Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades no respetaron el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. No se permitió que muchas organizaciones de derechos humanos independientes desarrollaran sus actividades, y muchos actores de la sociedad civil permanecían en el exilio. Continuaron los ataques selectivos de las fuerzas de seguridad y de Imbonerakure (la sección juvenil del partido gobernante) contra personas críticas con el gobierno y miembros de la oposición; esos ataques incluían detenciones y reclusiones arbitrarias y desapariciones forzadas. Se violaron los derechos de las personas detenidas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación enfrentaba acusaciones de parcialidad. La inacción del gobierno a la hora de abordar la escasez de combustible y su desacertada decisión de prohibir la circulación de bicicletas, triciclos y motocicletas en el centro de la ciudad de Bujumbura afectaron negativamente al costo de la vida e incidieron en los derechos sociales y económicos. Algunas personas refugiadas que habían retornado a Burundi fueron objeto de hostigamiento, intimidación y ataques.

Información general

En febrero, la Unión Europea (UE) levantó las sanciones impuestas a Burundi en 2016 en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Asociación UE-África, el Caribe y el Pacífico. Continuó la mejoría de las relaciones con la vecina Ruanda, y en marzo el presidente recibió la visita del ministro de Defensa ruandés, que llevaba un mensaje especial del presidente de su país en un intento de normalizar las relaciones bilaterales. En mayo, el presidente de República Democrática del Congo efectuó una visita oficial en un momento en el que existía preocupación por las operaciones militares que las fuerzas armadas burundesas e Imbonerakure llevaban a cabo contra grupos armados burundeses en territorio de República Democrática del Congo.

Las autoridades de Burundi siguieron negando el acceso de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, entre ellos la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y siguieron sin cooperar con ellos.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, 1,8 millones de los 13 millones de habitantes del país necesitaron asistencia humanitaria en 2022.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades no respetaron el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

En marzo, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley clausuraron una conferencia de prensa convocada por las organizaciones de la sociedad civil Palabras y Acción para el Despertar de la Conciencia y la Evolución de las Mentalidades (PARCEM, por sus siglas en francés) y Observatorio de Lucha contra la Corrupción y la Malversación Económica (OLUCOME). Durante el acto, las personas participantes habían denunciado las medidas del Ministerio del Interior que prohibían la circulación de bicicletas, triciclos y motocicletas en el centro urbano de Bujumbura.

En marzo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación propuso un proyecto de ley sobre la negación del genocidio para sancionar a quienes negaran el genocidio de la población hutu de Burundi cometido en 1972. En caso de ser aprobado, el proyecto de ley entrañaría el riesgo de imponer restricciones adicionales a un espacio de la sociedad civil ya de por sí cada vez más reducido y de reprimir el derecho a la libertad de expresión.

En junio se prohibieron en varias provincias las celebraciones del tercer aniversario del principal partido opositor, el Congreso Nacional por la Libertad (CNL). Las fuerzas de seguridad y miembros de Imbonerakure interrumpieron varias reuniones del CNL, por ejemplo en julio en la provincia de Gitega, donde un grupo de presuntos miembros de Imbonerakure —acompañados por las autoridades locales— acusaron a ese partido de celebrar una reunión clandestina y no autorizada. Se causaron desperfectos en varias oficinas del CNL, dos de las cuales fueron incendiadas en la provincia de Ruyigi, y los intentos del CNL de formar un grupo parlamentario de oposición se encontraron inicialmente con la oposición del presidente de la Asamblea Nacional.

En septiembre, el presidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos escribió al presidente Evariste Ndayishimiye y le pidió medidas provisionales en la causa seguida contra 12 defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas (Marguerite Barankitse, Dieudonné Bashirashize, Arcade Havyarimana, Patrick Mitabaro, Innocent Muhozi, Patrick Nduwimana, Pacifique Nininahazwe, Atrmel Niyongere, Gilbert Niyonkuru, Anne Niyuhire, Vital Nshimirimana y Bob Rugurika), todos en el exilio. Estas personas habían sido acusadas falsamente de participar en el intento de golpe de Estado de mayo de 2015 y habían sido condenadas in absentia en junio de 2020 por el Tribunal Supremo a cadena perpetua, en un fallo que no se hizo público hasta febrero de 2021.

Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades e Imbonerakure siguieron atacando a miembros del CNL, a quienes maltrataron, detuvieron y recluyeron ilegalmente.

Christophe Sahabo, director gerente del Hospital Kira de Bujumbura, fue detenido en abril, junto con el ciudadano francés Jean-David Pillot, presidente de la junta directiva del hospital. El segundo fue puesto en libertad después de pasar una noche detenido, pero Christophe Sahabo continuó recluido durante varios días sin acceso a familiares o abogados de su elección. El director gerente fue recluido en una celda del Servicio Nacional de Inteligencia (SNR) en la que permaneció más de 30 días antes de comparecer ante un juez y ser trasladado a la prisión de Mpimba. El 29 de septiembre fue trasladado a la prisión de Ruyigi, situada a unos 160 kilómetros de Bujumbura, donde se registró su caso. Sus familiares y abogados denunciaron que había sido sometido a presiones y obligado a dimitir de su cargo en el Hospital Kira por alegaciones infundadas de fraude, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Uno de sus abogados dijo que una auditoría económica actualizada, encargada por los directivos provisionales del Hospital Kira, no había encontrado ninguna irregularidad por parte de Christophe Sahabo.

