Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las fuerzas de seguridad siguieron cometiendo violaciones graves de derechos humanos, entre ellas decenas de homicidios ilegítimos y uso de fuerza excesiva e innecesaria. La policía violó el derecho a la libertad de expresión, y se detenía y recluía arbitrariamente a quienes se manifestaban de forma pacífica. Se expropiaron tierras de comunidades dedicadas al pastoreo para su uso en la agricultura comercial. La respuesta del gobierno fue inadecuada en lo relativo a asegurar alimentos y agua para las víctimas de expropiación de tierras, sequía y desplazamiento. La malversación de fondos estatales menoscabó la capacidad del gobierno para aliviar las privaciones económicas generalizadas y ocuparse del maltrecho sector de la salud.
Continuó la preocupación por el alza del costo de la vida y la devastación económica y social asociada a la COVID-19. La conciencia pública de la desigualdad, especialmente entre las personas jóvenes, aumentó como respuesta al escandaloso contraste entre las imágenes de personas hambrientas en zonas rurales, sobre todo en la región meridional, y la opulencia en la capital, Luanda. Aunque la mayoría de la población angoleña padecía una grave escasez de alimentos, la investigación de la Operación Cangrejo, dirigida por los Servicios de Inteligencia y Seguridad del Estado (SINSE) y el Servicio de Investigación Criminal (SIC), sacó a la luz sumas millonarias de fondos públicos malversados en varias divisas y otros activos que se hallaban en los domicilios particulares de 24 altos cargos gubernamentales. El presidente se vio obligado a destituir a ocho de ellos, en su mayoría generales del ejército y próximos a él, pero el escepticismo permaneció en la opinión pública.
Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para reprimir protestas pacíficas y mataron a decenas de manifestantes. En enero mataron a tiros a decenas de activistas que protestaban pacíficamente por el alto costo de la vida en la ciudad minera de Cafunfo (provincia de Lunda Norte). Además de disparar contra manifestantes pacíficos en las calles, las fuerzas de seguridad los persiguieron en barrios y bosques circundantes. Aunque seguía sin conocerse el número exacto de personas muertas y heridas, trascendieron informes de cuerpos arrojados al cercano río Cuango.1
Aunque la provincia de Lunda Norte es rica en minerales, sus habitantes vivían en una pobreza desoladora, con servicios deficientes de educación, salud, trasporte, agua y saneamiento. Para sobrevivir, muchas personas —especialmente los hombres jóvenes— practicaban la minería artesanal del diamante. A lo largo de los años, los guardias de seguridad de las empresas diamantíferas habían matado a algunas de estas personas. Los presuntos autores de estos homicidios gozaban de impunidad por sus crímenes.
Las autoridades continuaron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a manifestantes pacíficos y dirigentes comunitarios. Por ejemplo, tras la represión violenta de una protesta pacífica el 8 de febrero, el Servicio de Investigación Criminal detuvo a José Mateus Zecamutchima, líder del Movimiento del Protectorado de Luanda Tchokwe. Tras acusarlo de “asociación con malhechores y rebelión armada” y de “dirigir la rebelión para derrocar el gobierno”, lo trasladaron de Lunda Norte a un centro de detención en Luanda. No le permitieron ponerse en contacto con su abogado y continuó detenido.
El 30 de mayo, la policía de Cabinda detuvo y recluyó a varios manifestantes tras haber puesto fin de forma violenta a su marcha y confiscado sus pertenencias, como teléfonos móviles y bolsos. La manifestación formaba parte de una protesta más amplia que tuvo lugar en cinco provincias contra el hambre, el desempleo y el prohibitivo costo de la vida.
Las crisis económica y social y las violaciones de derechos humanos alimentaron un aumento de las protestas en todo el país. Sin embargo, las fuerzas de seguridad intensificaron en todo el país las operaciones para impedir su realización. Por ejemplo, el 4 de febrero, la policía impidió que miembros del grupo Sociedad Civil Contestataria protestaran pacíficamente en Luanda para exigir alternativas políticas a los 45 años de gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA). De nuevo, el 21 de agosto la policía impidió que grupos de la sociedad civil llevaran a cabo una protesta en Luanda. Los grupos, que se habían organizado en el consorcio denominado Movimiento Angola Unida, se manifestaban pacíficamente en contra de las violaciones de derechos humanos y el aumento de la miseria económica y social, y a favor del Frente Patriótico Unido, una unión de partidos políticos de oposición creada en fechas recientes para competir con el MPLA en las elecciones generales de 2022.
El 30 de agosto, la policía impidió que las personas activistas se concentraran ante la sede del Parlamento para protestar contra la nueva ley electoral que se debatía en su interior. El 25 de septiembre, la policía impidió que cientos de miembros del Movimiento de Estudiantes Angoleños protestaran pacíficamente contra el aumento de las tasas en las instituciones públicas y privadas de enseñanza secundaria y postsecundaria.
