados por la Unión Europea. A partir de noviembre, en la isla de Samos, las autoridades detuvieron ilegalmente a algunas personas residentes en el KEDN, impidiéndoles salir de las instalaciones. Esta decisión afectaba a las personas solicitantes de asilo que no disponían de un documento válido de inscripción en registro (“tarjeta de asilo”), incluidas las recién llegadas para quienes todavía no se había emitido y aquellas cuyas solicitudes habían sido rechazadas.
En diciembre, un tribunal local declaró, en el caso de una persona afgana residente en el centro, que la prohibición de salir era ilegal y ordenó levantarla. Sin embargo, al concluir el año, quienes residían en el KEDN sin tarjeta de asilo válida seguían, en general, sin poder salir. Continuaban suscitando preocupación las condiciones de recepción en el campamento temporal de Mavrovouni, en Lesbos, donde vivían las personas residentes en Moria desplazadas desde que se produjeron los incendios.
En enero, el Comité Europeo de Derechos Sociales declaró que Grecia violaba varias disposiciones de la Carta Social Europea. Esta decisión se centraba en lo inadecuado del alojamiento proporcionado a los niños y niñas migrantes y solicitantes de asilo acompañados y no acompañados y en el hecho de no haber garantizado su protección frente a cualquier daño. El Comité también halló violaciones relativas al sistema de tutela griego, la detención de menores migrantes no acompañados bajo “custodia de protección”, la falta de provisión de educación formal a los niños y niñas en las islas y el derecho a la salud.
Las ONG que hacían campaña en favor de que se abriera el acceso a las vacunas contra la COVID-19 para las personas indocumentadas denunciaron dificultades persistentes. Una disposición legal adoptada en octubre amplió las posibilidades de que las personas migrantes indocumentadas se inscribieran para recibir la vacuna contra la COVID-19 y obtuvieran el certificado correspondiente, e introdujo salvaguardias frente a la deportación. En diciembre, una decisión ministerial permitió que actores de la sociedad civil administraran vacunas contra la COVID-19 a personas en situación de vulnerabilidad, incluidas las que carecían de documentos.
En marzo, tres relatores especiales de la ONU expresaron preocupación por los nuevos requisitos restrictivos de inscripción en registro introducidos en 2020 para las ONG que trabajaban con personas refugiadas y migrantes.
En noviembre, años después de su detención inicial y liberación bajo fianza en 2018, la defensora de los derechos humanos Sarah Mardini y el defensor Séan Binder, junto con otros 22 miembros de la ONG Centro Internacional de Respuesta a Emergencias (ERCI, por sus siglas en inglés), fueron enjuiciados en Lesbos por algunos de los cargos presentados en su contra, entre los que figuraban espionaje, uso ilegal de frecuencias de radio y falsificación, por su labor de rescate y ayuda a personas refugiadas. El juicio se aplazó y el asunto se remitió a un tribunal superior; continuaba pendiente la investigación sobre los cargos restantes contra el grupo.
Las autoridades griegas no facilitaron el derecho a la libertad de reunión pacífica, que continuaban obstaculizando ilegítimamente.2 A finales de enero, el director de la Policía introdujo una prohibición general de las reuniones públicas al aire libre de más de 100 personas alegando motivos de salud pública. La policía griega dispersó varias reuniones pacíficas durante el año.
En abril, la Red de Documentación de la Violencia Racista informó de que en 2020 se habían registrado 107 incidentes de violencia racista. Entre agosto y octubre, se denunciaron crímenes de odio a manos de miembros de grupos de extrema derecha y otras personas contra migrantes, estudiantes e integrantes de partidos políticos en Creta, Atenas y Salónica.
Continuaron las violaciones graves de los derechos de los objetores de conciencia al servicio militar, como enjuiciamientos reiterados, multas y detenciones. Al terminar el año seguían pendientes ante el Tribunal Administrativo Supremo los recursos de apelación contra la denegación discriminatoria de solicitudes de objeción de conciencia. El Comité de Derechos Humanos de la ONU planteó interrogantes sobre los derechos de los objetores de conciencia (y sobre el punitivo y discriminatorio “servicio alternativo”) que se examinarían en el siguiente informe periódico de Grecia. Grecia también recibió recomendaciones sobre esta cuestión en el contexto del Examen Periódico Universal.
En una resolución histórica de diciembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU halló múltiples violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el caso del objeto de conciencia Lazaros Petromelidis.
Durante el año, 17 mujeres murieron a manos de su pareja o expareja. Sus asesinatos pusieron de relieve el problema de la violencia de género en el ámbito familiar y provocaron nuevas peticiones de grupos de derechos de las mujeres para que el término “feminicidio” se empleara en el debate público y en la legislación. A partir de enero, el movimiento #MeToo griego arrojó luz sobre decenas de denuncias de violación y acoso sexual en los ámbitos del deporte y la cultura en las que muchas mujeres hablaron públicamente de los abusos sufridos.
Entre marzo y mayo, grupos de derechos de las mujeres y de derechos humanos pidieron que se retirara un proyecto de ley sobre la custodia infantil que pondría a las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar en una situación de mayor riesgo y vulneraría el principio del interés superior del niño o niña. El controvertido proyecto legislativo, que adquirió rango de ley en mayo, podía dar a los perpetradores de violencia y abusos acceso a sus víctimas durante un periodo prolongado.
A principios de noviembre, mientras Grecia informaba de la media diaria más elevada de contagios de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, los sindicatos de trabajadoras y trabajadores sanitarios pidieron más financiación y la contratación de mucho más personal permanente para reforzar el debilitado Sistema Nacional de Salud.
Suscitó preocupación el carácter punitivo y discriminatorio de la imposición de una multa de 100 euros al mes a las personas mayores de 60 años que incumplieran la obligación de vacunarse contra la COVID-19, tras la adopción por el Parlamento de una disposición legal a principios de diciembre.
En enero, Dimitris Koufondinas, miembro del grupo armado Organización Revolucionaria 17 de Noviembre, inició una huelga de hambre para protestar contra la decisión del gobierno de trasladarlo a la prisión de Domokos y no a la de Korydallos, de conformidad con la legislación nacional. Pese al deterioro significativo de su salud, las autoridades se negaron a aceptar su petición. Dimitris Koufondinas puso fin a la huelga de hambre en marzo.
A finales de agosto, la Iniciativa por los Derechos de los Presos expresó preocupación por el aumento de casos de COVID-19 en las prisiones, por el escaso número de personal sanitario y por las condiciones de hacinamiento.
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