Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
En las regiones del Noroeste y el Suroeste, el ejército y grupos separatistas armados cometieron graves abusos y violaciones de derechos humanos. En la región del Extremo Norte continuaron los mortíferos ataques de grupos armados contra poblados. Persistieron las detenciones arbitrarias de decenas de simpatizantes de partidos de la oposición y dirigentes anglófonos. Las autoridades anunciaron la apertura de investigaciones judiciales tras la presunta gestión inadecuada de fondos destinados a la lucha contra la COVID-19.
Continuaron los combates entre grupos separatistas armados y el ejército en las regiones anglófonas del Noroeste y el Suroeste. Prosiguió el conflicto armado en la región del Extremo Norte con la presencia activa de los grupos armados Boko Haram y Estado Islámico en la Provincia de África Occidental. A fecha de 31 de octubre, Camerún tenía más de un millón de personas internamente desplazadas en las regiones del Noroeste, el Suroeste y el Extremo Norte.
Según Human Rights Watch, al menos nueve personas murieron el 10 de enero en la región del Suroeste a manos de soldados que además saquearon viviendas. Los días 8 y 9 de junio, miembros de las fuerzas de seguridad camerunesas también mataron a dos personas, violaron a una mujer de 53 años y destruyeron y saquearon al menos 33 viviendas, comercios y el palacio de un jefe tradicional en la región del Noroeste.
Tras un ataque con un artefacto explosivo improvisado contra un convoy del Batallón de Intervención Rápida que tuvo lugar en Bamenda el 8 de diciembre, algunos elementos de las fuerzas armadas quemaron, según se informó, un gran número de casas en la localidad.
Los grupos armados siguieron cometiendo abusos graves contra los derechos humanos en las regiones del Noroeste y el Suroeste, dirigidos contra personas, centros médicos y escuelas.
Desde enero hasta junio, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH) informó de 29 ataques contra centros médicos en la región del Noroeste y de 7 en la región del Suroeste; también hubo secuestros de personal sanitario y de pacientes, e incendios de instalaciones.
El 9 de enero, según informes, el director de una escuela de Ossing (región del Suroeste), murió a manos de hombres no identificados. Según la OCAH, el 5 de marzo, unos hombres armados no identificados secuestraron a un estudiante en una escuela de la localidad de Batoke (región del Suroeste). El 6 de marzo, unos hombres armados secuestraron a dos docentes y un estudiante en una escuela de Bamenda (región del Suroeste). El 24 de noviembre, unos hombres armados sin identificar atacaron una escuela en Ekondo Titi (región del Suroeste) y mataron a cuatro estudiantes y una profesora.
El 27 de febrero, unos presuntos separatistas armados secuestraron a un médico en la región del Noroeste, al que acusaban de no apoyar la causa separatista, y lo dejaron en libertad previo pago de un rescate. El 13 de marzo, según el Sindicato Nacional de Periodistas, una periodista de Radiodiffusion-télévision du Cameroun fue secuestrada en su domicilio por unos presuntos separatistas armados, que la dejaron en libertad previo pago de un rescate. El 15 de junio, seis funcionarios públicos fueron secuestrados en Misore-Balue (región del Suroeste), y uno de ellos fue ejecutado, según medios de comunicación gubernamentales y organizaciones de derechos humanos.
Las autoridades tradicionales también fueron blanco de ataques por su presunto alineamiento con el gobierno de Camerún. El 13 de febrero, unos hombres armados secuestraron a cuatro jefes tradicionales en Fontem (región del Suroeste). Tres de ellos fueron hallados muertos más tarde, según informes.
Estos abusos contra los derechos humanos se cometieron en el contexto de las crecientes tensiones entre comunidades. Entre el 22 y el 26 de febrero, al menos 4.200 personas fueron desplazadas de siete localidades de la subdivisión de Nwa (región del Noroeste) después de unos ataques de grupos parapoliciales fulanis que se saldaron con la muerte de al menos 8 personas.
El 5 de marzo, unos hombres armados atacaron a pastores fulanis en el valle bajo de Menchum, en Boyo (región del Noroeste), y mataron al menos a 10 personas después de que el ganado de los pastores destruyera presuntamente los cultivos de un agricultor. Según la OCAH, dos días después, unos hombres armados atacaron en la misma localidad a personas fulanis y mataron a seis de ellas, presuntamente para vengar la muerte de una mujer quemada viva en su casa de la población de Beneng.
Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental siguieron cometiendo abusos graves contra los derechos humanos en la región del Extremo Norte, como homicidios, secuestros, saqueos e incendios de viviendas y bienes, dirigidos principalmente contra agricultores y pescadores de zonas remotas.
Hasta el 24 de octubre se había tenido noticia de la muerte de un mínimo de 70 civiles en al menos 51 ataques. El 8 de enero, una atacante suicida mató con explosivos al menos a 15 personas en Mozogo.
