Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
La investigación deficiente de las denuncias sobre el uso de perfiles raciales constituyó una violación del derecho a no sufrir discriminación. La ausencia de un mecanismo de denuncia independiente obstaculizó la obtención de verdad, justicia y reparación por los abusos discriminatorios de la policía. Un tribunal resolvió que los campamentos de protesta permanentes estaban protegidos por el derecho a la libertad de reunión. Se impusieron restricciones desproporcionadas a algunas manifestaciones. El gobierno puso en marcha un programa de admisión humanitaria para personas afganas en situación de vulnerabilidad y sus familias. Una sentencia judicial estableció que la Ley de Telecomunicaciones de Alemania era incompatible con el derecho a la privacidad. Se derogó el artículo 219a del Código Penal, relativo a “publicitar el aborto”. Alemania apoyó el establecimiento de un mecanismo financiero internacional para cubrir daños y pérdidas relacionados con el clima.
En mayo, el Ministerio Federal del Interior informó de un importante aumento de los delitos de odio relacionados con el antisemitismo (28,8%), la orientación sexual (50,5%), el género (66,7%) y la discapacidad (81,5%) en comparación con el año anterior, aunque los delitos de odio de carácter xenófobo seguían siendo los más comunes en términos absolutos.
El plan de acción contra el ultraderechismo presentado por la ministra del Interior en marzo no reconocía ni abordaba el racismo institucional y sistémico. En mayo, el Observatorio Nacional sobre Discriminación y Racismo concluyó que el racismo era parte de la vida cotidiana en Alemania.
En agosto, un refugiado senegalés de 16 años murió de varios disparos de ametralladora en una operación policial desproporcionada. Al final del año había investigaciones penales en curso contra cinco agentes de policía.
En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la investigación deficiente de las denuncias sobre el uso de perfiles raciales por la policía constituía una violación del derecho a no sufrir discriminación (Basu v. Germany). La ausencia de un mecanismo de denuncias independiente en los ámbitos federal y estatal seguía obstaculizando la investigación de las denuncias sobre malos tratos policiales. Continuaba sin ser obligatorio que la policía federal y la de los seis estados federados llevaran una placa identificativa, a pesar de un acuerdo de coalición para su introducción en la policía federal.
En junio, el Ministerio de Asuntos de la Familia y el de Justicia presentaron sus planes para elaborar una Ley de Autodeterminación que permitía a las personas transgénero, no binarias e intersexuales obtener el reconocimiento legal de su género y cambiar de nombre mediante una simple declaración en la oficina del registro. La nueva ley iba a sustituir a la Ley de Transexuales de 1980, que obligaba a las personas transgénero a someterse a evaluaciones psicológicas discriminatorias y a un procedimiento judicial para obtener el reconocimiento legal de su género.
Una ley aprobada en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, en vigor desde enero, restringía desproporcionadamente el derecho a la libertad de reunión pacífica al ampliar las facultades de control e intervención estatales. Su reforma posterior a raíz de las fuertes críticas recibidas no abordaba suficientemente las disposiciones más cuestionadas, como las sanciones penales para quienes organizasen protestas sin notificarlas con anterioridad.
En mayo, el Tribunal Administrativo Federal confirmó en una sentencia histórica que los campamentos de protesta, incluidas las infraestructuras necesarias, estaban plenamente protegidos por el artículo 8 de la Constitución, sobre el derecho a la libertad de reunión.
Se impusieron restricciones desproporcionadas a algunas manifestaciones que las autoridades calificaban habitualmente de “peligro para la seguridad pública”. En junio sólo se permitió la presencia de 50 manifestantes en el lugar de la cumbre del G-7, organizada por Alemania.
En enero, en virtud del principio de jurisdicción universal, el Tribunal Superior del Estado de Renania-Palatinado, con sede en Coblenza, declaró culpable al principal acusado en el primer proceso penal sobre crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de la Dirección General de Inteligencia de Siria. Se trataba de un exagente de inteligencia, y fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Al terminar el año, seguía pendiente en el Tribunal Superior del estado de Hesse, con sede en Fráncfort, otro juicio, contra un médico sirio, por crímenes de lesa humanidad y tortura.
