Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
El presidente se negó a sancionar un proyecto de ley aprobado en el Parlamento para proscribir las acusaciones de brujería. Avanzó en el Parlamento un proyecto de ley para criminalizar aún más a las personas LGBTI. Se revocó la abolición parcial de la pena de muerte. Los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica continuaron amenazados, y las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas. El derecho a la salud de las mujeres embarazadas se veía amenazado por la falta de acceso a centros médicos. Los activistas ambientales denunciaron la contaminación generada por la importación de ropa de segunda mano.
Información general
El año estuvo marcado por el alto costo de la vida y la inflación alimentaria en el contexto de una creciente deuda nacional. En mayo, el Fondo Monetario Internacional aprobó un programa trienal de 3.000 millones de dólares estadounidenses para Ghana, con un desembolso inmediato de 600 millones. El resto se supeditó a que Ghana cumpliera sus compromisos de reestructurar su deuda interna y externa, recortar el gasto y acometer ajustes fiscales, lo que suscitó preocupación ante las posibles repercusiones sobre los derechos económicos y sociales. La tasa de inflación llegó al 53,6% en enero, pero bajó al 26,4% en noviembre. En octubre, la actualización sobre seguridad alimentaria ofrecida por el Banco Mundial situó a Ghana entre los 10 países con mayor inflación alimentaria.
En julio, el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, advirtió a Ghana sobre su obligación de respetar el principio de no devolución (non-refoulement), después de que el gobierno repatriara a más de 500 personas a Burkina Faso.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Seguía practicándose la mutilación genital femenina, pero se registraron cambios positivos de actitud al respecto. En abril, 15 experimentadas “circuncisoras femeninas” de Wa renunciaron a practicar la mutilación genital femenina, mientras que hubo dirigentes tradicionales de la ciudad que denunciaron esta práctica y se comprometieron a combatirla.
El 3 de julio, el Tribunal Superior de Tamale condenó a dos mujeres a 12 años de prisión por el homicidio sin premeditación, ocurrido en 2020, de una mujer de 90 años acusada de brujería. El 27 de julio, el Parlamento aprobó una ley que tipificaba como delito acusar a alguien de brujería y exigía desmantelar los “campos de brujas” para mujeres acusadas que habían sido desterradas o habían huido del lugar donde vivían. En diciembre, el presidente se negó a sancionar la ley, alegando cuestiones procedimentales.
El 31 de octubre, el Proyecto de Ley de Disposiciones Positivas destinado a aumentar la participación de las mujeres en los cargos públicos tuvo su primera lectura oficial en el Parlamento, tras haberse presentado inicialmente en 2016. Este proyecto de ley seguía pendiente al terminar el año.
Derechos de las personas LGBTI
El 7 de julio, el Parlamento aprobó por unanimidad durante su segunda lectura el Proyecto de Ley de 2021 de Promoción de los Derechos Sexuales y los Valores Familiares Apropiados, con lo que la propuesta de legislación avanzó un paso más para convertirse en ley. Este proyecto de ley criminalizaba aún más a las personas LGBTI e introducía penas de prisión para quien expresara apoyo o “simpatía” hacia ellas, y hubo activistas de los derechos LGBTI que expresaron preocupación por su seguridad personal en caso de que se aprobara. Ese mismo mes, el Tribunal Supremo desestimó una apelación para impedir que el Parlamento lo aprobara.
Pena de muerte
El 25 de julio, el Parlamento votó a favor de eliminar la pena de muerte de la Ley sobre Delitos y Otras Infracciones de 1960 y de la Ley sobre las Fuerzas Armadas de 1962.1 El presidente aprobó las reformas al mes siguiente, con lo que se convirtieron en ley; sin embargo, en diciembre revocó los cambios, alegando cuestiones de procedimiento. La Constitución también seguía disponiendo la pena de muerte para la alta traición.
Libertad de expresión y de reunión
Cuatro años después del asesinato del periodista de investigación ghanés Ahmed Divela, la investigación sobre su muerte seguía su curso sin que nadie hubiera comparecido ante la justicia.
En abril, una coalición de asociaciones de medios de comunicación pidió la derogación del artículo 76 de la Ley de Comunicaciones Electrónicas y del artículo 208 de la Ley de Infracciones Penales y Otros Delitos, argumentando que estas leyes se habían “utilizado como arma” para detener a periodistas y restringir el derecho a la libertad de expresión. En su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2023, Reporteros sin Fronteras situó a Ghana en el puesto 62 de los 180 países analizados, 2 por debajo con respecto a 2022.
En septiembre, la policía interpuso una orden judicial para impedir una protesta convocada por el elevado costo de la vida, cuya celebración estaba prevista del 21 al 23 de septiembre ante el palacio presidencial de la capital, Accra. Cuando se llevó a efecto la protesta el 21 de septiembre, la policía detuvo por reunión ilegal al menos a 49 manifestantes, que ese mismo día quedaron en libertad bajo fianza.
Uso excesivo de la fuerza
El 7 de marzo, en Ashaiman, las fuerzas armadas hicieron uso excesivo de la fuerza, golpes y patadas incluidos, mientras investigaban el asesinato de uno de sus miembros. Durante la operación, las Fuerzas Armadas de Ghana detuvieron a 184 personas. El viceministro de Defensa pidió disculpas por el hecho de que en la operación se hubieran visto atrapadas personas inocentes. El Comité de Defensa e Interior del Parlamento declaró que había llevado a cabo investigaciones, pero, al terminar el año, no se había publicado ningún informe.
Derecho a la salud
En febrero, el Servicio de Salud de Ghana reveló que 27 mujeres embarazadas del municipio de Bawku habían muerto entre 2021 y 2022 por no haber podido acceder a servicios médicos. Algunas de ellas no habían llegado a tiempo al hospital, pero otras habían fallecido debido a la escasez de personal.
En abril, Ghana se convirtió en el primer país en aprobar una vacuna contra la malaria, desarrollada por la Universidad de Oxford.
Derecho a un medioambiente saludable
Los activistas ambientales advirtieron de que el plan del gobierno de importar gas natural licuado en virtud de un acuerdo de 17 años de duración conduciría a un mayor uso de carbono y retrasaría la transición a una energía más limpia.
Activistas medioambientales, comerciantes de ropa y pescadores denunciaron la contaminación que ocasionaban en el país los productos textiles usados que llegaban del extranjero. Las prendas de moda rápida donadas por otros países seguían llegando a mercados de segunda mano como el de Kantamanto, en Accra, y, tras desecharse en gran volumen como residuo debido a su baja calidad, terminaban en las playas de Accra y en el río Odaw, la laguna Korle o el mar.
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