Camerun

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

En el contexto de las elecciones presidenciales el derecho a la libertad de asociación y el derecho de reunión pacífica se vieron amenazados. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes y mataron al menos a 48 personas. Se siguió sometiendo a detención y reclusión arbitrarias a personas que hacían activismo político. Se reanudó el juicio de 17 personas por el asesinato del periodista Martinez Zogo. En la región del Extremo Norte, Boko Haram continuó cometiendo homicidios ilícitos, mientras que en las regiones del Noroeste y Sudoeste la población siguió sufriendo abusos a manos de grupos separatistas. El acceso a la salud y la educación se vio amenazado por la inseguridad y por los recortes de Estados Unidos a la ayuda exterior. El uso de mercurio en las explotaciones mineras auríferas violaba los derechos humanos de la población.

Información general

Continuaron los enfrentamientos violentos entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados separatistas en las regiones anglófonas. Eso, sumado a los enfrentamientos entre agricultores y ganaderos en la región del Noroeste, provocó el desplazamiento interno de casi un millón de personas.

En agosto, el gobierno de Trump canceló el Estatus de Protección Temporal para Camerún, lo que dejó en riesgo de deportación a más de 5.000 personas solicitantes de asilo camerunesas que vivían en Estados Unidos.

Los datos oficiales estimaban que la tasa de inflación a finales de junio era del 4,1%. Aunque había disminuido desde 2024, seguía superando el umbral de tolerancia de la mayoría de los hogares.

Paul Biya, que llevaba 43 años ocupando el cargo de presidente, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales celebradas en octubre.

Libertad de asociación y de reunión

En enero, el prefecto del departamento de Wouri y la gendarmería nacional citaron a la abogada Alice Nkom, presidenta de la junta directiva de la Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en África Central (REDHAC), para proceder a su “investigación”.¹ Previamente, en diciembre de 2024, las autoridades habían suspendido las actividades de REDHAC y de otras tres organizaciones de la sociedad civil. En enero, Alice Nkom y Maximilienne Ngo Mbe, directora de REDHAC, fueron acusadas formalmente de delitos como “romper precintos” (colocados por las autoridades en las puertas de las oficinas de REDHAC), “rebelión”, “incomparecencia ante un tribunal” y “financiación del terrorismo”. El juicio comenzó en abril pero se aplazó en varias ocasiones.

El gobierno prohibió varias reuniones y actividades políticas y detuvo a simpatizantes de la oposición en vísperas de las elecciones presidenciales. En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) alertó del aumento de las restricciones de las actividades de los partidos políticos de oposición.

Detención y reclusión arbitrarias

Seguían bajo custodia 11 de las 500 personas detenidas arbitrariamente en 2020 por participar en manifestaciones pacíficas convocadas por el partido de oposición Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC).

En abril fue condenado a cadena perpetua Abdu Karim Ali, activista en favor de la paz que permanecía recluido desde 2022.² Había sido detenido por denunciar las torturas cometidas y emitidas en Internet por el líder de una milicia progubernamental en la región del Sudoeste.

En agosto, más de 50 personas, entre las que figuraban simpatizantes del dirigente del MRC Maurice Kamto, fueron detenidas en la capital, Yaundé. Se habían concentrado frente al Consejo Constitucional, donde se estaban examinando apelaciones relativas a la validación de las candidaturas presidenciales. Las personas detenidas fueron puestas en libertad semanas después, pero hacían frente a cargos de alteración del orden público, reunión ilegal, rebelión e incitación a la revuelta.

Los informes mensuales de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios hacían hincapié periódicamente en que se estaba utilizando la detención arbitraria contra la población en las regiones del Noroeste y del Sudoeste en el contexto de los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y grupos armados separatistas (véase infra).

Uso ilícito de la fuerza

En marzo, los miembros del Colegio de Abogados de Camerún convocaron una protesta nacional y tres días de huelga en todo el país como respuesta a unos vídeos publicados en las redes sociales en los que se veía a unos agentes de policía “ejerciendo violencia y cometiendo otros actos degradantes e inhumanos” contra al menos dos abogados y otros ciudadanos.

