Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se negó el acceso a procedimientos de asilo y se llevaron a cabo devoluciones a Croacia de solicitantes de asilo. La definición de la violación contenida en el Código Penal se ajustó a las normas internacionales. La libertad de los medios de comunicación se deterioró. Se restringió aún más la libertad de reunión pacífica.
Eslovenia continuó negando el acceso a procedimientos de asilo a posibles solicitantes que entraban en el país de manera irregular. La inmensa mayoría de las personas aprehendidas en territorio esloveno fueron devueltas sumariamente a la vecina Croacia en virtud de un acuerdo bilateral de readmisión que permitía realizar devoluciones no oficiales que eludían los procedimientos de asilo normales. La Defensoría del Pueblo criticó esta práctica aduciendo que privaba a la gente de recursos legales para abordar posibles violaciones de derechos humanos.
En abril, el Tribunal Supremo confirmó el fallo de un Tribunal Administrativo según el cual las autoridades no habían respetado el derecho a solicitar asilo de un ciudadano camerunés al trasladarlo sin mediar procedimiento formal a Croacia, desde donde posteriormente fue enviado a Bosnia y Herzegovina. En Italia y Austria, los tribunales también resolvieron que la práctica de Eslovenia de expulsar a solicitantes de asilo basándose en acuerdos bilaterales contravenía el derecho internacional y sometía a las víctimas a las denominadas expulsiones en cadena, lo que daba lugar a que se siguiera expulsando a personas a Croacia y Bosnia y Herzegovina. En diciembre, dos personas —un hombre y una niña kurda de 10 años procedente de Turquía— se ahogaron en el río Dragonja al intentar cruzar a Eslovenia.
En marzo se adoptaron cambios en la Ley de Extranjería y la Ley de Protección Internacional que restringían aún más el acceso de las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo a protección y derechos, y hacían posible el cierre total de las fronteras en caso de producirse una “crisis migratoria compleja”. Las ONG sostuvieron que las modificaciones vulneraban la legislación eslovena y europea y exponían a personas al riesgo de sufrir tortura.
En junio, el Parlamento de Eslovenia aprobó cambios en el Código Penal que reconocían que el sexo sin consentimiento era violación, armonizando así la legislación nacional con el derecho y las normas internacionales.1 En virtud de la nueva legislación, la coacción o el uso o amenaza de uso de la fuerza ya no serían condiciones necesarias para que el delito se considerara violación.
En diciembre, el Parlamento aprobó la ley sobre cuidados de larga duración a personas ancianas para abordar la falta de servicios asistenciales para la creciente población de edad avanzada.
En junio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las partes de la Ley de Enfermedades Contagiosas en las que el gobierno se había basado para imponer medidas restrictivas durante la pandemia de COVID-19, y dio al Parlamento dos meses para reformar dicha ley. Las modificaciones propuestas no obtuvieron la mayoría necesaria en el Parlamento en julio, con lo que, por el momento, seguía en vigor la disposición legal inconstitucional.
La prolongada prohibición general de las reuniones públicas, introducida por primera vez en octubre de 2020 entre otras medidas de mitigación de la COVID-19, continuó, con una sola interrupción de 12 días, hasta el 19 de abril. Las autoridades impusieron cuantiosas multas a quienes se manifestaban desobedeciendo la prohibición. En junio, el Tribunal Constitucional falló que la decisión del gobierno de prohibir las reuniones públicas y limitar el número de manifestantes era inconstitucional y suponía una vulneración desproporcionada de derechos humanos.
La libertad de los medios de comunicación continuó deteriorándose, y los profesionales del periodismo —especialmente las mujeres— a menudo fueron objeto de hostigamiento y amenazas en Internet, incluso por parte del primer ministro Janez Janša y otras figuras políticas destacadas. Las autoridades tomaron medidas para debilitar los medios de comunicación públicos tildándolos de “contrarios al gobierno” o, en el caso de la Agencia de Prensa Eslovena, bloqueando su financiación hasta noviembre. Eslovenia pasó de ocupar el puesto 32 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa en 2020 al puesto 36 en 2021.
Asimismo, con frecuencia altos cargos del gobierno realizaron campañas difamatorias contra ONG y otras voces críticas. La comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa advirtió que el entorno tóxico y hostil para los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil tenía un efecto inhibidor en la libertad de expresión y el trabajo de derechos humanos.
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