Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El gobierno siguió cometiendo violaciones graves de derechos humanos, entre ellas tortura y otros malos tratos y supresión de la libertad de expresión y reunión. Las investigaciones oficiales de malos tratos desembocaron en impunidad para los perpetradores. La población trabajadora migrante sufría robo de salarios y, junto con la población penitenciaria, violaciones de su derecho a la salud. El gobierno vulneró el derecho a la privacidad mediante el uso de vigilancia invasiva.
Bahréin participó en enero en la cumbre del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, que en teoría ponía fin a la disputa diplomática y la ruptura de los lazos económicos que el país mantenía con Qatar desde 2017. No obstante, al concluir el año Bahréin no había restablecido plenamente las relaciones diplomáticas, los viajes directos y los lazos comerciales con Qatar.
Desde finales de 2020, Bahréin suministró gratuitamente vacunas contra la COVID-19 a la población bahreiní y a quienes tenían un permiso de residencia legal, pero se calculaba que había 70.000 migrantes en situación irregular sin acceso a la vacunación por carecer de un documento de identidad bahreiní válido. La población penitenciaria, que recibió acceso a la vacunación en febrero, denunció que no se le comunicaba qué vacuna se le ofrecía, por lo que no podía tomar una decisión médica informada.
En marzo se declaró un brote de COVID-19 en la prisión central de Bahréin, en Jaw, que duró hasta junio. El Ministerio del Interior reconoció tres casos, pero familiares de personas presas contaron a Amnistía Internacional en abril que había decenas de casos de contagio.1
En junio, el recluso Husain Barakat murió en la prisión de Jaw por complicaciones relacionadas con la COVID-19, que había contraído pese a estar vacunado. Según contó su esposa a Amnistía Internacional, no podía respirar y los guardias no atendieron su solicitud de traslado a la unidad hospitalaria hasta que se encontró demasiado débil para caminar. A lo largo del año, aparte de ofrecer vacunación, la administración de la prisión no tomó medidas preventivas contra la COVID-19, como distribuir mascarillas y desinfectante, y el distanciamiento físico seguía siendo imposible debido a la masificación.2
Como en años anteriores, personas detenidas y sus familiares ofrecieron relatos de tortura infligida en centros de detención estatales. En enero se permitió por fin que Sheikh Zuhair Jasim Abbas, que llevaba cinco meses recluido en régimen de incomunicación en la prisión de Jaw, llamase a su familia. Sheikh Zuhair les contó que, durante este periodo, los guardias penitenciarios lo habían torturado con métodos como privarlo del sueño, amenazarlo con que estaba a punto de ser ejecutado y propinarle puñetazos, patadas y azotes con mangueras.3
En abril, las autoridades de la prisión de Jaw disolvieron violentamente una protesta de presos tras la muerte bajo custodia de Abbas Malallah. Aunque algunos presos se resistieron con violencia a la actuación de los guardias para obligarlos a regresar a sus celdas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que el grado de fuerza utilizada había sido excesivo e injustificado. Los guardias penitenciarios aporrearon a los presos en la cabeza y, en algunos casos, los golpearon hasta provocarles fuertes hemorragias.
En abril, la administración de la prisión de Jaw confiscó un documento sobre los dialectos bahreiníes escrito a mano por Abduljalil al Singace —uno de los líderes de las protestas pacíficas encarcelados desde 2011— cuando éste pidió a otro preso que iba a quedar en libertad que se lo entregase a su familia. El 8 de julio, Abduljalil al Singace se declaró en huelga de hambre a modo de protesta.4
En agosto entró en vigor la nueva Ley de Justicia Correctiva para la Infancia, que ampliaba las garantías procesales aplicables a niños y niñas. No obstante, en la práctica seguían sin respetarse plenamente los derechos de los menores acusados.