En octubre estallaron en varias ciudades protestas contra la reelección del presidente. Las protestas pacíficas se tornaron violentas cuando las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva e innecesaria para dispersar a quienes participaban en ellas y mataron a 48 personas, según un informe de Reuters que citaba fuentes de la ONU; estas fuentes también afirmaban que en una protesta en Duala habían muerto tres gendarmes. Se detuvo a cientos de manifestantes, entre ellos dirigentes de la oposición, activistas y simpatizantes de partidos políticos opositores. El ACNUDH instó a las autoridades a “garantizar la investigación rápida, imparcial y efectiva de todos los casos de violencia relacionados con las elecciones, incluido el uso de fuerza innecesaria o desproporcionada, y hacer comparecer a los responsables ante la justicia”.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En septiembre se reanudó el juicio por el secuestro y asesinato del periodista radiofónico Martinez Zogo, cometido en Yaundé en 2023. Cuando se produjeron los hechos, Martinez Zogo estaba haciendo programas en los que denunciaba la corrupción. Al finalizar el año no había concluido el juicio.

Abusos cometidos por grupos armados

Región del Extremo Norte

En febrero, presuntos miembros de Boko Haram llevaron a cabo múltiples ataques contra comunidades del distrito de Kolofata, en la frontera con Nigeria. Según los medios de comunicación, los atacantes habían secuestrado a residentes, incluidos niños y niñas, saqueado viviendas, robado y matado ganado, incendiado un pueblo y matado al menos a tres personas. En septiembre, Boko Haram reivindicó un ataque efectuado en el departamento de Mayo-Moskota en el que murieron cinco personas y 11 resultaron heridas, según un periódico local.

Los ataques reiterados de Boko Haram perturbaban la provisión de atención médica en esas zonas, en las que, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, pacientes y miembros del personal sanitario temían por su seguridad.

Regiones del Noroeste y Sudoeste

En las regiones anglófonas del Noroeste y Sudoeste se lanzaron diversos ataques que fueron reivindicados por grupos separatistas. La ONU afirmó que la población seguía siendo objeto de homicidios selectivos, frecuentes tomas de rehenes, imposición ilegal de impuestos, bloqueo de carreteras, extorsión, restricciones de la circulación y uso de artefactos explosivos improvisados en espacios públicos y carreteras principales, entre otros lugares.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó sobre numerosos ataques cometidos en junio por grupos separatistas armados contra docentes, estudiantes y sus progenitores para impedir la realización de exámenes.

Derechos económicos y sociales

Los recortes efectuados en enero por el presidente Trump a la ayuda exterior tuvieron repercusiones negativas en el acceso a servicios esenciales de salud, en particular en las zonas afectadas por la inseguridad o por el conflicto armado en la región del Extremo Norte. Hasta enero, la Iniciativa del Presidente de los Estados Unidos contra la Malaria había financiado el 50% de todo el personal sanitario comunitario de esa región pero, según informó Reuters en octubre, la mitad de ese personal ya no trabajaba debido a los recortes en la financiación de la Iniciativa.

Según UNICEF, en las regiones del Noroeste y del Sudoeste se cerraron durante el año 14.829 escuelas, frente a las 14.364 de 2024. Su clausura interrumpió la educación de más de tres millones de escolares, lo que aumentaba el riesgo de reclutamiento de niños y niñas por parte de grupos armados no estatales. Sólo el 41% de los niños y niñas tenía acceso a educación preescolar, en una situación que afectaba principalmente a quienes vivían en zonas rurales.

Derecho a un medioambiente saludable

En mayo, el gobierno recibió recomendaciones de especialistas de la ONU para adoptar medidas con las que abordar los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente relacionados con el uso de mercurio en la minería aurífera, incluso por parte de empresas estatales. Los especialistas afirmaron que el uso del mercurio socavaba seriamente el derecho a un medioambiente limpio, saludable, sostenible y libre de sustancias tóxicas, el derecho a agua potable y el derecho a la vida, entre otros derechos humanos.