Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Periodistas y medios de comunicación independientes sufrieron intensas presiones y hostigamiento, incluso por parte de cargos públicos. El Parlamento aprobó medidas para reforzar la protección de las víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. Se amplió la definición de delito de odio para incluir la orientación sexual. La discriminación de las minorías seguía siendo generalizada. Las personas refugiadas y migrantes se enfrentaban a devoluciones sumarias y violentas. Las condiciones de los centros psiquiátricos y asistenciales eran preocupantes.

Información general

En abril, una mayoría poco clara resultante de las quintas elecciones generales en menos de dos años dejó al país sumido en una prolongada crisis política. En julio, Bulgaria atravesó una larga ola de calor, con temperaturas de hasta 40  C.

Libertad de expresión

Continuaron las amenazas, el hostigamiento y las campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación independientes que informaban sobre la delincuencia organizada y la corrupción. Cargos públicos y empresas presentaron numerosas demandas estratégicas contra la participación pública (demandas SLAPP, por su sigla en inglés) contra periodistas.

En marzo, una empresa de seguros presentó una demanda por difamación contra Mediapool, sitio web independiente de noticias, y le reclamó la cantidad sin precedentes de un millón de levas búlgaras (500.000 euros) en concepto de daños y perjuicios, lo que llevó al sitio web al borde de la quiebra.

En abril, la fiscalía de la ciudad de Sofía publicó capturas de pantalla de una comunicación privada entre un periodista y su fuente. El proyecto Media Freedom Rapid Response calificó este hecho de “alarmante violación de la confidencialidad de las fuentes”. El mismo mes se presentaron seis demandas por difamación contra los periodistas Dimitar Stoyanov, Atanas Tchobanov y Nikolay Marchenko por informar sobre los vínculos entre un presunto narcotraficante y cargos policiales de Bulgaria. Asociaciones de medios de comunicación condenaron públicamente tales “acciones judiciales abusivas y de represalia” contra periodistas.

En julio, el Parlamento aprobó una reforma del Código Penal que aumentaba, aunque no lo suficiente, la protección de los periodistas frente a las SLAPP, incluida una reducción significativa de las multas por difamar a cargos públicos.

El Centro para el Pluralismo y la Libertad de los Medios de Comunicación clasificó a Bulgaria como país de “alto riesgo” en términos de pluralismo y libertad de los medios de comunicación.

Violencia por motivos de género

En junio, un hombre de Stara Zagora fue arrestado tras atacar con un cuchillo a su exnovia, de 18 años, cuyas heridas requirieron más de 400 puntos de sutura. La calificación de las heridas como “lesiones leves” por un tribunal local y su decisión de dejar en libertad al agresor el 5 de julio desataron en todo el país protestas y la exigencia de acabar con la impunidad por la violencia de género intrafamiliar. En medio de la presión ciudadana, las autoridades volvieron a arrestar al hombre el 30 de julio y formularon nuevos cargos en su contra en noviembre.

En agosto, el Parlamento aprobó reformas del Código Penal y de la Ley de Protección frente a la Violencia de Género Intrafamiliar para extender el derecho a recibir protección a quienes sufrían violencia en una “relación íntima” extramatrimonial. Grupos de la sociedad civil criticaron la definición jurídica que establecía una duración de al menos 60 días para que una relación íntima estuviera sometida a la ley, mientras que grupos conservadores se opusieron a las reformas por considerar que promovían la “ideología de género”. También en agosto, el gobierno anunció que estaba elaborando más medidas para combatir la “epidemia oculta” de la violencia de género intrafamiliar.

Derechos de las personas LGBTI

En febrero, el Tribunal Supremo de Casación puso fin a la posibilidad del reconocimiento legal de la identidad de género para las personas transgénero.

En julio, el Parlamento reformó el Código Penal para tipificar como delito de odio los ataques a personas por su orientación sexual y estableció penas más duras para los perpetradores.

También en julio, el Tribunal de Apelaciones de Sofía declaró al excandidato presidencial Boyan Rassate culpable de vandalismo a raíz de un ataque a una activista en el centro comunitario LGBTI Rainbow Hub en 2021 y le impuso seis meses de libertad vigilada.

En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Bulgaria violaba el derecho a la vida privada y familiar al privar de reconocimiento jurídico a las parejas del mismo sexo.

Discriminación

En julio, la Comisión para la Protección contra la Discriminación impuso al partido conservador Movimiento Nacional Búlgaro una multa de 1.000 levas búlgaras (500 euros) y le prohibió publicar en su web contenido que incitara al odio contra las minorías étnicas. La Comisión calificó de discurso de odio algunas publicaciones del sitio web y afirmó que hacer generalizaciones sobre grupos étnicos constituía discriminación, que estaba prohibida por ley.

También en julio, la Comisión dijo que estaba investigando casos de romaníes a quienes se impedía la entrada en piscinas públicas de todo el país.

Ese mismo mes, la fiscalía investigó al partido prorruso Renacimiento después de que éste publicara en su canal oficial de redes sociales un fotomontaje en el que unos soldados nazis se llevaban a Solomon Passy —exministro de Asuntos Exteriores de origen judío—, vestido de prisionero de un campo de concentración, presumiblemente para gasearlo. El pie de foto decía: “Si no te gusta el gas ruso, toma un poco del nuestro”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las devoluciones sumarias de personas refugiadas y migrantes, cada vez más acompañadas de violencia, seguían siendo generalizadas en las fronteras, sobre todo la de Turquía. En marzo, la Comisión Europea puso en marcha un programa piloto de 45 millones de euros en Bulgaria con el objetivo declarado de acelerar el proceso de asilo e impulsar sistemas de seguridad y vigilancia en las fronteras.

Derechos de las personas con discapacidad

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU afirmó que Bulgaria había violado múltiples derechos de Valya Lazarova, quien estuvo ocho años recluida en un hogar social debido a su discapacidad intelectual y falleció en 2007. El Comité manifestó que Bulgaria no había garantizado la protección de Valya y que ésta “perdió la vida como consecuencia directa de las condiciones deplorables” del hogar asistencial.

En abril, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura visitó Bulgaria para examinar los avances en la aplicación de sus recomendaciones pendientes desde hacía tiempo en relación con la situación “sumamente preocupante” de las personas recluidas en centros psiquiátricos y asistenciales. En noviembre, el Parlamento estableció una comisión temporal encargada de proponer cambios legislativos para asegurarse de que se garantizasen en la ley los derechos de los y las pacientes con enfermedad mental.

Derecho a un medioambiente saludable

Bulgaria mantenía un alto nivel de dependencia de los combustibles fósiles. En enero, el Parlamento votó a favor de dar marcha atrás en los planes para la eliminación progresiva anticipada de las centrales eléctricas de carbón. En julio, el Parlamento encargó al ministro de Energía que realizara nuevas prospecciones de gas natural en el Mar Negro, lo que era contrario a su obligación de reducir las emisiones en virtud del Acuerdo de París. La Comisión Europea afirmó que Bulgaria tenía que reforzar en gran medida sus objetivos respecto a las energías renovables para reflejar los ambiciosos objetivos climáticos y energéticos de la UE.