Continuaron los ataques a la libertad de medios de comunicación al suspender las autoridades licencias de emisoras de televisión privadas, y los militantes de la oposición impidieron a periodistas hacer su trabajo. El 19 de abril, el Ministerio de Telecomunicaciones, Tecnologías de la información y Comunicación Social suspendió las licencias de las emisoras de televisión Zap Viva, Vida TV y TV Record Africa Angola, medida que acarreó la pérdida de cientos de empleos. El Ministerio adujo que estas empresas operaban al amparo de registros provisionales y que estarían suspendidas hasta que regularizaran su situación. Las suspensiones tomaron por sorpresa a los tres medios de comunicación, que aseguraron que no habían recibido información previa ni notificación de ningún procedimiento administrativo incoado en su contra.2
El 11 de septiembre, los militantes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola impidieron que unos periodistas de TV Zimbo informaran sobre su protesta pública en Luanda. Aunque los periodistas afectados confirmaron el incidente, prefirieron permanecer en el anonimato por miedo a represalias.
La miseria económica y social se intensificó debido al desvío constante de fondos públicos a cuentas bancarias personales de altos cargos gubernamentales y a sus viviendas particulares. En junio, el fiscal general anunció la detención de 24 militares de alta graduación de la Oficina de Seguridad del Presidente de la República, acusados de malversación de grandes sumas de las arcas del Estado. Uno de ellos fue detenido en un aeropuerto de Luanda cuando intentaba salir del país con dos maletas llenas de dinero. Según informes, era propietario de una flota de 15 vehículos de lujo y 51 propiedades en Angola, Namibia y Portugal, además de cajas y bolsas en sus apartamentos que contenían 10 millones de kwanzas angoleños, 4 millones de euros y 1,2 millones de dólares estadounidenses. Mientras tanto, la deuda pública del país superaba el 100% del Producto Interno Bruto (PIB).
Las provincias de Cunene, Huíla y Namibe continuaron sufriendo condiciones meteorológicas extremas que eran un síntoma del cambio climático. La prolongada sequía dio lugar a una escasez de alimentos y agua. En consecuencia, muchas personas murieron junto con su ganado, y otras buscaron refugio en Namibia. Las autoridades gubernamentales siguieron redistribuyendo tierras de pastoreo tradicionales para utilizarlas en agricultura comercial, lo que violaba las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, entre otras cosas porque las autoridades no llevaron a cabo consultas a las comunidades ni proporcionaron indemnizaciones adecuadas; todos estos factores agravaron la crisis.
La sequía, unida a la ocupación ilegítima por agricultores comerciales de tierras de pastoreo comunitarias, erosionó la capacidad de las comunidades de pastores para producir alimentos por sí mismas. Los datos indicaban que la escasez de lluvias había causado la peor sequía en 40 años y que la malnutrición estaba en su punto más alto debido a la falta de alimentos, agua y saneamiento seguro. Las mujeres, los niños y niñas y las personas de edad avanzada se veían afectados de forma desproporcionada.
La muerte en gran escala de ganado en una región que dependía de ese recurso como base de su riqueza económica, social y cultural debilitó la resiliencia de las comunidades. Los pastores de los municipios de Curoca, Oukwanyama y Onamakunde (provincia de Cunene), Quipungo y Gambos (provincia de Huíla) y Virei y Bibala (provincia de Namibe) carecían de acceso a alimentos, y decenas de ellos —especialmente personas mayores y niños y niñas— morían de hambre y malnutrición.
En todo el país, las personas que vivían en la pobreza y en comunidades marginadas sufrían inseguridad alimentaria grave, y muchas recurrieron a rebuscar entre los desperdicios para tratar de obtener comida a fin de alimentarse a sí mismas y a sus familias.
La escasez extrema de agua en las provincias del sur, zonas de residencia de la mayoría de las comunidades de pastores, afectó especialmente a las mujeres y niñas, que tenían que recorrer grandes distancias y dedicar mucho tiempo a buscar agua. Las comunidades competían con los animales domésticos y salvajes por el acceso a un agua fangosa y contaminada, sacada de oquedades y charcas formadas naturalmente.
Además, la escasez de agua creaba condiciones favorables para la aparición de enfermedades relacionadas con la higiene. Los niños y las niñas, en particular, presentaban señales de sarna y lesiones cutáneas por falta de baño regular, y, en consecuencia, se rascaban la piel sin cesar (a menudo con piedras) hasta que sangraban y experimentaban un alivio momentáneo del picor.
La COVID-19 y las restricciones asociadas a la pandemia agravaron los efectos de decenios de financiación insuficiente de los servicios. Esto era más visible en el sector de la salud, que estaba al borde del colapso. El Sindicato Nacional de Médicos de Angola llevó a cabo una protesta pública que no obtuvo respuesta. Por término medio, decenas de personas murieron cada día sólo en hospitales de Luanda. Según el sindicato, a pesar de la pandemia de COVID-19, las causas más habituales de fallecimiento eran la malaria, la malnutrición, las enfermedades diarreicas agudas y la falta de medicamentos, y, entre el personal sanitario, la sobrecarga de trabajo. Los efectos económicos y sociales de la pandemia causaron un aumento exponencial del gran número de personas enfermas que acudían a los hospitales, que no podían satisfacer la demanda.
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