Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La falta de rendición de cuentas seguía facilitando los homicidios y otras violaciones de los derechos humanos en la campaña de “guerra contra las drogas” emprendida por el gobierno. La Corte Penal Internacional (CPI) anunció una investigación sobre crímenes de lesa humanidad. Defensores y defensoras de los derechos humanos y personas que ejercían el activismo político y la política fueron víctimas de homicidio ilegítimo, detención y reclusión arbitraria y hostigamiento. Los pueblos indígenas fueron atacados por las autoridades y por agresores no identificados. El acceso a la atención médica, de por sí inadecuado, empeoró a medida que ascendía el índice de contagios de COVID-19. Maria Ressa, periodista crítica con la “guerra contra las drogas”, ganó el premio Nobel de la Paz, pero siguió enfrentándose a la posibilidad de pasar decenas de años en la cárcel por las demandas que tenía pendientes, algunas presentadas por el gobierno.
Se mantuvieron en vigor las restricciones impuestas en respuesta a la pandemia de COVID-19, que afectaban de manera desproporcionada a quienes vivían en la pobreza. Empezaron los preparativos de las elecciones presidenciales de mayo de 2022.
Continuaron las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de los derechos humanos en la “guerra contra las drogas” del gobierno. El presidente Duterte siguió incitando a la violencia contra las personas sospechosas de consumir o vender drogas. Asimismo, en su discurso sobre el estado de la nación, en julio, pidió al Congreso la aprobación de una ley para facilitar asistencia jurídica gratuita a los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de homicidios ilegítimos.1
En octubre, el Ministerio de Justicia publicó información parcial sobre su examen de sólo 52 de los miles de casos de homicidios ocurridos en operaciones policiales contra la droga. Aunque el examen era manifiestamente inadecuado e incumplía las normas internacionales, sus limitadas conclusiones contradecían la afirmación policial de que el empleo de fuerza letal estaba justificado, y confirmaban violaciones de derechos humanos documentadas por grupos de derechos humanos tanto locales como internacionales.2
En septiembre, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó una investigación sobre los crímenes —incluido el crimen de lesa humanidad de asesinato— cometidos en todo el país en el contexto de la “guerra contra las drogas” entre los años 2016 y 2019, y sobre los homicidios cometidos en la zona de Davao entre 2011 y 2016.3 El gobierno afirmó que no cooperaría con la investigación. En noviembre, la CPI comunicó que había suspendido provisionalmente la investigación, en atención a una solicitud del gobierno filipino.
Expertos de la ONU y grupos de derechos humanos pidieron reiteradamente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el establecimiento de una investigación internacional sobre los homicidios y demás violaciones de los derechos humanos, dada la percepción de que el programa conjunto de cooperación técnica y fomento de la capacidad la ONU —establecido en virtud de la resolución aprobada en 2020 por el Consejo— no conseguía promover la justicia ni proteger los derechos humanos.
La práctica de las autoridades de vincular a organizaciones y personas a grupos comunistas —conocida como “etiquetado rojo”— provocó homicidios y actos de hostigamiento contra defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y otras personas. El 7 de marzo, las fuerzas de seguridad mataron a nueve personas y detuvieron a otras seis en redadas simultáneas contra grupos “etiquetados como rojos” de la región de Calabarzón. Entre las personas detenidas y muertas había activistas ambientales y líderes de comunidades urbanas pobres. Los grupos involucrados en los hechos negaron la versión de las fuerzas de seguridad, según la cual se habían confiscado armas de fuego y explosivos durante las redadas, y las muertes se habían producido al resistirse las víctimas a ser detenidas. 4 En un discurso pronunciado dos días antes de las redadas, el presidente Duterte afirmó haber ordenado a la policía y al ejército “matar” a los rebeldes comunistas. En diciembre, el Ministerio de Justicia recomendó archivar los cargos de asesinato contra 17 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por la muerte del líder de derechos laborales Emmanuel Asuncion durante las redadas.
Continuó la oposición a la Ley Antiterrorista, que concedía al gobierno amplias facultades para detener a quienes considerara enemigos del Estado. En diciembre, en respuesta a recursos de inconstitucionalidad contra esa ley, el Tribunal Supremo invalidó dos de sus partes, entre ellas determinadas disposiciones del apartado 4 que definían los actos de terror de manera imprecisa y amplia y que el Tribunal halló “excesivamente vagas y contrarias a la libertad de expresión”. Sin embargo, la ley siguió adoleciendo de deficiencias y prestándose a abusos. En julio, un tribunal de Olongapo, en la región de Luzón Central, desestimó los cargos presentados contra dos hombres de la comunidad indígena aeta, por considerar que se había producido un error de identificación. Se creía que ésta era la primera causa judicial abierta en aplicación de la Ley Antiterrorista desde su aprobación en julio de 2020.
