Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Persistía la discriminación racial y religiosa, especialmente contra las personas y las asociaciones musulmanas. La policía continuó haciendo un uso excesivo de la fuerza sin rendir cuentas por ello. La ley sobre “valores republicanos” restringía la libertad de asociación. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Francia había vulnerado los derechos de personas refugiadas chechenas y de solicitantes de asilo sin recursos. Francia no cumplía las normas sobre calidad del aire. Un excomandante rebelde liberiano fue condenado por cometer atrocidades en tiempos de guerra en Liberia. Se interpuso una denuncia penal contra tres empresas armamentísticas francesas por posible complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Yemen. El hacinamiento grave en las prisiones tenía como consecuencia condiciones de reclusión inhumanas y degradantes.
Se impidió ilegítimamente al colectivo de mujeres futbolistas Les Hijabeuses celebrar una protesta durante un debate parlamentario sobre una propuesta de prohibir llevar indumentaria religiosa en el deporte de competición. La propuesta, que se presentó como una enmienda al proyecto de ley de democratización del deporte, reforzaba una prohibición discriminatoria existente que impedía a las mujeres musulmanas participar en competiciones de fútbol si decidían llevar hiyab. Un tribunal administrativo anuló la prohibición de la protesta, aunque lo hizo después de que ésta se cancelara. Pese a que la enmienda no se adoptó, los debates parlamentarios sobre la cuestión estuvieron plagados de retórica discriminatoria.1
Al terminar el año, el máximo tribunal administrativo de Francia, el Consejo de Estado, todavía no se había pronunciado sobre una denuncia presentada por Les Hijabeuses en noviembre de 2021 contra la discriminatoria política de la Federación Francesa de Fútbol que prohibía participar en competiciones de fútbol a las mujeres con hiyab.
En junio, el Consejo de Estado confirmó la sentencia dictada por un tribunal inferior que prohibía el uso de trajes de baño de cuerpo entero —denominados burkinis— en las piscinas públicas de Grenoble. El tribunal había concluido que la autorización de usar burkini propuesta por Grenoble “atentaba contra la igualdad de trato” de otros usuarios y usuarias de servicios públicos y citaba la ley de “valores republicanos” de 2021, cuyos críticos habían temido que diera lugar a violaciones de derechos humanos y, en particular, a la discriminación de personas y asociaciones musulmanas.
En junio, apareció en Aviñón un mural con imágenes, simbología y temática abiertamente antisemitas que representaba a un asesor político controlando al presidente Macron. Las autoridades locales rechazaron las peticiones de borrar el mural invocando la libertad de expresión. Finalmente, el mural fue destrozado por ciudadanos particulares.
En diciembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó a Francia a redoblar sus esfuerzos para prevenir y combatir efectivamente el discurso de odio racista debido al “discurso racista y discriminatorio persistente y generalizado [...] de algunos dirigentes políticos contra determinadas minorías étnicas, en particular romaníes, nómadas, africanos, afrodescendientes, personas de origen árabe y no ciudadanos”. El Comité también mostró preocupación por el uso frecuente de criterios raciales por parte de organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Al terminar el año estaba pendiente de resolución una demanda colectiva interpuesta en 2021 ante el Consejo de Estado por una coalición de organizaciones que alegaba que el gobierno no había adoptado medidas para impedir el uso de criterios raciales y la discriminación racial sistémica por parte de la policía.
La fiscalía decidió archivar el caso de un joven que había perdido una mano durante una operación policial en una fiesta cerca de Redon en la que se usaron proyectiles de impacto cinético, así como granadas aturdidoras y de gas lacrimógeno, de manera indebida y peligrosa, de noche y con poca visibilidad. La fiscalía afirmó que el uso de la fuerza había sido necesario y proporcionado, lo que contradecía directamente las conclusiones de un informe de Amnistía Internacional de 2021.
No hubo avances en la obtención de justicia, verdad y reparación por la muerte de la ciudadana argelina Zineb Redouane, que había perdido la vida tras ser golpeada en la cara por un bote de gas lacrimógeno disparado por la policía durante una protesta celebrada frente a su apartamento en diciembre de 2018. A pesar de que los medios de comunicación habían informado en 2021 de que la Inspección General de la Policía Nacional había recomendado imponer una sanción administrativa al agente que disparó el bote, el director de la Policía Nacional se negó a aplicar sanción alguna y el caso parecía que estaba estancado en el juzgado de instrucción.
Las organizaciones de la sociedad civil sufrieron restricciones, en particular debido a la ley sobre “valores republicanos” de 2021 y el posterior decreto de desarrollo en vigor a partir del 1 enero de 2022. Antes de su aprobación, algunas ONG habían advertido de que esa ley iba a permitir la restricción desproporcionada del derecho a la libertad de asociación y de expresión. Varias organizaciones también corrían peligro de ser objeto de disolución administrativa en aplicación de otras leyes.
En mayo, el Consejo de Estado suspendió la disolución de una organización antifascista y de dos organizaciones propalestinas sosteniendo que no incitaban a la “discriminación, el odio o la violencia, o a un comportamiento que pudiera provocar actos de terrorismo”.
