Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades continuaron deteniendo, enjuiciando, recluyendo y condenando a activistas vinculados al movimiento de protestas pacíficas masivas conocido como el Hirak, así como a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas por expresar sus opiniones o informar de las protestas. Los tribunales recurrieron cada vez más a cargos relacionados con el terrorismo para enjuiciar y recluir a activistas y periodistas por sus presuntos vínculos con dos organizaciones políticas no inscritas en registro. Las autoridades disolvieron una destacada asociación. También ordenaron el cierre de al menos tres iglesias y enjuiciaron a un mínimo de seis cristianos por ejercer su derecho a la libertad de religión. Miles de solicitantes de asilo y migrantes fueron expulsados a Níger sin el debido proceso. Continuó la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, y las relaciones homosexuales consentidas seguían estando penalizadas.
Tras las elecciones legislativas de junio, en las que se registró la participación más baja en 20 años, en julio se constituyó un nuevo gobierno.
En agosto, Argelia rompió relaciones diplomáticas con Marruecos.
Según las autoridades argelinas, aproximadamente el 14,6% de la población del país se había vacunado contra la COVID-19 en diciembre.
Las autoridades detuvieron y recluyeron a periodistas y cientos de activistas políticos y de la sociedad civil por expresar sus opiniones o por hacer su trabajo, y los enjuiciaron en virtud de disposiciones del Código Penal de redacción imprecisa.1
Desde abril, las autoridades recurrieron con creciente frecuencia a cargos relacionados con el terrorismo para detener y recluir a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas por sus expresiones o activismo legítimos de índole política. Entre las personas afectadas había miembros o supuestos miembros de Rachad y Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia (MAK), organizaciones políticas no inscritas en registro a las que en mayo las autoridades declararon organizaciones “terroristas”.
En abril, un tribunal de la ciudad de Orán, en el oeste de Argelia, enjuició por “terrorismo” a un grupo de 15 activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas —entre otros, Kaddour Chouicha, Jamila Loukil y Said Boudour— por ejercer su derecho a la libertad de expresión.2 En octubre, un juez transfirió sus sumarios a una sala antiterrorista específica de un tribunal de la capital, Argel.
En septiembre, las autoridades judiciales utilizaron cargos relacionados con el terrorismo para ordenar la reclusión provisional de dos periodistas, Hassan Bouras y Mohamed Mouloudj, por criticar en Internet a las autoridades y por sus presuntos vínculos con Rachad y el MAK.3
Las autoridades también violaron el derecho a la libertad de expresión de otras formas durante 2021. En abril, un tribunal de Argel ordenó la reclusión provisional de cinco activistas del Hirak por haber publicado vídeos en Internet, en uno de los cuales se denunciaban los presuntos abusos sexuales sufridos por un niño bajo custodia policial. En julio, las autoridades procedieron a la detención y reclusión provisional de Fethi Ghares, líder del Movimiento Democrático y Social (MDS), por criticar públicamente a las autoridades en una conferencia de prensa celebrada en la sede del partido.
En mayo, el Consejo Superior de la Magistratura destituyó a Sadedin Merzoug, juez y fundador del Club de Magistrados de Argelia, por expresar su apoyo al Hirak y a la democracia.
Las autoridades detuvieron arbitrariamente al menos a tres periodistas por su trabajo y los enjuiciaron por cargos relacionados con su labor informativa. También cerraron dos canales de televisión por motivos de seguridad y ordenaron una semana de suspensión de otros dos por programas que habían emitido. En mayo, un tribunal de Argel impuso a la periodista Kenza Khatto, de Radio M, una condena condicional de tres meses de prisión por cubrir una protesta.
En septiembre, el Tribunal de Apelación de Argel aplazó al 2 de diciembre la apelación del periodista Khaled Drareni y dictó sentencia sobre su condena a dos años de prisión por cubrir protestas del Hirak.
En octubre, un tribunal de la ciudad de Tamanrasset, en el sur, condenó en apelación al periodista Rabah Karèche a un año de prisión con suspensión de seis meses por “atentado contra la integridad del territorio nacional” y “difusión de noticias falsas”.
Las protestas del Hirak, que se suspendieron en 2020 debido a la COVID-19, se reanudaron en febrero de modo esporádico y, en algunos casos, las autoridades detuvieron, enjuiciaron y recluyeron a manifestantes. En mayo, un tribunal de Argel ordenó la detención preventiva de las manifestantes pacíficas Fatima Boudouda y Moufida Kharchi en relación con una manifestación celebrada el 21 de mayo en Argel, en espera de los resultados de la investigación por cargos de “incitación a concentración desarmada” y “conspiración contra el Estado”. Al terminar el año continuaban detenidas.
En noviembre, un tribunal de Argel condenó a Nacer Meghnine, presidente de la asociación cultural SOS Bab El Oued, a ocho meses de prisión y al pago de una multa por “atentado contra el interés nacional” y por “incitación a concentración desarmada”.
Las autoridades tomaron medidas represivas contra asociaciones y partidos políticos que a su juicio organizaban actividades que no se ajustaban a la ley. En mayo, el Ministerio del Interior anunció que sólo se permitirían las protestas autorizadas. Cientos de manifestantes pacíficos fueron detenidos y recluidos durante el año.4
En abril, el Ministerio del Interior pidió al Tribunal Administrativo la suspensión de dos partidos políticos, el Partido Socialista de los Trabajadores y la Unión por el Cambio y el Progreso.
