Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las leyes sobre “seguridad global” y “refuerzo de los valores republicanos” suscitaban preocupación en relación con la vigilancia masiva, así como con el derecho a la libertad de expresión y de asociación. Las autoridades continuaron empleando disposiciones penales imprecisas y excesivamente amplias para arrestar y enjuiciar a personas que se manifestaban pacíficamente, y utilizaron armas peligrosas en el mantenimiento del orden en reuniones públicas. En junio, la policía usó fuerza excesiva para dispersar a cientos de personas que se habían congregado pacíficamente con motivo de un festival de música. En julio, una coalición de organizaciones interpuso una demanda colectiva alegando que el gobierno no había adoptado medidas para impedir el uso de criterios raciales y la discriminación racial sistémica por parte de la policía. Se continuó excluyendo a las personas transgénero del acceso a la fecundación in vitro. Las autoridades devolvieron a personas de etnia chechena a Rusia a pesar del riesgo elevado de que allí sufrieran graves violaciones de derechos humanos. En febrero, un tribunal administrativo falló por primera vez que la inacción de las autoridades frente al cambio climático era ilegal.
En abril, el Parlamento aprobó una ley sobre “seguridad global” que incluía una disposición que restringía el derecho a difundir imágenes que identificaran a agentes de policía. Preocupaba que se pudiera impedir a la prensa y a defensores y defensoras de los derechos humanos difundir información de interés público sobre abusos cometidos presuntamente por la policía. En mayo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha disposición.
En julio, el Parlamento aprobó una ley que tenía por objeto “reforzar los principios republicanos”. La ley, que entró en vigor en agosto, penalizaba la publicación de información sobre la vida privada o profesional de cualquier persona, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, si podía dar lugar a amenazas directas contra ella o sus familiares. Aunque esta ley incluía una disposición específica para la prensa, suscitaban preocupación las restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión.
Las autoridades continuaron empleando disposiciones penales imprecisas y excesivamente amplias para arrestar y enjuiciar a quienes se manifestaban pacíficamente, también en el contexto de las reuniones públicas en oposición al nuevo proyecto de ley sobre “seguridad global”. En mayo, un tribunal absolvió a Frédéric Vuillaume, sindicalista que se había manifestado pacíficamente contra el proyecto de ley en diciembre de 2020. Las autoridades lo habían acusado de participar en una reunión pública que consideraban una amenaza para el orden público.
En junio, la policía usó fuerza excesiva para dispersar a cientos de personas que se habían congregado pacíficamente para un festival de música en Redon (Bretaña). La policía empleó armas, como gas lacrimógeno y granadas aturdidoras, principalmente de noche. Durante la operación policial varias personas sufrieron graves lesiones, incluida la pérdida de una mano en el caso de un hombre. El incidente constituyó una vulneración tanto de la legislación nacional como del derecho internacional, que establecen que el uso de la fuerza ha de ser necesario y proporcionado. Al concluir el año, las autoridades no habían iniciado una investigación efectiva e independiente de la operación de dispersión.
En septiembre, el presidente Macron anunció medidas, que incluían la supervisión parlamentaria, para garantizar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. No obstante, no se estableció un mecanismo de supervisión totalmente independiente.
En agosto, la ley sobre “principios republicanos” introdujo varios motivos nuevos y controvertidos para la disolución de organizaciones entre los que figuraba, por ejemplo, la incitación a la discriminación o a la violencia por parte de cualquier miembro de una organización cuyos dirigentes no hubieran impedido dicha incitación. Incluso antes de que se aplicara esta ley, el gobierno había podido disolver una organización por motivos imprecisos y sin necesidad de escrutinio judicial previo.
La nueva ley introducía, además, el requisito de que las organizaciones que solicitaran subvenciones públicas firmaran un “contrato republicano” en el que manifestaban su compromiso con “los principios de libertad, igualdad, fraternidad y respeto de la dignidad humana”. Supeditar las subvenciones a estos principios imprecisos podía dar pie a restricciones desproporcionadas al derecho a la libertad de asociación y de expresión.
Las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando casos de uso de perfiles raciales por la policía. En junio, el Tribunal de Apelación de París falló que tres estudiantes de secundaria pertenecientes a minorías étnicas habían sufrido discriminación en 2017 cuando la policía les dio el alto para comprobar su identidad cuando volvían de una excursión escolar. En julio, una coalición de organizaciones interpuso una demanda colectiva ante el Consejo de Estado alegando que el gobierno no había adoptado medidas para impedir el uso de criterios raciales y la discriminación racial sistémica por parte de la policía.
Algunas autoridades expresaron puntos de vista estereotipados y prejuicios contra las personas musulmanas durante los debates sobre la legislación relativa a los “principios republicanos”. Con el propósito de proteger la neutralidad y el “secularismo”, la ley reforzaba la prohibición de manifestar la religión o las creencias en el sector público, incluso para las personas que contribuían a servicios públicos sin estar empleadas en éste. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, dicho fin no era legítimo para justificar restricciones al derecho a la libertad de religión o de creencias.
En junio, el Parlamento aprobó una ley sobre bioética que permitía el acceso a la fecundación in vitro con independencia de la orientación sexual o el estado civil de la persona. Sin embargo, la fecundación in vitro seguía sin estar disponible para las personas transgénero.
