Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Los defensores y defensoras ambientales fueron objeto de ataques, persecución y criminalización. La deforestación, los incendios y la minería generaban contaminación y ponían en peligro derechos humanos, especialmente de los pueblos indígenas. Las personas detenidas sufrían hacinamiento e inseguridad. Existía riesgo de impunidad en relación con unas masacres. Se registraron feminicidios e infanticidios.

Información general

En octubre, Rodrigo Paz fue elegido presidente. La violencia preelectoral causó la muerte de ocho personas, entre ellas cuatro policías.

En diciembre, el expresidente Luis Arce fue detenido como consecuencia de una investigación de corrupción.

El país atravesaba una grave crisis económica, con la inflación interanual más alta desde 2008 y los precios de alimentos y productos básicos aumentando sin control.

En su cuarto Examen Periódico Universal, Bolivia rechazó recomendaciones sobre normas que restringían el espacio cívico.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades seguían sin brindar protección a quienes defendían los derechos humanos —especialmente las personas indígenas y campesinas que defendían el territorio, la tierra y el medioambiente de los efectos negativos de las actividades mineras y relacionadas con los hidrocarburos—, que continuaban sufriendo amenazas, persecución y ataques.

Se intensificó la criminalización de la defensa del medioambiente. Se imputó a 12 personas que protegían la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y que, según la Defensoría del Pueblo, eran objeto de intimidación legal, hostigamiento y amenazas.

Derecho a un medioambiente saludable

El cambio climático agravó la deforestación, los incendios y las alteraciones de los regímenes de lluvias, lo que intensificó la escasez de agua y afectó el derecho al agua, la seguridad alimentaria y los ecosistemas.

Las organizaciones de la sociedad civil también denunciaron que las actividades extractivistas contaminaban el agua y vulneraban derechos humanos. Un estudio realizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia, en colaboración con otras instituciones, reveló la presencia de niveles altos de mercurio en mujeres indígenas amazónicas debido al consumo de pescado contaminado por la minería: nueve de cada 10 personas evaluadas superaban los niveles seguros y tres de cada cuatro presentaban riesgo cardiovascular.

Derechos de los pueblos indígenas

Siguió la expansión de los proyectos extractivos en territorios de los pueblos indígenas sin que estos fueran consultados o mediante procesos de consulta que no cumplían las normas sobre su consentimiento libre, previo e informado.

Derechos de las personas detenidas

La Defensoría del Pueblo advirtió de un hacinamiento carcelario extremo en el país, con más de 33.000 personas presas en un sistema que tenía capacidad para apenas 16.000. También se denunciaron deficiencias en materia de alimentación, seguridad y salud de la población reclusa (nueve de cada diez muertes en prisión estaban relacionadas con enfermedades), y hasta septiembre se habían registrado 15 muertes violentas en centros penitenciarios.

Derecho a un juicio justo

Continuaron los motivos de preocupación en torno a la independencia judicial. La Fiscalía General del Estado imputó a varias personas juezas, funcionarias y abogadas por corrupción, tráfico de influencias y organización criminal, al considerar que habían pretendido reemplazar a una magistrada del poder judicial; al menos cuatro de ellas, incluido un exministro, habían sido detenidas al concluir el año.

Impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertaron sobre el riesgo de que los casos de las masacres de Senkata y Sacaba quedaran impunes. En relación con las violaciones graves de derechos humanos cometidas en el contexto de esas masacres en 2019, los procesos incoados contra policías y militares sindicados fueron declarados nulos en septiembre. Bolivia siguió sin firmar ni ratificar la Convención de Liubliana-La Haya.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La Fiscalía documentó 81 casos de feminicidio y 29 de infanticidio en el país. En septiembre entró en vigor la Ley 1639, que prohibía el matrimonio precoz e infantil de menores de 18 años, práctica que seguía exponiendo a las niñas —especialmente de comunidades rurales e indígenas— a situaciones de violencia, embarazo temprano y abandono escolar.