Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se restringieron aún más los derechos civiles y políticos con nuevas leyes sobre el uso de Internet y en respuesta a la pandemia de COVID-19. Se respondió con detenciones y cárcel a los incumplimientos de las normativas contra la COVID-19 y a las críticas al gobierno. Se condenó a largas penas de prisión, en juicios colectivos sin las debidas garantías, a miembros de un partido de oposición prohibido. Se persiguió especialmente a las personas dedicadas a labores de activismo ambiental, y se prohibió a los pueblos indígenas llevar a cabo actividades de conservación. La grave situación de hacinamiento en las prisiones y en los centros de detención por delitos de drogas socavó el derecho a la salud de la población reclusa.
La represión iniciada por el gobierno en 2017 contra medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos de oposición continuó a lo largo de 2021. El Partido de Rescate Nacional de Camboya, el mayor partido de la oposición, disuelto por orden judicial en 2017, siguió prohibido. La campaña gubernamental contra las drogas se prolongó por quinto año consecutivo.
El 16 de febrero, Hun Sen sancionó la entrada en vigor del Subdecreto sobre el Establecimiento de una Pasarela Nacional de Internet, que socavaba el derecho a la privacidad e incitaba a la autocensura. Esta nueva normativa exigía que todo el tráfico de Internet pasara por un organismo centralizado de supervisión encargado de monitorear toda la actividad online, y obligaba a los proveedores de servicios de Internet a verificar la identidad de sus usuarios. Asimismo, permitía bloquear o desconectar las conexiones de red “que afecta[ra]n a la seguridad, los ingresos nacionales, el orden social, la dignidad, la cultura, la tradición y las costumbres”.
Las autoridades continuaron utilizando la pandemia de COVID-19 como pretexto para restringir la libertad de expresión. A principios de marzo, Shen Kaidong, ciudadano chino y redactor jefe del portal de noticias en lengua china Angkor Today, fue deportado por haber publicado un artículo sobre las vacunas que las autoridades calificaron de “noticia falsa”. Ese mismo mes, la Asamblea Nacional aprobó la Ley sobre Medidas de Prevención contra la Propagación de la COVID-19 y otras Enfermedades Graves, Peligrosas y Contagiosas (Ley sobre la COVID-19), que establecía graves sanciones, incluidas condenas de hasta 20 años de prisión, por contravenir las restricciones impuestas contra la COVID-19.
Según la ONG local LICADHO, del 10 al 25 de abril fueron detenidas al menos 258 personas en aplicación de esta ley por haber desobedecido medidas administrativas. De ellas, 83 fueron procesadas y encarceladas. Decenas de personas más fueron detenidas por haber criticado la respuesta del gobierno a la COVID-19.
Continuaron las detenciones arbitrarias y los procesamientos, así como las agresiones a manos de individuos no identificados, de miembros del opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya, que había sido prohibido. A principios de enero empezaron varios juicios colectivos contra destacados dirigentes y otros miembros y simpatizantes del Partido de Rescate Nacional de Camboya, en total unas 150 personas.1 Muchos de los cargos estaban relacionados con el anunciado regreso a Camboya de líderes autoexiliados del partido —previsto para el mes de noviembre de 2019—, que las autoridades calificaron de intento de golpe de Estado. El 1 de marzo, nueve destacados dirigentes del partido fueron declarados culpables —in absentia— de “tentativa de delito” y “ataque”, en virtud de los artículos 27 y 451 del Código Penal de Camboya respectivamente. En concreto, Sam Rainsy —uno de los fundadores del partido— fue condenado a 25 años de cárcel, mientras que los demás recibieron penas de entre 20 y 22 años.
El 9 de noviembre, Tailandia devolvió a Camboya a Veourn Veasna y Voeung Samnang, simpatizantes del Partido de Rescate Nacional de Camboya y reconocidos como refugiados por el ACNUR, que fueron detenidos por cargos de incitación al incumplimiento de la legislación contra la COVID-19. Hun Sen ya había ordenado anteriormente la detención de Voeurn Veasna tras haber publicado éste un poema donde lo criticaba. Al concluir el año ambos seguían detenidos en espera de juicio.
Las autoridades no investigaron las agresiones físicas perpetradas contra miembros y simpatizantes del Partido de Rescate Nacional de Camboya. En abril, un simpatizante de ese partido de 16 años de edad fue hospitalizado por fractura de cráneo tras haber sido agredido por dos hombres. No se halló a los agresores. El 24 de junio, ese mismo simpatizante fue detenido y acusado de incitación e insultos a las autoridades por unos comentarios que había realizado en la aplicación de mensajería Telegram criticando al gobierno. Fue condenado a ocho meses de prisión, y quedó en libertad en noviembre, tras haber cumplido cuatro meses y medio. Su padre había sido detenido en 2020, y era una de las decenas de personas miembros del Partido de Rescate Nacional de Camboya sometidas a juicio.
