Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Se iniciaron actuaciones penales contra 21 agentes de la guardia costera por el naufragio de Pilos en 2023. La suspensión ilícita y discriminatoria del acceso al asilo durante tres meses impuesta a quienes llegaban a Grecia a través del Norte de África dio lugar a detenciones masivas en condiciones inadecuadas. Se aprobó una nueva ley sobre el retorno de nacionales de terceros países que afectaba negativamente a sus derechos. Comenzó un juicio por delitos graves contra 24 trabajadoras y trabajadores humanitarios que habían socorrido a personas en situación de peligro en el mar. Persistieron los informes sobre uso excesivo e innecesario de la fuerza contra personas que se manifestaban pacíficamente. Se impuso una controvertida prohibición general de las protestas frente al Parlamento. Una nueva ley dirigida a combatir la violencia de género recibió críticas porque no priorizaba el apoyo y la prevención. Se sometió a juicio cuatro personas que ocupaban puestos directivos en empresas vinculadas al escándalo del programa espía Predator. Persistieron los informes de ataques a personas LGBTIQ+. Más de una cuarta parte de la población del país estaba en riesgo de pobreza o exclusión social.

Información general

Hubo manifestaciones multitudinarias en demanda de justicia y rendición de cuentas para las víctimas, sobrevivientes y familias afectadas por el accidente ferroviario de Tempi en 2023 que había causado la muerte de 57 personas. En febrero, la Agencia Helénica de Investigación de Seguridad Aérea y Ferroviaria concluyó que la tragedia se había debido a una combinación de error humano, infraestructuras inadecuadas y deficiencias sistémicas en la gestión de la seguridad ferroviaria.

Entre junio y agosto, en plena ola de calor intenso favorecida por el cambio climático, grandes incendios forestales destruyeron decenas de miles de hectáreas de terreno. Un hombre perdió la vida y resultaron dañadas casas e infraestructuras esenciales en lugares como Creta, Quíos, Ática y Acaya.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló en una sentencia histórica la existencia de “firmes indicios” de que, en 2019, las devoluciones sumarias e ilícitas en las fronteras terrestres con Turquía habían sido una práctica sistémica. Seguían pendientes ante el Tribunal más casos relacionados con devoluciones sumarias. Las ONG expresaron preocupación porque, a pesar de las más de 200 investigaciones nacionales sobre presuntas devoluciones sumarias abiertas entre 2019 y 2024, ninguna había dado lugar a la presentación de cargos contra funcionarios públicos.

En mayo, la fiscalía del Tribunal Naval concluyó su investigación preliminar sobre el papel de la guardia costera en el naufragio de Pilos en 2023, en el que habían fallecido más de 600 personas, presentó cargos por delitos graves contra 17 miembros de la guardia y los remitió para una investigación más exhaustiva. En noviembre, el fiscal de un tribunal de apelación abrió una causa penal contra otros cuatro altos mandos de la guardia costera. Entre los acusados estaban la tripulación y el capitán del barco patrulla —quienes, según el relato de sobrevivientes, habían hecho zozobrar su embarcación al intentar remolcarla—, así como el jefe y el exjefe de la guardia costera.

En octubre, en una causa relativa a un naufragio de consecuencias letales ocurrido en 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Grecia por violaciones del derecho a la vida debido a deficiencias tanto en los trabajos de rescate como en la investigación sobre el incidente.

En junio, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dejó de supervisar el cumplimiento por Grecia de la sentencia histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa M.S.S. v. Greece, que abordaba las deficiencias del procedimiento de concesión de asilo del país y de las condiciones de vida de las personas solicitantes de asilo, ya que, a pesar de las deficiencias documentadas en informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, la ONU y varias ONG, concluyó que estaba satisfecho con los avances realizados por las autoridades griegas en ese sentido.

Sólo un mes más tarde se aprobó una reforma legislativa que imponía una suspensión ilícita y discriminatoria de tres meses de la presentación de solicitudes de asilo para quienes llegaban a las islas griegas de Creta y Gaudos desde el Norte de África, y permitía, además, devolver a estas personas a sus países de origen o de tránsito. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en dos causas relacionadas con personas de Sudán y Eritrea afectadas por esta medida, en las que ordenaba a Grecia que se abstuviera de devolverlas mientras la tramitación de sus solicitudes de asilo estuviera suspendida.

Las personas sujetas a las nuevas disposiciones fueron en su mayoría recluidas en centros de toda Grecia, en algunos casos en condiciones inadecuadas. La Comisión Europea no utilizó las herramientas a su disposición para garantizar que Grecia cumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Durante todo el año, las personas solicitantes de asilo que vivían en los centros cerrados de acceso controlado (CCAC) financiados por la UE en las islas del mar Egeo continuaron sufriendo “restricciones de libertad” equivalentes a detención ilícita. En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a los niños y niñas en la “zona segura” del CCAC de Samos y garantizar su reubicación.

En septiembre, el Parlamento aprobó una nueva ley sobre el retorno de nacionales de terceros países que reducía la protección de las personas retornadas, infringiendo en parte el derecho y las normas vigentes de la UE, y marcaba una dirección punitiva para la política migratoria del país. Esta ley penalizaba la estancia irregular, endurecía las penas asociadas a la entrada y salida irregulares, prolongaba la detención más allá de los límites legales establecidos por la UE e introducía la vigilancia electrónica como medida para reducir el riesgo de fuga. Se basaba e inspiraba en una propuesta de retorno planteada por la Comisión Europea en marzo que había sido muy criticada y que al final del año aún no era vinculante.

