Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades impidieron la celebración de reuniones pacíficas. Se liberó a centenares de manifestantes cuya detención se había realizado en el contexto de las elecciones presidenciales de 2020, y se llevaron a cabo investigaciones sobre la violencia que había tenido lugar durante ese periodo. El derecho a la alimentación se vio comprometido por el aumento del 8,8% en el precio de los productos básicos. Se demolieron las casas de miles de personas sin que se les proporcionara una vivienda alternativa. El gobierno adoptó medidas para impulsar el número de vacunaciones contra la COVID-19. La Asamblea Nacional aprobó una ley que eliminaba para las sobrevivientes de violencia de género el requisito de pagar por un certificado médico para presentar una denuncia.
Entre el 21 de enero y el 28 de febrero, el gobierno declaró el estado de excepción para luchar contra la pandemia de COVID-19. Ese estado de excepción se renovó en marzo hasta junio, y luego en julio se prorrogó hasta el 30 de septiembre.
Las elecciones parlamentarias se celebraron el 6 de marzo, más de cuatro meses después de las elecciones presidenciales en las que Alassane Ouattara fue reelegido presidente para un tercer mandato. En junio, el ex primer ministro Guillaume Soro fue condenado in absentia a cadena perpetua por socavar la seguridad nacional.
El 17 de junio, día en que el expresidente Laurent Gbagbo regresó a Costa de Marfil después de que la Corte Penal Internacional lo absolviera de los cargos de crímenes de lesa humanidad (véase infra “Derecho a verdad, justicia y reparación”), la policía empleó gas lacrimógeno para dispersar a grupos de simpatizantes del expresidente.
La policía impidió que se llevase a cabo una manifestación pacífica el 21 de julio, basando parcialmente su decisión en cuestiones de salud y seguridad relacionadas con la pandemia de COVID-19. La protesta la organizó el movimiento Iniciativa Ciudadana contra la Carestía de la Vida.
En enero, cinco mujeres de la oposición, que habían sido arrestadas arbitrariamente en agosto de 2020 durante una manifestación pacífica contra la candidatura del presidente Ouattara, quedaron en libertad incondicional tras pasar más de cuatro meses detenidas.
En abril, Pulchérie Edith Gbalet, presidenta de la organización por la justicia social Alternativa Ciudadana Marfileña, y tres de sus colegas (Gédéon Junior Gbaou, Aimé César Kouakou N’Goran y Cyrille Djehi Bi) fueron excarceladas de la prisión central de Abiyán, conocida como MACA (por sus siglas en francés). La causa contra Pulchérie Edith Gbalet estaba pendiente al terminar el año. La dirigente había sido arrestada arbitrariamente el 15 de agosto de 2020 por unos hombres enmascarados después de haber convocado manifestaciones pacíficas, y había sido acusada de “atentado contra el orden público, participación en un movimiento insurreccional, atentado contra la autoridad del Estado, destrucción deliberada de bienes públicos y provocación de un tumulto”. Otro centenar de personas, que también habían sido arrestadas durante las protestas de 2020, quedaron en libertad provisional o en libertad vigilada en abril. Habían permanecido recluidas en condiciones terribles y con acceso limitado a asistencia letrada.1
El 17 de junio, decenas de simpatizantes de Laurent Gbagbo fueron detenidos arbitrariamente por atentar contra el orden público cuando se congregaron para dar la bienvenida al expresidente, que regresaba al país. Todos quedaron posteriormente en libertad.
En agosto, la víspera del Día de la Independencia, el presidente Ouattara anunció la libertad condicional o provisional de 69 personas más e indultó a otras 9 que se habían opuesto a su candidatura.
En enero, las autoridades iniciaron investigaciones sobre el terreno relativas a la violencia electoral cometida entre agosto y noviembre de 2020. En diciembre, la Fiscalía presentó el informe final de la Unidad Especial de Investigación en el que se afirmaba que había 273 personas sospechosas de cometer crímenes. De ellas, ya habían sido aprehendidas 233 —la mayoría de las cuales quedaron en libertad provisional o en libertad vigilada—, mientras que 11 continuaron en prisión preventiva.
En marzo, la Corte Penal Internacional absolvió a Laurent Gbagbo y al exministro de Juventud, Charles Blé Goudé, de todos los cargos de crímenes de lesa humanidad. Ambos habían sido juzgados en relación con presuntos crímenes cometidos durante la violencia posterior a las elecciones de 2010 y 2011. En julio, la Corte Penal Internacional levantó la orden de arresto que pesaba sobre la ex primera dama, Simone Gbagbo, y que se había dictado en relación con los cargos de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el mismo periodo.
El 15 de abril, un tribunal de Abiyán declaró al exdirigente de una milicia, Amadé Ouérémi, culpable de crímenes de lesa humanidad por actos cometidos en 2011 durante la violencia posterior a las elecciones.
El gobierno inició su programa de vacunación contra la COVID-19 en marzo. Respondió a la baja aceptación de la vacunación con una campaña de sensibilización, y en julio puso en marcha 12 clínicas móviles en Abiyán para impulsar el acceso a las vacunas. El 8 de septiembre, el gobierno anunció que iba a permitir el uso de una combinación de vacunas contra la COVID-19 para aumentar los índices de vacunación tras haber agotado el suministro de AstraZeneca. Ese mismo mes, también anunció una campaña para aumentar la vacunación en la zona de la Gran Abiyán para las personas con mayor riesgo, entre las que figuraban las personas mayores de 60 años, las personas con problemas de salud subyacentes, el personal sanitario, el personal de defensa y de las fuerzas de seguridad, y el personal docente. En diciembre, el gobierno prorrogó 10 días la campaña de vacunación en Abiyán ante la aparición de la variante ómicron.
En julio, la ciudadanía marfileña empleó las redes sociales para denunciar el elevado coste de la vida y el aumento de los precios de los productos básicos, incluidos los alimentos, que causaba penalidades en amplios sectores de la población. El Instituto Nacional de Estadística informó de un aumento del 8,8% del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas entre agosto de 2020 y agosto de 2021. El primer ministro se reunió con varias personas implicadas en la cadena de suministro de bienes de consumo para hallar una solución al aumento de los precios, y anunció que se reforzarían las actividades del Comité Nacional contra el Elevado Costo de la Vida para controlar los precios del mercado.
En octubre, por orden de las autoridades municipales de Yopougon, un municipio adyacente a Abiyán, se demolieron las casas de miles de personas en Banco Nord Extension 2, sin que se les proporcionara una vivienda alternativa. Las demoliciones tuvieron lugar días después de que la comunidad iniciara procedimientos legales para detener su desalojo. El gobierno había reubicado a estas personas en la zona hacía más de 30 años.
En octubre, la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Asamblea Nacional adoptó por unanimidad una ley que especificaba que, para presentar una denuncia, las supervivientes de violencia sexual y de género no tenían que entregar un certificado médico que probara los abusos. En virtud de dicha ley, si la policía o la fiscalía solicitaban dicha prueba, la víctima no estaría obligada a asumir su prohibitivo coste, algo que anteriormente había impedido a las sobrevivientes acudir a la justicia.
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