Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se denunciaron casos de uso excesivo de la fuerza. Continuaron las condiciones de hacinamiento en las cárceles. Las mujeres seguían sufriendo discriminación y violencia de género. Se intensificaron los ataques contra las personas LGBTI. Se realizaron esfuerzos para empezar a vacunar contra la COVID-19 a personas de riesgo y trabajadores y trabajadoras esenciales. Algunas personas se quedaron sin hogar a causa de los desalojos forzosos.
En enero, el presidente Akufo-Addo tomó posesión de su cargo para un segundo mandato. En mayo, jóvenes de Ghana comenzaron a utilizar en las redes sociales variaciones de la etiqueta #FixTheCountry (“arreglar el país”) para pedir reformas sociales y económicas.
Hubo varios incidentes de uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Diversos medios de comunicación informaron de la agresión de unos agentes de Seguridad Nacional al periodista Peter Tabiri el 7 de mayo mientras cubría una redada en un casino. Los agentes presuntamente le propinaron patadas y bofetadas y le arrojaron agua encima, lo que le causó lesiones en el oído derecho.
El 11 de mayo, unos agentes de Seguridad Nacional arrestaron y presuntamente agredieron al reportero Caleb Kudah, de Citi FM, tras descubrir que estaba grabando unos vehículos estatales abandonados en sus instalaciones. Después, los agentes irrumpieron en las oficinas de Citi FM y arrestaron a la compañera de trabajo de Caleb Kudah, Zoe Abu-Baidoo. Ambos quedaron en libertad sin cargos.
El 29 de junio, las fuerzas policiales y militares mataron a tiros a dos manifestantes e hirieron a otros cuatro durante una protesta en Ejura Sekyedumase (región de Ashanti). En julio, el comité ministerial conformado por tres miembros al que se encargó realizar una investigación pública sobre el incidente envió su informe al gobierno.
El 1 de julio, en Wa (región Alta Occidental), unos militares se comportaron de manera violenta, golpeando a personas por el presunto robo de un teléfono. El Alto Mando Militar encargó investigar el incidente a un comité conformado por cuatro miembros. Una junta disciplinaria degradó a tres militares del cuartel de Wa y juzgó y encarceló durante 30 días a otros ocho.
El 14 de enero, un agente de policía arrestó a Selorm Gborbidzi, reportero del periódico con sede en Accra The Finder, a raíz de que éste empezara a grabar un altercado entre el agente y el conductor de un vehículo comercial. El periodista quedó en libertad cuatro horas después acusado de obstrucción a la justicia, grabación ilegal de un agente de policía de servicio e insultos a un agente de policía.
Continuó el hacinamiento en las cárceles. Según el director general de los servicios penitenciarios, a 24 de junio la población reclusa total era de 13.200 personas, pese a que la capacidad autorizada era de 9.945. La alimentación de los presos era inadecuada debido al insuficiente presupuesto destinado a la alimentación: 1,80 cedis (alrededor de 0,30 dólares estadounidenses) por día y recluso.
El Proyecto de Ley de Disposiciones Positivas seguía pendiente de aprobación al finalizar el año.
En marzo, la oficina del Fondo de Población de la ONU en Ghana, en asociación con el gobierno, presentó el Centro de Apoyo Naranja y la aplicación de telefonía móvil Boame para denunciar casos de violencia de género intrafamiliar.
Los campos para “brujas” continuaron abiertos, a pesar de que el gobierno había prometido cerrarlos. Las mujeres de edad avanzada acusadas de brujería corrían peligro de ser desterradas a dicho campos. El 23 de julio, un año después de que una muchedumbre linchara a una anciana, se celebró un foro conmemorativo para pedir al Parlamento que tipificara como delito el hecho de calificar de brujas a personas. En diciembre, varios medios de comunicación informaron de que unos jóvenes habían matado a golpes a una anciana en Nalerigu (Región Nordeste) porque sospechaban que era una bruja.
La discriminación contra las personas LGBTI se intensificó. En febrero, unos agentes de policía registraron y cerraron la entonces recientemente inaugurada oficina de la organización sin ánimo de lucro Derechos LGBT+ Ghana. El 20 de mayo, la policía arrestó a 21 activistas LGBTI durante una sesión de formación por participar en una reunión ilegal. Todas las personas detenidas quedaron en libertad bajo fianza en junio y los cargos se desestimaron el 5 de agosto.
En junio se presentó ante el Parlamento el Proyecto de Ley de Promoción de los Derechos Sexuales Humanos Adecuados y los Valores de la Familia Ghanesa, que criminalizaba aún más a las personas LGBTI e introducía penas de prisión para cualquier persona que manifestara apoyo o “solidaridad” hacia ellas. También fomentaba las terapias de conversión y el “reajuste” de género para niños y niñas.
El 1 de febrero, la Asociación Médica de Ghana comunicó un aumento del personal médico que había contraído la COVID-19 y, en enero, la muerte de dos médicos por esa enfermedad.
En marzo comenzó la vacunación contra la COVID-19 de las personas de riesgo y los trabajadores y trabajadoras esenciales, y se utilizaron drones para hacer llegar vacunas a comunidades rurales. El 7 de mayo, el vicepresidente Mahamudu Bawumia declaró que se había vacunado a 2.161 funcionarios de prisiones y 1.136 reclusos con problemas de salud subyacentes. A mediados de diciembre, menos del 10% de la población tenía la pauta completa de la vacuna.
La campaña Hagamos que Accra Funcione, del ministro regional del área metropolitana de Accra, implicaba la demolición de construcciones ilegales. En el marco de dicha campaña, el 5 de julio, las autoridades demolieron casas de personas que vivían en la zona de Railway Quarters, junto a Graphic Road, en Accra, y las dejaron sin hogar. Los antiguos residentes contaron a los medios de comunicación que no habían recibido la adecuada notificación. Ese mismo mes se requirió a alrededor de 3.000 trabajadores de la madera en Kaase-Angola (municipio de Asokwa), que llevaban decenios trabajando en la zona, que se marcharan de allí ya que al parecer el gobierno había vendido las tierras a una empresa privada. Los trabajadores de la madera sostenían que eso les privaría de un lugar de trabajo adecuado y afectaría a sus medios de vida.
En febrero, tres empresas manufactureras globales expresaron preocupación por el impacto de la extracción minera de bauxita en la población y la fauna y la flora silvestres de la Reserva Forestal de la Sierra de Atewa, y declararon que no iban a utilizar esa cadena de suministro.
En mayo, el ministro de Defensa anunció que 561 militares habían sido desplegados durante una operación de cuatro días en los ríos Birim, Offin y Oda (regiones de Oriental y Ashanti) en el marco de la Operación Alto para luchar contra la minería ilegal que estaba contaminando masas de agua. El 27 de mayo, el gobierno anunció el despliegue de otros 401 militares para poner fin a las operaciones en el río Ankobra.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