En febrero, unos investigadores del Ministerio del Interior detuvieron a Sayed Hasan Ameen, de 16 años, y lo separaron de sus padres antes de interrogarlo sin la presencia de un abogado o un familiar. Basándose parcialmente en este interrogatorio, la Fiscalía lo incluyó en un grupo de cuatro niños menores de 18 años que fueron enjuiciados por cargos de incendio provocado y lanzamiento de cócteles molotov en las mismas condiciones procesales que se aplicaban a las personas adultas, lo que incumplía las obligaciones de Bahréin en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño.5 En marzo, tras una oleada de indignación pública, el tribunal dejó en libertad a los cuatro niños en aplicación de una condena alternativa que los obligaba a asistir a un programa de rehabilitación de seis meses de duración.6
La realización del derecho a interponer recursos continuaba siendo insuficiente y carente de transparencia. La Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía declaró que había recibido denuncias de tortura y otros malos tratos, pero no informó de cuántas. Dijo que había remitido a siete miembros de las fuerzas de seguridad para su enjuiciamiento penal por uso no autorizado de la fuerza física, y a otros tres a un tribunal militar por malos tratos a civiles, pero no ofreció detalles que permitieran identificar las causas ni informó de forma pormenorizada de los resultados. En el caso sobre el que ofreció más información, la Unidad dijo que un tribunal civil había declarado a tres miembros de las fuerzas de seguridad culpables de uso ilegítimo de la fuerza y les había impuesto “penas que iban desde la prisión hasta una multa”.
En un avance positivo, en abril las autoridades dejaron en libertad a Mohamed Hasan Jawad, uno de los 11 líderes políticos y de la sociedad civil que encabezaron las protestas pacíficas de 2011 y que fueron detenidos, juzgados y condenados a penas de entre 15 años de prisión y cadena perpetua. No obstante, los otros diez continuaron en prisión.
A diferencia de 2020, en 2021 no se tuvo información de encausamientos por “difundir noticias falsas”.
En agosto, Citizen Lab identificó a nueve activistas bahreiníes cuyos dispositivos habían sido atacados con el software espía Pegasus, de NSO Group, entre junio de 2020 y febrero de 2021, lo que vulneraba su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. En este grupo de mujeres y hombres había tres miembros del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, tres miembros del grupo político de oposición Wad, un miembro del grupo político de oposición Al Wefaq y dos disidentes bahreiníes en el exilio.
En septiembre, las autoridades dejaron en libertad a Kameel Juma Hasan, hijo de la popular activista Najah Yusuf. Como represalia por las denuncias de su madre de los malos tratos que ella había sufrido bajo custodia, el gobierno lo había condenado a más de 29 años de prisión en varios juicios manifiestamente injustos en relación con actos que lo acusaban de haber cometido cuando era menor de edad.7 Tras una oleada de indignación pública, el gobierno lo dejó en libertad en virtud de una nueva ley, el Decreto de la Ley Nº 24 de 2021, que ampliaba las penas alternativas. No obstante, las condiciones de la libertad vigilada anulaban en la práctica, durante más de 25 años, su derecho a la libertad de expresión y de reunión, y a viajar.
Los derechos limitados de los trabajadores y trabajadoras migrantes en virtud del sistema de patrocinio (kafala), que hacía depender la permanencia legal en el país de la relación del trabajador con un empleador que lo patrocinase, dejaban a este grupo en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación. La organización Lawyers Beyond Borders estaba preparando una demanda colectiva ante el sistema judicial indio para solicitar remuneración para cientos de personas de nacionalidad india que habían denunciado el impago de los salarios y de la indemnización por despido tras ser despedidas durante los confinamientos por COVID-19 entre marzo y octubre de 2020 y obligadas a regresar a su país sin recibir el pago completo. El Foro de Migrantes de Asia informó en junio de que había recibido una denuncia colectiva de 43 trabajadores y trabajadoras nepalíes en Bahréin por robo de salarios.
No se tuvo noticia de nuevas condenas a muerte ni ejecuciones.
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