Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Aumentó el número de crímenes de odio, pero las autoridades no elaboraron una estrategia integral contra la violencia basada en la discriminación. Entró en vigor la ley que protegía a las personas menores de edad nacidas con variaciones de las características sexuales. Una ley sobre la libertad de reunión en Renania del Norte-Westfalia restringía de forma desproporcionada el derecho a la libertad de reunión pacífica. Las autoridades prometieron visados humanitarios a las personas afganas más vulnerables y sus familias. La reforma de la legislación sobre los servicios de inteligencia permitió a las autoridades instalar tecnología de vigilancia para controlar comunicaciones encriptadas. Alemania se opuso a la propuesta de exención del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dirigida a incrementar la distribución internacional de vacunas contra la COVID-19. En una sentencia histórica, un tribunal declaró parcialmente inconstitucional la Ley Federal de Protección del Clima.
En mayo, el Ministerio Federal del Interior informó de que los crímenes de odio habían aumentado un 19% respecto al año anterior.
Ese mismo mes, el gobierno aprobó un paquete de 89 medidas contra los delitos racistas. Aunque las medidas proporcionaban más apoyo a la sociedad civil, no abordaban el racismo institucional ni establecían una estrategia general contra la violencia racista.
La ausencia de un mecanismo independiente que investigara las denuncias a nivel estatal y federal, y el hecho de que la policía no tuviera obligación de llevar placas identificativas en seis de los estados federados y en el ámbito federal, obstaculizaron la rendición de cuentas por los abusos discriminatorios cometidos por la policía.
En marzo, el gobierno federal aprobó una estrategia de inclusión LGBTI elaborada en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil y que tenía por objeto incorporar la protección de los derechos humanos de las personas LGBTI a la política exterior y la cooperación para el desarrollo.
En mayo entró en vigor la ley que protegía a las personas menores de edad nacidas con variaciones de las características sexuales. Aunque abordaba las violaciones de derechos humanos de las personas intersexuales en relación con intervenciones médicas innecesarias, la ley no introducía otras medidas para dejar de considerarlas enfermas ni incluía reparaciones para quienes hubieran sufrido tratamientos médicos innecesarios e irreversibles.
En diciembre, el Parlamento del estado federado de Renania del Norte-Westfalia aprobó una legislación que restringía desproporcionadamente el derecho a la libertad de reunión pacífica al imponer un conjunto de requisitos administrativos y ampliar indebidamente las competencias estatales de vigilancia y control, por ejemplo a través del establecimiento de controles de seguridad. Asimismo, establecía sanciones penales para los organizadores que no presentaran una notificación previa, con excepción de las reuniones espontáneas.
Según Reporteros sin Fronteras, la policía no protegió suficientemente a los periodistas que cubrían la información sobre las manifestaciones. La organización denunció decenas de casos de agresiones e insultos a periodistas durante las protestas, sobre todo en las convocadas contra las medidas para combatir la COVID-19.
En febrero, el Tribunal Superior del Estado de Renania-Palatinado, con sede en Coblenza, declaró culpable a uno de los dos acusados en la primera causa penal por violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de la Dirección General de Inteligencia de Siria. El hombre fue condenado a cuatro años y medio de prisión por su participación en actos de tortura y privación de libertad. Al finalizar el año, el juicio contra el principal acusado no había concluido.
En incumplimiento del principio de no devolución (non-refoulement), 167 hombres fueron deportados a Afganistán antes de que se suspendieran temporalmente las deportaciones el 11 de agosto.
Tras la toma del poder por los talibanes en Afganistán en agosto, el gobierno federal prometió visados humanitarios para 2.600 de las personas afganas más vulnerables y sus familias en septiembre. El nuevo gobierno anunció un programa de admisión humanitaria para las personas afganas.
En aplicación del régimen de admisión humanitaria voluntaria de la Declaración UE-Turquía, llegaron 2.192 personas refugiadas sirias, y al menos 2.211 personas refugiadas fueron reasentadas en virtud del programa de reasentamiento del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Los retrasos en los trámites de reagrupación familiar suscitaron preocupación en relación con el derecho a la vida familiar. Personas de Afganistán, Eritrea y Siria que habían solicitado la reagrupación familiar con familiares en Alemania esperaron más de un año la primera cita en la embajada alemana para iniciar los trámites.
En marzo se reformó la Ley del Servicio Federal de Inteligencia a raíz de una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Federal en 2020. La ley revisada permitía la vigilancia masiva de las comunicaciones con el extranjero, así como vigilar redes de comunicación sin supervisión cuando el objetivo declarado fuera determinar la utilidad de la información para fines específicos de investigación.
En junio, el Parlamento Federal aprobó nuevas reformas de la legislación sobre los servicios de inteligencia que permitían a estos servicios instalar tecnología de vigilancia (“troyanos del Estado”) en dispositivos para vigilar incluso las comunicaciones cifradas. Los servicios de inteligencia podían requerir la colaboración de los proveedores de servicios de Internet en este proceso y aprovechar vulnerabilidades críticas de seguridad informática para instalar el software de vigilancia (“ataques de día cero”).
Tras la investigación global del Proyecto Pegasus, el gobierno alemán reconoció haber adquirido y usado el programa espía Pegasus de NSO Group. Aunque el Ministerio del Interior señaló que sólo se usaba con arreglo a la legislación alemana sobre vigilancia selectiva, persistió la preocupación debido a que ya se había documentado que el software espía de NSO Group facilitaba la comisión de violaciones de derechos humanos en todo el mundo.
Alemania aportó 2,2 millones de euros al Acelerador ACT y entregó 84 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 al mecanismo COVAX. El gobierno federal se opuso a la exención relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no presionó a la empresa BioNTech para que se incorporara al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP) o al Centro de Transferencia de Tecnología para las Vacunas de ARNm —ambos de la OMS— para compartir sus conocimientos y tecnología y acelerar la producción mundial.
Varias organizaciones de la sociedad civil continuaron expresando preocupación por el hecho de que el aborto estuviera regulado por el Código Penal.
En junio, el Parlamento Federal aprobó la Ley sobre la Diligencia Debida de las Empresas en las Cadenas de Suministro, que obligaba a las empresas radicadas en Alemania con al menos 3.000 personas en plantilla a ejercer la diligencia debida en materia ambiental y de derechos humanos a partir de 2023. Persistía la preocupación respecto al limitado ámbito de la ley, ya que sólo era aplicable a las grandes empresas y no imponía la obligación de ejercer la diligencia debida en toda la cadena de valor. La ley tampoco mejoraba el derecho a una indemnización de quienes sufrían abusos contra sus derechos humanos como consecuencia de la falta de diligencia debida por las empresas.
En marzo, el Tribunal Constitucional declaró parcialmente inconstitucional la Ley Federal de Protección del Clima, concluyendo que violaba los derechos de las futuras generaciones al imponerles injustamente la carga de unas restricciones drásticas tardías para compensar la falta de medidas actuales sobre la crisis climática.
La suspensión de las exportaciones de armas a Arabia Saudí, prorrogada en diciembre de 2020, continuó en vigor hasta el fin de 2021. Como en años anteriores, sólo afectaba a Arabia Saudí, no a los demás países implicados en el conflicto de Yemen. Se siguió permitiendo la exportación de piezas y componentes alemanes para proyectos armamentísticos europeos destinados a Arabia Saudí.
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