Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se siguieron cometiendo ataques ilegítimos, homicidios y otros abusos y violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra, en el contexto del conflicto armado. Se mató a civiles, se llevaron a cabo ejecuciones sumarias, se atacó a personal de ayuda humanitaria y se documentaron casos de violencia sexual. Los delitos más graves quedaban impunes.
En enero, varios grupos armados liderados por el expresidente François Bozizé y que conformaban la Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC) lanzaron una ofensiva sobre la capital, Bangui, con el objetivo de impedir que se siguiera adelante con las elecciones presidenciales. El 18 de enero, el Tribunal Constitucional declaró oficialmente que el presidente Touadéra había sido elegido para un segundo mandato. Durante el año, las fuerzas nacionales y sus aliados —soldados y mercenarios ruandeses— encabezaron una contraofensiva para retomar territorios controlados por grupos armados. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), a finales de noviembre había en el país 670.000 personas internamente desplazadas, con acceso limitado a agua, alimentos, atención médica y educación.
Todas las partes en el conflicto cometieron ataques ilegítimos, homicidios y otros abusos y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, algunos de las cuales constituían crímenes de guerra.
Según la ONU, unos miembros de la Coalición de Patriotas por el Cambio atacaron y saquearon centros de salud en la prefectura de Mbomou en enero. También atacaron u ocuparon al menos 37 escuelas desde enero hasta junio, impidiendo el libre acceso de miles de niños y niñas a la educación.
En marzo, en la prefectura de Ouaka, unos miembros de la Unión por la Paz en República Centroafricana (vinculada a la Coalición de Patriotas por el Cambio) torturaron y mataron a tres comerciantes por participar en el proceso de elecciones legislativas parciales. Los cuerpos de las víctimas se hallaron con sus tarjetas de votante atadas al cuello.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios informó de que, en febrero, tras unos enfrentamientos en la localidad de Bambari, las fuerzas nacionales y sus aliados atacaron una mezquita y mataron a 14 personas, entre ellas una mujer y un niño. También se atacó un centro sanitario, en contravención del derecho internacional humanitario. Según Médicos sin Fronteras, 36 personas con heridas de guerra —entre ellas 8 mujeres y 9 niños y niñas de edades comprendidas entre 17 meses y 17 años— recibieron tratamiento en un centro de salud en Bambari.
Según la OCAH, en junio, las fuerzas nacionales y sus aliados cerraron e incendiaron un campamento para personas internamente desplazadas en Bambari en el que vivían unas 8.500 personas.
Según la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA), 228 civiles murieron entre junio y octubre a consecuencia del conflicto.
La ONU documentó el uso de artefactos explosivos improvisados. Según la organización internacional, al menos 15 civiles —incluido un menor de edad— murieron y otros 24 resultaron heridos en el oeste del país durante la primera mitad del año. También murieron 2 miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz.
Continuaron los ataques de grupos armados o de personas no identificadas contra personal de ayuda humanitaria, al tiempo que la seguridad se deterioraba. Según la OCAH, hasta diciembre se habían registrado 396 incidentes que afectaban a personal de ayuda humanitaria, frente a los 424 de 2020. Los hurtos, los robos, los saqueos, las amenazas y los ataques representaban el 65% de los incidentes de seguridad.
Según un informe del secretario general de la ONU, 3 trabajadores de ayuda humanitaria murieron y otros 23 resultaron heridos por artefactos explosivos entre junio y octubre.
En el contexto del conflicto, las fuerzas armadas centroafricanas y sus aliados llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de pertenecer a la Coalición de Patriotas por el Cambio o respaldarla.
Según la ONU, el 3 de enero, 6 hombres detenidos como presuntos miembros de la Coalición, incluido un niño, fueron ejecutados en un campamento del ejército en la prefectura de Mbomou. En febrero, miembros de las fuerzas nacionales y sus aliados ejecutaron a 3 hombres en la prefectura de Ouaka. Entre marzo y junio, la ONU documentó la ejecución de al menos 17 personas —entre ellas civiles y un menor de edad— a manos de las fuerzas nacionales y sus aliados en las prefecturas de Bamingui-Bangoran, Ouham Pendé y Nana Gribizi.