El 13 de octubre, el Tribunal Administrativo disolvió la asociación Agrupación Acción Juventud (RAJ).
La policía siguió infligiendo malos tratos a activistas y manifestantes pacíficos durante las protestas y bajo custodia.5
El 26 de marzo, en la ciudad de El Bayadh (oeste de Argelia), la policía detuvo a Ayoub Chahetou, activista del Hirak, y lo violó cuando estaba bajo custodia insertándole un dedo en el ano, según su testimonio. Una jueza se negó a oír su testimonio, y Chahetou fue condenado en apelación a seis meses de prisión, dos de ellos condicionales.
Las autoridades hicieron uso del Decreto 03-06 de 2006, que restringe la práctica de religiones distintas del islam, y del Código Penal para enjuiciar o condenar al menos a 11 personas por “practicar un culto distinto del islam” o “insulto” al islam.
En febrero, un tribunal de la ciudad de Orán condenó en apelación a Rachid Seighir, pastor cristiano y propietario de una librería, y a Nouah Hamimi, que trabajaba en la librería, a sendas penas de un año de prisión y multa por material que estaba en la tienda. Los dos estaban en espera del fallo del Tribunal Supremo.
En abril, un tribunal de Argel condenó al ulema Said Djabelkheir a tres años de prisión por “ofender” al islam en materiales publicados en Internet en los que, entre otras cosas, calificaba de mitos algunos textos del Corán. El 4 de mayo, un tribunal de Chéraga, un suburbio de Argel, condenó a la activista Amira Bouraoui a dos años de prisión por “ofender” al profeta Mahoma en materiales sobre éste publicados en Internet. La sentencia fue confirmada en apelación el 18 de octubre.
En diciembre, una jueza de la ciudad de Ain Defla, en el norte de Argelia, impuso a Foudhil Bahloul, cristiano converso, una condena de seis meses de prisión y una multa por “aceptar donativos” ilegalmente.
El 7 de julio, las autoridades ordenaron la clausura y precinto de tres iglesias protestantes en la ciudad de Orán.
Entre julio y mediados de agosto, una tercera ola de COVID-19 causó cientos de muertes y escasez de suministros de oxígeno.
El Sindicato Nacional de Profesionales de la Salud Pública registró la muerte de 470 personas que trabajaban en el sector de la salud debido a la COVID-19 entre marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia, y agosto de 2021.
Las autoridades continuaron recluyendo por periodos indefinidos a solicitantes de asilo mientras procuraban facilitar su deportación antes de que se hubieran evaluado plenamente sus solicitudes de asilo. La migración irregular seguía siendo punible con un máximo de dos años de prisión. Desde diciembre de 2019 hasta junio de 2021, las autoridades recluyeron arbitrariamente, en condiciones degradantes e insalubres, a siete solicitantes de asilo yemeníes inscritos en el ACNUR —la Agencia de la ONU para los Refugiados—, tras haberles negado inicialmente el acceso a la Agencia.
Las autoridades siguieron llevando a cabo detenciones masivas y expulsiones colectivas de personas solicitantes de asilo y migrantes en la frontera de Níger, sin el debido proceso ni evaluaciones individuales de sus necesidades de protección y, en muchos casos, las obligaron a recorrer a pie grandes distancias en el desierto para llegar a la ciudad más cercana de Níger. Con frecuencia, personas migrantes expulsadas denunciaban malos tratos físicos o presentaban señales de éstos. Entre enero y agosto, el proyecto Alarm Phone Sahara documentó la expulsión de al menos 16.580 personas, entre las que había niños y niñas.
Medios de comunicación argelinos informaron de interceptaciones por la guardia costera de Argelia de frágiles embarcaciones de migrantes que se dirigían a España. En una de esas operaciones se devolvió a Brahim Laalamial, activista del Hirak que después fue condenado a tres meses de prisión por salida irregular. Al menos 29 migrantes que intentaban llegar a Europa murieron frente a la costa occidental de Argelia entre abril y junio.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para vacunar a las personas refugiadas saharauis en los campamentos de Tinduf desde principios de mayo, la ola de COVID-19 en julio causó la muerte de más de 63 personas refugiadas.
El Código Penal y el Código de Familia seguían discriminando ilegítimamente a las mujeres en asuntos de herencia, matrimonio, divorcio, custodia de los hijos e hijas, y tutela.
La legislación argelina seguía sin reconocer expresamente como delito la violación conyugal. La “cláusula de perdón” del Código Penal seguía permitiendo que los violadores eludieran el castigo si sus víctimas los perdonaban.
Las autoridades no tomaron medidas para abordar la violencia contra las mujeres. El grupo de mujeres Feminicidios Argelia registró al menos 55 feminicidios en 2021, y afirmó que la policía no había investigado adecuadamente esos casos ni enjuiciado a los responsables.
El Código Penal continuó penalizando los actos homosexuales consentidos, que seguían siendo punibles con hasta dos años de prisión y una multa.
Los tribunales siguieron dictando sentencias de muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
