Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Miembros de la oposición, medios de comunicación críticos con el gobierno y ONG fueron objeto de ataques, intimidación y escuchas telefónicas en un clima de impunidad. Persistía la preocupación por la falta de independencia judicial, la justicia selectiva y los procesamientos de motivación política de oponentes al gobierno. La construcción de la controvertida central hidroeléctrica de Namakhvani se detuvo a raíz de las protestas. Las violaciones de los derechos laborales y los abusos en este ámbito eran generalizados y se intensificaron debido a las restricciones relacionadas con la COVID-19. Entre las violaciones de derechos humanos cometidas en los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tsjinvali figuraban las restricciones a la libertad de circulación y la tortura y otros malos tratos.
Continuó la crisis política. En julio, el partido gobernante se retiró de un acuerdo alcanzado en abril y auspiciado por la Unión Europea para resolver la situación de enfrentamiento con la oposición. El acuerdo proponía reformas electorales y judiciales, y abordar la percepción de que la justicia estaba politizada.
El partido gobernante ganó las elecciones locales en octubre en un contexto de denuncias generalizadas de irregularidades electorales. La oposición convocó desde noviembre nuevas protestas contra los resultados electorales y contra la detención del expresidente de Georgia Mikheil Saakashvili.
El partido gobernante socavó cada vez más la independencia de las instituciones que garantizaban los derechos humanos y la rendición de cuentas del gobierno. En diciembre, el Parlamento disolvió a toda prisa el Servicio del Inspector del Estado que investigaba los abusos cometidos por la policía, y aprobó reformas que menoscababan la independencia judicial.
En septiembre, el gobierno se retractó de su compromiso de poner fin a los nombramientos politizados en el poder judicial, renunciando así a la mitad del préstamo de 150 millones de euros concedido por la Unión Europea para ayudar a hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Los contagios de COVID-19 y las muertes relacionadas con esta enfermedad repuntaron en agosto, septiembre y octubre. La campaña de vacunación fue lenta ya que las posturas contrarias a la vacuna seguían teniendo fuerza, influidas por la Iglesia Ortodoxa de Georgia.
Los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tsjinvali siguieron bajo ocupación y control rusos.
Se amenazó y atacó a miembros de la oposición, activistas de la sociedad civil y periodistas que criticaban al gobierno. En ocasiones las autoridades realizaron declaraciones en las que toleraban dicha violencia, lo que fomentó la sensación de impunidad.
El 5 de julio, la marcha del Orgullo prevista en Tiflis se canceló debido a que la policía no protegió a quienes la organizaron de contramanifestantes violentos. Ese mismo día, una multitud homófoba violenta saqueó el edificio que albergaba la sede del Orgullo de Tiflis y obligó a huir a las personas organizadoras. En torno a 50 periodistas que se encontraban allí fueron objeto de agresiones y sufrieron lesiones. Una de las personas golpeadas brutalmente, el operador de cámara de TV Pirveli Lekso Lashkarava, fue hallado muerto en su vivienda 6 días después del incidente. Las autoridades negaron su responsabilidad culpando a quienes habían organizado la marcha del Orgullo de haber provocado la violencia y publicando numerosas imágenes de cámaras de seguridad del último día de Lekso Lashkarava, insinuando que podría haber adquirido drogas. Al concluir el año, las autoridades no habían identificado a los organizadores de la violencia multitudinaria ni garantizado una investigación efectiva sobre los sucesos violentos.
El 12 de septiembre se filtraron a los medios de comunicación e Internet miles de archivos que contenían información sobre la vida privada de periodistas, activistas civiles, figuras políticas, y miembros del clero y del cuerpo diplomático que revelaban que el Servicio de Seguridad del Estado de Georgia realizaba vigilancia y escuchas generalizadas. Al concluir el año, la investigación sobre la presunta vigilancia ilegal no había producido ningún resultado.
Aumentó la preocupación suscitada por la influencia del gobierno en el poder judicial, la utilización de la justicia selectiva, y los procesamientos de motivación política de la oposición y los medios de comunicación críticos.
El 28 de enero quedaron en libertad bajo fianza un cartógrafo y una cartógrafa detenidos en octubre de 2020 por los dudosos cargos de “violar la integridad territorial del país”, pero continuó abierta la causa penal contra ellos.