Las autoridades continuaron devolviendo a personas de etnia chechena a Rusia a pesar del riesgo elevado de que allí sufrieran violaciones graves de derechos humanos. En abril, la policía chechena secuestró a Magomed Gadaev —refugiado y testigo clave en una investigación sobre torturas de gran repercusión abierta contra las autoridades de Chechenia— dos días después de su deportación de Francia a Rusia. La devolución de Magomed Gadaev se produjo a pesar de que el Tribunal Nacional del Derecho de Asilo había dictado una sentencia en marzo oponiéndose a tal procedimiento.
En septiembre, la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) expresó preocupación por un discurso pronunciado por el presidente Emmanuel Macron durante la toma del poder en Afganistán por los talibanes en el que hizo hincapié en la necesidad de garantizar la protección de las personas solicitantes de asilo al tiempo que se combatía la “migración irregular” proveniente de Afganistán. La CNCDH pidió al gobierno que facilitara la creación de un mecanismo europeo para garantizar la responsabilidad compartida de proteger a la población afgana que huía a Europa, y la suspensión de las devoluciones a Afganistán. Tras la caída de Kabul el 15 de agosto, Francia continuó emitiendo órdenes de deportación de ciudadanos afganos. En septiembre, el Ministerio del Interior confirmó que al menos 20 personas afganas habían sido enviadas a otros países de la UE en aplicación del Reglamento de Dublín desde que los talibanes habían tomado el poder en Afganistán. El 29 de septiembre, cuatro hombres afganos fueron deportados a Bulgaria, cuyo gobierno seguía considerando infundadas las solicitudes de asilo de personas afganas y se negaba a estudiarlas.
Las personas migrantes y solicitantes de asilo continuaron sufriendo tratos degradantes, particularmente en Calais, donde la policía y las autoridades locales restringieron su acceso a la ayuda humanitaria y las sometieron a hostigamiento, pero también en Menton y Briançon, donde se negó a las personas migrantes el derecho a solicitar asilo. El 24 de noviembre, al menos 27 personas se ahogaron al tratar de llegar a Reino Unido en barco desde Calais. Continuaron aumentando los intentos de cruzar el mar en ausencia de un acceso efectivo a procedimientos de asilo en Francia, así como en el contexto de los obstáculos a la reunificación familiar y de la inexistencia de otras rutas seguras y legales para solicitar asilo en Reino Unido.
En septiembre, un tribunal condenó a un agente de policía que había agredido físicamente al defensor de los derechos humanos Tom Ciotkowsky en Calais en 2018. Ese mismo mes, un tribunal de apelación absolvió a siete defensores y defensoras de los derechos humanos que habían sido declarados culpables de facilitar la entrada de migrantes irregulares en Briançon en 2018.
En abril, la ley sobre “seguridad global” amplió el uso de las cámaras de videovigilancia e incorporó una disposición que permitía a las autoridades utilizar drones para grabar a la gente en un amplio abanico de circunstancias, con pocas excepciones y sin ninguna supervisión independiente. En mayo, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha disposición.
En julio, el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley sobre responsabilidad penal y seguridad nacional que volvía a incluir una disposición que permitía las grabaciones de vídeo con drones en un amplio abanico de circunstancias. Aunque esa disposición excluía explícitamente el uso de tecnologías de reconocimiento facial, no sometía la utilización de drones a un mecanismo de supervisión independiente. Al terminar el año, el proyecto de ley seguía pendiente ante el Parlamento.
En mayo, el Tribunal de Apelación de Riom confirmó las medidas de control administrativo dictadas contra Kamel Daoudi y su sentencia condenatoria por saltarse un toque de queda en 2020; en febrero, el Tribunal había acordado dejarlo en libertad bajo fianza mientras examinaba de nuevo el caso. Kamel Daoudi estaba sometido a medidas de control administrativo que restringían su derecho a la libertad de circulación y a la vida privada desde 2008.
En junio, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) expresó preocupación por la violencia y los abusos sufridos por personas sometidas a detención sin cargos, incluidos presuntos insultos racistas y homofóbicos por parte de la policía.
El CPT también manifestó preocupación por el hacinamiento y otras condiciones en las prisiones francesas, así como por la detención de personas con enfermedades mentales en cárceles ordinarias debido a la falta de recintos adecuados.
En septiembre, varias organizaciones de la sociedad civil iniciaron procedimientos ante los tribunales para garantizar la transparencia y el acceso a información sobre transferencias de armas de Francia a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, donde existía un riesgo sustancial de que se emplearan para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en el conflicto de Yemen o para facilitar su comisión. El gobierno y el Parlamento no alcanzaron un acuerdo para establecer un mecanismo de supervisión parlamentaria sobre las transferencias de armas.
En septiembre, el Senado adoptó una enmienda del proyecto de ley sobre “confianza en el sistema judicial” para otorgar a los tribunales mercantiles la competencia de conocer disputas sobre el deber de vigilancia de las empresas, un deber legal que obligaba a las empresas más grandes a publicar planes anuales de vigilancia para abordar cualquier impacto adverso de sus actividades en los derechos humanos y el medioambiente. Algunas organizaciones de la sociedad civil expresaron preocupación, ya que habían pedido que esa materia fuera competencia de los tribunales civiles. El 21 de octubre, un comité conjunto rechazó la enmienda del Senado y garantizó así que el impacto en los derechos humanos y en el medioambiente de las empresas fuera dirimido por el tribunal civil de París. En diciembre, una sentencia del Tribunal de Casación reconoció la jurisdicción de los tribunales civiles en la primera acción legal presentada en virtud de la ley sobre el deber de vigilancia.
En febrero, un tribunal administrativo falló por primera vez que la inacción de las autoridades para abordar la emergencia climática era ilegal y que cabría exigir responsabilidades al gobierno por incumplimiento de sus compromisos.
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