Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La legislación de emergencia introducida para responder a la COVID-19 se prorrogó en dos ocasiones y restringía el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Las mujeres y las niñas padecían índices de violencia de género cada vez más elevados. Se restringió el derecho de asilo. Las licencias de prospección petrolífera amenazaban el medioambiente y los medios de vida de pueblos indígenas. La muerte por ahorcamiento se mantenía para delitos como el asesinato.
En abril, el presidente prorrogó el estado de emergencia pública por segunda vez desde su introducción en abril de 2020. Las normas establecidas en la Ley de Poderes de Excepción, también introducida en 2020, seguían prohibiendo el derecho de huelga y llevaban aparejadas penas de un máximo de cinco años de prisión o una multa de 100.553 pulas (aproximadamente 9.250 dólares estadounidenses) para toda persona que publicara información con “la intención de engañar” a la población sobre la COVID-19.
En febrero, el ministerio público modificó el acta formal de acusación en la causa incoada contra el portavoz de la oposición Justice Motlhabane y los periodistas Letsogile Barupi y Oratile Dikologang, detenidos, recluidos y acusados formalmente en abril de 2020 por publicar presuntamente información falsa sobre la COVID-19 en Facebook. Los acusados se enfrentaban a dos cargos de publicar “con la intención de engañar” en virtud de la normativa de la Ley de Poderes de Excepción, un cargo de “publicación de afirmaciones alarmantes” en virtud del Código Penal y un cargo de “comunicación electrónica ofensiva” en virtud de la ley sobre ciberdelincuencia.
En septiembre, el reverendo Thuso Tiego fue detenido en virtud de la Ley de Orden Público tras organizar una manifestación que pedía la dimisión del presidente. También se detuvo a varias personas cuando reclamaban su liberación.
En abril, la ONG local Centro de Prevención y Apoyo contra la Violencia de Género de Botsuana informó de un aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas durante la pandemia de COVID-19.
El derecho de asilo seguía adoleciendo de graves limitaciones. Botsuana albergaba a menos personas refugiadas y solicitantes de asilo que la mayoría de los países de África (674 personas refugiadas y 58 solicitantes de asilo en septiembre). En abril, el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, planteó motivos de preocupación tras la deportación por las autoridades de 57 personas refugiadas zimbabuenses que vivían en Botsuana desde 2008. Estas personas no se habían inscrito para su repatriación voluntaria, lo que había motivado su expulsión forzada en marzo.
En noviembre, el Tribunal de Apelación confirmó la sentencia de un Tribunal Superior que declaró inconstitucional una ley que criminalizaba las relaciones homosexuales consentidas.
En julio y agosto hubo una tercera ola de contagios de COVID-19. En su punto máximo, Botsuana registró una tasa de contagios más alta que cualquier otro país africano, con 668 casos positivos por cada 100.000 habitantes (en una población de 2,3 millones).
En agosto, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO hizo constar su preocupación por las licencias de prospección petrolífera que se concedían en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental en la cuenca del río Okavango a la empresa minera ReconAfrica, radicada en Canadá. El Comité instó al gobierno a garantizar que toda medida adicional para desarrollar el proyecto de explotación del petróleo estaría “sujeta a un examen previo, riguroso y crítico, que incluy[er]a una evaluación del impacto ambiental que se correspond[ier]a con las normas internacionales”. Preocupaba que estos proyectos tuvieran efectos adversos para los pueblos indígenas que vivían en la zona.
Botsuana formaba parte de la minoría de países del África austral que imponían la pena de muerte.
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