Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Continuaba la represión de la disidencia mediante el hostigamiento, la persecución y el encarcelamiento de activistas, integrantes de la oposición política y periodistas. Se pusieron trabas y se atacó a defensores y defensoras de los derechos humanos, que en algunos casos seguían en prisión sin el debido proceso. Continuaba la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de alimentos, combustible y electricidad. La discriminación seguía estando muy extendida y afectaba a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.

Información general

Cuba carecía de una institución nacional de derechos humanos conforme con los Principios de París. El país seguía cerrado a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación internacionales encontraban impedimentos para hacer el seguimiento de los juicios de disidentes de la esfera política.

En noviembre, la Unión Europea y Cuba mantuvieron su cuarto diálogo sobre derechos humanos, en el que la UE expresó preocupación por las detenciones y las largas condenas de prisión relacionadas con las protestas de julio de 2021 (véase, infra, “Represión de la disidencia”).

En 2023 se implementó un nuevo Código Penal que mantenía la pena de muerte, así como disposiciones que limitaban los derechos humanos y se utilizaban para acallar y encarcelar a activistas.

Represión de la disidencia

La vigilancia y el hostigamiento de personas activistas, opositoras, periodistas y artistas seguían siendo generalizados. La detención arbitraria y los procesos penales sin las debidas garantías continuaban siendo prácticas habituales, y quienes se encontraban en situación de privación de libertad soportaban duras condiciones penitenciarias.

Según la organización Justicia 11J, al menos 793 personas seguían detenidas en relación con su participación en las protestas que se habían celebrado en toda la isla el 11 de julio de 2021.

El 6 de mayo, el gobierno reaccionó con fuerza excesiva ante la protesta por las malas condiciones de vida y la falta de derechos humanos que tuvo lugar en el municipio de Caimanera, en la provincia de Guantánamo. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley utilizaron violencia física contra quienes participaban en el acto, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la detención arbitraria de al menos cinco manifestantes y condenó la existencia de una constante represiva.

El 26 de mayo, el órgano legislativo cubano aprobó una ley sobre comunicación social que mantenía la prohibición de los medios de comunicación de propiedad privada y establecía restricciones excesivas en relación con la información pública y el uso de Internet. Esa ley otorgaba al gobierno facultades para ordenar a los operadores de telecomunicaciones que dejaran de prestar sus servicios a quienes publicaran información que se considerara perjudicial para el orden público o la moralidad.

José Daniel Ferrer García, activista político y líder opositor que llevaba detenido desde julio de 2021 —fecha en la que también había sido sometido a desaparición forzada—, estuvo recluido en régimen de incomunicación mientras su salud se deterioraba. Al concluir el año, continuaba privado de libertad.¹

Era habitual que la policía citara a interrogatorio a periodistas y activistas en relación con sus actividades lícitas. En mayo, el periodista Yeris Curbelo Aguilera fue interrogado por agentes de la seguridad del Estado tras haber informado sobre las protestas celebradas en el municipio de Caimarena.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las personas defensoras y activistas de los derechos humanos seguían siendo hostigadas, atacadas y criminalizadas. El 14 de febrero, unos agentes de seguridad del Estado detuvieron en su domicilio de La Habana a Josiel Guía Piloto, que ya había estado recluido de forma arbitraria en 2011 por ejercer la disidencia política. En el momento de la detención, éste se encontraba en huelga de hambre en protesta por el acoso y la vigilancia constantes a que era sometido.²

El gobierno mantuvo encarcelados a los artistas y presos de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo Pérez, que habían sido condenados en 2022 a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, en un proceso judicial sin las debidas garantías. Su integridad física y mental corría peligro debido a las duras condiciones de reclusión, la violencia ejercida por otros reclusos y la mala atención médica.³

Las autoridades rechazaron la recomendación del personal médico gubernamental de excarcelar a Loreto Hernández García por motivos de salud. Su esposa Donaida Pérez Paseiro y él —ambos, activistas negros, sacerdotes y líderes de la asociación Yorubas Libres de Cuba— eran presos de conciencia y llevaban detenidos desde 2021 por su participación pacífica en las protestas que se habían celebrado en toda la isla.⁴ Durante el año, la salud de Loreto Hernández García se deterioró y los dos presos encontraron impedimentos para comunicarse con sus familias.

Derechos económicos, sociales y culturales

Continuaba la crisis humanitaria y económica, y hubo escasez de bienes esenciales. La población tenía dificultades para conseguir alimentos suficientes, la escasez de combustible redujo la accesibilidad del transporte y se produjeron apagones constantes durante todo el año. El gobierno declaró en mayo que la crisis económica afectaba a las importaciones esenciales de combustible, alimentos y productos agrícolas, y reiteró la situación crítica en septiembre, cuando se pronosticaron más apagones.

La crisis económica afectó al sistema de salud y, según informes, hubo escasez de suministros médicos y medicamentos, así como una menor dotación de personal médico.

En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación en un informe sobre los derechos laborales y sindicales en Cuba y concluyó que había problemas importantes, entre ellos la inseguridad del empleo, la falta de medidas de higiene y seguridad, despidos injustificados por motivos de opinión política, vulneraciones de la libertad de asociación y la falta de reconocimiento del derecho a la huelga.

Discriminación

Persistía la discriminación, que afectaba especialmente a la población afrodescendiente, mujeres y niñas, personas LGBTI, integrantes de la disidencia política y miembros de comunidades religiosas.

La población afrodescendiente seguía sufriendo las consecuencias del racismo histórico y sistémico. Hubo activistas que denunciaron la persistencia de las desigualdades raciales, lo que provocaba disparidad entre grupos raciales en la representación política, el acceso a una vivienda adecuada y el empleo, entre otros derechos. El gobierno no recopiló ni publicó datos sobre las desigualdades raciales desglosados por raza y etnia.

Continuaba la discriminación por motivos de género. El órgano legislativo no incluyó el femicidio como delito en el Código Penal, pese a que las ONG y la prensa locales denunciaron la muerte de al menos 86 mujeres en lo que aparentemente fueron agresiones por motivos de género.

1. Cuba: Líder político incomunicado por meses. José Daniel Ferrer García, 6 de junio
2. Cuba: Expreso de conciencia, detenido, 17 de febrero
3. Cuba: Carta abierta al presidente Miguel Díaz Canel sobre los derechos humanos de personas presas de conciencia, 18 de mayo
4. Cuba: Liberen a las personas yoruba presas de conciencia, 21 de junio