Costa d'Ivori

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Durante las elecciones presidenciales, las autoridades restringieron el espacio de la sociedad civil. Se prohibieron las reuniones y las protestas, se condenó a manifestantes a duras penas de prisión y se detuvo a simpatizantes de la oposición y a un ciberactivista, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales sobre juicios justos. Once personas fueron detenidas arbitrariamente por participar en una huelga. Cientos de mujeres se manifestaron contra la violencia de género. Se notificaron alrededor de 550 casos de cólera y 21 muertes relacionadas con esta enfermedad. Las autoridades no indemnizaron debidamente a las víctimas de desalojo forzoso.

Información general

Las tensiones políticas aumentaron en los meses previos a las elecciones presidenciales del 25 de octubre, sobre todo después de que, en septiembre, el Consejo Constitucional invalidara las candidaturas de los líderes de dos partidos de oposición: el expresidente Laurent Gbagbo, líder del Partido Popular Africano-Costa de Marfil, y Tidjane Thiam, líder del Partido Democrático de Costa de Marfil-Agrupación Democrática Africana. Alassane Dramane Ouattara fue elegido para un cuarto mandato como presidente.

Aunque la inflación bajó hasta situarse en aproximadamente el 3%, el alto coste del combustible, los alimentos y la vivienda seguía siendo una fuente de tensión para los hogares.

Libertad de expresión y de reunión

Según Reporteros sin Fronteras, el periodista Comlan Hugues Sossoukpè, refugiado beninés, fue detenido en julio en Abiyán y entregado a las autoridades de Benín para responder de cargos de incitación a la rebelión, al odio y a la violencia, acoso a través de comunicaciones electrónicas y apología del terrorismo. Reporteros sin Fronteras afirmó haber recibido múltiples denuncias que afirmaban que miembros del gobierno marfileño y de la oposición política habían intimidado y amenazado a periodistas.

En agosto, el prefecto de Abiyán prohibió una marcha conjunta del Partido Popular Africano-Costa de Marfil y el Partido Democrático de Costa de Marfil-Agrupación Democrática Africana, que luego autorizó. En septiembre, las autoridades prohibieron una sentada del Sindicato Nacional de Proveedores del Estado.

El 2 de octubre, el Consejo de Seguridad Nacional anunció que se tomarían “todas las medidas necesarias” para mantener el orden y la seguridad durante el periodo electoral. Tras ese anuncio, se prohibieron, por motivos de orden público, las manifestaciones del Partido Popular Africano-Costa de Marfil y el Partido Democrático de Costa de Marfil-Agrupación Democrática Africana previstas para el 4 y el 11 de octubre.¹ Pese a las prohibiciones, las protestas siguieron adelante. El 13 de noviembre, el Consejo de Seguridad Nacional afirmó que, desde el 11 de octubre, habían muerto 11 personas —entre ellas un gendarme— en el contexto de las protestas, y 1.658 habían sido detenidas. Más de 80 de las personas detenidas fueron condenadas a tres años de prisión, la mayoría de ellas por “alteración del orden público”.

El 17 de octubre, un decreto ministerial suspendió durante dos meses todos los actos o reuniones públicas organizados por partidos políticos, excepto los celebrados por los cinco candidatos presidenciales oficialmente seleccionados.

Detención y reclusión arbitrarias

A principios de abril, las autoridades reprimieron las protestas del sector educativo. Se detuvo a diez docentes durante una huelga de 48 horas. Ghislain Duggary Assy, secretario de comunicaciones de un sindicato de docentes, fue detenido en su domicilio e interrogado sobre la huelga, sin contar con asistencia letrada. El 8 de abril fue condenado a dos años de prisión por cargos que incluían obstrucción de los servicios públicos.² Quedó en libertad provisional el 7 de mayo. El Tribunal de Apelación de Abiyán confirmó la sentencia condenatoria y la pena el 16 de julio, sin emitir orden de ingreso en prisión.

Represión de la disidencia

Entre junio y septiembre, las autoridades llevaron a cabo una oleada de detenciones contra simpatizantes de la oposición. Según informes, se violaron los derechos de las personas detenidas a un juicio justo, incluido el acceso sin demora a asistencia letrada. Según representantes del partido, entre el 8 y el 9 de julio se detuvo a tres dirigentes juveniles del Partido Democrático de Costa de Marfil-Agrupación Democrática Africana en Abiyán. En agosto, seis miembros del Partido Popular Africano-Costa de Marfil fueron detenidos tras unos disturbios en Yopougon.

El 1 de septiembre se arrestó al ciberactivista Ibrahim Zigui. Su familia no supo nada de su paradero hasta que su abogado logró visitarlo en el Centro Penitenciario y de Detención de Abiyán, conocido como MACA, el 6 de septiembre.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En marzo, cientos de mujeres se manifestaron en Abiyán para denunciar el aumento de la violencia de género, incluido el femicidio. Las manifestantes pedían, entre otras cosas, una aplicación más estricta de la ley contra los maltratadores. Los recortes de financiación del gobierno estadounidense socavaron la prestación de servicios para proteger de dicha violencia a las mujeres y las minorías sexuales, lo que agravó la situación.

En junio, el Ministerio de la Mujer declaró que en 2024 se habían registrado 9.607 incidentes de violencia de género y 32.428 sobrevivientes habían recibido asistencia gubernamental. Sin embargo, el acceso a la justicia seguía siendo limitado por varias razones, entre ellas el hecho de que algunos agentes de policía exigieran a las sobrevivientes pagar un certificado médico antes de presentar una denuncia, lo cual no era un requisito legal.

Derecho a la salud

En junio se declaró un brote de cólera, tras notificarse siete muertes y 45 casos relacionados en Vridi-Akobrakré. A finales de septiembre, las autoridades y UNICEF informaron de que el brote se había extendido a Yopougon-Est, Jacqueville, Fresco y Sassandra, con un total de 21 fallecidos y alrededor de 550 casos confirmados (con una tasa de mortalidad del 3,8%). El Instituto Nacional de Higiene Pública intensificó las medidas de vigilancia, tratamiento y comunicación de riesgos, y la OMS proporcionó kits contra el cólera para reforzar los puntos comunitarios de rehidratación oral y el manejo de los casos.

Desalojos forzosos

Más de un año después de que las autoridades suspendieran las operaciones de desalojo forzoso que afectaron a decenas de miles de residentes de distritos de Abiyán, muchas de las personas afectadas aún no habían recibido una indemnización adecuada. Entre ellas se encontraban 133 agricultores y sus familiares y empleados, cuyos medios de vida quedaron destruidos en el emplazamiento de Gesco Rivière.³