Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades no respondieron adecuadamente a la pandemia de COVID-19 ni protegieron el derecho a la salud. Se levantaron algunas medidas adoptadas contra las personas defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas (por ejemplo, se liberó al preso de conciencia Germain Rukuki), pero las amenazas, la intimidación y los procesamientos de motivación política continuaron. Algunas personas refugiadas retornadas sufrían intimidación. Las autoridades no respetaban ni protegían los derechos de las mujeres y vulneraban el derecho a la intimidad. Continuaron las desapariciones forzadas, los homicidios ilegítimos, la tortura, y las detenciones y reclusiones arbitrarias. La Comisión de la Verdad y Reconciliación fue objeto de acusaciones de parcialidad y se socavó la independencia del poder judicial.
Hubo un importante cambio en las relaciones de Burundi con los asociados internacionales. Se reanudó el diálogo político con la Unión Europea y mejoraron las relaciones con Ruanda.
En mayo, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA concluyó el mandato de su misión de observación de los derechos humanos en el país, y la ONU cerró la Oficina del Enviado Especial del Secretario General para Burundi. En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dio por concluido el mandato de la Comisión de Investigación sobre Burundi, que fue sustituida por un relator especial. La Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos de Burundi recuperó la acreditación de la categoría “A” en junio, pese a la preocupación de la sociedad civil.
Aumentaron los incidentes de seguridad, incluidos unos ataques efectuados contra civiles en Buyumbura y en la capital, Guitega, en mayo y septiembre, y contra personas que viajaban por carretera en la provincia de Muramvya, en mayo y junio.
Se necesitaba ayuda humanitaria para 2,3 millones de personas. Burundi seguía estando entre los 20 países más expuestos al cambio climático. Más de 52.000 personas se vieron afectadas tras el desbordamiento del lago Tanganica, que destruyó o dañó sus hogares.
El gobierno reanudó la cooperación con la Organización Mundial de la Salud, cuyo nuevo representante llegó al país en abril, pero la respuesta a la pandemia de COVID-19 siguió siendo insuficiente. En julio, el gobierno autorizó que el Banco Mundial proporcionara vacunas, pero se negó a firmar cualquier compromiso de gestionar los posibles efectos secundarios o de ofrecer indemnización por ellos. El primer cargamento de vacunas llegó en octubre. Volvieron a aparecer casos de COVID-19 en la segunda mitad del año, y el personal médico informó de que las cifras oficiales eran muy inferiores a las reales. En septiembre se prohibieron las ceremonias de carácter social y las fiestas en días laborales. Las autoridades introdujeron en noviembre un pase sanitario para quienes viajaran desde la capital comercial, Buyumbura, a otras provincias, que demostrara el resultado negativo de las pruebas diagnósticas.
En enero, el presidente prometió que su gobierno promovería una “prensa libre y responsable” y pidió al Consejo Nacional de Comunicación que dialogara con los medios de comunicación suspendidos para permitirles reanudar su trabajo. Tras su discurso se levantaron las restricciones a varios medios de comunicación, entre los que figuraban Bonesha FM, Isanganiro TV y BBC.
No obstante, estas medidas se vieron menoscabadas en agosto al lanzar el presidente un ataque personal contra el periodista Esdras Ndikumana por su manera de informar sobre el impacto de la COVID-19 y acusarlo de “odiar el país en el que se había criado”.
Las sentencias condenatorias dictadas contra los exparlamentarios Fabien Banciryanino en mayo y Pierre-Celestin Ndikumana (in absentia) en agosto también pusieron en entredicho el compromiso declarado del gobierno para con el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Los dos condenados habían criticado abiertamente el historial de derechos humanos del gobierno en la legislatura 2015-2020, un hecho inusual en los miembros del Parlamento. Fabien Banciryanino quedó en libertad en octubre tras cumplir una condena de un año de prisión.