Al concluir el año, habían llegado a Alemania más de 27.000 de las 40.000 personas que, debido a su empleo u otros factores, corrían especial peligro en Afganistán tras la toma del poder por los talibanes en 2021. En octubre, el gobierno puso en marcha un programa de admisiones humanitarias concebido para aprobar la admisión mensual de 1.000 de estas personas y sus familias. Las que estaban en situación de riesgo pero ya habían salido de Afganistán hacia países limítrofes quedaban excluidas del programa. El gobierno delegó en ONG la tarea ingente de proponer y registrar casos individuales, y encargó un sistema automatizado basado en algoritmos, y cuya imparcialidad y transparencia suscitaban preocupación, para puntuar y seleccionar a las personas aptas para su admisión.
Alrededor de 1.021.700 personas refugiadas ucranianas obtuvieron protección temporal en Alemania en virtud de las disposiciones de la Directiva de Protección Temporal de la UE.
En diciembre, los titulares de Interior de los estados federados acordaron suspender temporalmente las deportaciones a Irán, excepto en el caso de personas declaradas culpables de delitos y de las consideradas “agresoras en potencia”.
En abril, el Tribunal Constitucional Federal concluyó que varias disposiciones de la Ley de Protección Constitucional de Baviera eran inconstitucionales. Según el Tribunal, las facultades de vigilancia del gobierno, como el cribado de dispositivos y la retención general de datos, no eran suficientemente específicas ni proporcionadas y violaban los derechos constitucionales a la información, a la libre determinación, a la privacidad de las telecomunicaciones y a la inviolabilidad del domicilio.
En septiembre, el Tribunal de Justicia de la UE resolvió que la Ley de Telecomunicaciones de Alemania, que obligaba a los proveedores de servicios de Internet a retener de forma general e indiscriminada los datos de localización y tráfico de sus clientes, era incompatible con la legislación de la UE, que protegía el derecho a la privacidad. El Ministerio de Justicia anunció que reformaría la ley.
En mayo, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática negó garantías de inversión a la actividad empresarial de Volkswagen en China debido a motivos de preocupación en materia de derechos humanos.
En octubre, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática anunció los elementos principales de una futura ley de control de las exportaciones de armas. La propuesta contenía criterios vinculantes para la aprobación de las exportaciones de armas, incluida una evaluación de la situación particular de los derechos humanos de mujeres, niñas y grupos marginados en el Estado receptor.
En julio se derogó el artículo 219a del Código Penal que había dado lugar a la criminalización de profesionales de la medicina por “publicitar el aborto”, lo que permitió al personal médico ofrecer información detallada sobre las opciones de interrupción del embarazo sin miedo a enfrentarse a una causa penal. Las sentencias dictadas en aplicación de ese artículo iban a ser anuladas.
Sin embargo, continuó en vigor el artículo 218, que regulaba el aborto en el ámbito del derecho penal, y ninguna comisión había empezado a trabajar sobre la despenalización total del aborto, en contra de lo previsto en el acuerdo de coalición.
La Agencia de Medioambiente alemana pronosticó que Alemania iba a incumplir los objetivos que se había marcado de reducir las emisiones de carbono al menos un 65% antes de 2030 y un 88% antes de 2040 respecto a sus niveles de 1990. El gobierno aceleró la acción climática en el ámbito nacional, especialmente con la expansión de las energías renovables, pero aprobó inversiones en infraestructuras de importación de gas natural licuado, así como una reducción temporal de los impuestos sobre el petróleo y el gasóleo.
Alemania mantuvo su contribución a la financiación climática, pero no cumplió su compromiso de incrementarla hasta 6.000 millones de euros. En la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), Alemania apoyó el establecimiento de un mecanismo financiero internacional para ayudar a los países que hubieran sufrido daños y pérdidas relacionados con el clima. Asimismo, presentó el Escudo Global contra los Riesgos Climáticos y se comprometió a aumentar la financiación en este ámbito.
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