Las autoridades utilizaron el sistema judicial para detener, procesar y encarcelar injustamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas ambientales. En agosto, el líder sindicalista Rong Chhun fue declarado culpable de “incitación a la comisión de un delito o a la perturbación del orden social” y condenado a dos años de prisión. Había sido juzgado a consecuencia de unas declaraciones en las que denunciaba la pérdida de tierras de una comunidad tras la demarcación de la frontera entre Camboya y Vietnam. Sar Kanika y Ton Nimol, activistas de oposición, fueron declarados culpables de incitación y condenados a 20 meses de prisión por haber pedido su liberación. También fueron detenidas y acusadas de incitación otras 10 personas que habían protestado por el encarcelamiento de Rong Chhun.
A lo largo del año se hostigó judicialmente a activistas ambientales vinculados al grupo activista Madre Naturaleza Camboya. En mayo, cinco activistas de Madre Naturaleza Camboya fueron declarados culpables de incitación y condenados a entre 18 y 20 meses de prisión, dos de ellos in absentia. Habían sido detenidos tras haber planificado una marcha para protestar contra los planes del gobierno de privatizar, desecar y urbanizar el mayor lago que quedaba en la capital, Phnom Penh.2 En junio, otros tres activistas de Madre Naturaleza Camboya fueron acusados de “conspiración” e “insultos al rey” (lesa majestad), mientras que una cuarta persona, también activista, fue acusada in absentia. Habían sido detenidos cuando documentaban el grado de contaminación fluvial de Phnom Penh.3 Estos miembros de Madre Naturaleza Camboya formaban parte del grupo de 26 activistas que quedaron en libertad a mediados de noviembre, entre quienes figuraban también Rong Chhun y todas aquellas personas que habían sido detenidas por protestar contra su detención. Su liberación quedó sujeta a una serie de condiciones, incluida la limitación de sus derechos a la libertad de circulación, asociación y reunión pacífica.
Se negó acceso a sus tierras ancestrales a los pueblos indígenas y a activistas de base en defensa de los bosques para llevar a cabo actividades de conservación. En febrero, y por segundo año consecutivo, el Ministerio del Medioambiente desestimó la solicitud de autorización de la Red Comunitaria de Prey Lang para celebrar su ceremonia anual de bendición de árboles en ese bosque tropical.4Se siguió prohibiendo el acceso a la Reserva Natural de Prey Lang a integrantes de la Red Comunitaria de Prey Lang —en su mayoría indígenas kuys— para patrullar. También se prohibió a la Red Comunitaria Forestal de Prey Preah Roka patrullar los bosques en la provincia de Prey Vihear.
Chan Thoeun, miembro de la Red Comunitaria de Prey Lang, fue declarado en septiembre culpable de “violencia intencional con agravantes” y condenado condicionalmente a dos años de cárcel tras un enfrentamiento con un presunto leñador cuando patrullaba los bosques en 2020. En febrero, agentes del Ministerio de Medio Ambiente detuvieron y recluyeron arbitrariamente a cinco defensores ambientales por haber investigado la tala ilegal en el bosque de Prey Lang. Quedaron en libertad tres días más tarde, tras haberse comprometido a no entrar en el bosque sin permiso de las autoridades.5En 2021, la tasa de deforestación aumentó en un 20%, incremento que afectó profundamente a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Las empresas implicadas en la tala ilegal siguieron operando con impunidad.
En abril, ante el aumento de contagios de COVID-19, las autoridades impusieron estrictas medidas de confinamiento —a veces, de varias semanas de duración— en algunas partes de la capital y en otras ciudades.6 Se prohibió a quienes vivían en los barrios designados como “zonas rojas” salir de sus casas en ninguna circunstancia, lo cual repercutió profundamente en su acceso a la alimentación, la atención a la salud y a otros bienes y servicios esenciales. También se prohibió a las ONG distribuir alimentos y otras ayudas a la población en situación de riesgo de esas zonas. Las autoridades locales amenazaron e intimidaron a personas que recurrieron a las redes sociales para expresar su preocupación o solicitar ayuda.
La grave situación de hacinamiento en las prisiones y en los centros de detención por delitos de drogas se vio agravada por la campaña contra las drogas y continuó violando el derecho a la salud de la población reclusa. La sociedad civil pidió reiteradamente medidas urgentes, incluidas alternativas a la reclusión no privativas de libertad, para frenar la propagación de la COVID-19 entre las personas reclusas, pero la respuesta del gobierno fue limitada e inadecuada.7
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