La declaración de culpabilidad dictada in absentia contra cinco defensores y defensoras de los derechos humanos y siete periodistas que habían participado en las protestas de 2015 se anunció en febrero, aunque el Tribunal Supremo se había pronunciado sobre el caso en junio de 2020. Estas personas habían sido condenadas a cadena perpetua por menoscabo de la autoridad del Estado, asesinato y daños a la propiedad, en relación con el intento de golpe de Estado de 2015. No tuvieron asistencia letrada durante el juicio.1
Nestor Nibitanga, exobservador regional de la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas, fue excarcelado en abril tras cumplir cuatro años de prisión de una pena de cinco y recibir un indulto presidencial. Había sido detenido en 2017 y declarado culpable en 2018 de cargos falsos de “amenaza contra la seguridad interna del Estado”.
En junio, el Tribunal de Apelación de Ntahangwa revocó la sentencia condenatoria impuesta al defensor de los derechos humanos Germain Rukuki por cargos de “participación en un movimiento de insurrección”, “amenaza contra la seguridad interna del Estado” y “ataque contra la autoridad del Estado”, pero el tribunal confirmó su declaración de culpabilidad por “rebelión”. Su condena a 32 años de prisión se redujo a un año y una multa de 50.000 francos burundeses (25 dólares estadounidenses). Quedó en libertad el 30 de junio tras casi cuatro años de reclusión.2
También en junio, el Tribunal Superior de la provincia de Kayanza declaró culpable al abogado Tony Germain Nkina de “colaboración con rebeldes que atacaron Burundi” y lo condenó a cinco años de prisión y al pago de una multa de un millón de francos burundeses (aproximadamente 500 dólares estadounidenses). Tony Germain Nkina había sido detenido en octubre de 2020 mientras trabajaba en la comuna de Kabarore, una zona que había sufrido ataques armados. Varios elementos del caso sugerían firmemente que su enjuiciamiento estaba motivado por el trabajo que había realizado con la sociedad civil en el pasado, más de seis años antes. El Tribunal de Apelación de Ngozi confirmó la sentencia condenatoria y la pena en septiembre.3
En abril se permitió retomar sus actividades a la organización de la sociedad civil Palabras y Acción para el Despertar de la Conciencia y la Evolución de las Mentalidades (PARCEM, por sus siglas en francés), tras casi dos años de suspensión.
Las autoridades burundesas seguían sin respetar ni proteger los derechos humanos de las mujeres. Una mujer que estuvo en paradero desconocido durante tres meses tras dejar a su esposo fue acusada de “abandono familiar”, un delito punible con hasta dos meses de prisión. Antes de acudir a la policía se había estado escondiendo en una casa de seguridad gestionada por una organización de defensa de los derechos de las mujeres que, a su vez, fue acusada de amenazar la seguridad del Estado.
Se impuso un toque de queda nocturno en la comuna de Gishubi (provincia de Guitega) para impedir la mezcla social de hombres y mujeres, lo que suponía una continuación de la tendencia observada en años recientes en otras partes del país. Se adoptaron nuevas normas por las que una mujer que estuviera en un bar después de las siete de la tarde con un hombre casado que no fuera su esposo recibiría una multa de 10.000 francos burundeses (5 dólares estadounidenses), la misma que una muchacha que no estuviera en casa de su familia a partir de esa misma hora. Los hombres sorprendidos con una mujer que no fuera su esposa recibirían una multa de 20.000 francos burundeses (10 dólares estadounidenses), y se impondría la misma multa a los muchachos sorprendidos con muchachas después de las siete de la tarde.
En septiembre, el ministro del Interior ordenó la suspensión de todos los funcionarios de la administración que estuvieran practicando el “concubinato” (definido en la legislación como un hombre casado que viviera con una o más mujeres como si fueran sus “esposas” fuera o dentro del hogar conyugal) o formaran parte de “uniones ilegales”. Seguía en vigor la prohibición de la cohabitación fuera del matrimonio, y de la poligamia.
