Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se deterioró aún más la libertad de los medios de comunicación, con intimidación y amenazas a periodistas. Migrantes y solicitantes de asilo fueron objeto de devolución sumaria. Aumentó la violencia de género en el ámbito familiar. La comunidad LGBTI sufrió ataques de grupos opuestos a los derechos de las minorías. La comunidad romaní sufría discriminación generalizada. Quienes residían en centros de asistencia social sufrían malos tratos sistémicos.
En noviembre se celebraron las terceras elecciones parlamentarias del año en Bulgaria, debido a que ningún partido había podido formar gobierno tras las elecciones anticipadas de abril y julio. La situación epidemiológica de emergencia introducida durante la pandemia de COVID-19, declarada originalmente por el gobierno en mayo de 2020 y que confería a éste amplios poderes, siguió en vigor durante todo el año.
La libertad de los medios de comunicación siguió deteriorándose; periodistas y medios de comunicación independientes que investigaban delitos y corrupción se enfrentaban a frecuentes amenazas y campañas de desprestigio, incluso por parte de cargos públicos.
En abril, Dimitar Stoyanov, periodista de investigación para el portal de noticias Bivol, denunció amenazas de muerte proferidas por un empresario con el que había contactado para una entrevista sobre un caso de corrupción en el que éste estaba presuntamente implicado. La Fiscalía de Sofía no investigó la denuncia y la policía emitió un aviso en el cual ordenaba al periodista interrumpir toda comunicación con el empresario.
En abril, el parlamentario Toshko Yordanov bromeó en un programa de televisión acerca de amputar las extremidades a un periodista por “mentir”, después de que éste confundiera sin querer los nombres de dos partidos políticos durante un programa en directo. En mayo, el ministro del Interior, Boyko Rashkov, cuestionó la integridad periodística de dos presentadores de televisión que lo habían entrevistado y sugirió que fueran apartados de sus puestos. Ninguno de ambos cargos públicos se enfrentó a sanciones parlamentarias.
La pandemia de COVID-19 agravó las ya precarias condiciones laborales del personal de medios de comunicación, con recortes salariales, demoras en los pagos y pérdida de independencia editorial. El gobierno redujo la financiación de varios medios de comunicación públicos y del Consejo para los Medios de Comunicación Electrónicos, entidad reguladora nacional.
En su informe de julio sobre el Estado de derecho, la Comisión Europea señaló la falta de transparencia, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y las injerencias políticas continuadas en la política editorial de algunos medios. De los 180 países que constaban en el índice de libertad de prensa en el mundo, Bulgaria descendió del puesto 111 al 112 y continuó siendo el Estado miembro de la Unión Europea con el nivel más bajo de libertad de los medios de comunicación.
Bulgaria siguió llevando a cabo expulsiones ilegales de migrantes y solicitantes de asilo de forma sistemática en sus fronteras. Al final del año se habían registrado más de 1.100 devoluciones sumarias que afectaban al menos a 13.000 personas. En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Bulgaria había infringido el Convenio Europeo de Derechos Humanos al expulsar a un periodista a Turquía en 2016 sin evaluar el riesgo que corría de sufrir malos tratos a su regreso.
Las condiciones de acogida de solicitantes de asilo seguían siendo deficientes. En agosto, la defensora del Pueblo manifestó que la zona del centro de acogida de Voenna Rampa destinada especialmente a menores no acompañados sufría graves problemas de hacinamiento y que esos niños y niñas vivían en condiciones sumamente precarias y antihigiénicas.
En agosto, el gobierno anunció que iba a reforzar la presencia policial y militar en las fronteras con Turquía y Grecia debido a la preocupación por la llegada de solicitantes de asilo de Afganistán tras la toma del poder por los talibanes en ese país.
Bulgaria concedió protección internacional a hasta 70 personas de nacionalidad afgana —y sus familias— que trabajaban para la embajada y las fuerzas armadas de Bulgaria en Afganistán. Sin embargo, se siguió rechazando en procedimientos acelerados a la inmensa mayoría de la población afgana que solicitaba asilo al considerarse que sus solicitudes eran manifiestamente infundadas, práctica constante desde que Bulgaria declaró que Turquía era un tercer país seguro.
Continuaron aumentando los casos de violencia de género en el ámbito familiar, cuyo número se triplicó durante la pandemia de COVID-19.
En enero, el gobierno presentó al Parlamento varias reformas de la Ley de Protección frente a la Violencia de Género Intrafamiliar para mejorar la armonización de la legislación nacional con las normas internacionales. Estas reformas incluían reforzar las medidas de protección y establecer un protocolo de derivación de pacientes, así como un registro central de actos de violencia de género intrafamiliar y de sus víctimas y autores. Las reformas no se habían aprobado al acabar el año.
La comunidad LGBTI siguió siendo objeto de amenazas y ataques, incluso por parte de cargos públicos y partidos políticos.
En octubre, el centro comunitario Rainbow Hub para actos LGBTI en Sofía sufrió ataques y vandalismo a manos de un grupo liderado por Boyan Rassate, candidato a las elecciones presidenciales de noviembre por el partido Unión Nacional Búlgara.1 Tras la enérgica condena expresada por activistas de derechos humanos, partidos políticos y numerosas embajadas en Sofía, la Comisión Electoral retiró la inmunidad política a Boyan Rassate y éste fue detenido y acusado de vandalismo y agresión. Con arreglo al Código Penal del país, la violencia homófoba aún no estaba reconocida como crimen de odio.
La Unión Nacional Búlgara criticó con frecuencia a los grupos LGBTI públicamente y los acusó de difundir “propaganda de género” y enseñar “perversiones” a los escolares.
Antes de las elecciones generales de julio, los actos LGBTI celebrados en las ciudades de Sofía, Plovdiv y Burgas sufrieron ataques de grupos contrarios a los derechos de las minorías. En julio se celebró el acto anual del Orgullo en Sofía en un contexto de manifestaciones generalizadas contra la comunidad LGBTI.
La comunidad romaní continuó sufriendo discriminación y exclusión social generalizadas en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda y el empleo, entre otros. La COVID-19 y el consiguiente estado de emergencia prolongado afectaron de manera desproporcionada a la población romaní.
Los niños y niñas romaníes seguían teniendo muchas menos probabilidades de completar cualquier ciclo de enseñanza que la población general. La pandemia hizo que las niñas romaníes estuvieran más expuestas al matrimonio precoz. El Centro Europeo de Derechos de los Romaníes concluyó que había un número desproporcionado de menores romaníes en los centros públicos de atención a la infancia, y que los niños y niñas romaníes tenían más probabilidades de ser apartados de sus familias.
En junio, el Tribunal Administrativo Supremo declaró al líder del partido Movimiento Nacional Búlgaro, Krasimir Karakachanov, culpable de discriminación por sus polémicas declaraciones tras los incidentes de Voivodinovo en 2019, que habían desencadenado actos de violencia generalizada contra la comunidad romaní y, como consecuencia, destrucción de viviendas y desalojos de familias romaníes.
Las autoridades no tomaron medidas para erradicar los malos tratos persistentes a pacientes con trastornos psiquiátricos y residentes en centros de asistencia social. En octubre, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura informó de numerosos casos de personas que habían recibido bofetadas, puñetazos, patadas o golpes con palos, que habían sido sometidas a dispositivos mecánicos de inmovilización o a las que se había abandonado en condiciones antihigiénicas. El Comité pidió que se adoptaran medidas urgentes para cambiar radicalmente el enfoque de la atención de la salud mental y la asistencia social en el país.
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