Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Continuó la represión de las voces críticas, con violaciones del derecho a la libertad de expresión y detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil. Las mujeres seguían sin estar debidamente representadas en los órganos de toma de decisiones. No se hicieron suficientes esfuerzos para garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención de la salud y las instalaciones correspondientes. Las actividades mineras causaron daños ambientales.
El presidente Sassou Nguesso fue reelegido en marzo, con el 88,5% de los votos, para un cuarto mandato consecutivo y después de 36 años en el poder en dos periodos distintos. La oposición y organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la integridad del proceso electoral.
Continuó el deterioro de la situación económica y social debido a la disminución de los ingresos provenientes del petróleo, a una deuda pública que ascendía a 10.000 millones de dólares estadounidenses y a la pandemia de COVID-19. Había causas judiciales en curso por cargos de corrupción que afectaban a personas cercanas al presidente.
En noviembre se decretó la prórroga número 27 desde marzo de 2020 del estado de emergencia, que imponía medidas restrictivas para luchar contra la pandemia de COVID-19.
Se sometió a acoso judicial a activistas de la sociedad civil que mantenían posturas críticas respecto al proceso electoral o que denunciaban violaciones de derechos humanos.
Alexandre Ibacka Dzabana, coordinador de la Plataforma Congoleña de ONG de Derechos Humanos y Democracia, y Chryst Dongui, vicepresidente de la asociación Hartos (“Ras-le-Bol”), fueron detenidos ante sus domicilios por hombres no identificados los días 11 y 25 de marzo, respectivamente. La víspera de su detención, Chryst Dongui había asistido a una conferencia de prensa para denunciar presuntas irregularidades en el proceso electoral. Alexandre Ibacka Dzabana había colaborado en la organización de una manifestación, prevista para el 6 de marzo, para reclamar un diálogo nacional inclusivo entre el gobierno, los partidos de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil, y pedir la liberación de las personas presas por motivos políticos. La manifestación fue prohibida por las autoridades. Los dos hombres, activistas de los derechos humanos, no comparecieron ante la fiscalía hasta el 9 de abril, lo que contravenía la legislación congoleña, y fueron acusados de atentar contra la seguridad del Estado. Ambos ingresaron en la prisión central de Brazzaville, donde estuvieron recluidos hasta su liberación el 13 de julio en espera de juicio. La salud de Alexandre Ibacka Dzabana, de 77 años, se deterioró gravemente durante su reclusión; pese a ello, el activista no tuvo acceso a un médico.
Jean-Marie Michel Mokoko, excandidato en las elecciones presidenciales de 2016, ingresó de nuevo en prisión en octubre tras haber pasado un año en el hospital militar de Brazzaville. Había sido condenado en 2018 a 20 años de prisión por “atentado contra la seguridad del Estado” y “posesión ilegal de armas y munición de guerra”. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideró arbitraria su detención.
Raymond Malonga, director del periódico satírico Sel-Piment, fue detenido el 2 de febrero, mientras estaba hospitalizado, por cargos de difamación relacionados con la publicación de un artículo en el que se informaba de que alguien cercano al presidente Sassou Nguesso había sido acusado de corrupción. El 3 de mayo, después de tres meses de detención, fue condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 45.000 euros por “difamación contra un miembro de la familia presidencial”. Quedó en libertad en agosto.
El 11 de diciembre se impidió salir del país a Paulin Makaya, opositor político que necesitaba recibir tratamiento médico en el extranjero, y se le confiscó el pasaporte. Las autoridades no explicaron su decisión. Finalmente, Paulin Makaya recibió autorización para abandonar el país el 21 de diciembre.
Las mujeres seguían estando insuficientemente representadas en los órganos de toma de decisiones, lo cual vulneraba el artículo 17 de la Constitución de 2015, que “garantiz[ab]a la paridad y asegur[ab]a la promoción así como la representatividad de la mujer en todas las funciones políticas, electivas y administrativas”.
El 8 de marzo, con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de Salud, Población, Promoción de la Mujer e Integración de la Mujer en el Desarrollo lamentó que las mujeres representaran únicamente el 33% de los miembros del Tribunal Constitucional, el 20% de los cargos elegidos en el Senado y el 11% de los escaños de la Asamblea Nacional. En agosto, el Consejo Consultivo de las Mujeres pidió a las autoridades que adoptaran la Ley de Paridad, prevista desde 2016, tal como había recomendado el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en noviembre de 2018. El propósito de esa ley era garantizar la paridad y asegurar la promoción y la representatividad de las mujeres en todas las funciones políticas, electivas y administrativas.
Las autoridades no se esforzaron lo suficiente para garantizar la accesibilidad, disponibilidad y calidad de la atención de la salud y de las instalaciones correspondientes.
El presupuesto de salud se redujo a 290 millones de euros, frente a los 325 millones de 2020. Los hospitales, incluido el Centro Hospitalario Universitario de Brazzaville, hacían frente a numerosas dificultades, como la escasez de agua y electricidad y la falta de instalaciones y equipos adecuados para prestar la atención necesaria.1 En agosto, el gobierno introdujo cambios en la administración del Centro Hospitalario Universitario de Brazzaville al observar importantes deficiencias en su funcionamiento. Varias instalaciones de salud fuera de la capital del país, Brazzaville, también sufrieron con frecuencia escasez de medicamentos.
El personal sanitario siguió quejándose de la falta de equipos de protección individual contra la COVID-19, como lo hacía desde el comienzo de la pandemia. A fecha de 31 de diciembre se habían administrado 767.398 dosis de vacunas contra la COVID-19, pero sólo 560.880 personas (de una población de aproximadamente 5,5 millones) habían completado la pauta de vacunación.
El 18 de junio, profesionales de la salud del Hospital General Edith Lucie Bongo Ondimba, en la ciudad de Oyo, se declararon en huelga para reclamar el pago de al menos siete meses de salario que se les adeudaban. Esta acción se sumó a las muchas huelgas convocadas en los últimos años por personal sanitario para denunciar retrasos en el cobro de salarios y deficiencias en el funcionamiento de instalaciones de salud, una situación que había impulsado a muchos profesionales sanitarios a abandonar el sector público para trabajar en el sector privado o en el extranjero. Según el Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 2018-2022, al parecer más de 150 profesionales médicos congoleños ejercían su profesión fuera del país.
Algunas poblaciones locales del departamento de Sangha denunciaron la contaminación de ríos y la deforestación causadas por más de 10 años de extracción minera de oro. Según Rainforest Journalism Fund, las empresas responsables no respetaban las leyes ambientales y las autoridades no tomaban medidas para hacerlas rendir cuentas.
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