Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Se promulgaron nuevas leyes que promovían el acceso a la información y combatían la corrupción, mientras que seguía habiendo personas detenidas por expresar sus opiniones. El poder judicial comenzó a investigar las muertes y los incidentes violentos relacionados con las protestas ocurridas entre 2021 y 2024. A lo largo de la costa atlántica, seguían muriendo en el mar personas migrantes que abandonaban el país. No se registraron avances legislativos en materia de derechos de las mujeres y la infancia, y los niños talibé (estudiantes de escuelas coránicas) seguían siendo víctimas de violencia y abusos.

Información general

En julio, el gobierno presentó un plan de recuperación económica después de que una auditoría de las cuentas del Estado detectara deuda no contabilizada. El gobierno también promulgó varias leyes y decretos para combatir la corrupción y promover una redistribución más justa de los ingresos por actividades mineras.

En agosto, la Asamblea Nacional creó una nueva Oficina Nacional Anticorrupción y aprobó una nueva ley que exigía a los ministros y directores de instituciones declarar sus bienes. También se adoptó una nueva ley sobre el estatuto y la protección de las personas denunciantes de irregularidades.

En julio se retiraron las últimas tropas francesas que quedaban estacionadas en Senegal tras 137 años de presencia ininterrumpida, de conformidad con un acuerdo previo por el que se devolvían a las autoridades nacionales todas las instalaciones militares francesas en el país.

Persistían las tensiones entre el gobierno y la prensa, tras la auditoría estatal y la recesión económica.

Derecho a la información

El gobierno adoptó una nueva ley que facilitaba el acceso de la ciudadanía a información gubernamental auténtica y fiable con el objetivo de fomentar el debate público constructivo.

En abril, el Ministerio de Telecomunicaciones, Información y Tecnología Digital anunció que suspendía las emisiones de varios medios de comunicación, alegando que infringían el Código de Prensa. En junio, el Tribunal Supremo resolvió que el decreto ministerial era ilegal y ordenó su suspensión.

En noviembre, las autoridades senegalesas suspendieron durante una semana la emisión de dos canales de televisión (7TV y TFM) por haber entrevistado a una persona que se había dado a la fuga incumpliendo las condiciones de la libertad bajo fianza.

Libertad de expresión

Se detuvo y recluyó a varios periodistas y comentaristas por delitos relacionados con la expresión de sus opiniones. En abril, el comentarista de televisión Abdou Nguer fue detenido y acusado de difusión de noticias falsas, ofensas al jefe del Estado y apología de un delito. Estos hechos se produjeron tras la publicación de un vídeo en TikTok en el que Abdou Nguer sugería que el gobierno era responsable de la muerte de un expresidente del Tribunal Constitucional. Abdou Nguer, que negó ser responsable del vídeo de TikTok, fue juzgado en noviembre y absuelto de los delitos de difusión de noticias falsas y apología de un delito, pero declarado culpable de ofensas al jefe del Estado. Fue condenado a seis meses de prisión, tres de ellos sin posibilidad de libertad condicional, y a pagar una multa de 200.000 francos CFA (305 euros). Tras el juicio fue puesto en libertad.

En junio, el exdiputado y líder de la oposición Moustapha Diakhaté fue detenido tras una intervención televisada y acusado de insultar al jefe del Estado. En julio fue declarado culpable y condenado a dos meses de prisión, incluidos 15 días sin posibilidad de libertad condicional. Al finalizar su condena fue puesto en libertad.

También en julio, el destacado columnista Badara Gadiaga fue detenido por difusión de noticias falsas y “discursos contrarios a las buenas maneras” tras una disputa pública en televisión con un diputado, durante la cual acusó al primer ministro de ser un violador. En diciembre, tras una apelación, le concedieron la libertad condicional.

En octubre, Mandoumbé Diop y Serigne Mbaye Diagne, dos simpatizantes del partido en el poder, fueron declarados culpables y condenados a un mes de prisión por “discurso contrario a las buenas maneras” tras haber publicado en redes sociales unos vídeos en los que insultaban a los opositores del primer ministro.

Derecho a un medioambiente saludable

El 9 de febrero fueron detenidos cuatro activistas ambientales —Lamine Diédhiou, Aliou Sané, Mohamed Tendeng y Madeleine Senghor— cuando protestaban contra la creación de un vertedero de residuos domésticos al aire libre en el pueblo de Tobor. Los cuatro fueron procesados por participar en una manifestación no autorizada, declarados culpables, condenados y posteriormente puestos en libertad condicional.

Derechos de las personas detenidas

En marzo se aprobó una nueva ley que instauró el Observatorio Nacional de Centros de Detención. Además, el gobierno anunció un plan para reducir el número de personas detenidas en espera de juicio. Según el Ministerio de Justicia, en agosto había 15.267 personas detenidas, mientras que la capacidad total de los centros de detención era de sólo 4.924.

En julio, Talla Keita, de 18 años, murió en un hospital de Richard Toll tras ser trasladado desde la comisaría de Rosso, donde presuntamente había sido maltratado. Dos agentes de policía fueron detenidos tras el incidente.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En febrero, en la antesala de una investigación prevista sobre el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias durante las protestas políticas de 2021-2024, el Ministerio de Familias, Acción Social y Solidaridades prestó asistencia médica y económica a algunas de las víctimas.

En abril, el Tribunal Constitucional resolvió que la ley de amnistía de 2024 no impedía enjuiciar los homicidios y torturas cometidos entre febrero de 2021 y febrero de 2024, lo que abrió la puerta a emprender acciones legales en relación con las 65 muertes y los más de 1.000 casos de lesiones ocurridos durante las protestas. En octubre, el poder judicial interrogó a varias personas de interés.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Según la ONG española Caminando Fronteras, 110 migrantes murieron en el mar entre enero y mayo mientras intentaban partir desde las costas de Senegal y Gambia.

Derechos de la infancia

No se registraron avances legislativos en materia de protección de la infancia, en particular en lo referente a los niños talibé de las escuelas coránicas, que seguían expuestos a abusos.

En mayo, cuatro niños talibé murieron por intoxicación alimentaria en Thienaba, una localidad de la región occidental de Thiès, tras consumir una planta silvestre sin supervisión, mientras que otro niño enfermó gravemente. Se anunció una investigación judicial sobre sus muertes y su maestro coránico fue condenado a tres meses de prisión condicional por “poner en peligro la vida de otras personas”.

En septiembre murió un niño talibé de ocho años tras ser privado de comida y recibir una brutal paliza por parte de su maestro coránico en Ribot-Escale, una localidad en el centro de Senegal.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El Código de la Familia seguía discriminando a mujeres y niñas, ya que confería derechos exclusivos de “potestad paterna” y “potestad marital” a los hombres y designaba al esposo como cabeza de familia. Esto privaba a mujeres y niñas de sus derechos y su autoridad sobre su hogar y su descendencia. El artículo 111 del Código de Familia mantenía la edad mínima legal para contraer matrimonio en 16 años para las niñas y 18 para los niños, lo que reforzaba la desigualdad de género. La ley también prohibía a las mujeres obtener servicios de aborto, incluso en casos de violación e incesto, pese a la ratificación del Protocolo de Maputo. En consecuencia, las mujeres y las niñas se exponían al riesgo de abortos inseguros y clandestinos.