En marzo, el Consejo de Estado anuló la decisión de designar a Turquía como tercer país seguro a raíz de una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad de tales designaciones con el derecho comunitario cuando el país en cuestión hubiera suspendido las readmisiones, como había hecho Turquía en 2020. Las ONG vieron con preocupación una nueva decisión ministerial adoptada posteriormente (en abril) que en la práctica restablecía la designación de Turquía como tercer país seguro.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En junio, un tribunal de Atenas absolvió a la defensora de los derechos humanos Alexia Tsouni del delito de difamación y de otros cargos presentados aparentemente como respuesta a su trabajo contra el racismo y su activismo en favor de las personas refugiadas.

En diciembre comenzó un juicio por delitos graves contra 24 trabajadores y trabajadoras humanitarios, entre ellos el defensor de los derechos humanos irlandés Séan Binder, que había rescatado y auxiliado a personas refugiadas y migrantes en la isla de Lesbos. Los cargos, entre ellos el de tráfico ilícito de personas, acarreaban un máximo de 20 años de prisión. Ese mismo mes, una propuesta legislativa introdujo la pertenencia a una ONG inscrita en el registro como factor agravante en los casos de tráfico ilícito.

Derecho a la vida

En junio, un agente de policía fue declarado culpable de matar a tiros a Kostas Frangoulis, romaní de 16 años, durante una persecución policial en Salónica en 2022.

Libertad de reunión pacífica

Según informes, la policía hizo uso excesivo e innecesario de la fuerza contra manifestantes y fotoperiodistas durante las labores de control de las manifestaciones, como las relacionadas con el accidente ferroviario de Tempi y las protestas en solidaridad con el pueblo palestino. También hubo informes de que la policía había trasladado a personas que se manifestaban pacíficamente a comisaría para hacer comprobaciones de identidad antes y después de las manifestaciones. En julio, las autoridades hicieron un uso abusivo de la legislación contra el racismo para arrestar a personas que se manifestaban en solidaridad con Palestina en Rodas.

En octubre, so pretexto de proteger un monumento nacional, el Parlamento introdujo una prohibición general de las protestas en parte de la plaza Syntagma de Atenas, frente a la sede del propio Parlamento.

Aunque varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron enjuiciados por violaciones de derechos humanos contra manifestantes, persistía la preocupación por la impunidad a largo plazo.

En febrero, tres agentes de policía fueron declarados culpables de haber causado “lesiones corporales graves” a Vasilios Maggos frente al juzgado de la localidad de Volos en 2020. Vasilios Maggos había muerto unas semanas después de denunciar que había sufrido malos tratos durante su arresto y bajo custodia. En noviembre, seis agentes fueron juzgados por cargos de tortura, “lesiones corporales graves”, exposición al peligro y detención arbitraria en relación con el caso.

En agosto, dos altos cargos policiales fueron llevados a juicio por obstrucción ilícita de una protesta legal y tentativa de lesiones graves contra al menos 10 abogados que participaban en una protesta en marzo de 2021.

Derecho a la privacidad

En septiembre, cuatro personas que ocupaban puestos directivos en empresas vinculadas al escándalo del programa espía Predator fueron juzgadas acusadas de delitos menores por infringir la legislación sobre privacidad de las comunicaciones. El juicio seguía su curso al final del año.

Violencia contra mujeres y niñas

En enero se aprobó una ley dirigida a combatir la violencia de género penalizando nuevas formas de violencia, como el “ciberacecho” y la “pornovenganza”, que desató las críticas de grupos de derechos de las mujeres porque en lugar de poner el énfasis en la prevención y el apoyo a las víctimas, lo ponía en el endurecimiento de las penas.

Profesionales de la abogacía, activistas y grupos de derechos de las mujeres continuaron expresando preocupación por los efectos de aplicar la legislación sobre custodia compartida de 2021 a mujeres, y niños y niñas sobrevivientes de violencia de género.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Persistieron los informes de ataques a miembros de la comunidad LGBTIQ+.

En abril, el Parlamento aprobó legislación que excluía en la práctica a las parejas gays y a los hombres solteros del acceso a la gestación subrogada.

Derechos económicos, sociales y culturales

En un informe publicado en octubre, la Red Griega contra la Pobreza señalaba que el 26,9% de la población del país estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y que el índice de pobreza infantil se mantenía elevado (22,4%).

En octubre se aprobó un controvertido proyecto de ley que permitía al personal de ciertos sectores privados trabajar 13 horas diarias de manera voluntaria hasta un máximo de 37,5 días al año. La aprobación de ese texto, criticado por sindicatos y partidos de oposición, desencadenó huelgas y protestas en todo el país.

Derechos de los objetores de conciencia

En diciembre, suscitó preocupación un proyecto de ley que introducía reformas relativas a las fuerzas armadas y no reconocía el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, pues el servicio civil alternativo seguía siendo punitivo y discriminatorio, y la valoración de las solicitudes de la condición de objetor de conciencia seguía sin estar bajo el control total de las autoridades civiles.

Derecho a un medioambiente saludable

En noviembre, World Wildlife Fund puso de relieve que los acuerdos de Grecia sobre extracciones de hidrocarburos con importantes empresas petroleras y su compromiso a largo plazo para importar gas fósil licuado de Estados Unidos desembocarían en decenios de dependencia de los combustibles fósiles, riesgos medioambientales y regresión económica.