El 27 de septiembre, el hermano de Christophe, Etienne Sahabo, y su abogada, Sandra Ndayizeye, hija del expresidente Domitien Ndayizeye, fueron detenidos y acusados por el fiscal general de falsificar las actas de la asamblea general del Hospital Kira en la que se restituía a Christophe Sahabo como director. Sandra Ndayizeye quedó en libertad el 7 de octubre, tras renunciar a representar a Christophe Sahabo. Etienne Sahabo también quedó en libertad el mismo día.

En diciembre, el Tribunal Supremo anuló la condena a cinco años de prisión impuesta al abogado Tony Germain Nkina y ordenó que se celebrara un nuevo juicio en relación con su declaración de culpabilidad, dictada en junio de 2021, por “colaboración con los rebeldes que atacaron Burundi”. El abogado quedó en libertad al cabo de una semana, después de que el Tribunal de Apelación de Ngozi lo absolviera. Había sido detenido en octubre de 2020 y acusado falsamente de poner en peligro la seguridad del Estado.

Derechos de las personas detenidas

Las autoridades siguieron violando los derechos de las personas detenidas. Las condiciones de reclusión no cumplían las normas internacionales de derechos humanos; las instalaciones adolecían de un severo hacinamiento, y la alimentación, el agua y la atención de la salud eran inadecuadas. Hubo personas presas y defensores y defensoras de los derechos humanos que denunciaron la reducción de las raciones impuesta por las autoridades penitenciarias a partir de julio. Esta situación se agravó debido al constante aumento de la población reclusa. Según el defensor de los derechos humanos Pierre Claver Mbonimpa, los alimentos suministrados por las autoridades sólo cubrían las necesidades de 4.294 personas, cuando se calculaba que la población reclusa superaba las 12.000.

Las autoridades seguían sin llevar a cabo ninguna investigación efectiva sobre el incendio declarado en la prisión de Gitega en diciembre de 2021 en el que habían muerto al menos 38 personas, según datos oficiales. El centro penitenciario, proyectado para albergar a 400 personas, alojaba a más de 1.200. Durante todo el año, el fiscal general dirigió la liberación de personas presas acusadas de infracciones leves, siguiendo las indicaciones formuladas por el presidente Ndayishimiye en 2021 en un intento de reducir el exceso de población penitenciaria. Según las autoridades, al menos 60 personas habían sido excarceladas en la capital, Gitega, hasta junio. En la prisión de Mpimba, en Bujumbura, se puso en libertad provisional a 111 personas —entre ellas 5 mujeres— en junio. En noviembre, la ministra de Justicia cursó una notificación interna a todos los departamentos en relación con el exceso de población reclusa en la que les pedía que aplicaran las directrices del presidente en cuanto a poner en libertad a las personas detenidas en espera de juicio acusadas de infracciones leves.

André Ndagijimana, miembro del CNL, murió en el hospital de Ngozi en julio cuando estaba bajo custodia policial. No se le había permitido acceder a una atención médica adecuada.

Desapariciones forzadas

Aunque la cifra de desapariciones forzadas disminuyó, quienes sostenían puntos de vista críticos con el gobierno y con el partido en el poder seguían corriendo un gran peligro de sufrir este tipo de delito.

Jean de Dieu Ndasabira, miembro del CNL, desapareció en junio. Las organizaciones locales que documentaron este caso creían que unos agentes del SNR se lo habían llevado de su lugar de trabajo en Bujumbura. Al terminar el año, las autoridades no habían proporcionado información ni habían realizado investigación alguna sobre su desaparición.

Derecho a la vida

Las organizaciones de derechos humanos burundesas siguieron informando del descubrimiento de cadáveres en ríos de todo el país; se creía que las fuerzas de seguridad e Imbonerakure eran los responsables de estos homicidios. Las autoridades no investigaron estas denuncias.

En junio, un joven funcionario local del partido CNL, Jean Claude Ntirampeba, fue hallado muerto cerca del río Rusizi. Su cuerpo presentaba claros indicios de asesinato.

Derecho a verdad, justicia y reparación

La Comisión de la Verdad y Reconciliación era objeto de acusaciones de parcialidad desde hacía mucho tiempo. Los grupos de derechos humanos seguían cuestionando su metodología y la manera de exhumar los cadáveres, y muchos actores burundeses e internacionales consideraban que esos métodos formaban parte del discurso del partido gobernante para presentar a las personas de etnia hutu como las únicas víctimas de las matanzas de 1972, sin investigar otras atrocidades.

Derechos económicos, sociales y culturales

Desde agosto de 2021 las autoridades no garantizaban el suministro seguro de combustible, lo que causaba parálisis de la actividad económica, un notable aumento de la inflación, alzas de precios de los alimentos y una escasez de transporte público en las grandes ciudades que impedía que muchos profesionales de atención de la salud, estudiantes, funcionarios públicos y trabajadores del sector privado acudieran a su trabajo. La crisis del transporte público se agravó debido a la prohibición en marzo por el Ministerio del Interior de la circulación de bicicletas, triciclos y motocicletas en el centro de la ciudad de Bujumbura (véase supra, “Libertad de expresión, de asociación y de reunión”).

Los medios de comunicación locales informaron de abusos cometidos por Imbonerakure, autoridades locales y fuerzas de seguridad, que extorsionaban a automovilistas exigiendo dinero para evitar las largas colas para repostar combustible.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, había 258.272 personas refugiadas burundesas en países vecinos y más de 80.000 personas desplazadas internamente en Burundi. El ACNUR facilitó el retorno de 16.621 personas refugiadas burundesas, principalmente desde República Democrática del Congo, Ruanda y Tanzania. Los medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos locales siguieron informando de casos de hostigamiento y ataques selectivos contra personas retornadas a manos de miembros de Imbonerakure y de autoridades locales.