Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La violencia de género seguía siendo habitual. Los miembros de la cámara legislativa rechazaron una revisión del Código Penal que despenalizaría el aborto y brindaría protección contra la violencia, la tortura y la discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género. Las autoridades ampliaron el acceso a la vacuna contra la COVID-19 a las personas migrantes y dominicanas de ascendencia haitiana, que antes estaban excluidas.
Entre enero y septiembre se produjeron 111 homicidios de mujeres, 61 de los cuales fueron feminicidios, según los datos preliminares publicados por la Procuraduría General de la República. La Procuraduría también informó de que entre enero y octubre había recibido más de 63.000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, y más de 6.300 denuncias de delitos sexuales. Las autoridades seguían sin elaborar un protocolo nacional para la investigación de la tortura, conforme a lo establecido en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), pese a los indicios presentados en 2019 a las autoridades que señalaban que la policía violaba, golpeaba y humillaba de forma habitual a las mujeres cisgénero y transgénero que se dedicaban al trabajo sexual, en actos que podían constituir tortura y otros malos tratos.
República Dominicana seguía siendo uno de los pocos países de la región que aún criminalizaba a las niñas y mujeres que trataban de poner fin a un embarazo. Esta prohibición total del aborto continuó causando la muerte a mujeres y niñas.
En marzo, centenares de activistas de derechos humanos acamparon ante el Palacio Nacional para exigir que el Congreso votara en favor de la despenalización del aborto en tres supuestos: cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la mujer o la niña, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo fuera resultado de violación o incesto.1 Sin embargo, la Cámara de Diputados votó en junio contra la despenalización en las tres situaciones, poniendo así en peligro la vida y la salud de miles de niñas y mujeres.2
En diciembre, el Congreso rechazó de nuevo un proyecto de renovación del Código Penal que despenalizaba el aborto y brindaba protección contra la tortura, la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual o la identidad de género.
Los miembros de la cámara legislativa tampoco aprobaron la ley general contra la discriminación que las organizaciones de la sociedad civil llevaban casi un decenio exigiendo.
Miles de personas nacidas de progenitores extranjeros que habían sido inscritas como dominicanas al nacer pero a quienes posteriormente se les había retirado la ciudadanía seguían sin poder conseguir documentos de identidad dominicanos y, por tanto, mantenían su situación de apatridia.
En febrero, el presidente Abinader anunció unos planes de vacunación contra la COVID-19 que dejarían sin acceso a la vacuna a muchas personas migrantes y dominicanas de ascendencia haitiana.3 Sin embargo, tras el trabajo de incidencia realizado por actores de la sociedad civil, las autoridades dominicanas ampliaron el programa de vacunación a toda la población.
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