Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Hubo varias violaciones del derecho a la libertad de expresión, y la policía usó fuerza excesiva. Continuaron los desalojos forzosos. Se presentaron en el Parlamento dos proyectos de ley para abolir la pena de muerte. Seguía pendiente de aprobación un proyecto de ley que criminalizaba aún más a las personas LGBTI. Las mujeres continuaron sufriendo discriminación. Se denunció la existencia de trabajo infantil.
El informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2022, de Reporteros sin Fronteras, señaló un retroceso en materia de libertad de expresión en Ghana.
En febrero, el presentador de radio Oheneba Boamah Bennie fue condenado a 2 semanas de prisión y al pago de una multa de 3.000 cedis (243 dólares estadounidenses) por desacato al tribunal tras publicar un vídeo en el que se afirmaba que el presidente Akufo-Addo había conspirado con jueces para influir en las elecciones presidenciales de 2020.
En agosto, el Consejo Tradicional de Kumasi, en la región de Ashanti, ordenó la suspensión de la emisora de radio Oyerepa FM tras la emisión de una entrevista con un líder opositor que acusó a las autoridades tradicionales de pasar por alto actividades mineras ilegales en la región y dijo que organizaría una protesta. Tres días después se permitió que la emisora reanudara su actividad tras pedir disculpas su dirección.
Se tuvo noticia de varios incidentes de uso excesivo de la fuerza por agentes de policía.
El 3 de febrero, un grupo de agentes de seguridad vestidos de civil agredieron a un locutor radiofónico —a quien, según informes, dañaron un tímpano— cuando se negó a entregarles su teléfono. El locutor había filmado a los agentes escoltando a personas detenidas, con las manos esposadas, en la ciudad de Takoradi.
El 17 de mayo, unos manifestantes atacaron una comisaría de policía durante una protesta violenta que tuvo lugar en la ciudad de Nkoranza, región de Bono Oriental. La policía efectuó disparos y mató a un transeúnte. Al menos cinco manifestantes resultaron heridos, algunos de bala.
El 13 de junio, los medios de comunicación informaron de que la policía había utilizado gas lacrimógeno y había disparado al aire a modo de advertencia para dispersar una protesta de estudiantes en la región de Ashanti. Al menos 25 estudiantes tuvieron que recibir tratamiento por problemas respiratorios y otras lesiones. El gobierno negó que se hubiera disparado con fuego real contra la protesta estudiantil. Se abrió una investigación que dio como resultado la imposición de medidas disciplinarias a tres agentes de policía.
En febrero se presentaron cargos de traición contra el activista social Oliver Barker-Vormawor, que había amenazado con dar un golpe de Estado si el Parlamento aprobaba el proyecto de ley para gravar las transacciones electrónicas. Barker-Vormawor afirmó que, en el momento de su arresto y en los dos en meses que estuvo detenido, unos agentes de seguridad lo habían golpeado durante más de tres horas, en ocasiones había estado recluido en régimen de aislamiento y la policía lo había amenazado con someterlo a desaparición forzada. Su causa seguía pendiente al terminar el año.
En marzo, el periodista de investigación Michael Aidoo fue atacado y torturado, según informes, por militares del hospital militar de Afari por filmar una oficina perteneciente al partido gobernante en los terrenos del hospital. Al parecer, los militares lo golpearon repetidamente y lo obligaron a hacer flexiones de brazos con un bloque de cemento en la cintura.
En diciembre, Human Rights Watch informó de que, pese a que se había prohibido, persistía la práctica de encadenar a personas con enfermedades mentales —reales o presuntas— en centros tanto de medicina tradicional como pertenecientes a congregaciones religiosas. La organización visitó 5 de estos centros y observó que había más de 60 personas, entre ellas menores de edad, encadenadas o encerradas en jaulas.
Continuaron los incidentes de desalojos forzosos.
En junio, el Consejo Regional de Seguridad de Gran Accra, dirigido por el ministro regional, demolió cientos de viviendas en un asentamiento informal levantado en el barrio de Frafraha, en la capital (Accra), en terrenos pertenecientes al Consejo de Investigación Científica e Industrial. Las personas que residían en el asentamiento fueron avisadas con 48 horas de antelación y no fueron reubicadas, por lo que se quedaron sin hogar.
En abril se presentaron en el Parlamento el Proyecto de Ley de las Fuerzas Armadas (Enmienda) de 2022 y el Proyecto de Ley de Infracciones Penales (Enmienda) para sustituir la pena de muerte por cadena perpetua para delitos militares y comunes. Al terminar el año, los proyectos de ley continuaban en fase de estudio en el Parlamento. Las enmiendas no abolirían la pena de muerte por alta traición, que estaba establecida en la Constitución.
Continuó la discriminación de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Al terminar el año, el Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos Adecuados y los Valores de la Familia Ghanesa, de 2021, seguía pendiente de aprobación en el Parlamento. El proyecto de ley criminalizaba aún más a las personas LGBTI e introducía penas de prisión para quien expresara apoyo o “simpatía” hacia ellas.
El Proyecto de Ley de Disposiciones Positivas seguía pendiente al terminar el año. Se trataba de un intento de abordar el desequilibrio de género tanto en el sector público como en el privado.
Cientos de mujeres acusadas de brujería continuaban desterradas en seis campos de “brujas”. En agosto, siete hombres fueron detenidos y acusados formalmente de la muerte de un hombre y una mujer a quienes se había obligado a ingerir un brebaje elaborado por un sacerdote tras haber sido acusados de brujería. Al terminar el año seguía pendiente de aprobación un anteproyecto de ley para modificar la Ley de Infracciones Penales y Otros Delitos de 1960 (Ley 29). En caso de ser aprobada, la ley prohibiría declarar, acusar, denominar o catalogar a una persona como brujo o bruja, o emplear a otra persona para hacerlo.
Persistía el trabajo infantil, sobre todo en la agricultura. En abril, un documental de Channel 4, emisora de televisión de Reino Unido, mostró material filmado de niños y niñas de sólo 10 años trabajando con machetes en plantaciones de cacao. En agosto, 60 niños y niñas ghaneses de entre 5 y 17 años acusaron a un productor de cacao de violar la legislación sobre trabajo infantil. Los abogados de los menores sostuvieron que éstos sufrían lesiones físicas y mordeduras de reptiles, estaban expuestos a pesticidas y fertilizantes tóxicos, y faltaban con frecuencia a la escuela.
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