Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El gobierno continuaba cometiendo violaciones graves de derechos humanos, entre ellas detención arbitraria, trato cruel e inhumano bajo custodia, supresión de la libertad de expresión y violación del derecho a la privacidad. El derecho a la salud se hacía efectivo parcialmente. Emiratos Árabes Unidos (EAU) seguía privando a las personas apátridas del derecho a la nacionalidad, lo que afectaba su acceso a una serie de servicios. Los tribunales impusieron condenas a muerte y se tuvo noticia de ejecuciones.
EAU anunció en enero que ponía fin al bloqueo económico y de viaje a Qatar, y en los meses posteriores restableció los lazos comerciales con el país. EAU continuó siendo parte en el conflicto de Yemen, en el que se perpetraron violaciones atroces del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos (véase el apartado sobre Yemen). Siguió asimismo participando en el conflicto de Libia mediante su apoyo a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, que cometieron violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos (véase el apartado sobre Libia). Tras un controvertido acuerdo firmado en 2020, el volumen del comercio de EAU con Israel ascendió a más de 440 millones de euros (unos 500 millones de dólares estadounidenses).
EAU continuó sometiendo a detención arbitraria a emiratíes y personas extranjeras. En enero, las autoridades trasladaron al ciudadano sirio detenido arbitrariamente Abdelrhman al Nahhass a la prisión de Al Wathba, en el emirato de Abu Dabi, tras mantenerlo durante 13 meses recluido en espera de juicio en régimen de incomunicación en un lugar no revelado. La fiscalía y el abogado de Abdelrahman al Nahhass, nombrado por el gobierno, se negaron a dar a conocer a la familia los cargos por escrito.
EAU seguía manteniendo encarceladas a personas que ya habían cumplido la pena mediante órdenes judiciales que no podían recurrirse, dictadas en aplicación de la ley de “asesoramiento antiextremista”. En abril, 4 de 11 presos que estaban en esta situación recibieron indultos con motivo del Ramadán y quedaron en libertad: Faisal Ali al Shehhi (3 años y 11 meses después del final de la condena), Ahmed al Molla (3 años y 11 meses después), Saeed Abdullah al Buraimi (3 años y un mes después) y Mansoor Hassan al Ahmedi (un año y 5 meses después). Los otros 7 continuaron en prisión pese a haber cumplido la pena.
Se seguían infligiendo tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a la población penitenciaria. El defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor continuaba recluido en régimen de aislamiento desde 2017 sin más ropa de cama que dos finas mantas sucias y sin artículos de higiene personal aceptables. En septiembre, el Parlamento Europeo pidió a EAU que pusiese fin al trato cruel e inhumano que infligía a Ahmed Mansoor.
En una decisión poco común por su magnitud, las autoridades detuvieron arbitrariamente al menos a 375 personas —todas ellas trabajadores y trabajadoras migrantes de origen africano— y las ingresaron en la prisión de Al Wathba en la madrugada del 24 al 25 de junio. Las mantuvieron en régimen de incomunicación durante periodos de hasta 6 semanas en celdas masificadas sin suficientes camas ni retretes, y las deportaron sin el debido proceso ni acceso a asistencia letrada. Agentes de policía y guardias penitenciarios maltrataron al menos a 18 de estas personas con prácticas como proferir insultos racistas y obligarlas a desnudarse. La policía golpeó y administró descargas con armas Taser a quienes oponían resistencia, y colocó grilletes en las piernas durante una semana a las mujeres que se negaban a comer. Se despojó a las personas deportadas de sus pertenencias, incluidos sus documentos de identidad.
El gobierno seguía ejerciendo un estricto control de la libertad de expresión. Al menos 26 personas continuaban en prisión por sus críticas políticas pacíficas.
El sitio web del gobierno sobre “Aplicación de la ley para contener la propagación de la COVID-19” seguía advirtiendo de que publicar “rumores”, “noticias falsas” o “información sobre salud falsa” o “engañosa” estaba penado por la ley.
En junio, el gobierno anunció que la regulación de los medios de comunicación se transferiría parcialmente del Consejo Nacional de Medios de Comunicación a un nuevo organismo, la Oficina Reguladora de los Medios de Comunicación, dependiente del Ministerio de Cultura y Juventud. Cuando varias ONG y periodistas informaron de la detención arbitraria de centenares de personas africanas (véase supra), el Ministerio del Interior pidió a los medios de comunicación que “no distribuyesen ni difundiesen ninguna información no publicada por las autoridades competentes”.
En abril, el gobierno condenó a las presas Maryam al Balushi y Amina al Abdouli a otros tres años de prisión por “publicar información que altera[ba] el orden público” tras la difusión de unas grabaciones de voz de sus quejas por las condiciones de reclusión.
En julio, se reveló que EAU era uno de los 11 países clientes de NSO Group, empresa especializada en cibervigilancia. Amnistía Internacional, como parte del Proyecto Pegasus, realizó análisis periciales de vanguardia en teléfonos móviles para identificar rastros del software espía Pegasus.1 Concluyó que se había utilizado Pegasus para comprometer el teléfono de David Haigh, ciudadano británico que mantenía contacto con la jequesa Latifa, hija del gobernante de Dubai que había sido capturada en el mar por comandos indios y emiratíes cuando intentaba huir de EAU en marzo de 2018.
En mayo, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido concluyó que el primer ministro emiratí había ordenado a NSO Group hackear los dispositivos de su exesposa y del abogado y la abogada de ésta en Reino Unido. En septiembre, la organización de investigación Citizen Lab confirmó que se había utilizado el software espía de NSO Group contra el disidente emiratí Alaa al Siddiq, fallecido en un accidente de coche en Reino Unido en junio.
Durante el año, EAU desplegó una extensa campaña de vacunación contra la COVID-19, que fue gratuita para la ciudadanía emiratí y para la población migrante con documentos de identidad emiratíes válidos. No obstante, hasta junio, quienes poseían un documento de identidad caducado no cumplían los requisitos, lo que privó de acceso a la vacunación a las personas migrantes con visados caducados y a las apátridas. En junio, el gobierno amplió el acceso a la vacunación gratuita a toda la población, incluidas las personas con documentos caducados.
Alrededor de entre 20.000 y 100.000 apátridas a quienes, pese a haber nacido en EAU, se les había negado la nacionalidad siguieron sin acceso igualitario a los derechos de que gozaba la ciudadanía emiratí por cuenta del Estado, como atención médica integral, vivienda y educación superior, así como empleos en el sector público. La población apátrida no tuvo acceso a la vacunación contra la COVID-19 hasta junio, seis meses después del inicio de la campaña.
EAU presionó para que se revocasen los recortes a la producción de petróleo acordados por los productores de petróleo mundiales durante la pandemia, con el propósito de recuperar la cuota de mercado que había perdido a causa de la reducción del consumo de petróleo en 2020. La ampliación de la producción era contraria a la conclusión de la investigación patrocinada por la ONU, según la cual los países debían recortar progresivamente la producción petrolífera para cumplir los objetivos fijados por el Acuerdo de París sobre el cambio climático, del que EAU era parte.
El año 2021 fue el primero en que el artículo 356 del Código Penal no penalizó los actos sexuales consentidos. El artículo 358, no obstante, seguía conteniendo texto impreciso que penalizaba los “acto[s] escandaloso[s] ofensivos para la decencia”. A diferencia del año anterior, no se documentaron enjuiciamientos de actos sexuales consentidos.
Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, principalmente a personas extranjeras acusadas de delitos violentos. Se tuvo noticia de nuevas ejecuciones.
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