En enero, el ministro del Interior anunció la disolución del medio de comunicación independiente Nantes Révoltée, pero no se inició ningún procedimiento. En septiembre, el prefecto del departamento de Vienne instó a las autoridades del área de Poitiers a retirar la financiación a un festival organizado por Alternatiba, un movimiento de base contra el cambio climático y las desigualdades sociales, porque el programa incluía talleres sobre desobediencia civil, lo que presuntamente incumplía el “compromiso contractual republicano”.
En agosto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió en dos sentencias, R. v. France y W. v. France, que el gobierno había violado la prohibición de infligir tortura y trato inhumano o degradante (artículo 3) al evaluar de manera inadecuada los riesgos para los derechos humanos de la deportación a Rusia de personas chechenas cuya condición de refugiadas había sido revocada. En diciembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en la causa M. K. and Others v. France que el gobierno había vulnerado el derecho de solicitantes de asilo sin recursos a acceder a un tribunal (artículo 6) al no ejecutar las órdenes de proporcionar alojamiento de emergencia dictadas por el juez de medidas provisionales del Tribunal Administrativo.
La policía de fronteras continuó devolviendo a personas sumariamente a Italia, incluidos menores no acompañados, sin el debido proceso ni evaluación de sus circunstancias individuales. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley aplicaban criterios raciales contra las personas que subían a los trenes o viajaban en ellos, o que cruzaban la frontera a pie o en coche. Se detuvo a personas que cruzaban la frontera de noche fuera de todo marco jurídico, para entregarlas a la policía italiana a la mañana siguiente. Decenas de personas murieron intentado pasar la frontera de formas cada vez más peligrosas.
Miles de personas siguieron intentando cruzar el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones debido a la ausencia de vías seguras y legales para entrar en Reino Unido.2
Según el ACNUR —la Agencia de la ONU para los Refugiados—, hasta el final de octubre habían llegado a Francia 118.994 personas refugiadas de Ucrania.
El 24 de febrero, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU condenó el hecho de que Francia no repatriara a menores de edad franceses que soportaban condiciones que ponían en peligro su vida en campos de detención sirios para presuntos integrantes del Estado Islámico y sus familias, lo que vulneraba su derecho a la vida y a no sufrir trato inhumano y degradante.
En julio, Francia repatrió a 35 menores de edad, 7 de los cuales eran menores no acompañados, y a 16 madres que estaban detenidas en campos en el nordeste de Siria. En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Francia en su sentencia en la causa H. F. and Others v. France por negarse a repatriar a 2 mujeres de nacionalidad francesa cuyas parejas eran presuntos combatientes del Estado Islámico.
Francia continuó actuando caso por caso en materia de repatriación, mientras decenas de personas de otras nacionalidades, incluidos menores de edad, mujeres y hombres, seguían recluidas en condiciones peligrosas y de hacinamiento.
En septiembre, el Consejo de Estado reafirmó como derecho fundamental el derecho a vivir en un medio ambiente saludable.
En octubre, el Consejo de Estado impuso al gobierno una multa de 20 millones de euros por no observar durante 2 periodos de 6 meses, de julio de 2021 a julio de 2022, su obligación legal de cumplir las normas europeas sobre calidad del aire. El importe se destinó a grupos ecologistas. Al finalizar el año, el Estado no había adoptado medidas adecuadas para mejorar la calidad del aire a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos en materia de contaminación “en el menor tiempo posible”.
También en octubre, las ciudades de París, Nueva York y Poitiers, así como Amnistía Internacional Francia, se sumaron a una demanda colectiva en curso interpuesta por una coalición de organizaciones de la sociedad civil contra TotalEnergies en 2017. La demanda alegaba que la empresa no cumplía los objetivos del Acuerdo de París y no ejercía una diligencia debida significativa respecto a la crisis climática, como requería la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las empresas.
En noviembre, el Tribunal Penal de París dictó una sentencia histórica en la que declaró al excomandante rebelde liberiano Kunti Kamara culpable de crímenes de guerra cometidos en Liberia entre 1989 y 1996, cómplice en crímenes de lesa humanidad y perpetrador directo de torturas y “actos de barbarie”.
Seguía suscitando preocupación la interpretación del principio de jurisdicción universal en la legislación francesa. Dicha interpretación, una de las más restrictivas del mundo, seguía anulando de hecho el ejercicio de la jurisdicción universal para la mayoría de los crímenes recogidos en el derecho internacional.
En junio, una coalición de ONG presentó una denuncia penal ante un tribunal francés contra las empresas armamentísticas francesas Dassault Aviation, Thales Group y MBDA France por su posible complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad derivados de la transferencia de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para su uso en Yemen. No hubo avances ni en el seno del gobierno ni en el Parlamento para alcanzar un acuerdo destinado a establecer un mecanismo de supervisión parlamentaria de las transferencias de armas.
En junio, la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones y Amnistía Internacional pidieron un plan nacional de acción para abordar urgentemente el hacinamiento y las condiciones inhumanas en las cárceles francesas, como había recalcado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia de 2020.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
