Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
El gobierno firmó un acuerdo de reparación con las víctimas del antiguo régimen militar. El poder judicial seguía careciendo de plena independencia. Continuaron las amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente a productores y productoras de hoja de coca que protestaban. La deforestación y la contaminación por mercurio afectaron especialmente a los pueblos indígenas.
Tras acampar durante más de 10 años ante el Ministerio de Justicia, las víctimas del régimen militar de 1964-1982 firmaron un acuerdo de reparación con el gobierno que reconocía un resarcimiento económico para más de 1.700 personas. No obstante, miles de víctimas más seguían esperando reconocimiento oficial y reparación.
Al concluir el año, las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional denunciados en el transcurso de la crisis política de 2019 —durante la cual al menos 37 personas murieron y centenares más resultaron heridas— seguían esperando justicia, verdad y reparación.
El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados visitó el país en febrero, y concluyó que las autoridades continuaban interfiriendo en la independencia del poder judicial y que el acceso a justicia seguía siendo difícil.
Algunas autoridades y altos cargos del anterior gobierno interino seguían afrontando cargos tales como “terrorismo”, “sedición” y “conspiración”. La expresidenta interina Jeanine Áñez y otras exautoridades del Estado llevaban más de 21 meses detenidas en espera de juicio, lo que también indicaba problemas estructurales en la administración de justicia que provocaban que una proporción sumamente alta de personas en espera de juicio estuvieran privadas de libertad.
Las autoridades no protegieron a las personas defensoras de los derechos ambientales, que, según las organizaciones locales, fueron objeto de al menos 200 agresiones y amenazas durante el año. Entre las agresiones figuraban casos de secuestro y la quema de campamentos comunitarios en los que se alojaban muchas de ellas.
Varios defensores y defensoras de los derechos humanos, como Waldo y Franco Albarracín, siguieron denunciando amenazas contra ellos y sus familias, así como estigmatización y hostigamiento persistentes por parte de las autoridades. Waldo Albarracín también fue sometido a procedimientos penales que carecían de garantías procesales.1
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley reprimieron con violencia y, en algunos casos, detuvieron arbitrariamente a productores y productoras de hoja de coca que protestaban contra las iniciativas financiadas por Estados Unidos para erradicar la producción local. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra algunas de las personas detenidas.
Pese al compromiso de Bolivia de conservar su cobertura forestal y luchar contra la deforestación ilegal, durante el año se quemaron más de un millón de hectáreas de tierra, fundamentalmente para ampliar la actividad agrícola.
La contaminación causada por el vertido no regulado de residuos de mercurio en los ríos —en gran parte como consecuencia de la extracción minera de oro a pequeña escala— se vinculó con algunas enfermedades, especialmente en las comunidades indígenas pesqueras que vivían en situación de pobreza. El gobierno anunció que implementaría un plan para reducir el uso del mercurio, pero no desveló en qué consistía.
Las sobrevivientes de violencia de género que acudían a la justicia carecían de protección efectiva contra las represalias. Las mujeres y las adolescentes no disponían de métodos anticonceptivos modernos y gratuitos, o asequibles, especialmente en las zonas rurales.
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