La ONU informó sobre casos de violencia contra mujeres y niñas. En enero, unos miembros del grupo rebelde Retorno, Reclamación y Rehabilitación (conocido como 3R) drogaron y violaron durante varios días a seis niñas de entre 14 y 16 años en una base en la zona de Nana Mambere. Las niñas finalmente lograron escapar.
Según la MINUSCA, entre enero y junio se documentaron 131 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, entre ellos 115 violaciones, 12 intentos de violación, un caso de esclavitud sexual y 3 matrimonios forzados. Las agresiones se atribuyeron mayoritariamente a la Coalición de Patriotas por el Cambio, y en 19 casos a miembros de las fuerzas nacionales y sus aliados. Desde julio hasta octubre, la MINUSCA recibió 118 denuncias de violencia sexual relacionada con el conflicto.
Pese al requisito establecido en la legislación de República Centroafricana de que se celebraran al menos seis procesos penales al año, en 2021 no se celebró ninguno. Cientos de personas permanecían detenidas en espera de juicio, a menudo tras haber vencido los plazos legalmente establecidos.
El Tribunal Penal Especial —un tribunal híbrido respaldado por la ONU y con el mandato de investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en el país desde 2003— estaba efectuando investigaciones, pero no se llevó ningún caso a juicio. En diciembre se hizo pública una vista de apelación ante la Sala de Acusación Especial. La causa se refería a tres hombres acusados de crímenes de lesa humanidad por unos homicidios perpetrados en 2019 en la subprefectura de Paoua. El Tribunal Penal Especial anunció que había dictado 25 órdenes de arresto. Sólo una de ellas se ejecutó, y dio lugar a la detención en noviembre de Hassan Bouba Ali, ministro de Ganadería y Salud Animal. El ministro fue liberado varios días después por las fuerzas de defensa y de seguridad sin ninguna autorización judicial.1
En mayo, el gobierno estableció una comisión de investigación tras las denuncias efectuadas por la ONU sobre violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes desde el inicio de la ofensiva de la Coalición de Patriotas por el Cambio. En octubre, el ministro de Justicia presentó los resultados de esta investigación, en los que las autoridades reconocían algunas de las acusaciones formuladas contra las fuerzas nacionales y sus aliados y la mayoría de las realizadas contra grupos armados. El informe no se hizo público y se desconocía cuáles serían los siguientes pasos.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la cifra de personas que sufrían inseguridad alimentaria aguda aumentó de 1,9 millones a 2,29 millones durante la primera mitad del año, en una situación exacerbada por el deterioro de la seguridad. Según UNICEF, en julio, al menos 80.000 niños y niñas menores de cinco años corrían peligro de malnutrición aguda, lo que suponía un aumento del 29% respecto a las anteriores proyecciones para 2021. Además, en todo el país, el 40% de los niños y niñas de menos de cinco años ya padecían malnutrición crónica.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varias ONG, los centros de salud —especialmente los que no estaban en la capital— carecían de personal médico cualificado, así como de medicamentos y equipos esenciales. Durante la ofensiva de enero se saquearon medicamentos y otros productos de varios centros de salud, lo que agravó una situación ya de por sí terrible. Según la OMS, a pesar de la disminución de los contagios de sarampión en 2021, la falta de disponibilidad de vacunas en ciertas zonas obstaculizaba la lucha contra la enfermedad.
A fecha de 31 de diciembre se habían administrado un total de 514.271 dosis de vacunas contra la COVID-19, y 346.000 personas (de una población estimada de 5 millones) estaban vacunadas con la pauta completa. En la vacunación se dio prioridad al personal sanitario y las personas vulnerables. La aplicación de vacunas se amplió a los centros administrativos de las prefecturas en agosto.
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