Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Emiratos Árabes Unidos aplicó nuevas leyes que restringían significativamente la libertad de expresión y de reunión. Las autoridades ampliaron la detención arbitraria de decenas de víctimas de juicios colectivos que ya habían cumplido sus penas de prisión, y sometieron a malos tratos prolongados a un defensor de los derechos humanos y a un disidente. El gobierno reiteró su postura contraria a reconocer los derechos de las personas refugiadas.
Información general
En mayo, Mohamed bin Zayed asumió la presidencia del país tras la muerte de su hermano, el presidente Jalifa bin Zayed, y después de que el Consejo Supremo Federal, compuesto por los gobernantes de los siete emiratos del país, lo designara para ocupar el cargo.
Emiratos Árabes Unidos seguía participando en la coalición militar que cometía frecuentes violaciones graves del derecho internacional en Yemen (véase el apartado sobre Yemen).
El gobierno ejercía control sobre la expresión, en ocasiones censurando el contenido de medios de comunicación o del cine por considerarlo inmoral. Al menos 26 emiratíes continuaban en prisión por sus críticas políticas pacíficas.
En enero, la fiscalía anunció que había citado a “varias” personas que habían publicado vídeos en Internet en los que simplemente se informaba de ataques con cohetes efectuados por la milicia huzí de Yemen contra Emiratos, y advirtió de que cualquier difusión de información sobre ese tipo de incidentes infringía la legislación del país.
En junio, la Oficina Reguladora de los Medios de Comunicación prohibió la película estadounidense Lightyear porque mostraba un beso entre dos personas del mismo sexo.
Ese mismo mes, el periódico Al Roeya, publicado por una empresa propiedad del vice primer ministro Mansour bin Zayed Al Nahyan, despidió a la mayoría de su plantilla de periodistas y redactores porque el rotativo había informado sobre la reacción de la población emiratí al aumento del precio de la energía. Posteriormente, se dejó de publicar el periódico impreso, y una plantilla mínima mantenía el sitio web, donde sólo se publicaban noticias de negocios.
En agosto, la Oficina Reguladora de los Medios de Comunicación y la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones y Gobierno Digital comunicó a Netflix que debía eliminar el contenido homosexual de sus servicios en Emiratos o se enfrentaría a un procesamiento.
El nuevo Código Penal, que entró en vigor el 2 de enero, introducía algunas reducciones de penas, pero mantenía disposiciones excesivamente amplias que penalizaban la libertad de expresión y de reunión, y añadía una nueva cláusula que castigaba la trasmisión no autorizada de información gubernamental. Se trataba del artículo 178, que prohibía transferir “sin licencia” cualquier “información” oficial a cualquier “organización”, lo que en la práctica penalizaba la mayoría de los actos de transmisión de información gubernamental. El artículo 184 reducía de entre 10 y 25 años a un máximo de 5 años el castigo para “toda persona que ridiculi[zara], insult[ara] o dañ[ara] la reputación, el prestigio o la imagen del Estado” o de “sus líderes fundadores”. El artículo 210 reducía de 15 años a un máximo de 3 el castigo por participar en cualquier concentración pública “tendente a dañar la seguridad pública”.
El artículo 26 de la nueva Ley de Lucha contra los Rumores y la Ciberdelincuencia, que también entró en vigor el 2 de enero, imponía hasta tres años de prisión a toda persona que utilizara Internet para promover una manifestación sin autorización previa del gobierno.
Emiratos era responsable de decenas de detenciones arbitrarias nuevas y en curso. Las autoridades se negaron a poner en libertad al menos a 41 presos que habían cumplido sus penas durante el año, con lo que el número total, incluidos los de años anteriores, ascendía a 48. Los 41 presos habían sido procesados en el juicio colectivo de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos” en 2012 y 2013. El gobierno enmarcó las detenciones en un procedimiento de “orientación” para quienes habían “adoptado pensamientos radicales” autorizado en virtud del artículo 40 de la ley antiterrorista de 2014. La ley requería la obtención por parte de la fiscalía de una orden judicial para dichas detenciones, pero no otorgaba a la persona detenida el derecho de impugnar su reclusión prolongada.1
En julio, en su primer examen sobre Emiratos Árabes Unidos, el Comité de la ONU contra la Tortura declaró su “preocupación por las informaciones recibidas que revela[ba]n un cuadro de tortura y malos tratos contra defensores de los derechos humanos y personas acusadas de delitos contra la seguridad del Estado”.
Las autoridades recluyeron al defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor en régimen de aislamiento durante todo el año y le quitaron sus gafas, libros, cama, colchón, almohadas y artículos de higiene personal.2 Este tipo de reclusión en régimen de aislamiento, especialmente si se combinaba con trato inhumano y degradante, constituía tortura.
En un caso, las autoridades negaron a Mohamed al Siddiq, encarcelado desde 2012 por ejercer su derecho a la libertad de expresión, todo contacto telefónico con su familia nuclear, que vivía en el extranjero.
Las autoridades continuaban negando a la población apátrida nacida en Emiratos Árabes Unidos con orígenes ancestrales en África oriental, Asia meridional y la península Arábiga la atención sanitaria y la educación públicas que se proporcionaba a las personas de nacionalidad emiratí. La población apátrida emiratí se veía obligada a pagar para recibir educación y atención de la salud en el mercado privado. Las personas apátridas también debían encontrar “patrocinadores” para obtener permisos de residencia temporal, sin los cuales se las consideraba “residentes ilegales” y estaban inhabilitadas para trabajar en el sector público, mejor remunerado.3
En septiembre, el gobierno ordenó a los colegios de todo el territorio de Emiratos Árabes Unidos que se aseguraran de que el profesorado “se abst[uviera] [...] de hablar sobre identidad de género, homosexualidad o cualquier otro comportamiento considerado inaceptable por la sociedad emiratí” en las aulas. La legislación de Emiratos seguía tipificando como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo.
Emiratos Árabes Unidos aumentó la producción petrolífera, en contra de la conclusión de la ONU de que los países debían comenzar a reducir su producción para cumplir con sus obligaciones establecidas por el Acuerdo de París sobre el cambio climático, del que Emiratos era parte. Según datos del Banco Mundial, Emiratos Árabes Unidos tenía uno de los cinco niveles más altos del mundo de emisiones per cápita de dióxido de carbono.
En julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en sus observaciones finales, concluyó que la legislación de Emiratos Árabes Unidos discriminaba a las mujeres en lo referente a la transmisión de la nacionalidad a sus hijos e hijas, y que el gobierno mantenía reservas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer incompatibles con el propósito del tratado.
En julio, las normas del Consejo de Ministros que revisaban la legislación sobre inmigración continuaban sin reconocer el derecho de las personas refugiadas a solicitar asilo.
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