Continuaron las detenciones y reclusiones arbitrarias, especialmente de miembros del partido de la oposición Congreso Nacional por la Libertad (CNL). En septiembre, la Comisión de Investigación sobre Burundi publicó un informe que concluía que, además de algunos agentes de la policía y del servicio de Inteligencia, el personal judicial —y en ocasiones el penitenciario— también era responsable de casos de detención arbitraria.
Se denunciaron nuevos casos desapariciones forzadas, entre ellas la de Elie Ngomirakiza, un representante del CNL de la provincia de Buyumbura Rural que fue detenido en julio. Siguieron sin resolverse casos de años anteriores, y había más de 250 casos abiertos ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. A pesar de ello, las autoridades nacionales trataron de minimizar el asunto. En julio, el presidente afirmó ante los medios de comunicación que no se habían producido desapariciones y, en cambio, habló de delincuentes que huían a Ruanda. Ese mismo mes, el Fiscal General de la República restó importancia a las denuncias de desapariciones forzadas y, en cambio, habló de personas que dejaban su hogar para unirse a grupos armados sin informar a sus familiares, y de grupos delictivos que llevaban a cabo secuestros disfrazados de miembros de las fuerzas de seguridad.
Era habitual hallar cadáveres, a menudo con signos de violencia, cerca de carreteras, lagos, acequias y otros espacios públicos. La organización de derechos humanos Liga Iteka denunció que entre enero y diciembre se habían encontrado 269 cadáveres; sin embargo, raras veces se realizaban investigaciones antes de los entierros.
Se acusó a la policía, al Servicio Nacional de Inteligencia y a miembros de la sección juvenil del partido gobernante, Imbonerakure, de matar a presuntos opositores, incluso mediante la tortura.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación continuó llevando a cabo exhumaciones de fosas comunes de víctimas de las masacres de 1972, que habían afectado principalmente a miembros de la etnia hutu. Al centrarse en esas matanzas y no investigar otras atrocidades, la Comisión fue objeto de acusaciones de parcialidad y de trabajar para el partido gobernante. Por otra parte, entre abril y junio, el Senado organizó una serie de conferencias para recordar las masacres de 1972, corriendo el riesgo de adelantar las conclusiones de la Comisión.
En julio, el presidente de la Asamblea Nacional realizó una serie de comentarios públicos amenazantes sobre los magistrados y socavó la independencia del poder judicial. Ese mismo mes, el gobernador de la provincia de Buyumbura propuso celebrar reuniones periódicas entre dicho poder y su delegación para estudiar las denuncias presentadas por los habitantes de la provincia en relación con la justicia. En agosto, el presidente Ndayishimiye habló sobre las denuncias de corrupción de jueces, pero no adoptó ninguna medida para impedir la injerencia política en el sistema de justicia.
La Corte Penal Internacional continuó con su investigación sobre la situación en Burundi (pese a la retirada del país del Estatuto de Roma), centrándose en los “presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Burundi o por ciudadanos de Burundi fuera de Burundi desde el 26 de abril de 2015 hasta el 26 de octubre de 2017”.
Entre enero y septiembre se informó de que unas 36 personas burundesas habían llegado a países vecinos como solicitantes de asilo. Las cifras de quienes abandonaban Burundi se habían reducido enormemente a partir de marzo de 2020 debido a las restricciones a la circulación impuestas por la COVID-19, y algunas restricciones fronterizas se seguían aplicando en 2021.
Hasta finales de octubre, el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, había brindado apoyo a más 60.000 personas en su regreso a Burundi. En junio, la Conferencia de Obispos Católicos de Burundi expresó preocupación por que las personas retornadas no estaban siendo bien recibidas en determinadas zonas y eran intimidadas por quienes debían apoyarlas para que se reintegraran en la sociedad.
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