La senadora Leila de Lima, presa de conciencia y una de las primeras políticas de oposición atacada por el gobierno de Duterte, continuó recluida por quinto año consecutivo. En febrero, un tribunal desestimó uno de los tres cargos de motivación política que pesaban contra ella: el de conspiración para traficar con drogas ilegales.
Continuaron los ataques contra pueblos indígenas y activistas en favor de los derechos indígenas. En enero, el jefe de policía de la región de La Cordillera dictó la orden de “disparar a matar” contra Windel Bolinget, destacado defensor de los derechos de los pueblos indígenas, si se resistía a obedecer una orden de arresto. En julio se desestimó un cargo de asesinato —de motivación política— contra Windel Bolinget.5
El 28 de febrero, unos individuos no identificados mataron a tiros a Julie Catamin, teniente del barrio de Roosevelt, en el municipio de Tapaz (provincia de Capiz). Había actuado como testigo en una causa judicial relacionada con una redada policial que había tenido lugar en diciembre de 2020, en la que habían sido detenidos líderes del pueblo indígena tumandok y habían muerto varias personas de esa comunidad. El 3 de marzo, agresores enmascarados apuñalaron e hirieron de gravedad a Angelo Karlo Guillen, abogado de los líderes de la comunidad tumandok, en la ciudad de Iloilo.
En febrero, las fuerzas de seguridad irrumpieron en una escuela de la ciudad de Cebú en la que vivían estudiantes de comunidades indígenas desplazadas por el conflicto armado. En la operación fueron detenidas, sin orden de arresto, siete personas —estudiantes, docentes y un anciano de la comunidad—, a quienes se acusó de secuestro y trata de seres humanos, y que permanecieron tres meses recluidas, después de los cuales se desestimaron los cargos en su contra.
En marzo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que reformaba la Ley General de Drogas Peligrosas de 2002. Este proyecto de ley contenía disposiciones que podían alentar a la detención arbitraria y violaban el derecho a un juicio justo, incluida la presunción de inocencia de las personas acusadas de consumo o venta de drogas.6 Al concluir el año, el proyecto de ley seguía en el Senado.
En abril se registró un marcado aumento de los casos de contagios y muertes por COVID-19, por lo que se acusó al gobierno de mala gestión de la pandemia.7 El ya inadecuado sistema de atención médica carecía de camas de hospital y personal sanitario suficientes para tratar a los pacientes de COVID-19. En marzo, el gobierno puso en marcha un programa de vacunación contra la COVID-19, pero preocupaban su lenta aplicación y su irregularidad geográfica, así como la discriminación en el acceso a las vacunas.
En agosto, un informe de la Comisión de Auditoría —órgano independiente creado por ley— puso al descubierto deficiencias en la gestión realizada por el Ministerio de Salud de los fondos asignados a la lucha contra la COVID-19, incluidas irregularidades en la trasferencia de fondos entre los distintos ministerios. Estas conclusiones dieron lugar a una investigación, realizada por un comité del Senado, que recomendó la presentación de cargos por perjurio contra altos ejecutivos de Pharmally Pharmaceutical Corporation —empresa contratada para el suministro de equipos de protección individual— y varios excolaboradores del gobierno.
En octubre, la periodista Maria Ressa fue galardonada con el premio Nobel de la Paz, junto con el periodista Dmitry Muratov, en reconocimiento a su lucha por la libertad de prensa en Filipinas. En junio y agosto se desestimaron dos cargos de ciberdifamación en su contra, pero continuó enfrentándose a otros cargos que, de ser declarada culpable, le podrían suponer hasta 60 años en prisión.8
En abril, las autoridades “etiquetaron como rojos” a personas y grupos que gestionaban “despensas comunitarias” donde se suministraba comida a personas necesitadas a causa del desempleo durante la pandemia.
En agosto, un informe documentó abusos contra los derechos laborales en el sector de la minería de níquel de la isla de Dinágat, entre ellos ausencia de contratos, retrasos en los pagos e impago de prestaciones obligatorias.9
El 2 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley núm. 7814 de la Cámara, que reformaba la Ley General de Drogas Peligrosas de 2002 y restauraba la pena de muerte para delitos de drogas. Al concluir el año, el proyecto de ley seguía en el Senado. También seguían pendientes de aprobación en la Cámara de Representantes y el Senado otros proyectos de ley para restaurar la pena de muerte.
El 18 de septiembre, ocho personas LGBTI resultaron heridas al estallar un dispositivo explosivo improvisado en un torneo de voleibol en la provincia de Maguindánao. El Parlamento de Bangsamoro condenó el acto como delito de odio y pidió a las autoridades una investigación.
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