Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Persistían los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado; decenas de civiles murieron en ataques perpetrados por todas las partes en el conflicto. Se sometió a mujeres y niñas a violencia sexual relacionada con el conflicto. El Tribunal Penal Especial celebró su primer juicio y declaró culpables de crímenes de lesa humanidad a tres personas. Al menos el 50% de la población padecía inseguridad alimentaria, y en algunas zonas el porcentaje alcanzaba el 75%. Varios periodistas sufrieron intimidación, hostigamiento y amenazas. Se abolió la pena de muerte.
Información general
La situación de la seguridad seguía siendo muy precaria debido al conflicto armado existente entre las fuerzas armadas y sus aliados, por un lado, y varios grupos armados, por el otro.
En marzo, los principales partidos de la oposición boicotearon el Diálogo Republicano para la Reconciliación, organizado por las autoridades. Algunos partidos políticos consideraban que un proyecto de reforma constitucional respaldado por el gobierno era un medio para permitir al presidente presentarse a un tercer mandato. En septiembre, el Tribunal Constitucional anuló un decreto que establecía un comité designado por el gobierno para volver a redactar la Constitución. Ese mismo mes, profesionales de la abogacía y de la judicatura se declararon en huelga durante siete días para apoyar la independencia del poder judicial. En octubre se cesó a la presidenta del Tribunal Constitucional.
Según la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA), al menos un centenar de civiles murieron de manera violenta entre febrero y marzo. En septiembre murieron al menos 46 civiles, entre ellos 8 mujeres y 8 menores de edad. Los homicidios fueron cometidos por miembros de Unión por la Paz en República Centroafricana y de Retorno, Reclamación y Rehabilitación (conocido como 3R) —grupos armados que habían firmado el acuerdo de paz en 2019—, y también por las fuerzas de seguridad.
El 3 de octubre, 3 miembros de la MINUSCA murieron por un dispositivo explosivo improvisado (una bomba casera) y uno resultó herido de gravedad en la zona de Koui. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, entre enero y octubre 11 personas murieron y 42 resultaron heridas en 40 incidentes relacionados con bombas caseras.
El 14 de marzo, las autoridades de Chad entregaron al líder antibalaka Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka a la Corte Penal Internacional.1 La apertura de la vista para confirmar los cargos contra él se fijó provisionalmente para el 31 de enero de 2023. Maxime Jeoffroy Eli Mokom Gawaka era sospechoso de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en República Centroafricana en 2013 y 2014. El 26 de septiembre comenzó en la Corte Penal Internacional el juicio contra Mahamat Said, presunto comandante del grupo armado Seleka, acusado de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El Tribunal Penal de Bangui, la capital, celebró sus primeros procesos penales desde abril de 2020. Se vieron 25 causas contra presuntos miembros del grupo armado Coalición de Patriotas por el Cambio, que fueron declarados culpables.
También en abril, el gobierno anunció la apertura de una investigación judicial sobre un mortífero ataque perpetrado contra la comunidad musulmana en la localidad de Boyo entre los días 6 y 13 de diciembre de 2021. En julio, la MINUSCA publicó un informe sobre los sucesos, en los que al menos 20 civiles habían muerto de manera violenta —entre ellos una niña de 12 años y 3 niños— y al menos 12 personas habían resultado heridas; y se habían quemado 547 casas y saqueado reservas de alimentos. La MINUSCA afirmó que los ataques los había llevado a cabo el grupo armado antibalaka con la implicación de las fuerzas armadas de República Centroafricana, que le habían proporcionado adiestramiento en Bambari y lo habían transportado a la zona de Boyo el día anterior al ataque.
En mayo comenzó el primer juicio ante el Tribunal Penal Especial, un tribunal híbrido respaldado por la ONU y con el mandato de investigar y juzgar crímenes de derecho internacional cometidos desde 2003.2 Se juzgaba a tres miembros de 3R acusados de homicidios, violaciones y otros actos inhumanos cometidos en las localidades de Lemouna y Koundjili en mayo de 2019. El 31 de octubre, los tres fueron declarados culpables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Penal Especial también anunció la detención de 3 personas sospechosas de cometer crímenes en el contexto del conflicto. El Tribunal declaró en su informe de junio que había dictado más de 60 órdenes de arresto, de las que sólo 4 se habían ejecutado.
Según el Sistema de Gestión de la Información sobre Violencia por Motivos de Género, entre enero y septiembre se registraron 17.831 casos de violencia de género, más que todos los registrados en 2021. Estas cifras se referían únicamente a las víctimas que accedieron a denunciar, lo que sugería que las cifras reales podrían ser mucho más altas.
Según un informe del secretario general de la ONU sobre la situación en República Centroafricana, entre junio y octubre la MINUSCA había documentado 47 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto y había identificado a 70 víctimas, entre ellas 42 niñas de entre 2 y 17 años. La responsabilidad de estos crímenes se atribuía a todas las partes en el conflicto.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, la inseguridad alimentaria se agravó a consecuencia de la pandemia de COVID-19 y del conflicto en Ucrania, que provocó un aumento de los precios de los alimentos. En septiembre, el 50% de la población (aproximadamente 2,2 millones de personas) no disponía de alimentos suficientes. La situación era particularmente preocupante en las subprefecturas de Bakouma, Koui, Ngaoundaye, Obo y Zémio, donde entre el 65% y el 75% de la población estaba afectada. El PMA afirmó que en todo el país había 395.000 niños y niñas menores de 5 años que sufrían malnutrición crónica.
Hubo periodistas que sufrieron intimidación, hostigamiento y amenazas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Altos cargos de la emisora Ndeke Luka Radio dijeron que el 26 de septiembre el Ministerio de Comunicación les había informado de que se podría cerrar la emisora si sus periodistas seguían cubriendo la cuestión de la reforma de la Constitución. En octubre, el Alto Consejo de Comunicación (órgano regulador de los medios de comunicación) denunció intimidación, hostigamiento y amenazas de “autoridades políticas” contra periodistas.
La pena capital se abolió en virtud de la Ley sobre la Abolición de la Pena de Muerte, aprobada por la Asamblea Nacional el 27 de mayo y promulgada por el presidente un mes después. La última ejecución en el país se había llevado a cabo en 1981.
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