El 23 de febrero, la policía arrestó al parlamentario y presidente del partido de la oposición Nika Melia por presunta incitación a la violencia durante las protestas contra el gobierno de 2019. Nika Melia quedó en libertad el 10 de mayo después de que la Unión Europea pagara su fianza para tratar de rebajar la tensión entre el gobierno y la oposición.
Continuó el juicio contra el director y cofundador de la cadena de televisión favorable a la oposición Mtavari por cargos infundados de abuso de poder y malversación. Giorgi Rurua, uno de los principales accionistas de la cadena, fue indultado y excarcelado en abril tras haber sido condenado a cuatro años de prisión en 2020.
El 1 de octubre, el expresidente de Georgia Mikheil Saakashvili fue arrestado al regresar del exilio para cumplir una condena de seis años de prisión impuesta in absentia. Tras una huelga de hambre de cinco semanas, fue trasladado a un hospital penitenciario que no contaba con instalaciones médicas adecuadas, donde sufría amenazas e insultos de otros reclusos y trato degradante de las autoridades penitenciarias. El 20 de noviembre fue trasladado en estado crítico a un hospital militar, pero el 30 de noviembre fue devuelto a prisión. Sus médicos informaron de que su salud se había visto perjudicada gravemente a consecuencia de los malos tratos. A raíz de la disolución del Servicio del Inspector del Estado, se detuvo la investigación que estaba llevando a cabo dicha institución sobre esas denuncias. Se denegó la petición de Mikheil Saakashvili de un nuevo juicio.
En noviembre, el embajador de la Unión Europea criticó a las autoridades de Georgia por los “retrocesos en el ámbito del poder judicial y el Estado de derecho”, que incluían las designaciones politizadas “no transparentes ni competitivas” de jueces del Tribunal Supremo y del Consejo Superior de Justicia, y porque no se hubieran adoptado las prometidas reformas constitucionales sobre el proceso de nombramiento del fiscal general.
En septiembre, tras unas protestas que se habían prolongado años, se canceló la construcción de la controvertida central hidroeléctrica de Namakhvani en el oeste de Georgia. En varias ocasiones durante el año, la policía detuvo a manifestantes que se oponían por motivos de seguridad ambiental a la construcción de la central y les impidió concentrarse cerca del lugar de las obras.
Las violaciones de los derechos laborales y los abusos en este ámbito eran generalizados, ya que las empresas llevaban a cabo despidos sin el debido proceso y reducían los salarios o se negaban a pagarlos, incluso a los trabajadores y trabajadoras esenciales, debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19.
En marzo se rescindieron los contratos de decenas de personas empleadas en una empresa regional de reparto de comida como represalia por las protestas colectivas contra los recortes salariales y el empeoramiento de las condiciones laborales. En agosto, el personal del servicio municipal de recogida de basura denunció haber sido objeto de amenazas y recortes salariales como represalia por haber celebrado una huelga de tres días para exigir mejores condiciones laborales.
Ya no se estaba realizando ninguna investigación efectiva sobre la muerte de Inal Dzhabiev, del territorio escindido de Osetia del Sur/Región de Tsjinvali, que había muerto bajo custodia en Tsjinvali después de ser brutalmente golpeado tras su arresto en agosto de 2020.
Anri Ateiba, del territorio escindido de Abjasia, murió el 14 de septiembre tras ser hallado inconsciente en el centro de detención temporal de Gagra el 12 de agosto. La investigación de su muerte seguía pendiente.
Según informes, la salud de Irakli Bebua, residente de Gali de etnia georgiana que cumplía una pena de nueve años de cárcel por quemar la bandera de Abjasia, se deterioró debido a enfermedades crónicas y a la falta de atención médica adecuada bajo custodia.
Las autoridades de facto de Abjasia y Osetia del Sur/Región de Tsjinvali continuaron deteniendo a civiles y limitando la circulación de entrada y salida en el territorio controlado por el gobierno, incluso mediante restricciones adicionales de cuarentena relacionadas con la pandemia, lo que tuvo repercusiones en varios derechos humanos, incluidos los económicos y sociales.
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