Emirats Àrabs Units

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las autoridades continuaron restringiendo indebidamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Emiratos Árabes Unidos incumplió sus compromisos en materia de aplicación de políticas contra el cambio climático. Las personas migrantes que trabajaban al aire libre seguían careciendo de protección adecuada contra el calor extremo del verano. Las autoridades continuaron manteniendo recluidos arbitrariamente a 26 presos de conciencia, y denegaron o restringieron drásticamente la comunicación de algunos presos con su familia. Las autoridades iniciaron un nuevo juicio colectivo contra más de 80 emiratíes.

Información general

En febrero, Emiratos Árabes Unidos (EAU) albergó la Exposición y Conferencia de Defensa Internacional 2023, en la que se reunieron Estados como Israel, Rusia y Estados Unidos para vender armas.

Del 30 de noviembre al 12 de diciembre, EAU acogió en Dubái la 28ª edición global anual de la Conferencia de las Partes (COP) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), denominada “COP28”. Para gestionarla, designó al director ejecutivo de la empresa petrolera estatal Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan Al Jaber, lo que planteaba un conflicto de intereses.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades continuaron manteniendo recluidos al menos a 26 presos de conciencia únicamente por expresar sus creencias.

A lo largo del año, el Departamento Judicial de Abu Dabi llevó a cabo una campaña en las redes sociales con el lema “Tu libertad acaba en los límites de la ley”. La legislación de EAU imponía una pena mínima obligatoria de 15 años de prisión por “da[ñar] la reputación o el prestigio del presidente”, así como cadena perpetua por participar en una manifestación “con el fin de [...] alterar el orden público”.

En abril, el gobierno emiratí afirmó que en la COP28 habría “espacios seguros donde todas las voces [podrían] ser escuchadas”, pero no tomó ninguna medida para modificar su legislación y sus políticas represivas.

Ni la Secretaría de la CMNUCC ni las autoridades de EAU publicaron el acuerdo de país anfitrión —el marco jurídico por el que se regía la COP28—, lo que hizo imposible a los grupos activistas asistentes saber qué protecciones existían para las acciones y comentarios realizados en la Zona Azul controlada por la ONU una vez que salieran de ella.¹ Dentro de esta zona, los límites impuestos a la sociedad civil eran inusualmente restrictivos y, fuera de ella, seguían vigentes las prohibiciones y la criminalización que el país imponía a cualquier disidencia, lo que creó una atmósfera de intimidación.²

En mayo, la Fiscalía General advirtió de que quienes utilizaran “palabras malsonantes” para referirse a personal del sector público, delito que podía ser castigado con penas de prisión según el Código de Delitos y Sanciones, serían objeto de acciones judiciales.

Derecho a un medioambiente saludable

En julio, el gobierno anunció una contribución determinada a nivel nacional revisada que mejoraba su objetivo anterior de reducción de las emisiones de carbono. Sin embargo, las acciones y políticas de EAU seguían sin ajustarse al compromiso declarado de mantener el cambio climático dentro del límite acordado internacionalmente de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Por ejemplo, ADNOC, uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo, anunció planes para ampliar agresivamente su producción de combustibles fósiles.³

EAU seguía siendo extremadamente vulnerable a los efectos del cambio climático, como la creciente escasez de agua y el calor extremo. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, se esperaba que las temperaturas extremas de bulbo húmedo (una medida del calor más amplia que la temperatura del aire) se acercaran y, posiblemente, superaran el umbral fisiológico de la adaptabilidad humana en la subregión a la que pertenecía EAU.

Derechos laborales

Más del 85% de la población de EAU eran personas extranjeras, en su mayoría trabajadores y trabajadoras.

A pesar de las condiciones de calor extremo del verano, el país seguía manteniendo las normas de seguridad para el trabajo al aire libre más laxas de la región del golfo Arábigo. El gobierno emiratí siguió limitando sus medidas de protección a la prohibición del trabajo físico al aire libre únicamente durante 2,5 horas al día en los 3 meses más calurosos del verano, pese a que los datos meteorológicos mostraban que quienes trabajaban al aire libre se enfrentaban a importantes peligros para la salud a causa del calor como mínimo durante la mitad del año y durante más de 2,5 horas al día.

Desde octubre, EAU obligó a todo el personal del sector privado a cotizar en un programa nacional de desempleo. Por consiguiente, muchas personas migrantes, que constituían la inmensa mayoría de la mano de obra del sector privado, pasaron a tener derecho a prestaciones de desempleo; sin embargo, el personal doméstico quedó excluido de ellas. El país seguía también sin ofrecer la protección de un salario mínimo a las personas migrantes que trabajaban en el servicio doméstico y en el sector privado.

Detención arbitraria

Aunque 23 de los 26 presos de conciencia recluidos únicamente por ejercer sus derechos humanos habían cumplido sus penas de prisión al finalizar el año, las autoridades los mantuvieron encarcelados en virtud de una ley que autorizaba el “tratamiento antiterrorista” indefinido.

En mayo, las autoridades pidieron a Jordania que detuviera y deportara a EAU al ciudadano turco-emiratí Khalaf al Rumaithi. Era una de las víctimas del juicio colectivo conocido como la causa de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”, celebrada entre 2012 y 2013, y llevaba 10 años exiliado en Turquía, donde se le había concedió asilo y la ciudadanía. El 7 de mayo había viajado a Jordania en busca de un centro de enseñanza en árabe para su hijo y fue detenido a su llegada. Diez días después, los servicios de seguridad jordanos lo deportaron mientras estaba pendiente una resolución judicial sobre la solicitud de extradición (véase el apartado sobre Jordania).⁴ Fue encarcelado a su llegada y seguía detenido al finalizar el año.

El 5 de junio, unos agentes de Seguridad del Estado detuvieron a Mansoor al Ahmadi, uno de los dos únicos presos de la causa de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos” que habían sido puestos en libertad en 2021. Permaneció recluido en régimen de incomunicación y en paradero desconocido hasta que compareció ante el tribunal en un nuevo juicio colectivo el 7 de diciembre. Anteriormente, había estado recluido durante un año y medio después de cumplir su condena para recibir “tratamiento”, pero había sido puesto en libertad después de que las autoridades lo grabaran en un vídeo de “confesión” que no se publicó.

El 7 de diciembre, durante la COP28, EAU inició un nuevo juicio colectivo contra 84 acusados. Entre ellos había defensores de los derechos humanos y presos de conciencia, como Ahmed Mansoor y Mohamed al Roken, que llevaban años en prisión, acusados de “terrorismo”.

Tortura y otros malos tratos

Por séptimo año consecutivo, las autoridades mantuvieron recluido a Ahmed Mansoor en régimen de aislamiento prolongado e indefinido, sin acceso adecuado a artículos de higiene personal y con apenas dos o tres visitas de familiares directos al año, en contravención de la prohibición absoluta de la tortura en virtud del derecho internacional.

Derechos de las personas detenidas

Las autoridades siguieron negando a los presos de la causa de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos” toda comunicación con familiares que vivieran en el exilio. Desde finales de junio, suspendieron todas las llamadas con familiares, aunque se encontraran en EAU, al menos a 11 de ellos. Asimismo, las autoridades restringieron drásticamente la comunicación de 7 presos libaneses con sus familias en Líbano, limitando a veces las llamadas a 2 minutos.

Pena de muerte

En marzo, el gobierno emiratí indultó a la ciudadana árabe israelí Fidaa Kiwan, que había sido condenada a muerte por posesión de drogas en 2022.

Los tribunales seguían imponiendo condenas a muerte.