Según informes, al menos 15 pescadores fueron secuestrados el 30 de agosto en la localidad de Blaram, y 4 residentes de una localidad de la comuna de Mokolo murieron el 10 de noviembre en un ataque atribuido a Boko Haram.
Médicos Sin Fronteras anunció el 3 de agosto que se había visto obligada a retirar equipos de la región del Noroeste después de que las autoridades hubieran suspendido las actividades de la organización en diciembre de 2020 tras acusarla de apoyar a grupos armados locales.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, en sendas opiniones adoptadas en agosto de 2019 y mayo de 2021, pidió la liberación de Mancho Bibixy Tse y de Tsi Conrad. Los dos hombres habían encabezado protestas en las regiones anglófonas en 2016 y 2017 y fueron condenados por un tribunal militar de Yaundé a 15 años de prisión, tras ser declarados culpables en particular de “actos de terrorismo, secesión, difusión de información falsa y ofensas a organismos y funcionarios públicos”. Decenas de líderes anglófonos también continuaron detenidos tras haber sido juzgados por tribunales militares.
Más de un centenar de miembros y simpatizantes del Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC) seguían recluidos arbitrariamente, según la información recibida. Habían sido acusados o condenados por tribunales militares por tentativa de revolución, rebelión, reunión agravada o participación en la organización de una reunión pública no declarada, todo ello en relación con su participación en protestas prohibidas en septiembre de 2020. De ellos, Olivier Bibou Nissack (portavoz del líder del MRC Maurice Kamto) y Alain Fogué Tedom (tesorero nacional del MRC) fueron condenados a siete años de prisión.
El 31 de diciembre, tras 15 meses de prisión preventiva, cuatro miembros del movimiento Defiende Camerún fueron declarados culpables de “insurrección” y condenados a 16 meses de prisión por un tribunal militar. Habían sido detenidos durante una reunión en vísperas de las protestas de septiembre.
El 21 de julio, las autoridades prohibieron una manifestación convocada por el MRC para el 25 de julio en Yaundé, aduciendo “riesgo de alteración grave del orden público” y “riesgo de propagación de la COVID-19”. Sin embargo, ese mismo mes se autorizaron varias manifestaciones en apoyo del partido gobernante.
El 26 de agosto, el Ministerio de Administración Territorial dio a “promotores y representantes de asociaciones extranjeras” que trabajaban en Camerún un plazo de un mes para remitirle información relativa a sus sedes y oficinas, así como los nombres y datos de contacto del personal, como parte de una “operación de actualización” a fin de no retirarles la autorización de trabajar en el país. Esta medida fue denunciada por defensores y defensoras y asociaciones de derechos humanos.
Los funcionarios públicos se quejaron en los medios de comunicación de la falta de apoyo económico del gobierno a su designación para luchar contra la COVID-19. El 19 de mayo se filtró a las redes sociales un informe de la Cámara de Cuentas del Tribunal Supremo que revelaba posibles contratos dudosos, cuentas falsificadas y la presunta apropiación indebida por organismos gubernamentales de miles de millones de francos CFA del Fondo Especial de Solidaridad Nacional creado en marzo de 2020 por el presidente Paul Biya. El 28 de mayo, las autoridades anunciaron la apertura de investigaciones judiciales sobre la gestión de los fondos destinados a la lucha contra la COVID-19. A 28 de diciembre, sólo se habían administrado 1.020.007 vacunas contra la COVID-19.
Las personas LGBTI seguían siendo objeto de violaciones de derechos humanos.
El 8 de febrero, dos mujeres transgénero fueron detenidas por unos gendarmes en un restaurante. Según su propio testimonio, fueron atacadas física y verbalmente antes de ser trasladadas a la prisión de New Bell, en Duala. Ambas fueron acusadas de intento de homosexualidad, de ultraje a la decencia pública y de no estar en posesión de documentos de identidad, y condenadas a cinco años de prisión y al pago de una multa de 200.000 francos CFA (unos 345 dólares estadounidenses). Quedaron en libertad en junio en espera del resultado de la apelación.
El 24 de febrero, según Human Rights Watch, la policía irrumpió en la oficina de Colibrí, un grupo de prevención y tratamiento del VIH/sida, en Bafoussam (región del Oeste) y detuvo por cargos de homosexualidad a 13 personas, que quedaron en libertad unos días después. Las personas detenidas dijeron que habían sido obligadas a firmar declaraciones, agredidas física y verbalmente y obligadas a someterse a pruebas para la detección del VIH y a exámenes anales. El artículo 347-1 del Código Penal castigaba con cinco años de prisión a “toda persona que [tuviera] relaciones sexuales con una persona de su sexo”.
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