Romania

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

La población romaní seguía sufriendo exclusión y discriminación sistémicas. Los derechos de las personas LGBTIQ+ continuaban limitados. Se intensificó la retórica xenófoba contra las personas migrantes. Se hostigaba y amenazaba con acciones judiciales a periodistas y ONG. Aumentaron las denuncias de violencia de género en el ámbito familiar. Se erosionaron los derechos reproductivos y el acceso al aborto. Rumania avanzó en su estrategia de abandono de los combustibles fósiles para 2030, pero se siguió amenazando con demandas a activistas ambientales.

Información general

Tras la anulación por el Tribunal Constitucional de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en mayo se celebraron nuevos comicios. En enero, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa criticó la actuación unilateral del Tribunal por considerar que carecía de base jurídica, pruebas y garantías procesales. Pidió reformas legislativas urgentes y una posible revocación de la decisión a fin de restablecer la legitimidad democrática y salvaguardar la integridad electoral futura.

Las medidas gubernamentales de austeridad —congelación de los salarios y las pensiones, recorte de las prestaciones y límites a la contratación— suscitaron críticas. Las ONG, los sindicatos y el estudiantado sostenían que afectaban de manera desproporcionada a los grupos vulnerables.

Discriminación

Un plan del gobierno para fusionar el Consejo Nacional para Combatir la Discriminación (CNCD) y la Defensoría del Pueblo suscitó preocupación. Las organizaciones de la sociedad civil advirtieron de que la fusión infringía las normas de la UE para luchar contra la discriminación, debilitaba los mandatos de ambos órganos y limitaba el acceso de las víctimas a la justicia. Pidieron que se realizara una consulta significativa y se fortaleciera la independencia del CNCD.

Romaníes

La población romaní seguía sufriendo violencia policial, aplicación de criterios raciales y discriminación en el acceso a la educación y la vivienda. Un estudio realizado en 2025 por varias ONG sobre el uso de la financiación de la UE en seis países, incluido Rumania, concluyó que, en algunos casos, los fondos adjudicados amplificaban la segregación y la marginación de las comunidades romaníes. El informe ponía de relieve varios casos de financiación en los que se había segregado a estudiantes romaníes en clases o edificios escolares aparte, y se había alojado a familias de esta etnia en viviendas sociales de tipo contenedor y baja calidad construidas en asentamientos aislados.

Personas LGBTIQ+

Pese a contar con el creciente respaldo de la opinión pública, los derechos de las personas LGBTIQ+ seguían estando restringidos y la legislación sobre la unión civil continuaba estancada. ILGA-Europa, ONG en favor de los derechos LGBTIQ+, clasificó a Rumania como último país de la UE en cuanto al panorama jurídico y político para la población LGBTIQ+. Se celebró en la capital, Bucarest, la mayor marcha del Orgullo jamás convocada, en la que unas 30.000 personas celebraron la visibilidad LGBTIQ+ y defendieron las uniones civiles, atención de la salud para las personas trans y protección jurídica. En paralelo tuvo lugar una pequeña contramanifestación que promovía “los valores de la familia tradicional” y se oponía al matrimonio homosexual.

Personas migrantes

Las autoridades de Bucarest celebraron una consulta pública sobre una nueva Estrategia de Inclusión de las Personas Migrantes en un contexto de crecimiento acentuado de la población migrante en la ciudad. Pese a ello, la retórica xenófoba se intensificó, especialmente en el contexto de protestas contra los derechos y de campañas de odio online. La sociedad civil pidió al CNCD que tomara medidas preventivas para proteger a las personas migrantes frente a la intimidación y el discurso de odio.

Libertad de expresión y de asociación

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó de que periodistas y ONG tenían limitado el acceso a la información pública y con frecuencia eran objeto de litigios, hostigamiento o amenazas de acciones judiciales, incluidas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). La empresa energética de titularidad estatal Romgaz hizo un breve intento de disolver Greenpeace Rumania a raíz de que la ONG se opusiera al proyecto de extracción de gas que la empresa tenía en el Mar Negro.

Pese a la presión de la sociedad civil y la UE, el terminar el año Rumania no había adoptado legislación contra las SLAPP. Se seguían debatiendo varios anteproyectos de ley, pero su alcance limitado y su aplicación planteaban motivos de preocupación.

Violencia por motivos de género

Según los datos de Eurostat de junio, Rumania era el cuarto país de la UE con las tasas más elevadas de violencia contra las mujeres. Las denuncias aumentaron y, al concluir el año, se habían registrado más de 138.000 casos de violencia de género en el ámbito familiar y 59 feminicidios.

Se realizaron algunos avances legislativos. La ley Rumania Sin Violencia, aprobada en junio, duplicaba las penas por agresión y reforzaba las órdenes de alejamiento. El Parlamento y el Ministerio de Justicia avanzaron hacia la adopción de reformas más amplias para proteger a las mujeres de la violencia y convocaron una consulta sobre propuestas para incrementar las penas por feminicidio con agravantes tras protestas que pedían medidas más enérgicas frente a la violencia contra las mujeres.

Derechos sexuales y reproductivos

Varias ONG denunciaron un aumento de las restricciones de los derechos sexuales y reproductivos en el país, incluidos los relativos al acceso al aborto y la contracepción. Entre los obstáculos figuraban la negativa a prestar los servicios por motivos de conciencia por parte de personal médico y hospitales enteros, así como el activismo contra el aborto, incluida la difusión de información errónea, lo que afectaba de manera desproporcionada a las mujeres rurales y marginadas.¹

Un proyecto de ley presentado en septiembre en el Parlamento por dos de sus miembros pretendía restringir aún más el aborto en el país, e incluso penalizarlo. El texto suscitó la condena generalizada de la sociedad civil y las ONG, que advirtieron de que, de aprobarse, aumentaría la demanda de abortos en condiciones de riesgo e infringiría las normas internacionales.

Derecho a un medioambiente saludable

Rumania avanzó en su estrategia de abandono de los combustibles fósiles para 2030, ampliando su capacidad de generación de energía solar y de almacenamiento en baterías. Sin embargo, seguían existiendo dificultades, especialmente en relación con el cierre de las centrales eléctricas de carbón, que se retrasaron debido a la falta de avances en el desarrollo de proyectos que las sustituyeran.

El activismo ambiental conservó su vigor pese a la presión y la amenaza de SLAPP que recibían quienes lo realizaban. Varios grupos de la sociedad civil pidieron mayor protección jurídica e institucional para los defensores y defensoras ambientales.