Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
No hubo rendición de cuentas por las violaciones de derechos cometidas durante y después del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020. Las hostilidades militares afectaron negativamente al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. La mayoría de la población azerbaiyana desplazada por el conflicto regresó al país, a diferencia de las personas de etnia azerbaiyana desplazadas de la zona de Nagorno Karabaj en la década de 1990. Persistieron el hostigamiento y la persecución a quienes criticaban al gobierno. Se disolvieron violentamente protestas pacíficas. Continuaron las restricciones arbitrarias que obstaculizaban el trabajo de ONG y defensores y defensoras de los derechos humanos. La violencia por motivos de género y la tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados.
Según información revelada en el extranjero, las autoridades azerbaiyanas estaban implicadas en casos de vigilancia abusiva y corrupción. En julio, una investigación en la que cooperaron periodistas, organizaciones de medios de comunicación y otras entidades reveló el espionaje de las autoridades azerbaiyanas a cientos de periodistas y activistas locales mediante el programa espía Pegasus de NSO Group. En octubre, otra investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación —los denominados “papeles de Pandora”— concluyó que la familia del presidente y sus estrechos colaboradores habían participado en secreto en negocios inmobiliarios por valor de 700 millones de dólares estadounidenses en Gran Bretaña a través de empresas radicadas en paraísos fiscales.
Azerbaiyán puso en marcha la campaña de vacunación contra la COVID-19 en enero. En septiembre se estableció la obligatoriedad de mostrar una prueba de haber recibido la vacuna para acceder a la mayoría de los lugares públicos cerrados. En diciembre ya se había vacunado al 50% de la población del país con una dosis de la vacuna contra el coronavirus, y al 45% con dos dosis.
No hubo avances importantes en la investigación de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020 e inmediatamente después, ni en la comparecencia de los presuntos autores ante la justicia.1
Hubo informes sobre más de 100 personas muertas o heridas por la explosión de minas colocadas por las fuerzas armenias en territorios cuyo control habían cedido a Azerbaiyán. Al final del año, Azerbaiyán había entregado, según informes, más de 60 prisioneros a Armenia, algunos a cambio de mapas de campos minados en zonas afectadas por el conflicto, como los distritos de Agdam, Fizuli y Zangilan. Se desconocía el número exacto de personas que permanecían en cautividad en Azerbaiyán al terminar el año. En su informe de septiembre, el Consejo de Europa expresó preocupación por las decenas de prisioneros que continuaban recluidos en condiciones inhumanas y sometidos a juicios rápidos e injustos, mientras seguía sin conocerse la suerte y el paradero de unos 30 prisioneros armenios en medio de denuncias de su desaparición forzada y posible homicidio.
En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló “denuncias de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las hostilidades armadas que implica[ba]n al ejército [de Azerbaiyán]” en 2020 en Nagorno Karabaj y sus inmediaciones, incluida la destrucción de edificios residenciales, educativos, culturales y religiosos. El Comité pidió a Azerbaiyán que investigara de manera efectiva todas las violaciones de derechos denunciadas en el contexto de las hostilidades militares y proporcionara a las víctimas acceso a vías de recurso.
La mayoría de los 40.000 civiles azeríes desplazados a territorios bajo control gubernamental durante el conflicto de 2020 volvieron a sus hogares. Sin embargo, las condiciones para el retorno seguro y digno de más de 650.000 personas desplazadas desde la década de 1990 seguían siendo inadecuadas debido a la presencia de minas, la destrucción de infraestructuras y la pérdida de medios de vida.
La policía continuó disolviendo protestas pacíficas por cuestiones tanto políticas como sociales mediante el uso excesivo e innecesario de la fuerza, y personas que se habían manifestado pacíficamente se enfrentaban a cargos administrativos y penales arbitrarios.
El 8 de marzo, la policía detuvo a 20 mujeres activistas que intentaban hacer una marcha pacífica para celebrar el Día Internacional de la Mujer en la capital, Bakú, las condujo a comisaría y las obligó a firmar “declaraciones aclaratorias” para quedar en libertad.
Los días 1 y 15 de diciembre, también en Bakú, la policía disolvió concentraciones pacíficas que exigían la libertad del activista de la oposición Saleh Rustamli, encarcelado injustamente. Los agentes emplearon fuerza excesiva contra manifestantes detenidos en la concentración del 1 de diciembre, entre ellos el activista de la oposición Tofig Yagoublu, que fue hospitalizado con lesiones graves. A cinco de las personas detenidas ese día se les impusieron 30 días de detención administrativa; el resto quedaron en libertad.
En marzo, 625 personas presas, 38 de ellas detenidas por motivos políticos en opinión de grupos locales de derechos humanos, quedaron en libertad en virtud de un indulto presidencial. Aun así, la persecución y el hostigamiento por motivos políticos a personas críticas con el gobierno no disminuyeron, y muchas de sus víctimas continuaron en prisión.
Huseyn Abdullayev, crítico con el gobierno, continuó encarcelado a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideraba que su privación de libertad era arbitraria y de que reclamaban su liberación inmediata especialistas en derechos humanos de la ONU. En octubre, el activista de la oposición Niyameddin Ahmedov fue condenado a 13 años de prisión por los cargos, aparentemente de motivación política, de sedición y financiación del terrorismo.
En enero, el bloguero Sadar Askerov fue detenido, golpeado y puesto en libertad tras ser obligado a disculparse por una publicación en Internet en la que criticaba a autoridades locales y, en marzo, los blogueros Elchin Gasanzade e Ibragim Salamov fueron condenados a ocho meses de prisión tras ser declarados culpables de difamación.
Las restricciones excesivas tanto en la legislación como en la práctica continuaron obstaculizando el trabajo de ONG y defensores y defensoras de los derechos humanos. En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó a Azerbaiyán “derogar toda disposición legal que restrin[giera] indebidamente las actividades de las ONG”.
En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Azerbaiyán había conculcado el derecho a la libertad de asociación al denegar arbitrariamente la inscripción en registro de 25 ONG (Mehman Aliyev and others v. Azerbaijan y Abdullayev and others v. Azerbaijan). En octubre, en otra sentencia contra Azerbaiyán, el Tribunal concluyó que las autoridades habían congelado cuentas bancarias e impuesto prohibiciones de viajar con el fin de paralizar el trabajo de derechos humanos de una ONG (Democracy and Human Rights Resource Centre and Mustafayev v. Azerbaijan).
Activistas de los derechos de las mujeres, mujeres periodistas y mujeres asociadas a la oposición política sufrieron chantajes y campañas degradantes de desprestigio específicamente por razones de género después de que fueran hackeadas sus cuentas de redes sociales y de que se publicase en Internet su información personal, incluidas fotografías y vídeos.2
En noviembre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación ante el elevado número de casos de violencia de género contra las mujeres y el índice tan bajo de denuncias, sobre todo de estos casos en el ámbito familiar, y la limitada disponibilidad de refugios y servicios de apoyo para las sobrevivientes. A pesar de las continuas demandas de los grupos de mujeres del país, las autoridades no hicieron progresos respecto a la firma y ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), y la buena acogida que dieron los medios de comunicación progubernamentales a la retirada de Turquía del tratado debilitó aún más el proceso.
Los informes de tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados. No se investigaron eficazmente las denuncias según las cuales las fuerzas azerbaiyanas sometían a tortura y otros malos tratos a los prisioneros armenios, ya fuera durante su captura, su traslado o su custodia.
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